REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui Barcelona, veintinueve (29) de junio de dos mil cuatro (2004) 194º y 145º ASUNTO : BP02-O-2004-000158 Vistas las actas procesales que conforman la presente causa, contentiva del Recurso de Amparo Constitucional interpuesto por el ciudadano: PORFIRIO ANTONIO GARATE, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. 2.667.117, de éste domicilio, asistido por la Procuradora Especial de Trabajadores Abogada BELKIS VELIZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el número 80.869, contra el Instituto Anzoatiguense de la Salud “SALUDANZ”, adscrito a la Gobernación del Estado Anzoátegui, creado a través de la Ley Aprobatoria de la Asamblea Legislativa del Estado Anzoátegui en fecha 01 de Octubre de 1.996, publicado en Gaceta Oficial del Estado Anzoátegui No. 338 Extraordinario en fecha 05 de Diciembre de 1.996; ubicado en la Avenida Miranda, de la ciudad de Barcelona, Estado Anzoátegui. Analizado el presente Recurso, éste Juzgado observa: El recurrente narra en su libelo que: “En fecha diecinueve (19) de Agosto del año Dos Mil Tres (2003), acudí por ante la Inspectoría del Trabajo de Barcelona, para solicitar que se declarara EL DESPIDO POR MI SUFRIDO COMO INJUSTIFCADO, EL REENGANCHE Y EL PAGO DE LOS SALARIOS CAIDOS, el referido procedimiento fue declarado CON LUGAR, en fecha quince (15) de marzo de 2004, mediante Providencia Administrativa número R-724-03, mediante la cual se ordenó mi reenganche a mis labores habituales con el correspondiente pago de salarios caídos, hasta mi efectiva incorporación a mis labores ordinarias, con el objeto de constatar el cumplimiento o acatamiento de lo ordenado por la Inspectoría del Trabajo, mediante la referida Providencia Administrativa, el funcionario comisionado por esa Inspectoría del Trabajo, se traslado en fecha 20 de mayo de 2004, a la sede de la accionada, dejando constancia que hasta la referida fecha, no se había dado cumplimiento a la decisión de la Inspectoría del Trabajo respectiva,…” Agrega el presunto quejoso: “Con base a los razonamientos antes expuestos, (…) es que acudo a su competente autoridad, para solicitarle, que declare CON LUGAR la presente SOLICITUD DE AMPARO CONSTITUCIONAL, (…) y como consecuencia de ello declare ordene al INSTITUTO ANZOATIGUENSE DE LA SALUD “SALUDANZ”, EL CUMPLIMIENTO DE LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA, EL REENGANCHE A MIS LABORES ORDINARIAS EN EL MISMO CARGO, Y EL PAGO DE LOS SALARIOS CAIDOS DEJADOS DE PERCIBIR.” La Sala Constitucional en sentencia Nº 2862 de fecha 20-11-2002, indicó lo siguiente: “Por ello y como las Inspectorías del Trabajo son Órganos Administrativos dependientes-aunque no desconcentrado- de la Administración Pública Nacional, debe reiterarse en esta oportunidad que es la jurisdicción contencioso-administrativa la competente para el conocimiento de las distintas pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo, sea que se trate, entre otras, de la pretensión de nulidad a través del Recurso contencioso administrativo, sean las pretensiones relativas a la inejecución de dichos actos como consecuencia de la inactividad de la administración autora o bien del sujeto obligado –el patrono o el trabajador- para su ejecución; o, por último, SEA QUE SE TRATE DE PRETENSIONES DE AMPAROS CONSTITUCIONAL CON FUNDAMENTO EN LESIONES QUE SEAN CAUSADAS POR EL CONTENIDO O POR LA AUSENCIA DE EJECUCIÓN DE DICHOS ACTOS ADMINISTRATIVOS”. (Mayúsculas de éste Juzgado) De igual forma la Sala Constitucional en el fallo Nº 706 de fecha 28-04-2.004 indica: ”…,a juicio de la Sala, que el conflicto planteado por la parte accionante se origina no en el simple incumplimiento por parte de una sociedad mercantil de un acuerdo o convenio celebrado entre particulares, sino en la supuesta falta de actuación eficiente y eficaz de la Inspectoría del Trabajo (…) en ejecutar y hacer ejecutar lo homologado por ella misma en el procedimiento administrativo sustanciado en el expediente (…), que no sólo supondría una afectación de los derechos constitucionales del trabajador, sino también una lesión al interés general que deben tutelar dicho órgano administrativo al ejercer su competencia de resolución de conflictos; en tal sentido, al corresponder a la Inspectoría del Trabajo mencionada garantizar el cumplimiento del convenimiento (…), esta Sala, congruente con lo establecido en sus decisiones números 1318/2001, del 02.08, y 2862/2002, del 20.11, declara que corresponde al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Región Centro Occidental conocer de la acción de amparo constitucional ejercida en el presente caso (…) en consecuencia, se ordena remitir de inmediato este expediente a dicho órgano judicial. Así se decide” Criterio reiterado en fecha 26-05-2.004, sentencia Nº 1022, al señalar: La situación planteada en el presente caso, constituye sólo una demostración de los múltiples inconvenientes que con demasiada frecuencia se le presenta a los trabajadores de ejecutar los actos de la Administración del Trabajo, ante la negativa del patrono de cumplir con las providencias administrativas. Situación ésta que demanda la intervención de esta Sala Constitucional, para buscarle una solución satisfactoria. (…) En consecuencia, deberá prevalecer el presente criterio, lo que implica que, en el futuro, los Juzgados con competencia en materia laboral, deberán declinar en los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa el conocimiento y decisión de los recursos interpuestos contra las providencias administrativas, dictadas por las Inspectorías del Trabajo, por ser éstos los órganos judiciales a los cuales les incumbe conocer de este tipo de juicios. Así, dado que a la jurisdicción contencioso-administrativa le compete el conocimiento de las demandas de nulidad en contra de las decisiones administrativas provenientes de los órganos de la Administración del Trabajo; en el ejercicio de esa competencia, debe poseer igualmente la potestad para resolver los conflictos que surjan con motivo de la ejecución de ese tipo de providencias que han quedado firmes en sede administrativa tal como lo es, se insiste, para conocer de su nulidad. Asimismo, en el ejercicio de esa competencia deben dichos juzgados conocer de los problemas de ejecución que, de ese tipo de resoluciones, se susciten, cuando se interpongan acciones de amparo relacionadas con esta materia (...)» (Subrayados de este fallo). De este modo, frente a la situación planteada inicialmente, del fallo recién citado cabe extraer dos corolarios fundamentales: (i) no quedan dudas en cuanto a la posibilidad que tienen los trabajadores de hacer uso de su derecho al amparo constitucional, a los fines de hacer valer su situación jurídica tutelada por la Administración, mediante los mecanismos de composición de conflictos en sede administrativa que ésta dirige y (ii) la competencia para conocer de tales juicios, corresponde exclusivamente a los tribunales contencioso-administrativos. Entonces se puede evidenciar de las actas que conforman la presente causa, que la finalidad perseguida por el quejoso mediante la interposición del Recurso de Amparo Constitucional, es ordenar a la presunta agraviada el reenganche a su puesto de Trabajo, así como el pago de los salarios caídos, derechos reconocidos en la Providencia Administrativa proferida por la Inspectoría del Trabajo, que indicara en su libelo y que acompañó con copias certificadas, siendo ello así y habiendo establecido la Sala Constitucional la Doctrina con carácter vinculante que le corresponde a la Jurisdicción Contencioso Administrativa el conocimiento de las pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo ut –supra señalada, éste Juzgado no tiene competencia para el conocimiento del presente Recurso de Amparo. Y así se decide.- En razón de lo antes expuesto, este Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, SE DECLARA INCOMPETENTE PARA CONOCER DE LA PRESENTE ACCIÓN DE AMPARO, siendo el COMPETENTE, para conocer del mismo el Tribunal Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental con sede en la ciudad de Barcelona. En consecuencia se ordena remitir la presente causa al Juzgado indicado. Déjese copia certificada de la presente decisión y líbrese oficio.- Dada, sellada y firmada en el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, al vigésimo noveno día (29°) día del mes de Junio de dos mil cuatro (2004). Años 193° de la Independencia y 145° de la Federación. LA JUEZ Abg. MERLY CASTRO GÓMEZ LA SECRETARIA, Abg. ROMINA VACCA En ésta misma fecha siendo las 10:55 de la mañana se publicó la anterior decisión y se dio cumplimiento a lo ordenado. Conste. LA SECRETARIA Abg. ROMINA VACCA