TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal de Juicio de Barcelona
Barcelona, 6 de Mayo de 2008
198º y 149º
ASUNTO PRINCIPAL : BP01-P-2006-010055
ASUNTO : BP01-P-2006-010055
Visto el escrito presentado por la Defensora de Confianza del ciudadano JOSE GREGORIO ANATO , en el que expone: Ocurro muy respetuosamente a este Tribunal con la finalidad de solicitarle la sustitución de la medida cautelar, en vista que el imputado JOSE GREGORIO ANATO, ha presentado múltiples problemas de salud que deben ser atendidos con prioridad, con esto no se entorpecería el proceso, ya que mi defendido no obstaculizaría el proceso que se le sigue, aunado a esto mi defendido no tiene peligro de fuga………. le pido que considere a este ciudadano ya que este imputado no ha accedido a un tratamiento médico especializado, le pido le sea sustituida la medida cautelar.
Este Tribunal para decidir observa:
PRIMERO: Se evidencia de las actas procesales, que en fecha 25 de Noviembre de 2006 , fue decretada la Medida Privativa Judicial Preventiva de Libertad, por un Tribunal de Control de este mismo Circuito Judicial Penal, por la presunta comisión del Delito de SECUESTRO Y AGAVILLAMIENTO, previsto y sancionado en los artículo 460 y 286 del Código Penal.
Ahora bien, el Tribunal observa que de las actas cursante en el presente expediente se evidencia que se trata de un delito grave, que por su naturaleza ofensiva atenta contra importantes bienes jurídicos tutelados por nuestra legislación, como son el derecho a la vida y a la propiedad, evidenciándose además, que de los delitos antes mencionados articulo 460 Y 270 del Código Penal, prevé una pena superior de diez (10) de presidio, de llegársele a condenar. Debiéndose destacar que de conformidad con el articulo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, la Medida de Coerción Personal, dictada en contra del acusado, no resulta desproporcionada al delito que se le acusa, las circunstancia de su comisión y la sanción probable. Estableciéndose además en la mencionada norma jurídica que en ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima para cada delito, ni exceder del plazo de dos años que no es el caso de marras.
SEGUNDO: Que el Tribunal de Control de este Circuito Judicial, cuando decreto la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, considero que existía el peligro de fuga u obstaculización en la búsqueda de la verdad, por la magnitud del delito, y por consiguiente se encontraban llenos los extremos de los artículos 250 y 251, del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que considera quien aquí decide que no se han aportados hechos nuevos en la investigación que puedan variar o modificar las condiciones para la sustitución de la Medida de Coerción Personal, por lo cual no habrá forma de garantizar las resultas del proceso, ni la comparecencia del acusado al Órgano Jurisdiccional a fin de la realización de los distintos actos procesales.
Asi las cosas, observa este Tribunal de Juicio que se debe tomar en cuenta para analizar cualquier petición los principios fundamentales que rigen todo proceso, tanto a la luz procedimental como constitucional. A tal fin señala el articulo 1 del Código Orgánico Procesal Penal: “Juicio previo y Debido Proceso. Nadie podrá ser condenado sin un juicio previo, oral y público, realizado sin dilaciones indebidas, ante un juez o Tribunal imparcial, conforme a las disposiciones de este Código y con salvaguarda de todos los derechos y garantías del debido proceso, consagrando en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes, los tratados, convenios y acuerdo internacionales suscritos por la República.”
El Articulo 8 Ejusdem, refiere” Presunción de Inocencia. De cualquiera a quien se le impute la comisión de un hecho punible tiene derecho a que se le presuma inocente y a que se trate como tal, mientras no se establezca su culpabilidad mediante sentencia firme”.
El artículo 9 del Código Orgánico Procesal Penal, establece: “Afirmación de Libertad. Las Disposiciones de este Código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros de hechos del imputado, o su ejercicio, tiene carácter excepcional, solo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que puede ser impuesta. Las únicas medidas preventivas en contra del imputado son las que este Código autoriza”.
El artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal, consagra: “Peligro de fuga. Para decidir acerca del peligro de fuga se tendrán en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias:
1.- Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocio o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto;
2.- La pena que podría llegarse a imponer en el caso;
3.- la magnitud del daño causado;
4.- El comportamiento del imputado durante el proceso, o en otro proceso anterior en la media que indique su voluntad de someterse a la persecución penal;
5.- La conducta predelictual del imputado.
Parágrafo Primero: Se presume el peligro de fuga en casos de hechos punibles con penas privativas de libertad, cuyo término máximo sea igual o superior a diez años”.
Es importante señalar que si bien es cierto que el nuevo proceso acusatorio contempla de manera general los principios rectores de inocencia y de la afirmación de libertad, contenidos en los artículos 8 y 9 de la Ley Adjetiva Penal (ut-supra indicados), no es menos cierto que el legislador contempló igualmente, el carácter excepcional de la aplicación de una medida privativa de liberad, la cual deberá imponerse cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso, lo cual supone que le única finalidad de la detención preventiva es asegurar que el acusado este a disposición del Juez para ser Juzgado, máxime cuando se ha acordado en el caso de marras, convocar a las partes al Acto de Juicio Oral y Público para el dia 15 de Mayo de 2008, los Jueces estamos en la obligación de garantizar a la comunidad, testigos y victimas la celebración de las audiencias que conlleva a la Administración de Justicia.
En este sentido, decisión dictada de la sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 24 de Agosto de 2006, en el cual entre otras cosas, se pronunció: “La Sala de exhortar a los jueces de Instancia a ponderar las condiciones previstas en el articulo 250 del Código Orgánico Procesal Penal al momento de dictar medida privativa de libertad, puesto que por una parte, el encarcelamiento preventivo es indiscutiblemente cautelar para, en caso justificado, garantizar la comparecencia del imputado o acusado a los actos del proceso siendo igualmente las medidas privativas de libertad, providencias de carácter excepcional, que se apartan de la regla general la cual es el juicio en libertad y como corolario de ello, al efectuar el estudio del peligro de fuga o de obstaculización del proceso, deben privar sobre los límites de la pena, los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad atendiendo al principio de presunción de inocencia y las posibilidades de que el proceso se realice en presencia del justiciable, de acuerdo a lo pautado en el artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal lo que implica el análisis objetivo de la actitud el imputado o acusado en el proceso que impliquen la intención de evadirlo”.
En virtud de lo anteriormente expuesto considera este Tribunal de juicio, que lo procedente y ajustado a derecho en el presente caso, es DECLARAR SIN LUGAR dicha petición, en el sentido que se otorgue una medida cautelar sustitutiva menos gravosa, al acusado JOSE GREGORIO ANATO, por considerar que la concesión de la medida, es insuficiente para garantizar las resultas del proceso, de conformidad con lo establecido en el único aparte del artículo 343 en relación con el articulo 253 ambos del Código Orgánico Procesal Penal.
En este mismo orden de ideas, observa esta juzgadora que la Defensa Privada , expone en su escrito que el mencionado acusado presenta problemas de salud, sin precisar que tipo de enfermedad manifiesta a los fines que este Tribunal ordene lo conducente para su traslado a un centro de Salud para su tratamiento respectivo. Sin embargo este Tribunal de Juicio N° 02, garante de los derechos y garantías constitucionales de las personas que se encuentren privadas de su libertad, y en especial el derecho a la salud y a la vida consagrados en los artículos 83, 84 y 43 Constitucional, ACUERDA: La practica de un Examen Médico por parte de un Médico General , quien deben rendir un diagnóstico de la enfermedad que padezca el acusado , para lo cual se ordena su traslado al Hospital “Dr. Luis Razzetti” de Barcelona a tales fines para el día Viernes 09 de Mayo del presente año a las 8:00 de la mañana, por lo que se libra oficio al Director del referido centro hospitalario y boleta de traslado. Y ASI SE DECIDE.
DISPOSITIVA
Con Fundamento en la motivación precedentemente expuesta, el Tribunal Segundo de Juicio, Administrado Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ACUERDA: 1.-DECLARAR SIN LUGAR la solicitud de La Defensa de Confianza en el sentido que se le otorgue MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A FAVOR DEL ACUSADO JOSE GREGORIO ANATO , plenamente identificado en autos por considerar que la concesión de la medida es insuficiente para garantizar las resultas del proceso de conformidad con lo establecido en el único aparte del articulo 243 en relación con el artículo 253 ambos del Código Orgánico Procesal Penal.2.-Oficiar al Centro de Reclusión en el cual se encuentra el acusado de autos a fin de que sea trasladado hasta el Hospital Universitario Dr. Luis Razzetti para que se le practique una evaluación medica acorde a su estado de salud .- Cúmplase.-
LA JUEZ DE JUICIO NRO. 02
DRA. ROCIO RAMOS FLORES
LA SECRETARIA
Abg.Nohexis Garcia.-