REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Corte Superior, Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui
Barcelona, 19 de Septiembre de 2006
196º y 145º
ASUNTO PRINCIPAL : BP01-D-2004-000315
ASUNTO : BP01-R-2006-000205
PONENTE: DRA. MARIA GUADALUPE RIVAS DE HERRERA.
Por recibido el presente Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada Carmen Iraida Rondón, en su carácter de Defensora Pública Vigésima Quinta Especializada del Estado Anzoátegui, actuando en su carácter de Defensora del Joven cuya identidad se omite conforme a lo previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, contra la decisión de fecha 20 de Junio de 2006, dictada por el Tribunal de Primera Instancia en Función de Ejecución, Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, en la causa principal N° BP01-D-2004-000315, donde el Tribunal a quo Decretó el ingreso del mencionado sancionado al Centro Penitenciario José Antonio Anzoátegui de Barcelona, Estado Anzoátegui. Recurso de Apelación que se fundamenta en el literal “e” del artículo 608 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.
CAPITULO I
DE LOS ALEGATOS Y PETICIONES DE LOS RECURRENTE
La Recurrente entre otras cosas alega lo siguiente:
“…Considera esta defensora que la decisión tomada por el Tribunal de Primera Instancia Sección Adolescente, en función de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui Ejecución le violento a mi Defendido el Derecho al Debido Proceso, no tuvo derecho a la defensa de conformidad a lo establecido en el articulo 49 numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, SE HA VIOLENTADO los Artículos 7, 8 y 80 de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente, referentes a la Prioridad absoluta de todos los derechos y garantías de los niños y adolescentes; el Interés Superior del Niño y el Derecho a opinar y ser oído. Y de igual manera se violo el artículo 641 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente y ordena el ingreso del ciudadano cuya identidad se omite conforme a lo previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, al Centro Penitenciario José Antonio Anzoátegui, debiendo estar físicamente siempre separado de los adultos lugar en el cual cumplirá la medida privativa de libertad …”
La Juez motivo su decisión en una supuesta amenaza de agresión física a un interno de la Entidad, sin darle oportunidad a su representado de defenderse o contradecir lo dicho por el antes señalado adolescente, asimismo considera la defensa que no existen pruebas que verifique el dicho del adolescente cuya identidad se omite conforme a lo previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, tanto es así que ni siquiera se le aperturó a su defendido un procedimiento de conformidad con el Reglamento interno de la Entidad. Y en caso que se le haya aperturado, nunca le fue notificado a la apelante, solo de uno que suscito en fecha 16 de Marzo de 2006. Señala además que el principio orientador de todas las medidas sancionatorias del Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente no es otro que lograr la adecuada convivencia familiar y social del adolescente, que su defendido es un ciudadano en proceso de transformación y de formación de su personalidad; y con la decisión del Tribunal de Ejecución de modificar su internamiento sin haber tomado en cuenta su opinión y sin ser oído sin haberse defendido de los hechos que se le imputa y de una sola vez internarlo en el Centro Penitenciario no cree que se cumpla el objetivo primordial de la Ley Especial; Igualmente señala que se le ha violado los Derechos a la Educación, Salud, Vida contemplados en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente y en la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, respectivamente. Además considera que se esta violentando la Disposición del artículo 630 literal f, 631 literales b y d y 641 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.
Asimismo la recurrente ofrece como pruebas las siguientes:
Copia Certificada de la Resolución dictada en fecha 20 de junio de 2006, dictada por el Tribunal de Primera Instancia; copia simple de la boleta de notificación de fecha 22/05/06, donde el Tribunal de Ejecución autorizo la permanencia del joven adulto cuya identidad se omite conforme a lo previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente; copia de la boleta de notificación de fecha 04/05/2006, donde el Tribunal de Ejecución concede permiso al joven adulto para asistir a una actividad recreativa; copia simple de la boleta de notificación de fecha 08/05/2006, donde el equipo recomienda al Juzgado la permanencia del joven adulto cuya identidad se omite conforme a lo previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en el centro antes indicado ; copia simple de la boleta de notificación de fecha 20/06/2006, donde el Tribunal de Ejecución solicita al Centro de Diagnostico, sobre la pertinencia de mantener al joven adulto; copia simple del auto de fecha 20/05/2006, donde se acordó el ingreso del antes señalado joven al Centro Penitenciario José Antonio Anzoátegui; copia simple de la caución juratoria emanada del Internado Judicial del Estado Anzoátegui; copia simple del oficio N° 327-06, emanado de la Entidad de Atención N° 2 (V) Pozuelo con su respectivo escrito de fecha 19/06/06, donde considera que no es pertinente la permanencia del joven adulto cuya identidad se omite conforme a lo previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente; copia simple del oficio N° 111/06 de fecha 15/03/06; copia simple del oficio 237/06 de fecha 03/06/2006, con su respectivo informe evolutivo y por ultimo informe del guía del centro ciudadano José Acosta dirigido a la jefa del Centro Lic. Ana Julia Millán de fecha 18/06/06…”
Finalmente solicita la recurrente que le sea Revocado la decisión donde se ordena el ingreso del Sancionado al Centro Penitenciario José Antonio Anzoátegui y se Ordene el Reingreso del Joven adulto cuya identidad se omite conforme a lo previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, a la entidad de Atención Barcelona N° 02 (V) Pozuelos…” asimismo que el Recurso de Apelación interpuesto sea declarado ADMISIBLE Y CON LUGAR, en la definitiva…”
DE LA CONTESTACIÓN DEL RECURSO
“…La Fiscal del Ministerio Publico en su escrito de contestación señala lo siguiente:
Honorables miembros de la Corte de Apelaciones solicito en primer lugar como punto previo que el presente Recurso sea declarado inadmisible toda vez que el motivo por el cual se esta impugnando la decisión de fecha 20 de junio de 2006, donde se ordeno el ingreso del Joven adulto Juan cuya identidad se omite conforme a lo previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, al Centro Penitenciario de Barcelona no encuadra dentro del supuesto que contempla el articulo 608 literal e) de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente que establece “Decidan alguna incidencia en fase de ejecución que conlleve a la modificación o sustitución de la sanción impuesta…” y el caso de marras que nos ocupa no es una incidencia que modifique la Sanción del Adolescente sino que se le modifico el sitio de reclusión para el cumplimiento de la Sanción acorde con su grupo etario, previo informe del equipo técnico del establecimiento. La Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente que establece las causas para recurrir y no contemplado el motivo por el cual esta recurriendo la defensora del Adolescente, sino que se fundamento en el articulo 608 literal e) de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente, que se refiere a las incidencias que sustituyan o modifiquen una sanción. En segundo lugar solicitó que en caso de ser declarado admisible el presente Recurso esta Corte de Apelaciones lo declare sin lugar toda vez que la decisión de la Juez de Primera Instancia en funciones de Ejecución esta ajustada a derecho, ya que no viola lo pautado en los artículos 7, 8 y 80 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente…”
“…En el caso que nos ocupa no se produjo ninguna violación de derechos y garantía Constitucionales al Joven adulto cuya identidad se omite conforme a lo previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, sino que la Juez tomo una decisión conforme con el articulo 641 de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente…”
“…Ciudadanos Magistrados la Juez tomo una decisión con fundamento a un informe del equipo técnico del establecimiento donde recomiendan el ingreso del joven a un centro para adultos acorde con su grupo etario, que no puede permanecer en centro de atención para Varones Barcelona N° 2, con sede en Pozuelos, ya que existe un riesgo de enfrentamiento entre los adolescentes cuyas identidades se omiten conforme a lo previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, con consecuencias mayores, que consideran que se debe evitar, lo que vale decir que el Juez no tomo una decisión arbitraria sino con fundamento, que hace esa Juez con un informe que no favorece al joven adulto dejarlo en el Centro a la espera que ocurra una desgracia.
Finalmente solicita que el presente recurso sea declarado INADMISIBLE y SIN LUGAR, en la definitiva, asimismo ofertó como prueba acta del equipo técnico del establecimiento.
CAPITULO II
DE LA DECISIÓN RECURRIDA
“…Se evidencia de lo explanado en el Acta antes señalada suscrita por los miembros del señalado Equipo Técnico, que el Adolescente cuya identidad se omite conforme a lo previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, ha denunciado ante el equipo Técnico que el Joven cuya identidad se omite conforme a lo previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, conjuntamente con los ciudadanos cuyas identidades se omiten conforme a lo previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, han amenazado de agredirlo físicamente, en reiteradas oportunidades; situación que ha sido orientada, por el referido Equipo Técnico al mencionado adulto, y advirtiéndole de sus consecuencias, haciendo el ciudadano cuya identidad se omite conforme a lo previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, caso omiso a las directrices y orientaciones realizadas por el equipo Multidiciplinario.
Es necesario destacar, que al cumplir el Adolescente los Dieciocho (18) años de edad, será trasladado a una Institución de Adultos, que en el caso del Estado Anzoátegui, corresponde al Centro Penitenciario “José Antonio Anzoátegui”, de los cuales deberá estar físicamente separado; y solo de manera excepcional el Juez de Ejecución podrá autorizar su permanencia en una Institución de Internamiento para Adolescentes hasta los 21 años de edad, en el caso de marras, tomando en consideración la recomendación de no permanencia del ciudadano cuya identidad se omite conforme a lo previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en el Centro de Reclusión de Adolescentes antes mencionados realizada por el Equipo Técnico de esa Entidad, así como las circunstancias del sancionado antes mencionado, y con fundamento en los argumentos antes explanados; estima pertinente y ajustado a derecho quien aquí decide, Ordenar el Ingreso del Ciudadano cuya identidad se omite conforme a lo previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, al Centro Penitenciario José Antonio Anzoátegui, lugar en el cual cumplirá la Medida de Privación de Libertad, que le fue impuesta, por el lapso de tres(3) años y cuatro (4) meses; por el delito de HOMICIDIO INTENCIONAL, previsto Articulo 407 Código Penal Venezolano Vigente para la fecha ocurrieron los hechos, en perjuicio del también adolescente hoy occiso LUIS JOSÉ ALVAREZ AMARICUA….”
CAPITULO III
DE LAS ACTUACIONES DE ESTA CORTE
En fecha 25 de Julio de 2006, fue recibida ante esta Corte el recurso de apelación interpuesto, por lo que se dio cuenta Al Juez Presidente correspondiéndole la ponencia a la Dra. Maria Guadalupe Rivas de Herrera.
En fecha 28 de Julio de 2006, esta Corte declara admisible el presente recurso, de conformidad con el artículo 450 del Código Orgánico Procesal Penal.
CAPITULO III
DE LA DECISIÓN DE ESTA CORTE
Alega la recurrente, que la juez de ejecución sección adolescente de este Circuito Judicial Penal, violo el derecho a defensa de su defendido, cuando por auto de fecha 20 de junio del presente año, ordenó el ingreso de éste al Centro Penitenciario José Antonio Anzoátegui, para así cumplir con el resto del lapso de tiempo de la sentencia dictada en su contra, argumentado que se le violento a su defendido el Derecho al Debido Proceso, no tuvo derecho a la defensa de conformidad con lo establecido en el artículo 49 numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que se han violentado los artículos 7, 8 y 80 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, referentes a la Prioridad absoluta de todos los derechos y garantías de los niños y adolescentes; el Interés Superior del Niño y del Adolescente y el derecho a opinar y ser oído. De igual manera manifiesta que se ha violentado los derechos a la Educación y a una reinserción a la sociedad como hombre útil y debidamente formado; a la Salud y a la vida.
Así las cosas, las normas que regulan el proceso penal para los niños y adolescentes, deben ser aplicadas con preferencia a cualquier otra norma procesal y, solo en casos de no contemplar el supuesto de hecho determinado, se podrá acudir a lo que prevé el Código Orgánico Procesal Penal, dicho esto, el articulo 641 de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente, relativo a la fase de ejecución de las Medidas de Coerción de Libertad, establece como norma general que: “si el adolescente cumple 18 años durante su internamiento, será trasladado a una institución de adultos, de los cuales estará físicamente siempre separado”, esto quiere decir, que la única condición establecida en dicha norma es que el adolescente sancionado con medidas restrictivas de libertad cumpla el limite de edad allí previsto (18 años) para que el Juez de Ejecución proceda a ordenar su traslado a un internado judicial de adulto.
La misma norma contiene una excepción que permite al adolescente adulto que se encuentre en esa situación, permanecer en el centro de adolescente hasta alcanzar los 21 años de edad, pero para ello se requiere recomendaciones favorables del equipo técnico del establecimiento, así como el tipo de infracción cometida, entre otros. De las pruebas cursantes en autos existe acta suscrita por el Equipo Técnico de la Entidad de Atención Barcelona N° 02, Varones de Pozuelos, remitido mediante oficio N° 327-06, dirigido al Juez de Ejecución Sección Adolescente de este Circuito Judicial penal en el cual concluyen que no es pertinente la permanencia del joven adulto Arnaldo José Martínez Luces en la entidad de atención Barcelona N° 2, Varones de Pozuelos, sugiriendo su traslado a un centro acorde con su grupo etario.
Como puede observarse la condición de excepcionalidad, aparte de no haber sido requerida previamente por la defensa del citado joven adulto, la juez de ejecución estaba imposibilitada de concederla por el informe negativo antes señalado, por todo ello estima esta Corte Superior Accidental que su actuación estuvo perfectamente ajustada a derecho limitándose a darle estricta aplicación a la norma procesal relativa al sitio de cumplimiento de sanción, cuando el adolescente ha alcanzado la condición de adulto. Por lo tanto, ante la ausencia de requerimiento previo del estudio de esa condición de excepcionalidad prevista en la norma, no estaba obligada a su consideración.
En lo que respecta a la presunta violación de los derechos a la educación, a la salud y a la vida como consecuencia del traslado, esta Corte considera que corresponderá a la juez de ejecución velar porque todos y cada uno de los derechos inherentes a la condición humana del joven adulto cuya identidad se omite conforme a lo previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, sean respetados y dentro de sus funciones, como específicamente esta la de velar porque en esa fase de ejecución éste reciba la atención profesional especializada que permita su ingreso a la sociedad, totalmente regenerado. De igual manera queda a salvo el derecho que tiene tanto la defensa como el condenado, de solicitar al juez de ejecución el cumplimiento de los mismos las veces que así lo estimen conveniente, en especial el que permanezca separado de la población penal adulta, debiendo la juez a quo ordenar lo conducente al Director del Centro Penitenciario donde cumplirá la sanción el citado joven adulto.
Por tal razonamiento esta Corte Superior Accidental Sección Adolescente, considera que lo conveniente es declarar sin lugar el presente recurso de apelación, al haber actuado la juez a quo apegada a derecho, habiéndole dado estricto cumplimiento a lo preceptuado en el articulo 641 de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente y, ante la ausencia de solicitud previa de la condición de excepcionalidad allí prevista, no estando obligada a abrir incidencia alguna para ordenar, como lo hizo, el traslado del joven adulto cuya identidad se omite conforme a lo previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, al Internado Judicial del Estado Anzoátegui por haber alcanzado la mayoría de edad.
DISPOSITIVA
Por los razonamientos antes expuestos, Corte Superior Sección de Adolescentes de la Región Oriental Sala Especial Accidental del Circuito Judicial Penal de los Estados Anzoátegui y Monagas, administrando justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA SIN LUGAR, el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada Carmen Iraida Rondón, en su carácter de Defensora Pública Vigésima Quinta Especializada, adscrita a la Unidad de Defensa Pública del Estado Anzoátegui, actuando en nombre y representación del joven adulto cuya identidad se omite conforme a lo previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, contra la decisión dictada por el Tribunal de Primera Instancia en Función de Ejecución, Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal de este Estado, en fecha 20 de Junio de 2.006, En consecuencia se CONFIRMA la decisión recurrida.
Regístrese, déjese copia, notifíquese a las partes y remítase la presente causa en su debida oportunidad.
LOS JUECES INTEGRANTES DE ESTA CORTE SUPERIOR
El Juez Presidente
Dr. Javier Villarroel Rodríguez
La Juez Ponente La Juez Especializada,
Dra. Maria G. Rivas de Herrera Dra. Ana Jacinta Duran Velásquez
El Secretario
Abog. Francisco Cabrera
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