REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, AGRARIO Y TRÁNSITO

Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui
Barcelona, once de noviembre de dos mil cuatro
194º y 145º

ASUNTO : BH01-V-1996-000020

En fecha 04 de octubre de 1.996, éste Tribunal decreto la ejecución voluntaria de la sentencia dictada en fecha 01 de noviembre de 1.995, en el presente juicio de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, incoado por LOURDES CHAVEZ DE MIRAVAL y RUBEN MIRABAL GUZMAN, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nros. V-3.685.947 y V-4.217.151, respectivamente, asistidos por el abogado en ejercicio Antonio Marcano Campos, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 6.455, en contra del ciudadano Rosaura Díaz de Salazar, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V- 3.820.606.

Ahora bien, revisada minuciosamente como lo ha sido el presente expediente, observa este Sentenciador que desde el día 24 de abril de 1998, fecha en la que éste Tribunal decretó Medida de Embargo Ejecutivo, hasta la presente fecha, no se ha hecho presente en este Tribunal ninguna de las partes u otras personas que legítimamente acreditada por ellos, muestre tener algún interés en el presente juicio, pese a que han trascurrido más de cinco años desde que fue realizada la útima actuación en el mismo. En virtud de lo anterior, este Sentenciador, a fin de evitar la pendencia indefinida de expedientes en este Tribunal, previniendo así el colapso de nuestros archivos y en procura de la tutela efectiva a que también tienen derecho otros usuarios de este Juzgado que se encuentran en espera de que se sentencien sus causas o sean atendidas y proveídas sus solicitudes y de igual forma de que este Despacho cuente con un espacio adecuado para el archivo de sus expedientes activos y en consecuencia de una mejor custodia y manejo de los mismos, a lo cual se agrega como bien lo ha dicho la Sala Constitucional de Nuestro Máximo Tribunal de la República en su Sentencia de fecha 17 de marzo de 2.003, que “…el análisis de cualquier causa ocasiona tardanzas en los demás procesos…”, en virtud de que periódicamente las mismas deben ser revisadas para determinar el estado en que se encuentran y mantener así actualizada tanto las estadísticas como la relación de expedientes existentes, para poder alimentar eficazmente el sistema computarizado que al efecto ha sido instaurado, ordena remitir el presente expediente a la Oficina de Archivo judicial de este Estado a los fines de su mejor resguardo. Así se decide en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley. Cúmplase lo ordenado.
El Juez Temporal,

Henry Agobian Viettri
La Secretaria,

Jorgymar Pumar Suniaga



HAV/ah.-