ASUNTO PRINCIPAL : BP01-P-2005-000063 ASUNTO : BK01-X-2005-000022 Visto el escrito de fecha 09 de Enero del año 2002, presentado por el profesional del derecho, ciudadano BORIS FIGUERA CARVAJAL, abogado en ejercicio, de este domicilio, e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 21.215, actuando en sus propios derechos y por los que le corresponde a los abogados HECTOR DATICA ITRIAGO, venezolano, titular de la cédula de identidad N° 3. 171.313, domiciliado en la Ciudad de Caracas y KATIUSKA GERALDINE GALVIS FERNANDES, también venezolana, titular de la cédula de identidad N° 11.196.792, domiciliada en esta misma Ciudad, representación que consta suficientemente en la presente causa, mediante la cual solicita Medida precautelar de Embargo de la suma de Dos Millones Quinientos Mil Bolívares con Cero Céntimos (Bs. 2.500.000,oo), que fue consignado por el ciudadano JESUS GORDON BADARACCO en la Cuenta Corriente del Banco Industrial de Venezuela, correspondiente al Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción del Estado Anzoátegui, marcado con el N° 0700-0186ª-51100487; como Caución Real exigida por dicho Tribunal y la Medida Precautelar de Prohibición de Enajenar y Gravar sobre la parcela de terreno y sobre las bienhechurías sobre ella enclavada, que se encuentra asentada en la Oficina de Registro Subalterno del Municipio Bolívar del Estado Anzoátegui, bajo el N° 8, Tomo 23, Folios 29 y 30, Protocolo Primero, Tercer Trimestre del año 1994. Ahora bien, con respecto a las Medidas preventiva solicitadas en el escrito de demanda contentivo a la Estimación e Intimación de Honorarios Profesionales del mencionado abogado, sobre bienes propiedad de la parte demandada, y las cuales se hizo alusión anteriormente; este Tribunal a los fines de proveer observa: Cabe señalar que a los fines de la procedencia del decreto de las medidas precautelares presentadas, la parte debe demostrar al Tribunal a los requisitos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, como lo son el Periculum in mora y el Fomus boni iuris, lo cual, revisadas como han sido las actas procesales que conforman el presente asunto, de ellas no se desprenden los mismos; todo ello en razón de que el actor, si bien aduce que el intimada dejo se cumplir con el pago de sus honorarios profesionales, hecho éste que implica, que en caso de que se pretenda asegurar el resultado de la eficacia del fallo, esto dependería de la estimación de la demanda de Honorarios Profesionales hecha por la abogado, o de la fijación que hace la primera instancia, ambas sujetas a posibilidad de retasa.- Ahora bien, para el decreto de una medida cautelar, es necesario establecer el monto de la obligación, pues, la base del aseguramiento de la eficacia del fallo, debe ser que la deuda sea liquida, cierta, exigible y de plazo vencido, elementos que no concurren en el cobro de Honorarios Profesionales, por cuanto los mismos, como bien se indico supra, están sujetos a retasa, es decir: estos solo se hacen exigibles y líquidos, una vez establecido por la sentencia de retasa el monto a cobrar; Así se decide.- En atención a lo todo lo antes expuesto, este Tribunal NIEGA la medida de embargo preventiva solicitada. Así también se decide.- LA JUEZ DE JUICIO N° 02, DRA. ALEXA GAMARDO RIVERO LA SECRETARIA, ABG. CARMEN CECILIA SALAZAR