REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE: JUZGADO DEL MUNICIPIO ANACO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ANZOÁTEGUI.- SENTENCIA: DEFINITIVA. PARTE DEMANDANTE : PDVSA PETROLEO, S.A, domiciliada en Caracas, inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y el Estado Miranda en fecha 16 de noviembre de 1.978, bajo el Nº 26, Tomo 127-A Segundo, siendo su última reforma debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil antes mencionado en fecha 19 de Diciembre de 2002, anotada bajo el No. 60, Tomo 193-A Segundo. APODERADOS DE LA DEMANDANTE : Salvador Carpio, Willian Parra, Henry Velásquez, Francisca Hernández, y Petra Barroso, venezolanos, mayores de edad, abogados en ejercicio, domiciliados en el Estado Anzoátegui, titulares en su orden de las cédulas de identidad números: 3.611.758, 6.830.196, 8.469.723, 8.497.947 y 8.330.608, inscritos en el Inpre-Abogado bajo los números: 91.826, 60.630, 65.713, 41.561 y 91.846 respectivamente. DOMICILIO PROCESAL: Avenida Principal de Campo Sur frente a Campo Norte, Edificio PDVSA ANACO. PARTE DEMANDADA: ORLANDO MORILLO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad nº 4.504.091. APODERADO DEL DEMANDADO : No constituyó apoderado. DOMICILIO PROCESAL : No constituyó MOTIVO: Cumplimiento de Contrato Se inicio el presente juicio por demanda de cumplimiento de contrato propuesta por ante este Tribunal, por la abogada Francisca Hernández actuando como apoderado del ente mercantil PDVSA PETROLEO, S.A, contra el ciudadano Orlando Morillo. La demanda fue admitida por auto de fecha 13 de Mayo del año 2004 (folio 19). Al folio veinte ( 20 ) cursa diligencia de fecha 21 de Junio suscrita por la abogado Francisca Hernández donde ratifica el poder que le fue otorgado para actuar en juicio en representación de la Empresa PDVSA PETROLEOS, S.A. En fecha 31 de mayo este Tribunal decretó medida de secuestro sobre el inmueble distinguido como Mod. Casa, destinado para habitación ubicado en el área residencial Los Pilones y marcado con el Nº 4-47-A y habitado por el ciudadano Orlando Morillo y que cursa a los folios uno y dos ( 01 y 02 ) del cuaderno de medidas del presente expediente. Igualmente cursa desde el folio cinco ( 05 ) hasta el folio once ( 11 ) del cuaderno de medidas del presente expediente, resultas de la práctica de la medida de secuestro ejecutada por el Juzgado Ejecutor de medidas del Municipio Anaco. A los folios veintiuno y veintidós ( 21 y 22 ) del presente expediente cursa escrito de promoción de pruebas de la parte demandante. Al folio veintitrés (23) cursa auto de admisión de dichas pruebas. Estando en la oportunidad legal para dictar Sentencia en la presente causa, previo cómputo efectuado por secretaría, observa este Tribunal: Que en fecha veintiocho (28) de junio del año 2004, el Tribunal Ejecutor de medida de este municipio practicó medida de secuestro en el inmueble identificado como Mod. Casa ubicado en el área residencial Los Pilones distinguido con el No. 4-47-A, habitado por el demandado ciudadano Orlando Morillo, encontrándose el demandado presente en la práctica de dicha medida y cuyas resultas fueron recibidas por este despacho en fecha trece (13) de julio del año 2004. Por lo que de acuerdo al cómputo efectuado desde el día que se recibió la comisión con la resultas de la práctica de la medida de secuestro del Juzgado Ejecutor de medidas hasta el día 29/07/2004 han transcurrido doce (12) días de despacho, dentro de los cuales el demandado Orlando Morillo tuvo la oportunidad de contestar la demanda que le fue propuesta por la parte demandante y promover las pruebas que creyera conveniente. De lo que resulta lógico concluir que de acuerdo a lo establecido en el artículo 887 del código del Procedimiento Civil, nos encontramos en el lapso legal para decidir la presente causa. Por lo que este Tribunal para decidir observa: Alega la parte actora que el ciudadano Orlando Morillo suscribió con su representada un contrato denominado Contrato de Asignación de Vivienda, cursante a los folios catorce al diecisiete (14 al 17) de este expediente, en el cual se le adjudicó a dicho ciudadano un inmueble distinguido como Mod. Casa destinado para habitación, ubicado en el área residencial denominado Campo Los Pilones y marcado con el Nº 4-47-A en la ciudad de Anaco, Municipio Autónomo del Estado Anzoátegui. Igualmente alega la parte demandante que en el citado contrato se estipuló entre otras modalidades, que dicho inmueble le fue asignado temporalmente al extrabajador ciudadano Orlando Morillo conforme al plan de asignación de vivienda a los trabajadores de PDVSA PETROLEO, S.A y conviniéndose que el mismo sería destinado única y exclusivamente por el prenombrado extrabajador, sin posibilidad alguna de ser subarrendado, cedido, dado en comodato etc. Igualmente alega la parte demandante en su demanda que en el mencionado contrato de Asignación de vivienda, las partes convinieron en que ese beneficio terminaría cuando concurrieran las siguientes causas: 1.- La terminación del contrato por cualquier causa. 2.- Por dejar el usuario de prestar el servicio en el área de trabajo 3.- Por cesar las causas que dieron lugar a la adjudicación de la vivienda etc. Lo cual consta de documento privado marcado “C”. Señala la parte actora que en el mencionado contrato se acordó que como contraprestación de los servicios prestados para habitar la vivienda tipo Mod. Casa, el demandado ciudadano Orlando Morillo pagaría la suma de veintidós bolívares ( Bs. 22,oo ) cantidad que según los alegatos de la parte demandante era deducida mensualmente del sueldo del extrabajador y que dicha suma podía ser ajustada por su representada PDVSA PETRÓLEOS S.A en cualquier momento. Así mismo alega la parte demandante que en el citado contrato el extrabajador convino en desocupar la vivienda tipo Mod. Casa cuando hubieren cesado sus servicios con la empresa PDVSA Petróleos S.A, sea cual fuere la causa tal como se previó en las cláusulas quinta, sexta y séptima, estableciéndose que dicha desocupación se efectuaría en un plazo que no podía exceder de sesenta (60) días consecutivos, contados a partir de la notificación que con tal fin se hiciera, y que en caso contrario se obligaba a pagar a título de cláusula penal a PDVSA PETROLEOS S.A , la cantidad de Un Mil Bolívares ( Bs.1000,oo) por cada día extra de permanencia en la vivienda tipo Mod. Casa. Alega la parte demandante que el día 15/ 02/2003 el Gerente de PDVSA Gas, S.A ciudadano Pedro Jimenez Yusti, venezolano, mayor de edad , domiciliado en caracas, le participó al extrabajador que por decisión de la Presidencia así como de PDVSA casa matriz, se prescindía de sus servicios a través del despido justificado y a partir de la referida fecha, por haber incurrido en las causales previstas en los literales “a”, “f” , “i ” y “j” de artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo en concordancia con el artículo 32 del Decreto con fuerza de Ley de Hidrocarburos , por cuanto desde el día dos (02) de diciembre del 2002 incumplió en forma reiterada y permanente con sus obligaciones laborales y que a partir de la notificación efectuada se producía la terminación de la relación laboral, así como todos los beneficios que surgían con ocasión a la relación laboral que existió. Así mismo alega la parte actora que desde la fecha 15/02/2003 el ciudadano demandado dejó de prestar servicio para su representada y que hasta la presente fecha no ha efectuado la desocupación de la vivienda tipo Mod. Casa dado en calidad de habitación , ello aunado a la necesidad que tiene su representada de asignar a los actuales o nuevos trabajadores de una vivienda conforme a las políticas operacionales de PDVSA PETROLEOS S.A, negativa ésta que origina un daño patrimonial a la empresa que se resume en los distintos pagos que tiene que desembolsar su representada por concepto de pago de habitaciones en los distintos hoteles para poder cumplir medianamente con el compromiso para con sus trabajadores activos. Señala el demandante igualmente en su demanda que el demandado adeuda la cantidad de Trescientos Treinta Mil Bolívares (Bs.330.000,oo) a razón de la cláusula penal establecida en el contrato y por haber permanecido (330) días poseyendo de manera ilegal el inmueble conforme lo establecido en el contrato. Observa este Juzgador que la parte demandada ciudadano Orlando Morillo, no dio contestación a la demanda en la oportunidad legal correspondiente y en la etapa probatoria no promovió ningún genero de prueba, por lo cual incurrió en la Confesión Ficta a que se refiere el articulo 362 del Código del Procedimiento Civil y tal como lo establece el articulo 887 ejusdem, sanción a la que se hace acreedor el demandado contumaz por disposición establecida en el mencionado articulo 362 ejusdem, y por cuanto en la etapa probatoria el demandado no aportó al juicio prueba alguna que lo beneficiara y que orientara a demostrar la falsedad o inexistencia de los hechos alegados en la demanda por la parte demandante . Por lo que indudablemente debe tenérsele por confeso en todas las afirmaciones de la parte demandante. En este sentido, la extinta Corte Suprema de Justicia, en Sentencia de la Sala Político Administrativa Nº 1.568, con ponencia de la Magistrada Hildegard Rondón de Sansó, sentó el siguiente criterio: “... que en defecto el artículo 362 ejusdem, señala que si el demandado no diere contestación a la demanda dentro del plazo indicado en ese texto normativo, se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante y nada probaré que le favorezca. En tal sentido, la Confesión Ficta procede solo cuando el demandado hubiere omitido dar contestación a la demanda y cuando no hubiere probado algo que le favorezca dentro del lapso de la Ley. Requiere además el Código que la petición del demandante no fuere contraria a derecho. En otras palabras, la confesión, no se produce por el simple hecho de omitir dar contestación a la demanda, sino que se requiere de la falta de prueba de ese “algo que le favorezca” al demandado contumaz. No obstante, para la Sala el probar algo que le favorezca al demandado contumaz, significa la demostración de la inexistencia, falsedad o imprecisión de los hechos narrados en el libelo de la demanda..”. Por las razones antes expuestas, este Tribunal administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la demanda de Cumplimiento de Contrato, propuesta por la abogada Francisca Hernandez, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº8.497.947, inscrito en el Inpre-Abogado bajo el Nº 41.561 y de este domicilio, actuando como apoderado Judicial de la Empresa PDVSA PETROLEOS, S.A y en consecuencia, se acuerda la devolución o entrega definitiva del inmueble distinguido como Mod. Casa destinado para habitación, ubicado en el área residencial Los Pilones, marcado con el Nº 4-47-A de la ciudad de Anaco, Estado Anzoátegui, a la Empresa PDVSA, S.A. Por cuanto el demandado ciudadano Orlando Morillo, no dio cumplimiento a lo establecido en el contrato, de entregar el inmueble dentro del plazo señalado en el mismo, lo que quedó demostrado por efectos de la Confesión Ficta, se le condena al pago de la cantidad de Trescientos Treinta Mil Bolívares por haber permanecido Trescientos Treinta días en el inmueble, y así se decide.- Se condena en costas a la parte demandada.- Publíquese, regístrese y déjese copia certificada.- Dada, Firmada y sellada en la Sala del Despacho del Juzgado del Municipio Anaco de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, En la ciudad de Anaco a los treinta días del mes de Julio del año dos mil cuatro.- Años 194º de la Independencia y 145º de la Federación.- El Juez Temporal, Dr. Víctor Lugo Ascanio. La Secretaria, Abg. Fatima Rondon I. Seguidamente en esta misma fecha 30 de Julio de 2004, siendo las 1:45 p.m, se publicó la presente sentencia y fue agregada al expediente original No. 04-3195.- Conste.- LA SECRETARIA, Abg. Fatima Rondon I.