REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Segundo Transitorio de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui Barcelona, veinte de abril de dos mil cinco 194º y 146º ASUNTO: BP02-S-2003-000129 Se contrae el presente expediente a solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos incoado por el ciudadano DIEGO FUNES ARIZA, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° 8.476.215 en contra de la empresa PDVSA PETROLEO, S.A., la cual fue admitida por auto de fecha 06 de marzo de 2003 dictado por el Suprimido Juzgado de Primera Instancia del Transito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui; posteriormente, en fecha 28 de mayo de 2003, el actor amplía su solicitud. Dada la entrada en vigencia de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo por sorteo de distribución le corresponde conocer de la presente causa a este Tribunal, por lo que por auto de fecha 24 de noviembre 2003, el juez de este Tribunal para ese entonces, se avoca al conocimiento de la causa y fija la oportunidad para llevarse a cabo la Audiencia Preliminar, ordenando la notificación tanto de las partes como del ciudadano Procurador General de la República, en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Dado que en fecha 13 de septiembre de 2004, quien aquí decide fue designada Juez temporal de este Tribunal y habiéndome juramentado el día 28 de ese mismo mes y año, por auto de fecha 25 de octubre de 2004, me avoco al conocimiento de la causa; por auto de fecha 22 de febrero de 2005, este Tribunal ordena notificar a las partes del avocamiento de la suscrita Juez, asi como al Ciudadano Procurador General de la República. En fecha 14-04-2005 los abogados en ejercicio SUNILZA MICHEL y JOSE GERONIMO VELASQUEZ, titulares de las cédulas de identidad números: 13.689.714 y 5.196.569 respectivamente e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números: 87.633 y 33.137 respectivamente, quienes actúan en sus condiciones de Apoderados Especiales de la Sociedad Mercantil PDVSA PETROLEO, S.A., presentan amplio escrito a través del cual oponen la falta de jurisdicción del poder judicial en la presente causa y piden de este Tribunal, así sea declarada, en virtud de haber presentado el solicitante ante la Inspectoría del Trabajo, formal solicitud de reenganche y pago de salarios caídos por inamovilidad, alegando que para el momento de la terminación de la relación laboral por despido disfrutaba de inamovilidad laboral por ser miembro de un sindicato en formación. Revisado como ha sido el contenido del escrito presentado por los apoderados especiales de la sociedad mercantil accionada PDVSA Petróleo S.A. así como los documentos que acompañan al mismo, se observa que están referidos a copias certificadas expedidas por la Inspectora del Trabajo de los Municipios Sotillo y Guanta del estado Anzoátegui, y de ellos se evidencia que el actor al momento de ampararse por ante el órgano administrativo del trabajo –Inspectoría del Trabajo- en su extenso escrito, después de invocar los preceptos constitucionales referidos a la libertad sindical y a otros derechos en ella consagrados, señala: “Acudo ante Usted para solicitar mi reenganche y pago de salarios, pues a pesar de ser un promovente del sindicato de formación “Unión Nacional de Trabajadores Petroleros, Petroquímicos, de los Hidrocarburos y sus derivados (UNAPETROL)” y por ende protegido por la inamovilidad consagrada en las disposiciones…” , y que en fecha 16-01-2003, a través de un aviso de prensa publicado en el Diario Ultimas Noticias, se le había participado su despido, aduciendo además, que con ello se había violado lo prescrito en el “Artículo 453 ibidem”, fundamentando el actor la inamovilidad alegada, en el artículo 450 de la Ley Orgánica del Trabajo; por auto de fecha 4 de noviembre-2003 fue admitida la referida solicitud por la Inspectora del Trabajo. Ahora bien, nuestra Constitución Nacional, entre otros, consagra los principios relativos a la estabilidad en el trabajo y la libertad sindical, dando paso así a las instituciones de la estabilidad e inamovilidad laboral, previstas y desarrolladas jurídicamente en la Ley Orgánica del Trabajo, la cual establece, los respectivos procedimientos, así como el órgano que tiene atribuido el conocimiento tanto de uno como del otro procedimiento. Así tenemos que la inamovilidad protege la permanencia en el puesto de trabajo con las mismas condiciones que existía al momento de terminación de la relación laboral, no pudiendo ser relajada de manera alguna, en virtud que ella responde a una protección espacialísima por parte del Estado hacia los trabajadores, atribuyéndole a la administración pública a través del Inspector del Trabajo la facultad para conocer y decidir sobre los supuestos de Inamovilidad, en cambio y a diferencia de la estabilidad, ésta puede ser sustituida con el pago de las indemnizaciones establecidas en la Ley Orgánica del Trabajo, atribuyéndole la Ley Orgánica eiusdem, a los Jueces del Trabajo la facultad para conocer y decidir sobre los casos de estabilidad. En este orden de ideas, es evidente que prevalece la inamovilidad sobre la estabilidad, aún cuando ambas tienen su fundamento en principios y normas constitucionales, así como su base en lo establecido en los convenios 87 y 98 emitidos por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajado (OIT), dirigidos el primero a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación y el segundo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva, y siendo que la Ley Orgánica del Trabajo prevé en su articulo 449: “Los trabajadores que gocen de fuero sindical de acuerdo con lo establecido en esta Sección, no podrán ser despedidos, trasladados o desmejorados en sus condiciones de trabajo, sin justa causa previamente calificada por el Inspector del Trabajo…” es evidente de la norma parcialmente transcrita que, el legislador le atribuyó a la Administración Pública por intermedio de la Inspectoría del Trabajo, el conocimiento de los procedimientos dirigidos a garantizar el fuero sindical de los directivos y promotores de un sindicato, conforme al procedimiento previsto en el articulo 454 y siguientes de la referida Ley Orgánica del Trabajo, asignándosele al Poder Judicial el conocimiento de la calificación de despido, que protege la estabilidad y dado que estos dos procedimientos no podrían ir juntos por corresponder a diferentes jurisdicciones - administrativa y judicial - y encontrándonos frente a un trabajador que, interpuso primariamente, solicitud de calificación de despido por ante el Juzgado de Primera Instancia del Tránsito y del Trabajo de esta Circunscripción Judicial y posteriormente solicitud de reenganche y pago de salarios caídos por ante la Inspectoría del Trabajo; a los fines de evitar decisiones contradictorias, a juicio de esta juzgadora, corresponderá a la Inspectoría del Trabajo determinar si en efecto el accionante estaba protegido de la Inamovilidad alegada y pronunciarse de ser procedente acerca de la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos incoada, no teniendo este Juzgado jurisdicción para conocer del presente caso, en razón de todo ello, es por lo que procede en este acto a declarar la FALTA DE JURISDICCION DEL PODER JUDICIAL para conocer el presente asunto, conforme lo prevé el articulo 29 ordinal 1° de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, artículo 449 de la Ley Orgánica del Trabajo en concordancia con el articulo 59 del Código de Procedimiento Civil aplicable por remisión expresa del articulo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Asi se decide. En consecuencia, se ORDENA remitir el presente expediente en el estado en que se encuentra al Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político Administrativa, a los fines de la consulta correspondiente conforme lo prevé el articulo 59 del Código de Procedimiento Civil. Asimismo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 95 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, este Juzgado ORDENA notificar a dicho ente de la presente decisión. Remítase el expediente y líbrense los oficios ordenados. LA JUEZ TEMPORAL ABOG. SOFIA ACOSTA SALAZAR La Secretaria ABOG. ELAINE QUIJADA En la misma fecha de hoy, siendo las 3:24 de la tarde se publicó la presente decisión. Conste.- La Secretaria ABOG. ELAINE QUIJADA