TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal de Control de Barcelona
Barcelona, 12 de Agosto de 2005
195º y 146º

ASUNTO PRINCIPAL : BP01-P-2005-003703

Vista la solicitud presentada por la Fiscalía Superior del Ministerio Público del Estado Anzoátegui a cargo de la Dra. ANGELINA MARIVEL AVILA, en el sentido que sea decretada MEDIDA DE PROTECCIÓN al ciudadano ARMEIDA TORRES ENRIQUE, este tribunal para decidir observa:
I
FUNDAMENTO DE LA PETICIÓN FISCAL

El Ministerio Público basa la petición de la medida de protección en la necesidad de proteger la integridad física del ciudadano ARMEIDA TORRES ENRIQUE, quien funge como testigo presencial, de la causa que adelanta la Fiscalía 14° del Ministerio Público, signada con el Nº 03-F14-0833-05, nomenclatura de esa Fiscalía, toda vez que en fecha 12 de agosto de 2005, se recibió oficio N° FGR-DDC-F42NN-468-05, suscrito por los Abogados Katiuska Bolívar León, Fiscal Cuadragésima Segunda a Nivel Nacional con Competencia Plena del Ministerio Público, conjuntamente con el Abogado Harrisonn González Garcia, Fiscal Décimo Cuarto del Ministerio Público, con sede en la ciudad de Anaco, Estado Anzoátegui, mediante el cual solicita medida de protección al ciudadano ARMEIDA TORRES ENRIQUE, en su condición de testigo presencial en la causa, que cursa por ante la Fiscalía Décima Cuarta del Ministerio Público, por el delito de HOMICIDIO en perjuicio del ciudadano ANTONIO RAFAEL FUENTES RODRIGUEZ, (OCCISO), ex -Coordinador Municipal del Consejo Nacional Electoral). Ya que ha sido objeto de constantes amenazas y se teme mucho por su integridad física.

El pedimento de protección esta basado en la normativa que de seguidas se mencionará: artículos 81, 82, 83, 84 y 86 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, en concordancia con lo estipulado en los artículos 7, 19, 22, 26, 30 y 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
II

MOTIVACIÒN PARA DECIDIR

Vista la solicitud referida debe destacarse que actualmente en nuestro país no existe una ley especial que regule la materia en relación con la protección de la víctima, testigos y expertos; no obstante, el Capítulo I del Título VII de la Ley Orgánica del Ministerio Público dispone expresamente lo relativo a la Protección de las Víctimas; señalando en el artículo 81 que la víctima que intervenga en un proceso penal será tutelada desde el momento en que se identifique, haciendo alusión además que tal tutela será durante el tiempo de duración del juicio, y hasta luego de finalizado el mismo en caso de ser necesario. Señalando el resto de la normativa indicada en la solicitud el trámite a seguir y también a quien alcanza tal medida de protección cuando es dictada a favor de la víctima, dentro de los que se señala al grupo familiar entre otros. Siendo criterio de este tribunal plasmado en otras decisiones, que también tales medidas de protección son aplicables en los casos de testigos y expertos en razón del contenido del artículo 86 de la Ley Orgánica referida en relación con el texto Constitucional y Tratados Internacionales suscritos por la nación.
Por su parte, el artículo 19 de la Constitución dispone:
“El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público de conformidad con la Constitución, los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y las leyes que los desarrollen.”

De la norma transcrita se puede inferir que el Estado está en la obligación de garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos, haciendo obligatorio su respeto para los órganos del Poder Público (incluidos los fiscales del Ministerio Público y jueces). Cuando la Constitución refiere que el Estado garantizará a toda persona, en su contenido, no distingue a que tipo de persona se refiere sino que engloba en este concepto a cualquier persona (víctima, testigo, perito, experto, entre otros) que se vea amenazada en cualquier forma en una violación a sus derechos humanos. Lo cual también tiene consonancia con el artículo 22 constitucional en el cual se establece una cláusula abierta de los derechos y garantías al estipular que la enunciación de los derechos y garantías contenidos en ella sobre derechos humanos no debe entenderse como una negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ella, esto con relación a garantizar que cualquier derecho consagrado en la Constitución (en este caso el de la vida) debe garantizarse a pesar de que no exista una ley especial que regule el derecho que tiene la víctima de ser protegida cuando su vida se vea amenazada con motivo de una investigación, que es el caso que nos ocupa, en donde se puede observar que el ciudadano ARMEIDA TORRES ENRIQUE, ha sido objeto de constantes amenazas y teme mucho por su vida, quien es testigo presencial, en la causa que lleva la Fiscalía Décima Cuarta del Ministerio Público, signada con el Nº 03-F14-0833-05, nomenclatura de la mentada vindicta publica, es por lo que en su carácter de testigo puede reclamar este derecho a tenor de lo dispuesto en el artículo 26 del texto Constitucional en concordancia con el artículo 55 Ejùsdem

El articuló 23 constitucional establece lo siguiente:

“Los tratados, pactos y convenciones relativas a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y la ley de la República y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”

Concatenando la norma anterior con los distintos instrumentos internacionales se destaca el contenido de los artículos 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículo 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y ordinal 1º del artículo 5 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Así tenemos:
Artículo 3, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dispone: “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la libertad y a la seguridad de su persona”

Artículo 1, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, establece: “todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la integridad de su persona”

El ordinal 1 º del artículo 5 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos refiere: “Derecho a la integridad personal.1.Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”

Estas normas referidas en los distintos instrumentos internacionales son de aplicación obligatoria, directa e inmediata en nuestro ámbito territorial y concretan la tesis de la aplicación de la medida a favor de un testigo, víctima, experto, que solicita protección cuando es amenazado durante el desarrollo de una investigación o cuando deba deponer en juicio oral y público contra un imputado, ya que de ellos se desprenden que el derecho a la vida e integridad personal son universalmente reconocidos , si que tenga lugar ningún tipo de distinción entre los ciudadanos y por consiguiente con igual derecho a la protección de la ley.
Por las consideraciones antes expuestas, este Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control N° 3 del Circuito judicial Penal, del Estado Anzoátegui, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, se DECLARA CON LUGAR LA MEDIDA DE PROTECCIÓN al ciudadano ARMEIDA TORRES ENRIQUE, solicitada por la Fiscalía Superior. Todo conforme a lo previsto en los artículos 81 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, en concordancia con los artículos 19, 22, 26 y 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y lo dispuesto en el Artículo 120 del Código Orgánico Procesal Penal:
PRIMERO: Oficiar al Comandante de la Policía Municipal del Municipio Freites del Estado Anzoátegui, con sede en Cantaura, Estado Anzoátegui, para que se sirva tomar las debidas previsiones a fin de brindar protección al ciudadano ARMEIDA TORRES ENRIQUE, portador de la Cédula de Identidad N° 16.667.953, residenciado en la Primera Calle, Sector Pueblo Nuevo, Casa N° 74, Cantaura, Estado Anzoátegui; en su condición de Testigo Presencial.
SEGUNDO: La vigilancia policial por un lapso de tres (03) meses en los alrededores de la residencia del ciudadano ARMEIDA TORRES ENRIQUE, por funcionarios policiales adscritos a la Policia Municipal del Municipio Freites del Estado Anzoátegui, previa notificación de la misma.
TERCERO: Líbrese los correspondientes oficios y las boletas de notificación respectivas. Cúmplase.

Regístrese la presente decisión y notifíquese lo conducente.
LA JUEZ DE CONTROL N° 3

DRA. MAGALY BRADY URBAEZ.

LA SECRETARIA DE GUARDIA ,

ABG. RAQUEL BOLIVAR

En la misma fecha se registró la decisión que antecede y se notificó lo conducente.

LA SECRETARIA,

ABG. RAQUEL BOLIVAR

MBU/csg.-