TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui

JURISDICCIÓN: CIVIL FAMILIA
I

Parte Actora: Ciudadano RAFAEL ÁNGEL ESCALONA MARTÍNEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 7.425.682 y de este domicilio.

Abogado Asistente: Ciudadanos CARLOS ENRIQUE GUAICARA ARRIOJAS y LUÍS ABRAHAM GARCÍA GARCÍA, Abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 42.416 y 116.771, respectivamente.

Parte Demandada: Ciudadana MIOSOTIS DEL ROCÍO ASUNCIÓN FONDA, ecuatoriana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº E-81.520.111 y de este domicilio.

Motivo: Divorcio
II
SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA

En fecha 04 de Agosto del 2.004, este Tribunal admitió el presente juicio de Divorcio que hubiere incoado el ciudadano RAFAEL ÁNGEL ESCALONA MARTÍNEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 7.425.682 y de este domicilio, asistido por la Abogada MILAGROS DEL VALLE RODRÍGUEZ FERMÍN, titular de la Cédula de Identidad Nº 8.342.173 e inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 95.425, contra la ciudadana MIOSOTIS DEL ROCÍO ASUNCIÓN FONDA, ecuatoriana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº E-81.520.111 y de este domicilio.

Alega el demandante en su Escrito de Libelo de la demanda:
Que contrajo Matrimonio Civil, en fecha 29 de Abril de 1.998, con la ciudadana MIOSOTIS DEL ROCÍO ASUNCIÓN FONDA, ya identificada, fijando su domicilio conyugal en la Vereda Nº 41 Nº 10 de la Urbanización Boyacá VI de Barcelona, Estado Anzoátegui. Que durante su relación matrimonial, su cónyuge manifestó muy claras manifestaciones de desafecto, situación que culminó en el mes de Mayo del 2.002, debido a que mi cónyuge tomó la determinación voluntaria de abandonar el domicilio conyugal, residenciándose en el Apartamento Nº 317, Planta Baja del Edificio 3, Residencias Agua Clara, Conjunto Residencial Los Cortijo de Oriente, Barcelona, estado Anzoátegui, el cual es la residencia de una amiga de su cónyuge. Que durante la unión matrimonial no procrearon hijos. Que él trató de evitar situaciones que pudieran llegar a resquebrajar la unidad de la pareja y optó por realizar gestiones conciliadoras, tratando de convencer a su cónyuge de que retornara al hogar conyugal, pero esas diligencias resultaron nugatorias. Que por los motivos antes expuestos, es por que demanda por Divorcio a su legítima cónyuge MIOSOTIS DEL ROCÍO ASUNCIÓN FONDA, fundamentando dicha demanda en la causal segunda del artículo 185 del Código Civil, es decir, el Abandono Voluntario.

Admitida la demanda, en fecha 04 de Agosto del 2.004, se ordenó la citación de la demandada, para lo cual se libró la respectiva Compulsa; asimismo, se ordenó la notificación de la ciudadana Fiscal Decimotercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, quien fue notificada por el Alguacil de este Tribunal en fecha 23 de Noviembre del 2.004.

En fecha 16 de Marzo del 2.005, diligenció el Alguacil de este Tribunal y manifestó le fue imposible practicar la citación de la parte demandada.

En fecha 02 de Mayo del 2.005, diligenció la parte actora y solicitó la citación de la parte demandada, por medio de Carteles, la cual fue acordada y librado el respectivo Cartel de Citación, en fecha 10 de Mayo del 2.005.

En fecha 29 de Junio del 2.005, diligenció la Apoderada actora y consignó Carteles de Citación, debidamente publicados en los Diarios El Tiempo y El Norte; vencido el lapso acordado en dicho Cartel, no habiendo comparecido la parte demandada, ni por si ni por medio de Apoderados, el Tribunal procedió a nombrarle un Defensor Judicial, recayendo dicho nombramiento en la Abogada MARIGINIA GARCÍA SIMOZA, quien habiendo sido notificada, aceptó el cargo y prestó el juramento de Ley.

En fecha 22 de Marzo del 2.006, diligenció el Alguacil de este Tribunal y dejó constancia de haber citado a la Defensora Judicial designada.

En fecha 02 de Noviembre del 2.006, compareció el Abogado LUÍS ABRAHAM GARCÍA GARCÍA, de este domicilio e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 116.105, y consignó Poder que le fuera otorgado tanto a él como al Abogado CARLOS ENRIQUE GUAICARA ARRIOJAS, Abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 42.416, por el ciudadano RAFAEL ÁNGEL ESCALONA MARTÍNEZ, ya identificado.

En fecha 28 de Noviembre del 2.006, tuvo lugar el Primer Acto Conciliatorio, compareciendo al mismo la parte actora, debidamente asistido por el Abogado CARLOS ENRIQUE GUAICARA ARRIOJAS, ya identificado, no compareciendo a dicho acto la parte demandada.

En fecha 22 de Junio del 2.007, tuvo lugar el Segundo Acto Conciliatorio, compareciendo el ciudadano RAFAEL ÁNGEL ESCALONA MARTÍNEZ, ya identificado, asistido de Abogado, a dicho acto la parte demandada no compareció.

En fecha 02 de Julio del 2.007, se realizó el Acto de Contestación de la Demanda, con la comparecencia de la parte demandante, no habiendo comparecido a dicho acto la parte demandada, ni por si ni por medio Apoderados.

Abierto el lapso probatorio las partes promovieron sus pruebas, consignando el Apoderado actor Escrito de Promoción de Pruebas, en el cual promovió: 1) Reprodujo el mérito favorable que se desprende de los autos que conforman el presente expediente. 2) El testimonio de los ciudadanos ELIZAITH DEL VALLE SERRANO GUIPE, VISNORIS DEL VALLE FLORES BASTARDO, LUÍS MARIANO BLANCO FIGUERAS y CARMEN RIVAS, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nros. 4.494.820, 8.256.810, 11.168.455 y 3.673.057, respectivamente. Asimismo, la Defensora Judicial de la parte demandada consignó Escrito de Promoción de Pruebas, en el cual promovió: 1) Reprodujo el mérito favorable de los autos, en todo cuanto beneficie a su Representada.

Planteados así los hechos pasa de seguidas este Tribunal a dictar sentencia en base a las consideraciones que serán expuestas en el capitulo siguiente:

III
RAZONES DE HECHO Y DE DERECHO PARA DECIDIR

Los procesos jurisdiccionales se encuentran regidos por los llamados Principios Generales del Derecho, por los cuales, mediante un proceso de comparación, generalización y abstracción progresivamente creciente, se pueden inducir de todo sistema jurídico vigente positivo, representando sus presupuestos y directrices conforme a la recta razón e idea de Justicia, siendo incita su aceptación universal.

En este orden de ideas, es obligación del Juez en el momento establecido para dictar la sentencia que ponga fin al juicio, examinar en primer lugar, si durante la pendencia del proceso, las partes en contradictorio y el Juez Director del proceso, aplicaron adecuadamente las normas procesales, que regulan su comportamiento durante el desarrollo de dicho proceso para que, una vez determinada la regular observancia de tales normas procesales, pase a pronunciarse sobre el mérito de la causa para así resolver lo conducente.

A este respecto se observa, que habiendo resultado impracticable la citación personal de la demandada MIOSOTIS DEL ROCÍO ASUNCIÓN FONDA, este Tribunal para ese entonces a cargo del Juez Suplente Especial, José Atilano Campos Carvajal, procedió con vista a la diligencia del accionante de fecha 18 de abril de 2.006, a designarle a la demandada, por auto de fecha 28 de noviembre de 2.006, un Defensor Judicial, recayendo dicho nombramiento en la Abogada en ejercicio MARIGINIA GARCÍA SIMOZA, quien habiendo sido notificada, aceptó el cargo y prestó el juramento de Ley.

Ahora bien, revisadas minuciosamente las actas que componen el presente expediente constata este sentenciador, que a pesar de haber sido citada oportunamente la de defensora ad litem, ésta no compareció a los actos conciliatorios ni contestó la demanda, pero si promovió pruebas.

En Cuanto a los deberes del defensor adlitem la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 26 de enero de 2004, caso Roraima Bermúdez Rosales, estableció lo siguiente:

“Para decidir, la Sala observa:
El derecho de defensa en el proceso, contemplado como derecho fundamental en el artículo 49 constitucional, se desarrolla legalmente mediante varias instituciones, siendo dos de ellas la de la defensoría y la de la necesidad de la doble instancia (la cual admite excepciones).
La institución de la defensoría se divide en pública, destinada a otorgar asistencia técnica integral a los imputados en el proceso penal que no contraten defensores particulares; y en privada, la cual opera en el proceso de naturaleza civil, bajo diversas figuras como la del defensor de quien goza de la declaratoria de justicia gratuita, o como la del defensor ad litem.
Esta última clase de defensoría (ad litem) persigue un doble propósito: 1) Que el demandado que no puede ser citado personalmente, sea emplazado, formándose así la relación jurídica procesal que permite el proceso válido. Desde esta vertiente, la defensa obra incluso en beneficio del actor, ya que permite que el proceso pueda avanzar y se dicte la sentencia de fondo.
2) Que el demandado que no ha sido emplazado o citado, se defiende, así no lo haga personalmente.
Debido a ese doble fin, el defensor no obra como un mandatario del demandado, sino como un especial auxiliar de justicia, que por no pertenecer a la defensa pública, debe percibir del demandado sus honorarios, así como las litis expensas, tal como lo señala el artículo 226 del vigente Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, como tal función auxiliar no la presta el abogado defensor gratuitamente (a menos que la ley así lo ordene, como lo hace el artículo 180 del Código de Procedimiento Civil), si éste no localizare al demandado para que le facilite las litis expensas o sus honorarios, tales gastos los sufragará el demandante -quien se beneficia a su vez de la institución- quien podrá recuperarlos de los bienes del defendido, si éstos existen.
Ahora bien, la función del defensor ad litem, en beneficio del demandado, es el de defenderlo, el que el accionado pueda ejercer su derecho de defensa, lo cual supone que sea oído en su oportunidad legal. De allí, que no es admisible que el defensor ad litem no asista a contestar la demanda, y que por ello se apliquen al demandado los efectos del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil. El defensor ad litem ha sido previsto en la ley (Código de Procedimiento Civil), para que defienda a quien no pudo ser emplazado, no para que desmejore su derecho de defensa.
Pero debe la Sala, en aras a delinear las relaciones del derecho de defensa y la función del defensor ad litem, proceder a analizar, como debe encarar tal función el defensor, a fin de cumplir con ella cabalmente.
En este sentido, la Sala considera que es un deber del defensor ad litem, de ser posible, contactar personalmente a su defendido, para que éste le aporte las informaciones que le permitan defenderlo, así como los medios de prueba con que cuente, y las observaciones sobre la prueba documental producida por el demandante.
El que la defensa es plena y no una ficción, se deduce del propio texto legal (artículo 226 del Código de Procedimiento Civil), que prevé el suministro de las litis expensas para el defensor, lo que significa que él no se va a limitar a contestar la demanda, sino que realizará otras actuaciones necesarias (probatorias, etc.) a favor del demandado.
Lo expuesto denota que para que el defensor cumpla con su labor, es necesario, que de ser posible, entre en contacto personal con el defendido, a fin de preparar la defensa.
Para tal logro no basta que el defensor envíe telegramas al defendido, participándole su nombramiento, sino que para cumplir con el deber que juró cumplir fielmente, debe ir en su búsqueda, sobre todo si conoce la dirección donde localizarlo.
...omissis...
En el caso de autos, constaba en el expediente laboral la dirección del demandado, antes de la fecha del nombramiento del defensor. Luego, era impretermitible que el defensor acudiera a la dirección del defendido a preparar la defensa, a menos que éste se negare, no bastando a ese fin enviarle un telegrama notificándole el nombramiento. Si el defensor no obra con tal diligencia, el demandado queda disminuido en su defensa, por lo que la decisión impugnada, que no tomó en cuenta tal situación, infringió el artículo 49 constitucional y así se declara...”

Respecto a la particular situación del defensor ad litem la Sala Constitucional del Tribunal Supremo Justicia en sentencia de fecha 14 de abril de 2005, con ponencia del Magistrado Dr. Arcadio Delgado Rosales, igualmente estableció:

“…..Señala esta Sala que la designación de un defensor ad litem se hace con el objeto de que el demandado que no pueda ser citado personalmente, sea emplazado y de este modo se forme la relación jurídica procesal que permita el desarrollo de un proceso válido, emplazamiento que incluso resulta beneficioso para el actor, ya que permite que la causa pueda avanzar y se logre el resultado perseguido como lo es la sentencia; el abogado que haya sido designado para tal fin juega el rol de representante del ausente o no presente, según sea el caso y tiene los mismos poderes de un apoderado judicial, con la diferencia que, su mandato proviene de la Ley y con la excepción de las facultades especiales previstas en el artículo 154 del Código de Procedimiento Civil. Por tanto, mediante el nombramiento, aceptación de éste, y respectiva juramentación ante el Juez que lo haya convocado, tal como lo establece el artículo 7 de la Ley de Juramento, se apunta hacia el efectivo ejercicio de la garantía constitucional de la defensa del demandado a la que se ha hecho mención.
Sin embargo en el caso de autos, el abogado designado como defensor del demandado no cumplió con los deberes inherentes a su cargo, puesto que se evidencia del estudio hecho a las actas, que una vez aceptado el cargo y juramentado para el cumplimiento de dicha actividad, su participación en la defensa de los derechos de su representado fue inexistente, ya que el mismo no dio contestación a la demanda interpuesta y ni siquiera impugnó la decisión que le fue adversa a dicho representado; por lo que visto que el defensor ad litem tiene las mismas cargas y obligaciones establecidas en el Código de Procedimiento Civil con respecto a los apoderados judiciales, esta negligencia demostrada por el abogado Jesús Natera Velásquez, quien juró cumplir bien y fielmente con los deberes impuestos, dejó en desamparo los derechos del entonces demandado.
Aunado a lo anterior, considera esta Sala que el Juez como rector del proceso debe proteger los derechos del justiciable, más aún cuando éste no se encuentra actuando personalmente en el proceso y su defensa se ejerce a través de un defensor judicial, pues como tal debe velar por la adecuada y eficaz defensa que salvaguarde ese derecho fundamental de las partes, por lo que en el ejercicio pleno de ese control deberá evitar en cuanto le sea posible la transgresión de tal derecho por una inexistente o deficiente defensa a favor del demandado por parte de un defensor ad litem.
Asimismo, ha sido criterio de la doctrina que el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil constriñe al Juez a evitar el perjuicio que se le pueda causar al demandado, cuando el defensor ad litem no ejerce oportunamente una defensa eficiente, ya sea no dando contestación a la demanda, no promoviendo pruebas o no impugnando el fallo adverso a su representado, dado que en tales situaciones la potestad del juez y el deber de asegurar la defensa del demandado le permiten evitar la continuidad de la causa, con el daño causado intencional o culposamente por el defensor del sujeto pasivo de la relación jurídica procesal en desarrollo; por lo que corresponderá al órgano jurisdiccional -visto que la actividad del defensor judicial es de función pública- velar por que dicha actividad a lo largo de todo el iter procesal se cumpla debida y cabalmente, a fin de que el justiciable sea real y efectivamente defendido.
En el caso bajo análisis observa esta Sala que, si bien es cierto que el Juzgado Primero de Primera Instancia realizó todo lo conducente en un principio para la tutela del derecho a la defensa del demandado, como lo reflejan sus intentos de citación, y vista su imposibilidad el posterior nombramiento de un defensor ad litem, aquel al avistar el cúmulo de omisiones por parte del defensor judicial que devenían en una violación del derecho a la defensa del demandado ausente, debió en la oportunidad de dictar su decisión de fondo, como punto previo, reponer la causa al estado en que dejó de ejercerse eficientemente la defensa del demandado, actividad que podía perfectamente realizar atendiendo a lo establecido en el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dado que, con la declaratoria con lugar de la demanda, con fundamento en la confesión ficta del demandado –por la omisión del defensor ad litem- vulneró el orden público constitucional, cuya defensa indiscutiblemente correspondía a dicho órgano jurisdiccional.
Ciertamente, es necesario señalar que esta Sala a través de su fallo N° 967 del 28 de mayo de 2002, en un caso análogo, indicó que bastaba con el nombramiento y posterior juramentación del defensor ad litem por parte del órgano jurisdiccional, para garantizar el derecho a la defensa de la parte demandada en juicio; sin embargo, el 26 de enero de 2004, al asumir un nuevo criterio, esta Sala fue más allá y estableció mediante decisión N° 33, que “(…) la función del defensor ad litem, en beneficio del demandado, es el de defenderlo, el que el accionado pueda ejercer su derecho de defensa, lo cual supone que sea oído en su oportunidad legal. De allí, que no es admisible que el defensor ad litem no asista a contestar la demanda, y que por ello se apliquen al demandado los efectos del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil. El defensor ad litem ha sido previsto en la ley (Código de Procedimiento Civil), para que defienda a quien no pudo ser emplazado, no para que desmejore su derecho de defensa. (...omisis...) Si el defensor no obra con tal diligencia, el demandado queda disminuido en su defensa, por lo que la decisión impugnada, que no tomo en cuenta tal situación, infringió el artículo 49 constitucional y así se declara…..”.

Asimismo en Sentencia de la misma Sala, de fecha 20 de octubre de 2.005, bajo la ponencia del Magistrado, Dr. Jesús Eduardo Cabrera Romero, se señaló lo siguiente:

“...En el caso que nos ocupa, se evidencia de la contestación de la demanda (folios 143 y 144) que la abogada (...), no formuló oposición alguna a la demanda que se intentara contra (...), ni presentó prueba alguna que le favoreciera, desmejorando así el derecho a la defensa de la demandada, hoy, accionante.

La citada defensora ad-litem expresó lo siguiente en el escrito de contestación de la demanda:

“ ...que al no poder informarme de los hechos que dieron lugar a la pretensión del actor, debo asumir una actitud de expectativa que conlleve al hecho de no poder formularle oposición a la presente solicitud de ejecución de hipoteca, conducta que asumo n aras de garantizar la lealtad y probidad procesal establecida en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y que constituye uno de los deberes fundamentales del Abogado consagrados en el artículo 15 de la Ley de Abogados en concordancia con el artículo 4 de (sic) Código de Ética de abogados (sic), así como de evitar el desgaste innecesario de la justicia al formular una oposición infundada que aunado a lo anterior traería una condenatoria en costas que lejos de beneficiar a mi defendido sería perjudicial...”.

Es por ello, que esta Sala estima que la defensora ad-litem de la ciudadana (...), no obró con diligencia, razón por la cual la demandada quedó disminuida en su defensa, por lo que la decisión impugnada, que no tomó en cuenta esta situación, infringió el artículo 49 constitucional. Por tal motivo de orden público, se anula todo lo actuado a partir de la contestación de la demanda y se ordena la reposición de la causa al estado de nueva contestación, quedando así modificada en los términos expuestos la decisión dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Protección del Niño y del Adolescente y bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira. Así se decide...”

Aplicando los criterios jurisprudenciales antes transcritos a los hechos planteados supra, es lo propio concluir que aunque en los juicios de divorció, por ser materia de orden publico la no contestación de la demanda no acarrea la confesión ficta del demandado, sino que se entiende ésta como contradicha, resulta inaceptable que habiendo el defensor ad litem aceptado la misión que le fue encomendada no asista a los actos procesales correspondiente pues ello desmejora la posición de su defendido en el juicio, lo cual atenta contra el sagrado derecho a la defensa de éste.

En el caso sub. examine, en aras de una sana y recta administración de justicia, no habiendo cumplido cabalmente la defensora judicial designada la misión que le fue encomendada, se impone en obsequio a la justicia y a los fines de garantizarle a la demandada su derecho a la defensa y al debido proceso y por ende a una tutela judicial efectiva, reponer de conformidad con lo dispuesto en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, la presente causa al estado de nombrarle a la demandada un nuevo defensor ad litem con quien se entenderá la citación y demás actos del procedimiento, lo cual acarrea necesariamente la nulidad de todo lo actuado en el expediente a partir del auto de fecha 28 de noviembre de 2.006, con el cual le fue nombrado defensora judicial a la demandada, dicho auto inclusive. Así se declara.

Por otra parte, siendo que en la presenta causa fue evidente la falta absoluta de defensa por parte del defensora judicial, quien solo se limitó en el lapso probatorio mediante escrito de fecha 12 de julio de 2.007, a manifestar que reproducía el merito favorable de los autos a favor de su defendida, lo cual ni siquiera es un medio de prueba admisible en nuestro sistema, y ello desmejoró la situación de la demandada en el presente juicio de divorcio, se le hace un llamado de atención a la abogada MARIGINIA GARCÍA SIMOZA, venezolana, mayor de edad, e inscrita en el I.P.S.A., bajo el Nº 87.111, y se le apercibe para que en lo sucesivo asuma la conducta adecuada al cargo que ostenta, ya que su finalidad es colaborar en la recta administración de justicia al representar y defender los intereses del no presente e impedir que la acción en justicia pueda ser burlada en detrimento de los derechos de las partes. Así se declara.

IV
DECISIÓN

Por las razones antes expuestas este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, en el presente juicio de Divorcio que hubiere incoado el ciudadano RAFAEL ÁNGEL ESCALONA MARTÍNEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 7.425.682 y de este domicilio, representado por los Abogados CARLOS ENRIQUE GUAICARA ARRIOJAS y LUÍS ABRAHAM GARCÍA GARCÍA, de este domicilio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 42.416 y 116.771, respectivamente, contra la ciudadana MIOSOTIS DEL ROCÍO ASUNCIÓN FONDA, ecuatoriana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº E-81.520.111 y de este domicilio, con fundamento en la Causal Segunda del Artículo 185 del Código Civil, ordena reponer la presente causa al estado de nombrarle a la demandada un nuevo defensor ad litem con quien se entenderá la citación y demás actos del procedimiento, lo cual acarrea necesariamente la nulidad de todo lo actuado en el expediente a partir del auto de fecha 28 de noviembre de 2.006, con el cual le fue nombrado defensora judicial a la demandada, dicho auto inclusive. Así se decide.
En consecuencia, una vez que haya quedado definitivamente firme la presente decisión procédase por auto separado a nombrarle nuevo defensor judicial a la parte demandada. Así también se decide.
Publíquese. Regístrese. Déjese copia de esta decisión.
No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza especial de este juicio.
Notifíquese a las partes de esta decisión.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui. En Barcelona, a los trece días del mes de mayo del año dos mil ocho. Años: 197º de la Independencia y 149º de la Federación.

El Juez Titular,

Henry José Agobian Viettri
La Secretaria Accidental,

Ghilda Jiménez

En esta misma fecha, siendo las dos y cuarenta y dos minutos de la tarde, se dictó y publicó la anterior sentencia, previa las formalidades de Ley. Conste.
La Secretaria Accidental,

Ghilda Jiménez