REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental. Barcelona, veintitrés de enero de dos mil ocho 197º y 148º ASUNTO: BP02-O-2008-000008 PARTE ACCIONANTE: Héctor Ulises Perdomo Guevara, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 8.320.026, asistido por los Abogados Adrián Josué Gonzàlez Paracare y Asdrúbal Josè Bucarito, inscritos en el Inpreabogado bajo los Números: 106.372 y 118.883, respectivamente. PARTE ACCIONADA: Cámara Municipal del Municipio Juan Antonio Sotillo del Estado Anzoàtegui. MOTIVO: AMPARO CONSTITUCIONAL I El ciudadano Héctor Ulises Perdomo Guevara, identificado en autos, interpuso ante este Juzgado Superior Amparo Constitucional contra la actuación de la Cámara Municipal del Municipio Juan Antonio Sotillo del Estado Anzoàtegui, en Sesión Ordinaria celebrada en fecha 17 de enero de 2008, en la cual se acordó la suspensión del cargo funcionarial que viene ejerciendo. Siendo la oportunidad para que el Tribunal se pronuncie con relación a la admisibilidad del Recurso de Amparo Constitucional incoado, y revisadas las actas procesales que conforman el expediente, esta Juzgadora pasa a realizar las siguientes consideraciones: Adujo la parte accionante que en fecha 17 de enero de 2008, la Cámara Municipal del Municipio Juan Antonio Sotillo del Estado Anzoàtegui, reunida en Sesión Ordinaria, aprobó la propuesta formulada por el Edil Harrinson Mariño, de suspenderlo del cargo de Contralor Interino del Municipio Juan Antonio Sotillo. Solicita por esta vía que el Tribunal dicte un mandamiento de amparo a los fines de que la Cámara del Municipio Juan Antonio Sotillo del Estado Anzoàtegui, y en especial en la persona de su Presidente la Concejal Olivia Catalina Lemus, se abstengan de realizar cualquier tipo de actuación o acto que impida el desarrollo del derecho al trabajo y se declare sean respectadas las condiciones en las que desarrolla y ejerce su derecho fundamental al trabajo. Solicita igualmente, se declare la nulidad del acto administrativo contentivo de su suspensión ilegitima, aprobada en la Tercera Sesión Ordinaria de la Cámara Municipal del Municipio Juan Antonio Sotillo de fecha 17 de enero de 2008, en vista de que fue aprobada por cinco concejales presentes, y la abstención de uno, contraviniendo lo previsto en el articulo 108 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. II La acción de amparo es la vía idónea para proteger los derechos y garantías constitucionales lesionados o amenazados, con el objeto de restituir la situación jurídica infringida. Procede contra actos, actuaciones, vías de hecho, abstenciones u omisiones de la administración pública, “cuando no exista un medio procesal breve, sumario y eficaz acorde con la protección constitucional” (artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales). No obstante, es pacífica la jurisprudencia sobre la improcedencia del amparo como medio procesal sustitutivo de los medios ordinarios existentes. En efecto, no sólo es inadmisible la acción de amparo cuando se haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes (numeral 5 del artículo 6 eiusdem), sino también será inadmisible cuando, existiendo tales vías ordinarias y medios judiciales preexistentes que puedan proveer de tutela oportuna ante la eventual lesión constitucional, no se haya hecho uso de ellos. Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 13 de agosto de 2001, (caso: Gloria América Rangel Ramos Vs. Ministerio de la Producción y el Comercio), estableció sobre la acción de amparo constitucional lo siguiente: “…es criterio de esta Sala (…) que la acción de amparo constitucional opera bajo las siguientes condiciones: a) Una vez que los medios judiciales ordinarios han sido agotados y la situación jurídico constitucional no ha sido satisfecha; o b) Ante la evidencia de que el uso de los medios judiciales ordinarios, en el caso concreto y en virtud de su urgencia, no dará satisfacción a la pretensión deducida. …(omissis)… en consecuencia, ante la interposición de una acción de amparo constitucional, los tribunales deberán revisar si fue agotada la vía ordinaria o fueron ejercidos los recursos, que de no constar tales circunstancias, la consecuencia será la inadmisión de la acción, sin entrar a analizar la idoneidad del medio procedente, pues el carácter tuitivo que la Constitución atribuye a las vías procesales ordinarias les impone el deber de conservar o restablecer el goce de los derechos fundamentales, por lo que bastaría con señalar que la vía existe y que su agotamiento previo es un presupuesto procesal a la inadmisibilidad de la acción de amparo. …(omissis)… De cara al segundo supuesto, relativo a que la acción de amparo puede proponerse inmediatamente, esto es, sin que hayan sido agotados los medios o recursos adjetivos disponibles, el mismo procede cuando se desprenda de las circunstancias fácticas o jurídicas que rodean la pretensión, que el uso de los medios procesales ordinarios resulta insuficiente al restablecimiento del disfrute del bien jurídico lesionado.” Así pues, según el criterio parcialmente transcrito, es evidente que la existencia de otro medio procesal efectivo distinto al amparo constitucional para obtener la defensa y protección de los derechos y garantías constitucionales alegados como transgredidos, ciertamente constituye una causal de inadmisibilidad, de conformidad con lo previsto en el encabezamiento del artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. De tal manera que, la acción de amparo constitucional debe ser ejercida, según el anterior criterio “una vez que los medios judiciales ordinarios han sido agotados y la situación jurídico constitucional no ha sido satisfecha”. Hechas estas consideraciones, el Tribunal observa que en el presente caso, el accionante ejerció un amparo constitucional contra un acto administrativo de efectos particulares emanado de la Cámara Municipal del Municipio Juan Antonio Sotillo del Estado Anzoàtegui, mediante el cual resolvió suspender del cargo de Contralor Interino al ciudadano Héctor Ulises Perdomo. Siendo ello así, al pretender impugnarse en el caso bajo análisis un acto administrativo, cuyo fundamento es esencialmente de rango legal y sub-legal, resulta evidente que existen otras vías judiciales preexistentes en el ordenamiento jurídico que rige la materia contencioso-administrativa, y que son idóneos y eficaces para la satisfacción de la pretensión planteada. En este mismo orden de ideas, es preciso señalar que el accionante dispone del recurso contencioso de nulidad previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, dentro del cual es posible tutelar sus intereses y obtener cautela mediante la suspensión de los efectos del acto administrativo. No puede aspirar la parte accionante dejar sin efecto el Acuerdo dictado por la Cámara Municipal a través del ejercicio del amparo autónomo; pues no resulta posible sustituir a través de la acción de amparo constitucional, el ejercicio del recurso contencioso-administrativo de anulación en el cual el legislador consagró un procedimiento especial donde se otorgan las garantías procesales tanto al recurrente como a la propia Administración autora del acto; serà en este procedimiento donde se analizará la legalidad o inconstitucionalidad del acto administrativo impugnado. Por tanto, con fundamento en el artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, debe forzosamente declararse inadmisible la pretensión de amparo interpuesta. Y así se decide. En base a las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente señaladas, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: INADMISIBLE la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por Héctor Ulises Perdomo Guevara contra la Cámara Municipal del Municipio Juan Antonio Sotillo del Estado Anzoàtegui. Déjese copia certificada. La Juez, Dra. Mirna Mas y Rubí Spòsito La Secretaria, Abog. Mariela Trias Zerpa