TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal de Control de Barcelona
Barcelona, 29 de Junio de 2005
195º y 146º

ASUNTO PRINCIPAL : BP01-P-2005-003211
ASUNTO : BP01-P-2005-003211
Vista la solicitud presentada por la Fiscalía Superior del Ministerio Público del Estado Anzoátegui a cargo del Dr. MANUEL GARCIA BARRETO, en el sentido que sea decretada MEDIDA DE PROTECCIÓN, a la ciudadana: ILIANA YNES RODRIGUEZ MARVAL, Este tribunal para decidir observa:
I

FUNDAMENTO DE LA PETICIÓN FISCAL

El Ministerio Público basa la petición de la medida de protección en la necesidad de proteger la integridad física de la Ciudadana: ILIANA YNES RODRIGUEZ MARVAL, quien funge como victima de la causa que adelanta la Fiscalia 1º del Ministerio Público, signada con el Nº F01-6606-05, nomenclatura de la citada Fiscalía, toda vez que según Acta de Entrevista de Victima efectuada el 14-06-2005, ante la Unidad de Atención a la Victima de la Fiscalia Superior del Ministerio Público se puede evidenciar que la misma manifestó lo siguiente:
“…Resulta que a raíz de que el día 13 de mayo del presente año, dejé mi residencia sola por 5 dias con motivo de una operación que se le iba a realizar a mi hijo de tres años en el Estado Nueva Esparta, cuando regresé me encuentro que una señora de nombre Rosa Blanco C.I N° 13.784.335 y su familia habian invadido mi residencia con mis pertenencias adentro, alegándome que como estaba sola ella ocupo no habiendo manera de desalojarlos, durante todo este tiempo he realizado todas las diligencias para que estas personas desalojen y nada. En el día de ayer trece de junio del corriente año, la defensoría del Pueblo junto con los funcionarios de Polisotillo, me prestaron apoyo, para sacar las pertenencias de la familia invasora, logrando sacarlas, posteriormente nos fuimos por temor a que estas personas llegaran y de alguna manera tomar represalias; hoy a las seis de la mañana regresamos aproximadamente a la residencia y nos conseguimos que los invasores habían entrado y cambiado los candados y nos amenazaron de que si seguíamos en eso de quererlos sacar nos iban a matar. Por tal motivo solicito medida de protección para mi, mi esposo Pedro García Subero C.I 15.678.604, mis hijos Antonieta Rodríguez (de 6 años de edad), Antonio Rodríguez (de 4 años) y Eduardo Rodríguez (de 3 Años de edad) ya que temo por lo que pueda pasar cuando logremos tomar de nuevo posesión de nuestra residencia….”

El pedimento de protección esta basado en la normativa que de seguidas se mencionará: artículos 82, 82, 83, 84 y 86 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, en concordancia con lo estipulado en los artículos 7, 19, 22, 26, 30 y 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
II

MOTIVACIÒN PARA DECIDIR

Vista la solicitud referida debe destacarse que actualmente en nuestro país no existe una ley especial que regule la materia en relación con la protección de la víctima, testigos y expertos; no obstante, el Capítulo I del Título VII de la Ley Orgánica del Ministerio Público dispone expresamente lo relativo a la Protección de las Víctimas; señalando en el artículo 81 que la víctima que intervenga en un proceso penal será tutelada desde el momento en que se identifique, haciendo alusión además que tal tutela será durante el tiempo de duración del juicio, y hasta luego de finalizado el mismo en caso de ser necesario. Señalando el resto de la normativa indicada en la solicitud el trámite a seguir y también a quien alcanza tal medida de protección cuando es dictada a favor de la víctima, dentro de los que se señala al grupo familiar entre otros. Siendo criterio de este tribunal plasmado en otras decisiones, que también tales medidas de protección son aplicables en los casos de testigos y expertos en razón del contenido del artículo 86 de la Ley Orgánica referida en relación con el texto Constitucional y Tratados Internacionales suscritos por la nación.
Por su parte, el artículo 19 de la Constitución dispone:

“El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público de conformidad con la Constitución, los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y las leyes que los desarrollen.”

De la norma transcrita se puede inferir que el Estado está en la obligación de garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos, haciendo obligatorio su respeto para los órganos del Poder Público (incluidos los fiscales del Ministerio Público y jueces). Cuando la Constitución refiere que el Estado garantizará a toda persona, en su contenido, no distingue a que tipo de persona se refiere sino que engloba en este concepto a cualquier persona (víctima, testigo, perito, experto, entre otros) que se vea amenazada en cualquier forma en una violación a sus derechos humanos. Lo cual también tiene consonancia con el artículo 22 constitucional en el cual se establece una cláusula abierta de los derechos y garantías al estipular que la enunciación de los derechos y garantías contenidos en ella sobre derechos humanos no debe entenderse como una negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ella, esto con relación a garantizar que cualquier derecho consagrado en la Constitución (en este caso el de la vida) debe garantizarse a pesar de que no exista una ley especial que regule el derecho que tiene la víctima de ser protegida cuando su vida se vea amenazada con motivo de una investigación, que es el caso que nos ocupa, en donde se puede observar que la Ciudadana: ILIANA YNES RODRIGUEZ MARVAL, es amenazado por la familia de la ciudadana ROSA BLANCO, es por lo que en su carácter de victima puede reclamar este derecho a tenor de lo dispuesto en el artículo 26 del texto Constitucional en concordancia con el artículo 55 Ejùsdem

El articuló 23 constitucional establece lo siguiente:

“Los tratados, pactos y convenciones relativas a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y la ley de la República y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”

Concatenando la norma anterior con los distintos instrumentos internacionales se destaca el contenido de los artículos 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículo 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y ordinal 1º del artículo 5 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Así tenemos:

Artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dispone: “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la libertad y a la seguridad de su persona”

Artículo 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, establece: “todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la integridad de su persona”

El ordinal 1 º del artículo 5 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos refiere: “Derecho a la integridad personal.1.Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”

Estas normas referidas en los distintos instrumentos internacionales son de aplicación obligatoria, directa e inmediata en nuestro ámbito territorial y concretan la tesis de la aplicación de la medida a favor de un testigo, víctima, experto, que solicita protección cuando es amenazado durante el desarrollo de una investigación o cuando deba deponer en juicio oral y público contra un imputado, ya que de ellos se desprenden que el derecho a la vida e integridad personal son universalmente reconocidos , si que tenga lugar ningún tipo de distinción entre los ciudadanos y por consiguiente con igual derecho a la protección de la ley.

Por las consideraciones antes expuestas, este Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de control N° 3 del Circuito judicial Penal, del Estado Anzoátegui administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, se DECLARA CON LUGAR LA MEDIDA DE PROTECCIÓN a la Ciudadana: ILIANA YNES RODRIGUEZ MARVAL, solicitada por la Fiscalía Superior. Todo conforme a lo previsto en los artículos 81 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, en concordancia con los artículos 19, 22, 26 y 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y lo dispuesto en el Artículo 120 del Código Orgánico Procesal Penal:

PRIMERO: Oficiar al Comandante de la Policía del Municipio "Simón Bolívar Anzoátegui", para que se sirva tomar las debidas previsiones a fin de brindar protección de la Ciudadana: ILIANA YNES RODRIGUEZ MARVAL, Portadora de la Cédula de Identidad nro. V.-14.542.708, de nacionalidad venezolano, residenciada en la Calle San Francisco, Valles la Carmelita, San Diego, Puerto la Cruz, Estado Anzoátegui; en su condición de víctima, extensiva a su familia.

SEGUNDO: La vigilancia policial por un lapso de tres (03) meses en los alrededores de la residencia de la víctima, por funcionarios policiales adscritos a la Policía del Municipio "Simón Bolívar " del Estado Anzoátegui, previa notificación de la misma.
TERCERO: Oficiar a la Fiscalia Superior del estado Anzoátegui, a los fines de que indique a este Tribunal la dirección exacta de la victima ILIANA YNES RODRIGUEZ MARVAL, a la mayor brevedad posible.
CUARTO: Líbrese los correspondientes oficios y las boletas de notificación respectivas. Cúmplase.

Regístrese la presente decisión y notifíquese lo conducente.

LA JUEZ DE CONTROL N° 3

DRA. MAGALY BRADY URBAEZ.

EL SECRETARIA

ABG. ESNERLAIDA REYES

MBU/yuneiry.-
FECHA:29-06-2004
PROTECCION A LA VICTIMA