REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Oriental
Barcelona, diecinueve de noviembre de dos mil ocho
198º y 149º
ASUNTO: BP02-U-2004-000250
Visto el Recurso Contencioso Tributario Subsidiario, recibido por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D) Civil, en fecha Diez (10) de Diciembre de 2004, remitido por el ciudadano Félix Johan Molina, en su condición de Gerente Regional de Tributos Internos (E) de la Región Nor-Oriental del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), adscrito al Ministerio de Finanzas, segùn Providencia Administrativa Nº SNAT-2004-0538, de fecha 01 de Noviembre de 2004, Gaceta Oficial Nº 38.068 de fecha 18 de Noviembre de 2004, mediante oficio N° GRTI-RNO-DJT-AS-2004-06826 de fecha 06 de Diciembre de 2004, interpuesto por ante el Área de Correspondencia de la División de Tramitaciones del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), adscrito al Ministerio de Finanzas, en fecha 15 de Mayo de 2002, por el ciudadano Rolando José Morón Hanesh, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 8.493.945, actuando en su carácter de Presidente de la contribuyente Sociedad Mercantil SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES LEIROL, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, Tomo A-1, bajo el Nº 8, de fecha 07 de enero de 1997 e inscrita en el Registro de Información Fiscal (R.I.F.) bajo el Nº J-08035772-8, asistido por las ciudadanas MAFFALDA LEMUS ROJAS Licenciada en Ciencias Fiscales, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 6.721.112 y la Licenciada en Contaduría Publica RONNA REBECA RODRÌGUEZ OVIEDO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 5.540.849; igualmente asistido por los abogados CÈSAR MÈDEZ LOZADA Y JOAQUÌN VALENZUELA PARODI, venezolano y chileno, respectivamente, mayores de edad, domiciliados en Caracas, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 59.582 y 88.113, respectivamente, recibido por ante este Tribunal Superior, en fecha 17 de Enero de 2005 contra los actos administrativos contenidos en las Resoluciones Nros GRTI-RNO-DR-2001-502721 por concepto de multas por incumplimiento de deberes formales relativos a la fecha de presentación de las declaraciones mensuales del Impuesto al Consumo Suntuario y Ventas al Mayor, correspondientes a los períodos mensuales: 08-97, 09-97, 10-97, 02-98, 05-98, 07-98, 08-98, 09-98, 10-98, 01-99, 02-99, 03-99, 10-99 y 12-00, la Resolución Nº GRTI-RNO-DR-2001-502640, por concepto de multa por incumplimiento de deber formal relativo a la fecha de presensación de las declaraciones de Impuestos a los Activos Empresariales correspondiente al ejercicio fiscal de fecha 1998, emitidas por la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Nor-Oriental del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Finanzas.
Por auto de fecha 20 de enero de 2005, este Tribunal Superior le dio entrada al presente Recurso Contencioso Tributario, ordenándose librar las respectivas notificaciones de ley correspondientes a la Fiscal Vigésima Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, Procuradora, Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela y a la contribuyente SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES LEIROL, C.A., Librándose en esa misma fecha Boletas de Notificación signadas con los Nros 22/2005, 23/2005, 24/2005 y 25/2005 respectivamente. Asimismo se ordenó aperturar el correspondiente cuaderno separado de suspensión de los efectos del acto impugnado. (Folios 95 al 114).
En fecha 20 de enero de 2005, se dictó auto aperturando el correspondiente cuaderno separado de medidas BF01-X-2005-000002. (Folio 01 del cuaderno separado.)
En fecha 03 de marzo de 2005, comparece el ciudadano Hernán Chacín, en su condición de Alguacil de este Tribunal Superior, consignando Boleta de Notificación signada con el Nº 22/2005, dirigida a la Fiscal Vigésima Segunda del Ministerio Público del Estado Anzoátegui, siendo debidamente recibida y firmada quedando así notificada en el presente asunto. (Folios 117 al 121).
Por auto de fecha 10 de mayo de 2005, este Tribunal Superior, ordenó comisionar al Juzgado Décimo Tercero (Distribuidor) de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los fines de que practicara las notificaciones dirigidas a los ciudadanos Procuradora y Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela; Asimismo se ordenó comisionar al Juzgado del Municipio Anaco de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, a los fines de practicar la notificación dirigida a la contribuyente SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES LEIROL, C.A.; librándose en esta misma fecha oficios Nro 743/05 y 744/05 dirigido a los Juzgados antes mencionados. (Folios 122 al 124).
En fecha 02 de agosto de 2005, se recibió oficio Nro 05-0359, proveniente del Juzgado Décimo Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, en el cual se remiten las resultas de la comisión C-442, dirigida a los ciudadanos Procuradora y Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela; siendo agregada por este Tribunal Superior, mediante auto de fecha 08-08-2005. (Folios 125 al 140).
Por auto de fecha 08 de agosto de 2005, este Tribunal Superior, ordenó librar oficio dirigido al Juzgad Décimo Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas a los fines de que remitiera las resultas faltantes de la Boleta de Notificación dirigida al ciudadano Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela, librándose en esta misma oficio Nro 1203/2005, con las inserciones pertinentes. (Folios 139 al 142).
En fecha 07 de mayo de 2007, se recibió oficio Nro 2007-138, proveniente del Juzgado de Municipio Anaco de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, en el cual se remiten las resultas de la comisión sin ser practicada de la contribuyente SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES LEIROL, C.A.; siendo agregada por este Tribunal Superior, mediante auto de fecha 15-05-2007. (Folios 143 al 156).
Por auto de fecha 15 de mayo de 2007, el suscrito Dr. Jorge Luis Puentes Torres, Juez Suplente Especial de este Tribunal Superior se Avocó al conocimiento y decisión a que hubiere lugar en el presente asunto, ordenándose librar Boletas de Notificación dirigida a la contribuyente SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES LEIROL, C.A.,y a la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Nor-Oriental del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Finanzas. Librándose en esta misma fecha Boletas de Notificación Nros 763/07 y 764/07 respectivamente, con las inserciones pertinentes. (Folios 156 al 160).
En fecha 19 de julio de 2007, comparece el ciudadano Hernán Chacín, en su condición de Alguacil de este Tribunal Superior, consignando Boleta de Notificación signada con el Nº 764/07, dirigida a la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Nor-Oriental del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, siendo debidamente recibida y firmada quedando así notificada en el presente asunto. (Folios 161 al 163).
En fecha 30 de septiembre de 2008, comparece la abogada MARIA MILENA MARIN MORALES, actuando en su carácter de representante legal por sustitución de la ciudadana Procuradora General de la República Bolivariana de Venezuela, en la cual solicita se libre cartel de notificación dirigida a la contribuyente SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES LEIROL, C.A., siendo agregada y acordada la misma mediante auto de fecha 02-10-2008, librándose en esta misma fecha Cartel de Notificación con las inserciones pertinentes. (Folios 164 al 170).
En fecha 07 de octubre de 2008, comparece el ciudadano Hernán Chacín, en su condición de Alguacil de este Tribunal Superior, dejando constancia de la consignación del Cartel de Notificación dirigida a la contribuyente SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES LEIROL, C.A. (Folios 173).
En fecha 29 de octubre de 2008, comparece la abogada MARIA MILENA MARIN MORALES, actuando en su carácter de representante legal por sustitución de la ciudadana Procuradora General de la República Bolivariana de Venezuela, en la cual solicita copias certificadas del presente asunto, siendo agregada y acordada la misma mediante auto de fecha 03-11-2008 . (Folios 174 al 179).
En fecha 07 de noviembre de 2008, comparece la abogada CARMEN LUISA GAMBOA, actuando en su carácter de representante legal por sustitución de la ciudadana Procuradora General de la República Bolivariana de Venezuela, en la cual solicita se dicte la Perención en el presente asunto, siendo agregada la misma mediante auto de fecha 10-11-2008. (Folios 180 al 185).
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
El presente procedimiento se inició el 10/12/2004, dándole entrada este Tribunal Superior, en fecha 20/01/2005, no evidenciándose interés procesal en el presente asunto por parte del recurrente, en el lapso comprendido desde su interposición hasta la presente fecha, en tal sentido pasa este Tribunal Superior, a realizar un pronunciamiento con respecto a lo establecido en el artículo 265 del Código Orgánico Tributario, previa exposición de las consideraciones siguientes:
El Código Orgánico Tributario vigente, establece en su Artículo 265, el cual desplazó la aplicación supletoria del Código de Procedimiento Civil, con excepción de la perención semestral, sobre este particular la mencionada norma señala:
“Artículo 265: La instancia se extinguirá por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento. La inactividad del Juez, después de vista la causa, no producirá la perención.”
Hoy día no hace falta decreto ni providencia para abrir a pruebas el contencioso tributario, ni para que las partes presenten informes, por lo tanto una vez que las partes están a derecho, la única perención posible es la prevista en el Código de Procedimiento Civil por la muerte de alguno de los litigantes, a menos que se aprecie que esta puede operar antes de la notificación de las partes. En el procedimiento contencioso tributario la admisión se produce luego de que las partes están notificadas y a derecho.
En este sentido ¿será necesario que las partes estén a derecho para poder aplicar la perención? Ninguna norma lo señala y de apreciarse de esta forma, bajo la estructura actual del Código Orgánico Tributario, no operaría ya que el proceso no se detiene hasta la etapa de sentencia y en etapa de sentencia se proscribe la posibilidad de que el Juez se pronuncie sobre la perención al no existir acto de las partes o del proceso, sino la obligación de sentenciar por parte del administrador de justicia. En el procedimiento contencioso tributario existía y existe bajo la redacción del Código Orgánico Tributario anterior (1994) y el actual, una obligación legal del Juez de ordenar las notificaciones correspondientes cuando el recurso es interpuesto ante la Administración Tributaria o ante un Tribunal incompetente por la materia, pero competente en el domicilio fiscal del recurrente, siempre y cuando no haya sido remitido al Tribunal competente (Superiores Contencioso Tributarios), dentro del plazo de cinco (05) días siguientes de haberse recibido, de conformidad con los Artículos 262 y 264 del Código Orgánico Tributario.
Si bien bajo las normas señaladas, luego de los cinco (05) días a que hace referencia el Artículo 262 del Código Orgánico Tributario sin que se remita el Recurso Contencioso Tributario al Tribunal competente, el recurrente no se encuentra a derecho y por lo tanto se debe notificar, esto no limita a que quien pretenda acceder a la justicia inste a la Administración Tributaria o al Tribunal incompetente al envió del recurso al Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario, o solicite al Tribunal competente conforme a la parte final del Artículo 262, que se reclame el envío del expediente en una franca demostración de interés en la continuación del proceso y de una decisión que ponga solución a la controversia planteada. Se debe recordar que la mayoría de los casos en los cuales se evidencia un abandono del proceso, fueron interpuestos con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Orgánico Tributario de 2001, o que es lo mismo se interpusieron bajo la vigencia del Código Orgánico Tributario de 1994, el cual suspendía ope legis los efectos del acto recurrido, sea en sede administrativa, sea en sede jurisdiccional, lo cual permitía que la Administración Tributaria no pudiese ejecutar los actos y esto favorece al recurrente quien en abuso de derecho y por la negligencia de la Administración Tributaria en resolver el asunto se veía beneficiado en el tiempo, más y cuando la doctrina de la Sala Político Administrativa, era del criterio (hoy día superado), de que sin que exista una decisión definitivamente firme no se generaban los intereses moratorios, lo cual en conjunto va en detrimento del erario público, al verse mermados los ingresos de la República para el cumplimiento de los fines del Estado.
De lo anterior se puede deducir, que procesalmente es cierto que existe la obligación del Juez de impulsar el proceso, pero las partes también tienen esa obligación, y se debe indicar que los jueces son legal y constitucionalmente responsables de sus actuaciones y las partes tienen igualmente obligaciones procesales que cumplir, fundamentalmente la de impulsar el proceso y que de no hacerlo se les sanciona con la perención de la instancia, estén o no a derecho, por cuanto el legislador no señaló tales diferencias.
Aclarado lo anterior es preciso recalcar que el Código Orgánico Tributario señala en su Artículo 262:
“Artículo 262: El recurso podrá interponerse directamente ante el Tribunal competente, o por ante un juez con competencia territorial en el domicilio fiscal del recurrente. Asimismo, podrá interponerse ante la oficina de la Administración Tributaria de la cual emanó el acto. Cuando el recurso no hubiere sido interpuesto ante el Tribunal competente el juez o funcionario receptor deberá remitirlo a aquél dentro de los cinco (5) días siguientes. El recurrente podrá solicitar del Tribunal competente que reclame al juez o funcionario receptor el envío del recurso interpuesto.”
En razón de lo anterior este Juzgador considera que la interposición del Recurso Contencioso Tributario, si bien genera cargas a la Administración Tributaria como es la obligación de enviar el Recurso conjuntamente con el expediente administrativo dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes, también le otorga al recurrente su derecho a solicitar al Juez competente que reclame a la oficina o juez receptor el envío del recurso interpuesto. Como quiera que esa decisión en principio es potestativa del recurrente, y así debe ser entendida, también debe existir por su parte un interés en solventar el asunto debatido para que no se le apliquen otras figuras procesales como es el caso de la perención, si observa que han transcurrido los cinco (05) días a que hace referencia el Artículo 262 del Código Orgánico Tributario, surge una nueva carga procesal para el recurrente que es obligatoria, que consiste en manifestar su interés de continuar la acción, quiere decir que al haber transcurrido más de un (01) año sin que el recurrente solicite a los Tribunales Contenciosos Tributarios el envío del recurso debe entenderse que no tiene interés en que continúe la controversia, aunque en ese momento la Jurisdicción Contencioso Tributaria no tenga conocimiento del Recurso que esté interpuesto. Mientras no llegue el expediente al Tribunal competente, no es imputable al Juez el impulso de oficio del expediente conforme al Artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, al no saber de su existencia, cosa que si conoce el recurrente quien al tomar una posición pasiva refleja a todas luces un abandono de lo que se pretende solventar a través del litigio, por lo que interpuesto el Recurso Jerárquico conjuntamente con el Contencioso Tributario y al transcurrir los lapsos de la Administración Tributaria, así como los cinco (05) días que tiene para remitir el Recurso debe considerarse que el Recurso Contencioso Tributario se encuentra interpuesto, y no solicitar el Recurso al ente Administrativo o Judicial no competente es someter a una pendencia indefinida la solución de aspectos que tienen que ver con el orden público. Por lo que este sentenciador debe concluir que aún cuando se imparten cargas a la Administración Tributaria y se imparten cargas al Tribunal dentro del proceso, también surge una carga adicional al recurrente luego de los cinco (05) días que tiene la Administración Tributaria para remitir el Recurso Contencioso Tributario ejercido, que no es más que la demostración del interés de proseguir con la causa, debiendo realizar un seguimiento del mismo para impulsarlo en la primera oportunidad procesal.
En este sentido es relevante señalar, que el Recurso Contencioso Tributario, se ventila por las normas procesales judiciales, que escapa de la competencia de la Administración Tributaria y en este mismo sentido también debe entenderse que el Recurso Contencioso Tributario se encuentra interpuesto una vez presentado ante la Administración Tributaria en forma directa o subsidiaria o ante Tribunal incompetente, mucho más ante el Tribunal competente. Una vez que el Recurso Contencioso Tributario esté en el Tribunal que deba conocer del fondo de la causa, debe por mandato del Código Orgánico Tributario conformarse expediente y emitirse las boletas respectivas, pero transcurrido un (01) año conforme a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil o el Código Orgánico Tributario de 2001, desde el momento de la interposición ante la Administración Tributaria, ante el Tribunal incompetente o ante el Tribunal competente, opera la perención anual al no haber actividad de las partes durante ese tiempo por no encontrarse en estado de sentencia. Bajo este criterio y en aras de aclarar aspectos de la perención anual en estos casos, este Tribunal considera procedente alertar que opera la perención de la instancia por el transcurso de un año -aun sin que se haya notificado al contribuyente- cuando sea recibido por los Tribunales Contenciosos Tributarios el Recurso Contencioso Tributario por parte del Tribunal incompetente o de la Administración Tributaria, al haberse interpuesto en forma directa en esa sede o de manera subsidiaria con el Recurso Jerárquico y haya transcurrido un año desde la culminación de los cinco (05) días que tiene la Administración para remitirlo luego del lapso que tiene para decidir en forma expresa o tácita, siempre y cuando no exista durante ese lapso una solicitud de envío por parte del recurrente ante el Tribunal competente, lo cual constituye la única prueba de su interés por la continuación del procedimiento. En este sentido, transcurrido el lapso que tiene la Administración Tributaria para decidir el Recurso Jerárquico subsidiario con Recurso Contencioso Tributario sin que exista decisión parcial o total a favor del contribuyente, o existiendo acto administrativo que niegue lo solicitado en forma expresa, o habiéndose interpuesto al Recurso Contencioso Tributario directamente ante la Administración Tributaria o Tribunal incompetente más los cinco días que tiene tienen esos entes para el envío del Recurso Contencioso Tributario a los Tribunales Superiores Contencioso Tributarios, comienza el lapso de un (01) año para el recurrente para solicitar el envío del recurso ante los Tribunales Contenciosos Tributarios como carga procesal que tiene por objeto demostrar el interés de no abandonar el proceso. Como quiera que en el presente expediente se han dado todos los supuestos de procedencia para la perención en los términos expuestos, por no haber constancia de las diligencias realizadas por el contribuyente para que se practiquen las notificaciones de Ley, al haber transcurrido más de un (01) año desde la última actuación realizada para lograr la practica de las notificaciones de ley, sin que exista actuaciones del recurrente que evidencien un impulso o interés procesal en el mismo.
Ahora bien, de conformidad con lo establecido en la disposición legal anteriormente transcrita, este Tribunal Superior observa que desde el día 20-01-2005, fecha en la cual se le dio entrada al presente Recurso Contencioso Tributario, hasta el día de hoy 19/11/2008 no existe evidencia alguna de que la parte actora haya realizado ningún tipo de actuación procesal en el referido espacio de tiempo, constituyendo esta la ultima actuación a los fines de determinar la perención en el presente procedimiento. En consecuencia, por todo lo antes expuesto y resultando procedente, este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Oriental, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara la PERENCIÓN de la instancia en el presente Recurso Contencioso Tributario Subsidiario recibido por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D) Civil, en fecha Diez (10) de Diciembre de 2004, remitido por el ciudadano Félix Johan Molina, en su condición de Gerente Regional de Tributos Internos (E) de la Región Nor-Oriental del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), adscrito al Ministerio de Finanzas, segùn Providencia Administrativa Nº SNAT-2004-0538, de fecha 01 de Noviembre de 2004, Gaceta Oficial Nº 38.068 de fecha 18 de Noviembre de 2004, mediante oficio N° GRTI-RNO-DJT-AS-2004-06826 de fecha 06 de Diciembre de 2004, interpuesto por ante el Área de Correspondencia de la División de Tramitaciones del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), adscrito al Ministerio de Finanzas, en fecha 15 de Mayo de 2002, por el ciudadano Rolando José Morón Hanesh, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 8.493.945, actuando en su carácter de Presidente de la contribuyente Sociedad Mercantil SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES LEIROL, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, Tomo A-1, bajo el Nº 8, de fecha 07 de enero de 1997 e inscrita en el Registro de Información Fiscal (R.I.F.) bajo el Nº J-08035772-8, asistido por las ciudadanas MAFFALDA LEMUS ROJAS Licenciada en Ciencias Fiscales, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 6.721.112 y la Licenciada en Contaduría Pública RONNA REBECA RODRÌGUEZ OVIEDO, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 5.540.849; igualmente asistido por los abogados CÈSAR MÈDEZ LOZADA Y JOAQUÌN VALENZUELA PARODI, venezolano y chileno, respectivamente, mayores de edad, domiciliados en Caracas, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 59.582 y 88.113, respectivamente, recibido por ante este Tribunal Superior, en fecha 17 de Enero de 2005 contra los actos administrativos contenidos en las Resoluciones Nros GRTI-RNO-DR-2001-502721 por concepto de multas por incumplimiento de deberes formales relativos a la fecha de presentación de las declaraciones mensuales del Impuesto al Consumo Suntuario y Ventas al Mayor, correspondientes a los períodos mensuales: 08-97, 09-97, 10-97, 02-98, 05-98, 07-98, 08-98, 09-98, 10-98, 01-99, 02-99, 03-99, 10-99 y 12-00, la Resolución Nº GRTI-RNO-DR-2001-502640, por concepto de multa por incumplimiento de deber formal relativo a la fecha de presensación de las declaraciones de Impuestos a los Activos Empresariales correspondiente al ejercicio fiscal de fecha 1998, emitidas por la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Nor-Oriental del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 265 y 332 del Código Orgánico Tributario vigente y 267 del Código de Procedimiento Civil. Y Así se decide.-
Asimismo, se ordena librar Boletas de notificación con sus respectivas copias certificadas de la presente Decisión Interlocutoria con carácter de Definitiva, a los ciudadanos Procuradora General de la República Bolivariana de Venezuela de conformidad con lo establecido en el artículo 84 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y al Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela de conformidad con el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal en concordancia con el artículo 12 de la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional.
Igualmente, este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Oriental, de conformidad con lo establecido en el artículo 277 segundo aparte del parágrafo primero del Código Orgánico Tributario Vigente, ordena notificar a las partes de la presente decisión. Líbrense Boletas de Notificación.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión en el archivo de este Tribunal Superior.
Se ordena el archivo del presente asunto; una vez que conste en autos las resultas de las Notificaciones ordenadas.
Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho de este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Oriental. Barcelona, a los diecinueve (19) días del mes de Noviembre del año dos mil ocho (2008). Años 198º de la Independencia y 149º de la Federación.
EL JUEZ SUPLENTE ESPECIAL,
Dr. JORGE LUIS PUENTES TORRES.
LA SECRETARIA,
ABG. ROSSANA CARREÑO.
Nota: en esta misma fecha (19-11-2008), siendo la 09:40 a.m., se dictó y publicó la anterior decisión, previa las formalidades de ley.
LA SECRETARIA,
ABG. ROSSANA CARREÑO.
JLPT/RC/yp
|
