TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui
Barcelona, veintidós (22) de junio de dos mil cinco (2005)
194º y 145º
ASUNTO: BP02-R-2005-000480
Se contrae el presente asunto a recurso de apelación, interpuesto por el profesional del derecho JOSE RAMON NUÑEZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 36.094, en representación de la parte demandante contra sentencia proferida por Juzgado del Municipio Anaco de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en fecha 24 de febrero de 2005, en el juicio que por CALIFICACION DE DESPIDO, REENGANCHE y PAGO DE SALARIOS CAIDOS, incoara el ciudadano PEDRO ANTONIO AGUILAR, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 3.435.230, contra la empresa TRANSPORTE MILITAREK, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en fecha 06 de septiembre de 2000, quedando anotada bajo el N° 35, Tomo A-51.-

Recibidas las actuaciones en esta alzada, en fecha 22 de abril de 2005, conforme a lo establecido en el artículo 163 de la Ley Orgánica del Trabajo, se fijó oportunidad para la celebración de la audiencia oral y pública, la cual se efectuó el día quince (15) de junio de 2005, siendo las nueve de la mañana (09:00 am), compareció al acto el abogado JOSE NUÑEZ MENDOZA, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el número 36.094, en representación de la parte demandante recurrente, asimismo compareció al acto la abogada CAROLINA JOSEFINA ROJAS TORRES, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 48.651, en representación de la demandada .-
Para decidir con relación a la presente apelación, previamente observa este tribunal en su condición de alzada:

I
Aduce la representación judicial de la parte recurrente en fundamento de su recurso de apelación, que en el presente caso la empresa demandada quedó confesa, habida cuenta que no contestó la demanda en la oportunidad procesal correspondiente y no promovió o presentó las pruebas pertinentes, por lo que considera que el Tribunal A quo debió ordenar a la empresa demandada cancelara al trabajador reclamante todos los conceptos pretendidos por éste en su escrito libelar, en lugar de haber declarado terminado el procedimiento.

Por su parte la representación judicial de la empresa demandada TRANSPORTE MILITAREK, C.A., señaló que en el presente expediente el ciudadano PEDRO ANTONIO AGUILAR, parte actora, luego de haber interpuesto la solicitud de calificación de despido, presentó un escrito ante la Notaría Pública de la Ciudad de Anaco, mediante el cual recibió lo correspondiente por concepto de prestaciones sociales donde expresamente señaló que renunciaba o desistía del procedimiento y al efecto consignó en la audiencia oral y pública ante esta alzada para probar su dicho, copia certificada de ese documento público notariado. En virtud de ello, solicita a este Tribunal Superior declare sin lugar el presente recurso de apelación y confirme en todas y cada una de sus partes la sentencia proferida por el Tribunal A quo.

II

Para decidir con relación a la presente apelación este Tribunal en su condición de alzada previamente observa que:
De la revisión de las actas procesales que conforman el presente expediente claramente se evidencia que el ciudadano PEDRO ANTONIO AGUILAR, interpuso la solicitud de calificación de despido en fecha 26 de mayo de 2004 y señala que en la misma fue despedido por la empresa demandada TRANSPORTE MILITAREK, C.A., (folio 01). Aduce la representación judicial de la parte recurrente que la empresa demandada no contestó la demandada, ni consignó prueba alguna para desvirtuar las pretensiones explanadas en el escrito libelar, por tanto debe tenerse por confesa y así debió declararlo el Tribunal A quo en su sentencia, sin embargo, este Tribunal en la búsqueda de la verdad para resolver el presente asunto advierte de las actas procesales que luego de ser admitida la solicitud de calificación de despido, se libró la boleta de citación a la empresa demandada y la misma fue suscrita o recibida por la representante del Departamento de Recursos Humanos de la empresa, ello de conformidad a lo dispuesto en los artículos 50 y 51 de la Ley Orgánica del Trabajo. Siendo así, el artículo 52 de la Ley Orgánica del Trabajo expresamente dispone:

“La citación administrativa o judicial en la persona del representante del patrono a quien no se le hubiere conferido mandato expreso para darse por citado o comparecer en juicio, se entenderá hecha directamente a éste, a los fines legales pertinentes, siempre que se notifique al patrono en un cartel que fijará el funcionario competente a la puerta de la sede de la empresa y se entregue una copia del mismo al patrono, o se consigne en su secretaría o en su oficina receptora de correspondencia si la hubiera. El funcionario dejará constancia en el expediente de haber cumplido con lo prescrito en este artículo y de los datos relativos a la identificación de la persona que recibió la copia del cartel. El lapso de comparecencia comenzará a correr desde el día en que se haya hecho la fijación del cartel y la entrega de su copia.”

De conformidad con la norma antes transcrita, debemos señalar que para que se considerara completamente verificada la citación de la empresa demandada o la del patrono, ésta debía complementarse con la fijación del cartel de citación a las puertas de la sede de dicha empresa y la correspondiente entrega de la copia a la persona representante que la recibió o en la oficina receptora de correspondencia, si la hubiere, en el presente caso ello no ocurrió así, de modo que la citación a la empresa demandada no se perfeccionó y mal podría haber empezado a computarse el lapso para la contestación de la demandada y para la prosecución de los demás actos procesales. De modo que, debemos señalar que en el presente caso la empresa demandada no quedó confesa, pues se entiende que la citación de la misma no se había perfeccionado para la fecha en que dice la recurrente, debía contestarse la demanda. En fecha 22 de junio de 2004, la empresa demandada consigna en el expediente cheque a nombre o a favor del trabajador reclamante PEDRO ANTONIO AGUILAR, por conceptos de prestaciones sociales (folios 12 al 14), de esta consignación claramente se evidencia que es en ese momento en que la misma –empresa demandada- se da tácitamente por citada y que con dicha consignación está dando muestra clara e inequívoca de su voluntad de persistir en el despido, es decir, de no reenganchar al trabajador reclamante. Luego, el trabajador reclamante en fecha 07 de julio de 2004, mediante diligencia que cursa en autos al folio 21, procede a impugnar la cantidad de dinero consignada por la empresa demandada y el Tribunal A quo abre una articulación probatoria, en la cual la empresa demandada consigna en autos diferentes pruebas constantes de diferentes informes y listados de nóminas, cheques librados a nombre del trabajador reclamante, el Tribunal de Primera Instancia profiere su sentencia declarando terminado el procedimiento (folios 86 al 91), decisión contra la cual la parte actora interpuso recurso de apelación en fecha 17 de marzo de 2003 y estando pendiente la decisión de dicho recurso, la representación judicial de la empresa demandada consigna en la audiencia oral y pública ante esta alzada un escrito presentado en la Notaría Pública de la Ciudad de Anaco por el trabajador reclamante PEDRO ANTONIO AGUILAR, de la lectura del mismo se observa claramente que la parte actora recibió cierta cantidad por concepto de prestaciones sociales y desistió del proceso. Pues bien, al referido escrito consignado por la empresa demandada en la audiencia oral y pública, este Tribunal Superior le otorga pleno valor probatorio, fundamentándose en dos razones: a) Que el presente expediente fue sustanciado bajo el imperio de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos del Trabajo y la Ley Orgánica del Trabajo y conforme a estas leyes es posible la presentación de documentos públicos hasta los últimos informes en segunda instancia, lo que equivaldría hasta la oportunidad en que se celebra la audiencia oral y pública. b) Porque si en sana lógica el pago o acto extintivo de una obligación, puede probarse o puede presentarse hasta en etapa de ejecución de una sentencia, nada más razonado que pensar que ante una alzada en segunda instancia con documentos públicos puede perfectamente probarse la extinción de la obligación que se demanda. Luego, este desistimiento que realizó y presentó el trabajador reclamante ante la Notaría Pública de la Ciudad de Anaco, ciertamente no se hizo en las actas procesales que conforman el presente expediente, sin embargo, debemos darle pleno valor probatorio, para dejar establecido que desde el mismo momento en que el trabajador reclamante recibió cantidades de dinero por concepto de prestaciones sociales, con ello consintió en la finalización del vínculo laboral, por lo que resulta claro y evidente a los ojos de esta alzada la voluntad de éste –trabajador reclamante- de no continuar con la relación de trabajo o de no preservar su fuente de trabajo.

Por todos los razonamientos antes señalados, este Tribunal en su condición de alzada, considera plenamente ajustada a derecho la decisión del Tribunal A quo al momento de proferir su sentencia declarando terminado el procedimiento, ello, en razón de lo supra establecido –evidente intención del trabajador reclamante, de no conservar su trabajo o de no sostener la solicitud al reenganche- lo cual se prueba del escrito presentado ante la audiencia oral y pública ante esta alzada. Por tanto, forzoso es para este Tribunal Superior, declarar sin lugar el presente recurso de apelación, confirmando en todas y cada una de sus partes la sentencia del Tribunal A quo y así se decide.

III

Por todas las consideraciones anteriores, este Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR, la apelación interpuesta por el profesional del derecho JOSE RAMON NUÑEZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 36.094, en representación de la parte demandante contra sentencia proferida por Juzgado del Municipio Anaco de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en fecha 24 de febrero de 2005, en el juicio que por CALIFICACION DE DESPIDO, REENGANCHE y PAGO DE SALARIOS CAIDOS, incoara el ciudadano PEDRO ANTONIO AGUILAR, contra la empresa TRANSPORTE MILITAREK, C.A., en consecuencia, se CONFIRMA la sentencia apelada en todas y cada una de sus partes y así se decide.-
Regístrese, publíquese, déjese copia certificada de esta decisión y remítase el expediente al Tribunal de la causa.
Dada firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui. En Barcelona, a los veintidós (22) días del mes de junio del año dos mil cinco (2005).
LA JUEZA,

ABG. CORALLYS CORDERO DE D´INCECCO

EL SECRETARIO

ABG. OMAR MARTINEZ

Seguidamente en la misma fecha de hoy, siendo las 02:17 minutos de la tarde, se publicó la anterior decisión. Conste.-

EL SECRETARIO

ABG. OMAR MARTINEZ