TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal de Juicio de Barcelona
Barcelona, 21 de octubre de 2008
198º y 149º

ASUNTO PRINCIPAL : BP01-P-2006-006173
ASUNTO : BP01-P-2006-006173

Visto el escrito presentado por la Abogada CRUZ MARIA SUAREZ PAREJO, en su carácter de Defensora de Confianza de los Acusados CESAR DAVID ARAY ASTUDILLO y HECTOR JOSE PIÑA PACHECO, mediante el cual solicita de conformidad con el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, le sea acordada la Libertad a su representado; en virtud, que desde el momento de su detención hasta la presente fecha han transcurrido más de Dos (2) años, sin que se haya podido realizar el Juicio Oral y Público. Este tribunal a los Fines de decidir respecto al pedimento interpuesto Observa:

En fecha 17 de Agosto del 2006 son presentados por ante el Tribunal de Control N° 04 de este Circuito Judicial Penal, por parte de la Fiscalía Sexta del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, los hoy acusados CESAR DAVID ARAY ASTUDILLO y HECTOR JOSE PIÑA PACHECO, por la presunta comisión de los delitos Homicidio Calificado, en grado de complicidad, Ocultamiento de Arma de fuego, Resistencia a la Autoridad y Aprovechamiento de Cosas provenientes de Delito, previstos y sancionados en el artículo 406 ordinal primero del Código Penal Venezolano vigente, en relación con el artículo 84 ordinal primero, así como los artículos 277, 218 y 470 Ejusdem. decretándole en fecha 18-08-2006 la Instancia en Funciones de Control Medida Privativa Judicial Preventiva de Libertad por considerar que se encontraban llenos los extremos contemplados en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. Posteriormente el día 16-11-2006 se lleva a cabo la Audiencia Preliminar, en la cual acordó el mencionado Tribunal de Control Apertura a Juicio Oral y Público de la presente causa por los delitos de Homicidio Intencional Simple, en grado de complicidad, Ocultamiento de Arma de fuego, Resistencia a la Autoridad y Aprovechamiento de Cosas provenientes de Delito, previstos y sancionados en el artículo 405 del Código Penal Venezolano vigente, en relación con el artículo 84 ordinal primero, así como los artículos 277 y 470 Ejusdem.

En fecha 30 de Noviembre de 2006 la causa es recibida en este Tribunal de Juicio N° 01, fijando Acto de Sorteo Ordinario de Escabinos para el día 05 de Febrero de 2007, siendo celebrado dicho acto en fecha en fecha 12-03-2007, fijándose en esa misma fecha La Constitución de Tribunal Mixto con escabinos para el día LUNES 16-04-2007 y diferido para el día 16-05-2007, no siendo trasladado el acusado Gregorio Rafael Moya.

Celebrado como fuere un sorteo extraordinario de escabinos, en fecha 27-06-07 se difiere la Constitución del Tribunal Mixto por incomparecencia del acusado Gregorio Moya.

En fecha 1-08-07 se difiere el acto pautado por incomparecencia de la defensa privada de los acusados.

Posteriormente, en virtud de la implementación del programa de descongestionamiento de causas ordenado por el Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 18-10-08 se avoca el Juez a cargo del Tribunal de Juicio Itinerante y fijo la celebración del juicio para el día 19—11-07, oportunidad en la cual no se lleva a cabo en virtud de la incomparecencia de la defensa privada y los acusados.

Se difiere nuevamente la celebración del Debate el día 04 de Diciembre de 2007 ya que no se efectuó el traslado de los acusados ni compareció la defensa privada, acordándose nuevamente su celebración para el día 10-01-2008, en virtud de la incomparecencia de defensa privada ni acusados.
Posteriormente, en fecha 14-02-08 se difiere nuevamente el acto en virtud de la incomparecencia de la defensa privada, escabinos ni acusados, recibiéndose en fecha 19-1-08 oficio del Internado Judicial mediante el cual se participa que los acusados se negaron a salir, siendo diferido el acto al dia 25-02-08 oportunidad en la cual no estuvieron presentes los escabinos ni los acusados.

En fecha 04-03-2008 se levanta acta mediante la cual se difiere el acto fijado en virtud de la incomparecencia de defensores privados, escabinos y acusados, y posteriormente se levanta nueva acta de diferimiento, de fecha 18-03-2008 en la cual se hace constar la incomparecencia de uno de los acusados.

De acuerdo con las actuaciones cursantes en autos, en fecha 3-04-2008 se apertura el juicio oral y público, siendo suspendido para el dia 10-04-08, oportunidad en la cual no se dio continuación al mismo, fijándose para el dia 16-04-08, fecha en la cual se difiere el acto por incomparecencia de la defensa privada y de los escabinos.

En fecha 06-05-08 reingresa la presente causa a este Tribunal, fijándose nuevamente el juicio oral y público, para el dia 2-06-08, oportunidad en la cual no estuvieron presentes los acusados, remitiéndose a este Tribunal constancia de negativa a ser trasladado el acusado Moya, no informándose las circunstancias por las cuales no se hizo efectivo el traslado del resto de los acusados, difiriéndose el acto para el dia 30-6-2008, no siendo trasladados los acusados, fijándose para el dia 31-07-2008, oportunidad en la cual se difiere, estando diferido al dia 1-12-08.

Ahora bien, revisadas las actas Procesales, a los fines de evaluar el comportamiento de los acusados y su defensa, según lo estipulado en el criterio fijado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 12 de Septiembre de 2001, en tal sentido, revisadas las mismas y la regularidad del proceso, esta Juzgadora advierte la existencia de dilaciones imputables a los Acusados y a su Defensor, como lo constituyen las ausencias no justificadas de la defensa en la continuación del juicio oral y público iniciado por el Juzgado Itinerante de Juicio, conforme a acta de fecha 16-04-2008, habida cuenta de que tales Tribunales fueron designados por el Tribunal Supremo de Justicia a fin de descongestionar los distintos Tribunales del Circuito Judicial Penal y agilizar la celebración de audiencias y juicios orales, y con ello dar cumplimiento a un juicio previo sin dilaciones indebidas, cuyo objetivo se obstaculizó en el presente caso.

Así las cosas, mediando una dilación procesal, y habiendo transcurrido más del tiempo establecido en el primer aparte del artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, se hace exigible verificar la doctrina de carácter vinculante establecida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 12 de septiembre de 2001, con ponencia del Magistrado DR JESUS EDUARDO CABRERA, y ratificada por ese máximo Tribunal de la República, en sentencia 114 del 06 de febrero de 2003, con Ponencia del Magistrado ANTONIO GARCIA GARCIA; sentencia 361 del 26 de febrero de 2003 con ponencia del Magistrado JESUS EDUARDO CABRERA; sentencia del 04 de julio de 2003 con Ponencia de PEDRO RAFAEL RONDON HAAZ; donde se fija el siguiente Criterio jurisprudencial:

“... [P]ero la Sala debe advertir sobre otra situación que emana de los autos. La privación de la libertad por orden judicial, cesa cuando la autoridad judicial ordena la excarcelación (artículo 44.5 constitucional) la cual tendrá lugar por las causas previstas en las leyes.
Entre estas causas, y a nivel legal, se encuentran las del artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal, que en su último aparte reza con relación a los medios de coerción personal, de los cuales algunos obran como la excepción al principio de juzgamiento en libertad, establecido en el artículo 44 constitucional y 252 del Código Orgánico Procesal Penal, que en ningún caso podrán sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años.
Se trata de una norma precisa, que no previene cumplimiento de requisitos de otra clase, distintos a los señalados, para poner fin a las medidas de coerción personal decretadas.
Etimológicamente, por medidas de coerción personal, debe entenderse no sólo la privación de libertad personal, sino cualquier tipo de sujeción a que es sometida cualquier persona, por lo que incluso las medidas cautelares sustitutivas, son de esa clase.
En consecuencia, cuando la medida (cualquiera que sea) sobrepasa el término del artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal, ella decae automáticamente sin que dicho Código prevea para que se decrete la libertad, la aplicación de medida sustitutiva alguna, por lo que el cese de la coerción –en principio– obra automáticamente, y la orden de excarcelación, si de ella se trata, se hace imperativa, bajo pena de convertir la detención continuada en una privación ilegítima de la libertad, y en una violación del artículo 44 constitucional.
A juicio de esta Sala, el único aparte del artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal, cuando limita la medida de coerción personal a dos años, no toma en cuenta para nada la duración del proceso penal donde se decreta la medida, el cual puede alargarse por un período mayor a los dos años señalados, sin que exista sentencia firme, y ello –en principio- bastaría para que ocurra el supuesto del artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal. [...]”

Empero, la Sala Constitucional en sentencia Nº 361 de fecha 24 de febrero de 2003, con ponencia del Magistrado JESUS EDUARDO CABRERA ROMERO, establece:

“... [a]l no existir la dilación procesal de mala fe, es dable a la defensa, salvo que el Ministerio Público o el querellante hayan solicitado la prórroga prevista en el segunda aparte del aparte del artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, solicitar que se decrete automáticamente la libertad del imputado..
Siendo ello así, en el presente caso, la defensa del accionante, ante la negativa del Juzgado Primero de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, de otorgar a su defendido tanto la libertad solicitada, como la sustitución de la misma por una medida cautelar menos gravosa, y no mediando dilación procesal de mala fe, debió exigir al referido Juzgado de Juicio que decretara su libertad con fundamento en la doctrina establecida por esta sala, en la decisión antes citada...”

Aunado a las citadas decisiones, observa este Tribunal de Juicio que se debe tomar en cuenta para analizar cualquier petición los Principios Fundamentales que rigen en todo proceso, tanto a la luz procedimental como constitucional. A tal fin señala el artículo 1 del Código Orgánico Procesal Penal: “ Juicio Previo y Debido Proceso. Nadie podrá ser condenado sin un juicio previo, oral y público, realizado sin dilaciones indebidas, ante un Juez o Tribunal imparcial, conforme a las disposiciones de este Código y con Salvaguarda de todos los derechos y garantías del debido proceso, consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República.”
El artículo 8 Ejusdem, refiere: “Presunción de Inocencia. Cualquiera a quien se le impute la comisión de un hecho punible tiene derecho a que se le presuma inocente y a que se le trate como tal, mientras no se establezca su culpabilidad mediante sentencia firme”.
El artículo 9 del Código Orgánico Procesal Penal, establece: “Afirmación de Libertad. Las disposiciones de este Código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado, o su ejercicio, tienen carácter excepcional, sólo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda ser impuesta. Las únicas medidas preventivas en contra del imputado son las que este Código autoriza”.

Por su parte, el artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal, consagra: “Peligro de Fuga. Para decidir acerca del peligro de fuga se tendrán en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias:
1. Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto;

2. La pena que podría llegarse a imponer en el caso;

3. La magnitud del daño causado;

4. El comportamiento del imputado durante el proceso, o en otro proceso anterior en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal;

5. La conducta predelictual del imputado.

Parágrafo Primero: Se presume el peligro de fuga en casos de hechos punibles con penas privativas de libertad, cuyo término máximo sea igual o superior a diez años.”

Es importante señalar que si bien es cierto que el nuevo proceso acusatorio contempla de manera general los principios rectores de inocencia y de la afirmación de libertad, contenidos en los artículos 8° y 9° de la Ley Adjetiva Penal (ut-supra indicados), no es menos cierto que el Legislador contempló igualmente, el carácter excepcional de la aplicación de una medida privativa de la libertad, la cual deberá imponerse cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso, lo cual supone que la única finalidad de la detención preventiva es asegurar que el acusado esté a disposición del Juez para ser juzgado, máxime cuando se ha acordado en el caso de marras, convocar a las partes al Juicio Oral y Público, y el mismo se ha diferido en reiteradas oportunidades, los Jueces estamos en la obligación de garantizar a la comunidad, testigos y a las víctimas la celebración de las audiencias que conlleva a la Administración de Justicia, considerando por ende las posibilidades de que el proceso se realice en presencia del justiciable, y que de acuerdo a lo pautado en el artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal, lo que implica el análisis objetivo de la actitud del imputado o acusado en el proceso, que abarcaría la intención de evadirlo.

En este Orden de ideas, se debe acotar que los limites hasta ahora señalados por la Sala Constitucional y el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, como producto de la naturaleza excepcional de la prisión preventiva, son para garantizar que ésta no se convierta en una pena adelantada en un proceso en el que todavía no existe Sentencia Firme, empero no se puede violentar la finalidad del Proceso, contenida en el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que de cesar todas las Medidas de Coerción Personal que sufra algún ciudadano sometido a la persecución Penal, seria perder el control material sobre el Acusado, quien - en un supuesto -, a su libre elección puede proponerse obstaculizar el proceso que se le sigue, motivo por el cual este Tribunal, considerando que en el presente caso ha mediado la ausencia reiterada e injustificada de la defensa anterior de los acusados, y que a su vez se ha obstaculizado el normal desarrollo del proceso por causas relacionadas con recusación en contra del juzgador, la cual fuere declarada sin lugar por el Órgano Superior, y que además de ello los acusados han hecho uso reiterado del derecho a revocar defensor y designar nueva defensa., lo cual se ha constituido en motivos de diferimiento del acto fundamental de esta fase, dilación procesal atribuible por ende a éstos y a su defensa de turno, aunado a que respecto al acusado MAYK JARVEY VALERA, el mismo fue favorecido con una medida cautelar sustitutiva en fecha 18-04-05, siendo que bajo su vigencia se vio incurso en la comisión de un nuevo hecho punible que dio lugar a la acumulación de causas, razones por las cuales concluye esta Juzgadora en la necesidad del mantenimiento de la medida de privación de libertad, como medida idónea para garantizar la celebración del juicio oral y público, y con ello la concreción de los fines del presente proceso.
Ahora bien, si es cierto que el Código Orgánico Procesal Penal, establece en el primer aparte del artículo 244, que en ningún caso la Medida de Coerción Personal podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años, aunado al criterio establecido por nuestro Máximo Tribunal, de que como consecuencia del vencimiento del lapso de los dos (02) años, independientemente de la naturaleza de la medida de coerción, la libertad debe ser declarada aún de Oficio, salvo mala fe, tal y como se desprende de la Jurisprudencia del 12/08/05, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo con ponencia del Magistrado JESÚS EDUARDO CABRERA, en la cual se establece: … “si bien es cierto, y así lo ha sostenido reiteradamente la Sala, que cuando la medida de coerción personal (cualquiera que sea) sobrepasa el termino establecido en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, ella decae automáticamente, sin que el señalado texto adjetivo prevea, para que se decrete la libertad, la aplicación de Medida Sustitutiva alguna, ya que el cese de la coerción -en principio- obra automáticamente y la orden de excarcelación, si de ella se trata, se hace imperativa, so pena de convertir la detención continuada en una privación ilegitima de la libertad y en una violación del artículo 44 Constitucional. Ello es así en razón de procurar diligencia en el desarrollo del proceso, evitar dilaciones injustificadas y proteger a los imputados de la posibilidad de sufrir detenciones eternas sin que, contra ellos, pese sentencia condenatoria firme. Sin embargo, también ha sostenido reiteradamente la Sala, que dicho decaimiento no opera automáticamente, cuando el proceso se ha retardado debido a tácticas procesales dilatorias abusivas de las partes o no imputables al órgano jurisdiccional, por cuanto en estos casos una interpretación literal, legalista de la norma no puede llegar a favorecer a aquellos que tratan de desvirtuar la razón de la ley, obteniendo de mala fe un resultado indebido…”.
De la revisión efectuada a las actuaciones que conforman la presente causa se evidencia, que el retardo que se ha generado en la misma se ha debido a causas que perfectamente pueden adjudicarse tanto al acusado de auto, como a las Defensas de Confianza de los co-encausados, tal como se desprende de las actas. De igual manera es justo acotar las inasistencia por parte del Titular de la Acción Penal, en reiteradas oportunidades; así como de la victima.

Por todas las consideraciones realizadas, este Tribunal de Juicio Nº 01 del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, DECLARA SIN LUGAR EL PEDIMENTO interpuesto por la DRA. CRUZ MARIA SUAREZ, Defensora de los acusados de autos y en consecuencia MANTIENE la MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD a CESAR DAVID ARAY ASTUDILLO y HECTOR JOSE PIÑA PACHECO todo de conformidad con lo consagrado en el Único aparte del artículo 243 del Código Orgánico Procesal Penal, artículos 250 y 251 ejusdem, y en un todo de acuerdo con la Jurisprudencia de la Sala Constitucional en sentencia Nº 361 de fecha 24 de febrero de 2003, con ponencia del Magistrado JESUS EDUARDO CABRERA ROMERO. Notifíquese.
LA JUEZ DE JUICIO Nº 01

DRA. YDANIE ALMEIDA GUEVARA
LA SECRETARIA

ABOG. SUYIN LOPEZ DE MORILLO

Ahora bien el artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal, consagra: “Peligro de fuga. Para decidir acerca del peligro de fuga se tendrán en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias:

1.- Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de su negocio o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto;
2.- La pena que podría llegarse a imponer en el caso;
3.- la magnitud del daño causado;
4.- El comportamiento del imputado durante el proceso, o en otro proceso anterior en la media que indique su voluntad de someterse a la persecución penal;
5.- La conducta predelictual del imputado.

Parágrafo Primero: Se presume el peligro de fuga en casos de hechos punibles con penas privativas de libertad, cuyo término máximo sea igual o superior a diez años”.

Es importante señalar que si bien es cierto que el nuevo proceso acusatorio contempla de manera general los principios rectores de inocencia y de la afirmación de libertad, contenidos en los artículos 8 y 9 de la Ley Adjetiva Penal (ut-supra indicados), no es menos cierto que el legislador contempló igualmente, el carácter excepcional de la aplicación de una medida privativa de liberad, la cual deberá imponerse cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso, lo cual supone que la única finalidad de la detención preventiva es asegurar que el acusado este a disposición del Juez para ser Juzgado, máxime cuando se ha acordado en el caso de marras, convocar a las partes para el Acto de Juicio Oral y público en diversas oportunidades, los Jueces estamos en la obligación de garantizar a la comunidad, testigos y victimas la celebración de las audiencias que conlleva a la Administración de Justicia, a los fines de impedir la impunidad.

En este sentido, decisión dictada de la sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 24 de Agosto de 2006, en el cual entre otras cosas, se pronunció: “La Sala de exhortar a los jueces de Instancia a ponderar las condiciones previstas en el articulo 250 del Código Orgánico Procesal Penal al momento de dictar medida privativa de libertad, puesto que por una parte, el encarcelamiento preventivo es indiscutiblemente cautelar para, en caso justificado, garantizar la comparecencia del imputado o acusado a los actos del proceso siendo igualmente las medidas privativas de libertad, providencias de carácter excepcional, que se apartan de la regla general la cual es el juicio en libertad y como corolario de ello, al efectuar el estudio del peligro de fuga o de obstaculización del proceso, deben privar sobre los límites de la pena, los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad atendiendo al principio de presunción de inocencia y las posibilidades de que el proceso se realice en presencia del justiciable, de acuerdo a lo pautado en el artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal lo que implica el análisis objetivo de la actitud el imputado o acusado en el proceso que impliquen la intención de evadirlo”.

Ahora bien, si es cierto que el Código Orgánico Procesal Penal, establece en el primer aparte del artículo 244, que en ningún caso la Medida de Coerción Personal podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años, aunado al criterio establecido por nuestro Máximo Tribunal, de que como consecuencia del vencimiento del lapso de los dos (02) años, independientemente de la naturaleza de la medida de coerción, la libertad debe ser declarada aún de Oficio, salvo mala fe, tal y como se desprende de la Jurisprudencia del 12/08/05, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo con ponencia del Magistrado JESÚS EDUARDO CABRERA, en la cual se establece: … “si bien es cierto, y así lo ha sostenido reiteradamente la Sala, que cuando la medida de coerción personal (cualquiera que sea) sobrepasa el termino establecido en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, ella decae automáticamente, sin que el señalado texto adjetivo prevea, para que se decrete la libertad, la aplicación de Medida Sustitutiva alguna, ya que el cese de la coerción -en principio- obra automáticamente y la orden de excarcelación, si de ella se trata, se hace imperativa, so pena de convertir la detención continuada en una privación ilegitima de la libertad y en una violación del artículo 44 Constitucional. Ello es así en razón de procurar diligencia en el desarrollo del proceso, evitar dilaciones injustificadas y proteger a los imputados de la posibilidad de sufrir detenciones eternas sin que, contra ellos, pese sentencia condenatoria firme. Sin embargo, también ha sostenido reiteradamente la Sala, que dicho decaimiento no opera automáticamente, cuando el proceso se ha retardado debido a tácticas procesales dilatorias abusivas de las partes o no imputables al órgano jurisdiccional, por cuanto en estos casos una interpretación literal, legalista de la norma no puede llegar a favorecer a aquellos que tratan de desvirtuar la razón de la ley, obteniendo de mala fe un resultado indebido…”.
De la revisión efectuada a las actuaciones que conforman la presente causa se evidencia, que el retardo que se ha generado en la misma se ha debido a causas que perfectamente pueden adjudicarse tanto al acusado de auto, como a las Defensas de Confianza de los co-encausados, tal como se desprende de las actas. De igual manera es justo acotar las inasistencia por parte del Titular de la Acción Penal, en reiteradas oportunidades; así como de la victima.

En este orden de ideas, pese al plazo transcurrido y establecido por el Legislador como suficiente para obtener una Sentencia Definitiva en un proceso penal, y no constituirse la Medida Privativa de Libertad en una pena anticipada; no obstante, al quedar acreditado en autos que las dilaciones indebidas e injustificadas son responsabilidad en gran parte del acusado Gregorio Rafael Moya González; no puede en consecuencia ser considerado a su favor lo establecido en la norma imperativa penal. Así mismo, observa esta juzgadora que la presente causa se encuentra en la fase de Juicio, fijándose la audiencia oral y pública para el día 21-10-2008, garantizándole al acusado el debido proceso y el respeto a sus derechos fundamentales, por lo que se declara SIN LUGAR la solicitud interpuesta por la Defensora Pública Dra. SOLANGEL GONZALEZ, actuando en su carácter de Defensor Público del acusado Gregorio Rafael Moya González, en lo que respecta a la aplicación de una Medida Cautelar. Y ASÍ SE DECIDE.

DISPOSITIVA

Por todas las consideraciones antes expuestas, este Tribunal de Juicio Nro 01 del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por Autoridad de la Ley, DECLARA SIN LUGAR la solicitud interpuesta por la Defensora Pública Dra. SOLANGEL GONZALEZ, actuando en su carácter de Defensor Público del acusado GREGORIO RAFAEL MOYA GONZALEZ, en lo que respecta al otorgamiento de su libertad inmediata. Todo de conformidad a lo consagrado en los artículo 244 Y 264 del Código Orgánico Procesal Penal. Cúmplase.
LA JUEZ DE JUICIO NRO. 01

DRA. ELBA UROSA DE LANZA
LA SECRETARIA
ABG. ROSMARY BARRIOS