REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal de Control de Barcelona Barcelona, 24 de Septiembre de 2004 194º y 145º ASUNTO PRINCIPAL : BP01-S-2003-006001 Visto y leído como ha sido el escrito presentado por el DR. LUIS ROJAS, en su condición de Defensor de Confianza del imputado PEDRO RAFAEL VELASQUEZ, plenamente identificado en la presente causa, el cual solicita la Revisión de la Medida Judicial Privativa de Libertad a favor de su representado, de conformidad con lo establecido en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, alegando que lleva detenido más de un (1) año y no se ha realizado la Audiencia Preliminar por no comparecer al Acto la presunta victima, quien es la persona afectada y que debiera tener todo el intéres en que se de celeridad procesal al caso planteado. Para decidir al respecto este Tribunal ha revisado como han sido detenidamente cada una de las actas que compone las presentes actuaciones, así como los escritos del Defensor de Confianza, y considera nuevamente en esta oportunidad procesal que lo procedente y ajustado a derecho es NEGAR el pedimento del ciudadano DR. LUIS ROJAS, defensor de Confianza del imputado PEDRO RAFAEL VELASQUEZ, en razón de que los alegatos esgrimidos en nada cambia los supuestos que originó el Decreto de la Medida Judicial Preventiva de Libertad, ya que los hechos por los cuales se les acusan se trata de un delito grave que por se naturaleza pluriofensiva, atenta contra importantes bienes jurídicos tutelados por nuestra legislación venezolana como son el derecho a la vida y el derecho a la propiedad, observando que entre las Medidas de Coerción personal, encontramos fundamentalmente la Privación de Libertad con criterios racionales, así como también garantitas, en este sentido toda Medida de Coerción personal debe descansar sobre los principios de excepcionalidad y proporcionalidad, lo cual constituye un límite a la intervención de los Órganos del Estado, la primera supone que solo se podrá acudir a la Privación de Libertad (Medida que solo puede ser decretada por el Juez de Control) cuando las demás Medidas de Coerción resultaren insuficientes para garantizar la finalidad del proceso. Por otra parte es necesario que la medida que se decrete sea proporcional a la gravedad del delito, la circunstancias de su comisión y la sanción probable y que en ningún caso podría sobrepasar la pena mínima para el delito imputado, por otra parte siendo función del Estado salvaguardar a la sociedad tal como lo refiere JESCHECH “ El derecho Penal no puede intervenir siempre que se produzca perturbaciones de la vida comunitaria, sino que ha de limitarse a la protección de valores fundamentales del orden Social.”. Así FRANKVON LINZT expresa: “ Todos los bienes Jurídicos con interese vitales, intereses de individuo o de la comunidad. No es de ordenamiento Jurídico lo que quiera el criterio, sino la vida; pero la protección Jurídica eleva el interés vital a bien Jurídico.” En consecuencia, el objeto de toda conducta delictiva sería la lesión opuesta en peligro de bienes Jurídicos, por lo que tiene su genes en la vida Social, siendo función del Derecho reconocerlos como tales, modificando su condición de “interés vital” para convertirlo en “ Bien Jurídico”. En la presente causa que nos ocupa, la Investigación en cuestión se refiere a los delitos que atenta contra la libertad y seguridad a las personas, ya que con las amenazas se quiere hacer algún mal otro y que por la naturaleza del delito que es pluriofensivo y que es considerado como grave y que atenta contra importantes bienes Jurídicas tutelada por nuestra Legislación Venezolana como el Derecho a la vida y el Derecho a la propiedad y tal como quedo plasmado anteriormente, es por lo que la Medida Judicial Privativa de Libertad acordada no resulta desproporcionar por el delito cometido y que por la pena de llegársele a imponer, hay la convicción de que el imputado no se someterán al proceso, por lo que se mantiene la medida decretada . ASI SE DECIDE.- Por los razonamientos antes expuestos este Tribunal de Control N° 06 del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, con Sede en Barcelona, Administrando Justicia y en Nombre de la República Bolivariana y por Autoridad de la Ley, ACUERDA NEGAR la Revisión de la Medida solicitada por el DR. LUIS ROJAS, en su condición de Defensor de Confiana del imputado PEDRO RAFAEL VELASQUEZ, plenamente identificado en la presente causa. Notifiquese al solicitante. Cumplase. EL JUEZ DE CONTROL N. 06 DR. ELEAZAR JAVIER SALDIVIA LA SECRETARIA, ABG. GLOARLYS PACHECO. EJS/csg.-