TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Oriental
Barcelona, veintidós de octubre de dos mil ocho
198º y 149º

ASUNTO: BP02-U-2004-000090

Visto el Recurso Contencioso Tributario, interpuesto en fecha doce (12) de Abril de 2004, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D) Civil, por el ciudadano JULIO CESAR ZABALETA SANTAELLA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-5.193.381, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 37.548, actuando en su carácter de Apoderado Judicial de la contribuyente Sociedad Mercantil "EL CONUCO, C.A.", inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, en fecha Veintidós (22) de Marzo de 1997, bajo el N° 87, Tomo I, domiciliada en la Avenida Juan Bautista Arismendi, cerca del elevado, Porlamar Estado Nueva Esparta y recibido en este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Oriental en fecha trece (13) de Abril de 2004, contra la Resolución, Nº CJ-210.100-184-780, de fecha veintiocho (28) de Octubre de 2003, que impone pagar: por concepto de aportes e intereses, la cantidad de Bolívares UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TREINTA Y SIETE, CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 1.358.037,00) EXPRESADO EN BOLIVARES FUERTES LA CANTIDAD DE MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y OCHO, CON CUATRO CENTIMOS (BF.1.358,04); por concepto de interés moratorios la cantidad de Bolívares QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA, CON CERO CÉNTIMOS (Bs.518.770,00) EXPRESADO EN BOLIVARES FUERTES LA CANTIDAD DE QUINIENTOS DIECIOCHO, CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS (BF.518,77) y por concepto de Multa la cantidad de Bolívares DOS MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO, CON OCHENTA CENTIMOS (Bs. 2.392.774,80) EXPRESADO EN BOLIVARES FUERTES LA CANTIDAD DE DOS MIL TRECIENTOS NOVENTA Y DOS, CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS (BF.2.392,77), según lo dispuesto en los artículos 74 y 81 del Código Orgánico Tributario Vigente, emanada del INSTITUTO NACIONAL DE COOPERACIÓN EDUCATIVA SOCIALISTA (INCES) adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal.

Por auto de fecha 22 de abril de 2004, este Tribunal Superior le dio entrada al presente Recurso Contencioso Tributario, ordenándose librar las respectivas notificaciones de ley correspondientes a la Fiscal, Procuradora y Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela y al INSTITUTO NACIONAL DE COOPERACIÓN EDUCATIVA SOCIALISTA (INCES) adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal. Librándose en esa misma fecha Boletas de Notificación signadas con los Nros 552/04, 553/04, 554/04 y 555/04 respectivamente. Asimismo se ordenó aperturar el correspondiente cuaderno separado de suspensión de los efectos del acto impugnado. (Folios 115 al 124).

En fecha 22 de abril, se dictó auto aperturando el correspondiente cuaderno separado de medidas BF01-X-2004-000018. (Folio 01 del cuaderno separado.)

Por auto de fecha 04 de mayo de 2004, este Tribunal Superior, ordenó comisionar al Juzgado Noveno (Distribuidor) de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los fines de que practicara las notificaciones dirigidas a los ciudadanos Fiscal, Procuradora y Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela y al Instituto Nacional de Cooperación Educativa Socialista (INCES) Adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal; librándose en esta misma fecha oficio Nro 708/2007 dirigido al Juzgado antes mencionado. (Folios 125 y 126).

En fecha 16 de febrero de 2005, se recibió oficio Nro 052-05, proveniente del Juzgado Sexto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, en el cual se remiten las resultas de la comisión AN36-C-2004-00038, dirigida a los ciudadanos Fiscal, Procuradora, Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela y al Instituto Nacional de Cooperación Educativa Socialista (INCES) Adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal; siendo agregada por este Tribunal Superior, mediante auto de fecha 29-03-2005. (Folios 127 al 135).

Por auto de fecha 29 de marzo de 2005, este Tribunal Superior, ordenó desglosar las resultas de las Boletas de Notificación dirigidas a los ciudadanos Fiscal, Procuradora, Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela e Instituto Nacional de Cooperación Educativa Socialista (INCES) Adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal, proveniente del Juzgado Sexto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, a los fines de ser entregadas al Alguacil de este Tribunal Superior. (Folios 134 y 135).

En fecha 08 de agosto de 2005, comparece el abogado Julio Cesar Zabaleta, actuando en su carácter de apoderado judicial de la contribuyente EL CONUCO, C.A., en la cual solicita copias certificas del presente Recurso Contencioso Tributario, siendo agregada y acordada la misma mediante auto de fecha 09-08-2005. (Folios 136 al 138).

Por auto de fecha 08 de octubre de 2008, el suscrito Dr. Jorge Luis Puentes Torres, Juez Suplente Especial de este Tribunal Superior se Avocó al conocimiento y decisión a que hubiere lugar en el presente asunto. (Folio 139).

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

El presente procedimiento se inició el 12/04/2004, dándole entrada este Tribunal Superior, en fecha 22/04/2004, no evidenciándose interés procesal en el presente asunto por parte del recurrente, en el lapso comprendido desde su interposición hasta la presente fecha, en tal sentido pasa este Tribunal Superior, a realizar un pronunciamiento con respecto a lo establecido en el artículo 265 del Código Orgánico Tributario, previa exposición de las consideraciones siguientes:

El Código Orgánico Tributario vigente, establece en su Artículo 265, el cual desplazó la aplicación supletoria del Código de Procedimiento Civil, con excepción de la perención semestral, sobre este particular la mencionada norma señala:
“Artículo 265: La instancia se extinguirá por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento. La inactividad del Juez, después de vista la causa, no producirá la perención.”

Hoy día no hace falta decreto ni providencia para abrir a pruebas el contencioso tributario, ni para que las partes presenten informes, por lo tanto una vez que las partes están a derecho, la única perención posible es la prevista en el Código de Procedimiento Civil por la muerte de alguno de los litigantes, a menos que se aprecie que esta puede operar antes de la notificación de las partes. En el procedimiento contencioso tributario la admisión se produce luego de que las partes están notificadas y a derecho.
En este sentido ¿será necesario que las partes estén a derecho para poder aplicar la perención? Ninguna norma lo señala y de apreciarse de esta forma, bajo la estructura actual del Código Orgánico Tributario, no operaría ya que el proceso no se detiene hasta la etapa de sentencia y en etapa de sentencia se proscribe la posibilidad de que el Juez se pronuncie sobre la perención al no existir acto de las partes o del proceso, sino la obligación de sentenciar por parte del administrador de justicia. En el procedimiento contencioso tributario existía y existe bajo la redacción del Código Orgánico Tributario anterior (1994) y el actual, una obligación legal del Juez de ordenar las notificaciones correspondientes cuando el recurso es interpuesto ante la Administración Tributaria o ante un Tribunal incompetente por la materia, pero competente en el domicilio fiscal del recurrente, siempre y cuando no haya sido remitido al Tribunal competente (Superiores Contencioso Tributarios), dentro del plazo de cinco (05) días siguientes de haberse recibido, de conformidad con los Artículos 262 y 264 del Código Orgánico Tributario.
Si bien bajo las normas señaladas, luego de los cinco (05) días a que hace referencia el Artículo 262 del Código Orgánico Tributario sin que se remita el Recurso Contencioso Tributario al Tribunal competente, el recurrente no se encuentra a derecho y por lo tanto se debe notificar, esto no limita a que quien pretenda acceder a la justicia inste a la Administración Tributaria o al Tribunal incompetente al envió del recurso al Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario, o solicite al Tribunal competente conforme a la parte final del Artículo 262, que se reclame el envío del expediente en una franca demostración de interés en la continuación del proceso y de una decisión que ponga solución a la controversia planteada. Se debe recordar que la mayoría de los casos en los cuales se evidencia un abandono del proceso, fueron interpuestos con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Orgánico Tributario de 2001, o que es lo mismo se interpusieron bajo la vigencia del Código Orgánico Tributario de 1994, el cual suspendía ope legis los efectos del acto recurrido, sea en sede administrativa, sea en sede jurisdiccional, lo cual permitía que la Administración Tributaria no pudiese ejecutar los actos y esto favorece al recurrente quien en abuso de derecho y por la negligencia de la Administración Tributaria en resolver el asunto se veía beneficiado en el tiempo, más y cuando la doctrina de la Sala Político Administrativa, era del criterio (hoy día superado), de que sin que exista una decisión definitivamente firme no se generaban los intereses moratorios, lo cual en conjunto va en detrimento del erario público, al verse mermados los ingresos de la República para el cumplimiento de los fines del Estado.
De lo anterior se puede deducir, que procesalmente es cierto que existe la obligación del Juez de impulsar el proceso, pero las partes también tienen esa obligación, y se debe indicar que los jueces son legal y constitucionalmente responsables de sus actuaciones y las partes tienen igualmente obligaciones procesales que cumplir, fundamentalmente la de impulsar el proceso y que de no hacerlo se les sanciona con la perención de la instancia, estén o no a derecho, por cuanto el legislador no señaló tales diferencias.

Aclarado lo anterior es preciso recalcar que el Código Orgánico Tributario señala en su Artículo 262:
“Artículo 262: El recurso podrá interponerse directamente ante el Tribunal competente, o por ante un juez con competencia territorial en el domicilio fiscal del recurrente. Asimismo, podrá interponerse ante la oficina de la Administración Tributaria de la cual emanó el acto. Cuando el recurso no hubiere sido interpuesto ante el Tribunal competente el juez o funcionario receptor deberá remitirlo a aquél dentro de los cinco (5) días siguientes. El recurrente podrá solicitar del Tribunal competente que reclame al juez o funcionario receptor el envío del recurso interpuesto.”

En razón de lo anterior este Juzgador considera que la interposición del Recurso Contencioso Tributario, si bien genera cargas a la Administración Tributaria como es la obligación de enviar el Recurso conjuntamente con el expediente administrativo dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes, también le otorga al recurrente su derecho a solicitar al Juez competente que reclame a la oficina o juez receptor el envío del recurso interpuesto. Como quiera que esa decisión en principio es potestativa del recurrente, y así debe ser entendida, también debe existir por su parte un interés en solventar el asunto debatido para que no se le apliquen otras figuras procesales como es el caso de la perención, si observa que han transcurrido los cinco (05) días a que hace referencia el Artículo 262 del Código Orgánico Tributario, surge una nueva carga procesal para el recurrente que es obligatoria, que consiste en manifestar su interés de continuar la acción, quiere decir que al haber transcurrido más de un (01) año sin que el recurrente solicite a los Tribunales Contenciosos Tributarios el envío del recurso debe entenderse que no tiene interés en que continúe la controversia, aunque en ese momento la Jurisdicción Contencioso Tributaria no tenga conocimiento del Recurso que esté interpuesto. Mientras no llegue el expediente al Tribunal competente, no es imputable al Juez el impulso de oficio del expediente conforme al Artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, al no saber de su existencia, cosa que si conoce el recurrente quien al tomar una posición pasiva refleja a todas luces un abandono de lo que se pretende solventar a través del litigio, por lo que interpuesto el Recurso Jerárquico conjuntamente con el Contencioso Tributario y al transcurrir los lapsos de la Administración Tributaria, así como los cinco (05) días que tiene para remitir el Recurso debe considerarse que el Recurso Contencioso Tributario se encuentra interpuesto, y no solicitar el Recurso al ente Administrativo o Judicial no competente es someter a una pendencia indefinida la solución de aspectos que tienen que ver con el orden público. Por lo que este sentenciador debe concluir que aún cuando se imparten cargas a la Administración Tributaria y se imparten cargas al Tribunal dentro del proceso, también surge una carga adicional al recurrente luego de los cinco (05) días que tiene la Administración Tributaria para remitir el Recurso Contencioso Tributario ejercido, que no es más que la demostración del interés de proseguir con la causa, debiendo realizar un seguimiento del mismo para impulsarlo en la primera oportunidad procesal.

En este sentido es relevante señalar, que el Recurso Contencioso Tributario, se ventila por las normas procesales judiciales, que escapa de la competencia de la Administración Tributaria y en este mismo sentido también debe entenderse que el Recurso Contencioso Tributario se encuentra interpuesto una vez presentado ante la Administración Tributaria en forma directa o subsidiaria o ante Tribunal incompetente, mucho más ante el Tribunal competente. Una vez que el Recurso Contencioso Tributario esté en el Tribunal que deba conocer del fondo de la causa, debe por mandato del Código Orgánico Tributario conformarse expediente y emitirse las boletas respectivas, pero transcurrido un (01) año conforme a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil o el Código Orgánico Tributario de 2001, desde el momento de la interposición ante la Administración Tributaria, ante el Tribunal incompetente o ante el Tribunal competente, opera la perención anual al no haber actividad de las partes durante ese tiempo por no encontrarse en estado de sentencia. Bajo este criterio y en aras de aclarar aspectos de la perención anual en estos casos, este Tribunal considera procedente alertar que opera la perención de la instancia por el transcurso de un año -aun sin que se haya notificado al contribuyente- cuando sea recibido por los Tribunales Contenciosos Tributarios el Recurso Contencioso Tributario por parte del Tribunal incompetente o de la Administración Tributaria, al haberse interpuesto en forma directa en esa sede o de manera subsidiaria con el Recurso Jerárquico y haya transcurrido un año desde la culminación de los cinco (05) días que tiene la Administración para remitirlo luego del lapso que tiene para decidir en forma expresa o tácita, siempre y cuando no exista durante ese lapso una solicitud de envío por parte del recurrente ante el Tribunal competente, lo cual constituye la única prueba de su interés por la continuación del procedimiento. En este sentido, transcurrido el lapso que tiene la Administración Tributaria para decidir el Recurso Jerárquico subsidiario con Recurso Contencioso Tributario sin que exista decisión parcial o total a favor del contribuyente, o existiendo acto administrativo que niegue lo solicitado en forma expresa, o habiéndose interpuesto al Recurso Contencioso Tributario directamente ante la Administración Tributaria o Tribunal incompetente más los cinco días que tiene tienen esos entes para el envío del Recurso Contencioso Tributario a los Tribunales Superiores Contencioso Tributarios, comienza el lapso de un (01) año para el recurrente para solicitar el envío del recurso ante los Tribunales Contenciosos Tributarios como carga procesal que tiene por objeto demostrar el interés de no abandonar el proceso. Como quiera que en el presente expediente se han dado todos los supuestos de procedencia para la perención en los términos expuestos, por no haber constancia de las diligencias realizadas por el contribuyente para que se practiquen las notificaciones de Ley, al haber transcurrido más de un (01) año desde la última actuación realizada para lograr la practica de las notificaciones de ley, sin que exista actuaciones del recurrente que evidencien un impulso o interés procesal en el mismo.

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en la disposición legal anteriormente transcrita, este Tribunal Superior observa que desde el día 08-08-2005, fecha en la cual compareció mediante diligencia el abogado Julio Cesar Zabaleta, actuando en su carácter de apoderado judicial de la contribuyente EL CONUCO, C.A., en la cual solicita copias certificas del presente Recurso Contencioso Tributario, hasta el día de hoy 22/10/2008 no existe evidencia alguna de que la parte actora haya realizado ningún tipo de actuación procesal en el referido espacio de tiempo, constituyendo esta la ultima actuación a los fines de determinar la perención en el presente procedimiento. En consecuencia, por todo lo antes expuesto y resultando procedente, este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Oriental, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara la PERENCIÓN de la instancia en el presente Recurso Contencioso Tributario, interpuesto en fecha doce (12) de Abril de 2004, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D) Civil, por el ciudadano JULIO CESAR ZABALETA SANTAELLA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-5.193.381, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 37.548, actuando en su carácter de Apoderado Judicial de la contribuyente Sociedad Mercantil "EL CONUCO, C.A.", inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, en fecha Veintidós (22) de Marzo de 1997, bajo el N° 87, Tomo I, domiciliada en la Avenida Juan Bautista Arismendi, cerca del elevado, Porlamar Estado Nueva Esparta y recibido en este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Oriental en fecha trece (13) de Abril de 2004, contra la Resolución, Nº CJ-210.100-184-780, de fecha veintiocho (28) de Octubre de 2003, que impone pagar: por concepto de aportes e intereses, la cantidad de Bolívares UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TREINTA Y SIETE, CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 1.358.037,00) EXPRESADO EN BOLIVARES FUERTES LA CANTIDAD DE MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y OCHO, CON CUATRO CENTIMOS (BF.1.358,04); por concepto de interés moratorios la cantidad de Bolívares QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA, CON CERO CÉNTIMOS (Bs.518.770,00) EXPRESADO EN BOLIVARES FUERTES LA CANTIDAD DE QUINIENTOS DIECIOCHO, CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS (BF.518,77) y por concepto de Multa la cantidad de Bolívares DOS MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO, CON OCHENTA CENTIMOS (Bs. 2.392.774,80) EXPRESADO EN BOLIVARES FUERTES LA CANTIDAD DE DOS MIL TRECIENTOS NOVENTA Y DOS, CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS (BF.2.392,77), según lo dispuesto en los artículos 74 y 81 del Código Orgánico Tributario Vigente, emanada del INSTITUTO NACIONAL DE COOPERACIÓN EDUCATIVA SOCIALISTA (INCES) adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 265 y 332 del Código Orgánico Tributario vigente y 267 del Código de Procedimiento Civil. Y Así se decide.-

Asimismo, se ordena librar Boletas de notificación con sus respectivas copias certificadas de la presente Decisión Interlocutoria con carácter de Definitiva, a los ciudadanos Procuradora General de la República Bolivariana de Venezuela de conformidad con lo establecido en el artículo 84 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y al Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela de conformidad con el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal en concordancia con el artículo 12 de la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional.

Igualmente, este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Oriental, de conformidad con lo establecido en el artículo 277 segundo aparte del parágrafo primero del Código Orgánico Tributario Vigente, ordena notificar a las partes de la presente decisión. Líbrense Boletas de Notificación.

Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión en el archivo de este Tribunal Superior.

Se ordena el archivo del presente asunto; una vez que conste en autos las resultas de las Notificaciones ordenadas.

Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho de este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Oriental. Barcelona, a los veintidós (22) días del mes de octubre del año dos mil ocho (2008). Años 198º de la Independencia y 149º de la Federación.

EL JUEZ SUPLENTE ESPECIAL,

Dr. JORGE LUIS PUENTES TORRES.
LA SECRETARIA,

ABG. ROSSANA CARREÑO.
Nota: en esta misma fecha (22-10-2008), siendo la 11:50 a.m., se dictó y publicó la anterior decisión, previa las formalidades de ley.

LA SECRETARIA,

ABG. ROSSANA CARREÑO.
JLPT/RC/yp