REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CORTE DE APELACIONES

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CORTE DE APELACIONES CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ANZOÁTEGUI Barcelona, 09 de junio de 2008 198° y 149° CAUSA N° BP01-O-2008-000014 PONENTE: Dra. LUZ VERÓNICA CAÑAS IZAGUIRRE Se recibió ante esta Corte de Apelaciones actuando en sede Constitucional, escrito presentado por el abogado LUIS MANUEL DUARTE GARCÍA, en su carácter de defensor de confianza del ciudadano YOHAN ANDRES IGUARO ESTRADA, quien es de nacionalidad venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 16.093.025, quien se encuentra privado de libertad; mediante el cual en uso de las atribuciones que le confieren los artículos 01, 21, 22, 38, 39, 40, 41, 42 y 43 todos de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en concordancia con los artículos 64 y 250, antepenúltimo aparte, ambos del Código Orgánico Procesal Penal, concatenados con los artículos 44 y 49 ambos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, interpone Acción de Amparo Constitucional bajo la modalidad de Habeas Corpus en favor del ciudadano ut supra identificado. Dándose entrada se dio cuenta a la Jueza Presidenta y aceptada la distribución legal, de acuerdo al sistema computarizado JURIS 2000, correspondió la ponencia al Dr. CÉSAR FELIPE REYES ROJAS, quien se encuentra de permiso, designándose como Juez Superior Temporal la Dra. LUZ VERÓNICA CAÑAS IZAGUIRRE, quien es esta misma fecha se avoca al conocimiento de la presente causa y con tal carácter suscribe el presente fallo. Siendo la oportunidad legal, para que esta Superioridad se pronuncie sobre la admisibilidad o no de la presente acción de amparo, observa: Dio origen a la presente acción, el hecho que la Fiscal Cuadragésima Segunda del Ministerio Público con Competencia Plena a Nivel Nacional hasta la fecha no ha presentado el acto conclusivo que diera lugar, el cual tenía como fecha de término el día 04 de abril de 2008 y que de igual manera no solicitó la prórroga correspondiente, por lo que el Tribunal de Control N° 03 de este mismo Circuito Judicial Penal ha debido decretar su libertad de manera inmediata, pudiendo decretar unas medidas cautelares sustitutivas de libertad, violentando el derecho a la libertad de su patrocinado, sin considerarse la presunción de inocencia y la afirmación de libertad; alegando el accionante que no se ha cumplido con el debido proceso establecido en el artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal. DE LA COMPETENCIA Se evidencia, que la acción de amparo es interpuesta contra actuaciones judiciales omitidas por un Tribunal de Primera Instancia en función de Control en lo Penal, por ello a tenor de lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica sobre Derechos y Garantías Constitucionales, esta Corte de Apelaciones como Tribunal Constitucional se declara competente para conocerlo, por ser el Juzgado Superior al que emitió el pronunciamiento que se pretende anular. ASÍ SE DECIDE. DE LA DECISIÓN DE ESTA CORTE DE APELACIONES ACTUANDO EN SEDE CONSTITUCIONAL En fecha 10 de abril de 2008, esta Superioridad, recibió la presente acción de amparo, habiéndose observado que el accionante de autos consignó copias de la decisión que presuntamente le infringió derechos al presunto agraviado pero las mismas no se encuentran debidamente certificadas. En esa misma oportunidad, esta Alzada, dictó auto a fin de emplazar al accionante a para que en un lapso no mayor de 48 horas consignara copia certificada de la decisión impugnada, al no cumplir la solicitud de este con lo pautado en la sentencia vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, del 1° febrero de 2000, con ponencia del Magistrado Dr. Jesús Eduardo Cabrera; así como tampoco con el artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, siendo susceptible la acción de ser inadmisible de no subsanarse dicho error. A tal efecto se libró boleta de notificación la cual fue recibida en fecha 19 de mayo de 2008. De la revisión del presente asunto se evidencia al folio 22 constancia de notificación suscrita por la alguacil y la Secretaria de este Despacho, dejando constancia haber dado estricto cumplimiento al procedimiento de notificación previsto en el Código Orgánico Procesal Penal, siendo la misma efectiva. Nuestra Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales en su artículo 18 establece lo siguiente: Artículo 18.- En la solicitud de amparo se deberá expresar:… 2) Y cualquier explicación complementaria relacionada con la situación jurídica infringida, a fin de ilustrar el criterio jurisdiccional. Por su parte el artículo 19 ejusdem, destaca que si la solicitud fuere oscura o no llenare los requisitos del artículo 18 ibidem, se notificará al accionante para que corrija el defecto u omisión, haciendo alusión a que si no lo hiciere la acción se declarará inadmisible. De la misma manera, como ya se indicó precedentemente, la jurisprudencia patria ha establecido el procedimiento a seguir en materia de amparo y en este caso en particular el accionante omitió consignar las copias certificadas antes señaladas ante este Tribunal Constitucional, por lo que se evidencia que el mentado lapso ha precluido sin que éste haya subsanado la omisión. Establecido lo anterior y habiéndose evidenciado que el accionante efectivamente fue notificado en la fecha ya referida, no subsanando las omisiones existentes en la Acción de Amparo interpuesta, situación esta que conllevaría a declarar la INADMISIBILIDAD de la presente Acción de Amparo Constitucional de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, debiendo recordar esta Superioridad, actuando en sede Constitucional al accionante que la Acción de Amparo tiene por objeto el ser breve y expedito, razón por la cual deben mantener en todo momento presente su interés procesal. En tal sentido, señala OSCAR R. PIERRE TAPIA, en su texto JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, Año II, Diciembre 2001, lo siguiente: “Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra - como lo apunta esta Sala - la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida total del impulso procesal que le corresponde(...) La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una, cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin... (Sentencia Nº 2745 de la Sala Constitucional del 19 de diciembre de 2001, con ponencia del magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz, en el juicio de Simón Jurado - Blanco y otros, expediente Nº 00-2064)(SIC)...” Asimismo el Doctrinario RAFAEL. J. CHAVERO GAZDIK, en su asertiva obra EL NUEVO AMPARO CONSTITUCIONAL EN VENEZUELA, nos señala: “…DESPACHO SANEADOR. Conforme a lo señalado anteriormente, introducida la solicitud de amparo constitucional el juez debe pronunciarse sobre la admisibilidad o no de la acción. Sin embargo, antes de esta decisión y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo, el juez puede constatar que no están cumplidos los requisitos formales a que se refiere el artículo 18 ejusdem. En este caso, si el juez considera que no están llenos los extremos de esta última norma debe notificar a la parte actora para que corrija el defecto u omisión dentro del lapso de cuarenta y ocho (48) horas. Si no lo hiciere, la acción de amparo será declarada inadmisible. Esto es lo que se conoce en doctrina como el despacho saneador, el cual consiste en otorgar una garantía adicional al actor para que corrija algún error, defecto u omisión, en lugar de desechar de una vez la admisión de la acción. Es precisamente otra muestra del principio de orden público del procedimiento de amparo y del rol inquisidor del juez constitucional. Como vimos anteriormente, los requisitos formales de la solicitud de amparo constitucional son bastante elementales, casi imprescindibles, pero a pesar de ello la ley consideró necesario otorgar una garantía más al actor, exigiendo que el juez constitucional le de una nueva oportunidad para que llene el vacío o aclare su solicitud...” En consecuencia, dada la situación existente en el presente caso y siendo que de autos se desprende que esta Alzada cumplió con los trámites para el procedimiento de Amparo y en virtud que el Accionante no subsanó las omisiones existentes en la solicitud, se considera que lo procedente y ajustado a derecho es declarar INADMISIBLE la presente Acción de Amparo Constitucional, interpuesta por el abogado LUIS MANUEL DUARTE GARCÍA, en su carácter de defensor de confianza del ciudadano YOHAN ANDRES IGUARO ESTRADA, quien es de nacionalidad venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 16.093.025, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley Especial que rige la materia y la sentencia vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, del 1° febrero de 2000, con ponencia del Magistrado Dr. Jesús Eduardo Cabrera. ASÍ SE DECLARA. DISPOSITIVA En atención a lo antes expuesto, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad que le confiere la Ley DECLARA: INADMISIBLE la presente Acción de Amparo Constitucional, interpuesta por el abogado LUIS MANUEL DUARTE GARCÍA, en su carácter de defensor de confianza del ciudadano YOHAN ANDRES IGUARO ESTRADA, quien es de nacionalidad venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 16.093.025, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley Especial que rige la materia y la sentencia vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, del 1° febrero de 2000, con ponencia del Magistrado Dr. Jesús Eduardo Cabrera. ASÍ SE DECLARA. Regístrese, diarícese, déjese copia de la presente decisión. Remítase la presente causa en la oportunidad legal correspondiente. Se acuerda notificar a las partes de la decisión de esta alzada. Cúmplase. LOS JUECES INTEGRANTES DE ESTA CORTE DE APELACIONES LA JUEZA PRESIDENTA (T) Dra. LIBIA MERCEDES ROSAS MORENO LA JUEZA SUPERIOR (T) LA JUEZA SUPERIOR PONENTE (T) Dra. FREYA RODRÍGUEZ DE LÓPEZ Dra. LUZ VERÓNICA CAÑAS LA SECRETARIA Abg. RAQUEL BOLIVAR.-