REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Segundo Transitorio de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui Barcelona, cinco de abril de dos mil cinco 194º y 146º ASUNTO: BP02-S-2003-000414 Se contrae el presente expediente a solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos incoado por el ciudadano JOSE RODRIGUEZ venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° 7.484.224 en contra de la empresa PDVSA PETROLEO, S.A., la cual fue admitida por el Suprimido Juzgado de Primera Instancia del Tránsito y del Trabajo de esta Circunscripción Judicial por auto de fecha 20 de febrero 2003, según (folio 3), siendo ampliada en fecha 28 de mayo de 2003; Dada la entrada en vigencia de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y correspondiéndole conocer de la misma a este Tribunal Segundo Transitorio de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui por sorteo de distribución, por auto de fecha 2 de diciembre de 2003, el Juez de este Tribunal para ese entonces se avoca al conocimiento de la causa y fija la oportunidad para llevarse a cabo la audiencia preliminar y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ordenó notificar a la partes, así como al Procurador General de la Republica. En vista de la designación recaída en la persona de quien aquí decide, en fecha 13 de septiembre de 2004 como Juez temporal de este Tribunal y habiéndome juramentado el día 28 de ese mismo mes y año, por auto de fecha 26 de octubre de 2004, me avoco al conocimiento de la causa. En fecha 31-03-2005 los abogados en ejercicio SUNILZA MICHEL y JOSE GERONIMO VELASQUEZ, titulares de las cédulas de identidad números: 13.689.714 y 5.196.569 respectivamente e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números: 87.633 y 33.137 respectivamente, quienes actúan en sus condiciones de Apoderados Especiales de la Sociedad Mercantil PDVSA PETROLEO, S.A., presentan amplio escrito a través del cual oponen la falta de jurisdicción del poder judicial en la presente causa y piden de este Tribunal, así sea declarada, en virtud de haber presentado el solicitante ante la Inspectoría del Trabajo, formal solicitud de reenganche y pago de salarios caídos por inamovilidad, alegando que para el momento de la terminación de la relación laboral por despido disfrutaba de inamovilidad laboral por ser miembro de un sindicato en formación. Revisadas como han sido las actas procesales del presente expediente, se videncia de los anexos que acompañan al escrito presentado por los apoderados especiales de la sociedad mercantil accionada PDVSA Petróleo S.A., los cuales son copias certificadas expedidas por la Inspectora del Trabajo de los Municipios Sotillo, Guanta y Urbaneja del estado Anzoátegui, que la parte actora al momento de ampararse por ante el órgano administrativo del trabajo –Inspectoría del Trabajo- en su extenso escrito, después de invocar los preceptos constitucionales referidos a la libertad sindical y a otros derechos en ella consagrados, señala: “Acudo ante Usted para solicitar mi reenganche y pago de salarios, pues a pesar de ser un promovente del sindicato de formación “Unión Nacional de Trabajadores Petroleros, Petroquímicos, de los Hidrocarburos y sus derivados (UNAPETROL)” y por ende protegido por la inamovilidad consagrada en las disposiciones…” , y que en fecha 31-01-2003, a través de un aviso de prensa publicado en el Diario Ultimas Noticias, se le había participado su despido y que con ello se había violado lo prescrito en el “Artículo 453 ibidem”, fundamentando la inamovilidad alegada en el artículo 450 de la Ley Orgánica del Trabajo, siendo admitida dicha solicitud por auto de fecha 4 de noviembre 2003 dictado por la Inspectora del Trabajo. Ahora bien, nuestra Constitución Nacional, entre otros, consagra los principios relativos a la estabilidad en el trabajo y la libertad sindical, dando paso así a las instituciones de la estabilidad e inamovilidad laboral, previstas y desarrolladas jurídicamente en la Ley Orgánica del Trabajo, la cual establece, los respectivos procedimientos, así como el órgano que tiene atribuido el conocimiento tanto de uno como del otro procedimiento. Así tenemos que la inamovilidad protege la permanencia en el puesto de trabajo con las mismas condiciones que existía al momento de terminación de la relación laboral, no pudiendo ser relajada de manera alguna, en virtud que ella responde a una protección espacialísima por parte del Estado hacia los trabajadores, atribuyéndole a la administración pública a través del Inspector del Trabajo la facultad para conocer y decidir sobre los supuestos de Inamovilidad, en cambio y a diferencia de la estabilidad, ésta puede ser sustituida con el pago de las indemnizaciones establecidas en la Ley Orgánica del Trabajo, atribuyéndole la Ley Orgánica eiusdem, a los Jueces del Trabajo la facultad para conocer y decidir sobre los casos de estabilidad. En este orden de ideas, es evidente que prevalece la inamovilidad sobre la estabilidad, aún cuando ambas tienen su fundamento en principios y normas constitucionales, así como su base en lo establecido en los convenios 87 y 98 emitidos por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajado (OIT), dirigidos el primero a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación y el segundo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva, y siendo que la Ley Orgánica del Trabajo prevé en su articulo 449: “Los trabajadores que gocen de fuero sindical de acuerdo con lo establecido en esta Sección, no podrán ser despedidos, trasladados o desmejorados en sus condiciones de trabajo, sin justa causa previamente calificada por el Inspector del Trabajo…” es evidente de la norma parcialmente transcrita que, el legislador le atribuyó a la Administración Pública por intermedio de la Inspectoría del Trabajo, el conocimiento de los procedimientos dirigidos a garantizar el fuero sindical de los directivos y promotores de un sindicato, conforme al procedimiento previsto en el articulo 454 y siguientes de la referida Ley Orgánica del Trabajo, asignándosele al Poder Judicial el conocimiento de la calificación de despido, que protege la estabilidad y dado que estos dos procedimientos no podrían ir juntos por corresponder a diferentes jurisdicciones-administrativa y judicial-y encontrándonos frente a un trabajador que, interpuso primariamente, solicitud de calificación de despido por ante el Juzgado de Primera Instancia del Tránsito y del Trabajo de esta Circunscripción Judicial y posteriormente solicitud de reenganche y pago de salarios caídos por ante la Inspectoría del Trabajo; a los fines de evitar decisiones contradictorias, a juicio de esta juzgadora, corresponderá a la Inspectoría del Trabajo determinar si en efecto el accionante estaba protegido de la Inamovilidad alegada y pronunciarse de ser procedente acerca de la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos incoada, y no teniendo este Juzgado jurisdicción para conocer de la presente causa, es por lo que procede en este acto a declarar la FALTA DE JURISDICCION DEL PODER JUDICIAL para conocer el presente asunto, conforme lo prevé el articulo 29 ordinal 1° de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, artículo 449 de la Ley Orgánica del Trabajo en concordancia con el articulo 59 del Código de Procedimiento Civil aplicable por remisión expresa del articulo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Asi se decide. En consecuencia, se ORDENA remitir el presente expediente en el estado en que se encuentra al Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político Administrativa, a los fines de la consulta correspondiente conforme lo prevé el articulo 59 del Código de Procedimiento Civil. Asimismo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 95 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, este Juzgado ORDENA notificar a dicho ente de la presente decisión. Remítase el expediente y líbrense los oficios ordenados. LA JUEZ TEMPORAL ABOG. SOFIA ACOSTA SALAZAR La Secretaria ABOG. ELAINE QUIJADA En la misma fecha de hoy, siendo las 02:56 de la tarde se publicó la presente decisión. Conste.- La Secretaria ABOG. ELAINE QUIJADA