REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental. Barcelona, cuatro de noviembre de dos mil nueve 199º y 150º ASUNTO: BP02-N-2009-000248 DEMANDANTE: Nereida Del Carmen Martínez, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 8.320.764, y de este domicilio, asistida por los Abogados Marinela Romero y Julio Arias, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros 70.640 y 119.981, respectivamente. DEMANDADO: Alcaldía del Municipio Rivero del Estado Sucre. Motivo: Cobro de Prestaciones Sociales. En fecha 26 de junio de 2009, se recibió demanda de Cobro de Diferencia de Prestaciones Sociales interpuesta por la ciudadana Nereida Del Carmen Martínez, titular de la cedula de identidad N° 8.320.764, asistida por la Abogada Marinela Romero y Julio Arias, Inscritos en el inpreabogado bajo los Nros. 70.640 y 119.981, respectivamente, contra la Alcaldía del Municipio Rivero del Estado Sucre. Ahora bien, el Tribunal a los fines de pronunciarse en relación a la admisión, observa: La ciudadana Nereida Del Carmen Martínez alegó que comenzó a prestar servicio en la precitada Alcaldía en fecha 25 de noviembre de 2004, en el cargo de Directora de Catastro. Que fue notificada que había sido removida del cargo el 01 de diciembre de 2008, sin que le fuesen cancelados sus derechos laborales generados. Que durante su relación laboral no disfrutó de vacaciones, aunque le fueron canceladas se le adeudan algunos períodos como el 2004-2005-2007 y 2008, las cuales no le fueron canceladas en su momento oportuno, así como su bono de fin de año, fidecomiso, entre otros. Demanda por la cantidad de Doscientos un Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho Bolívares con Ochenta y Tres Céntimos (Bs.201.488,83). En este orden de ideas, es necesario señalar que el artículo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública establece los motivos de inadmisibilidad de la acción: “… el tribunal competente la admitirá dentro de los tres días de despacho siguiente, si no estuviere incursa en alguna de las causales previstas para su inadmisión en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia” (negrillas del tribunal). Derogada la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia el 20 de mayo de 2004, estos motivos de inadmisibilidad están previstos en el artículo 19, aparte 5, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. En este sentido, la Ley del Estatuto de la Función Pública, régimen legal aplicable en este caso, pues se trata de relaciones de empleo público entre un funcionario y la administración pública, dispone en el articulo 92, que los actos administrativos de carácter particular dictados en ejecución de dicha Ley, agotan la vía administrativa; en consecuencia, sólo podrá ser ejercido contra ellos el recurso contencioso administrativo funcionarial dentro del término previsto en el articulo 94 eiusdem, es decir, dentro del lapso de tres (3) meses, contado a partir del día en que se produjo el hecho que dio lugar a él, o desde el día en que el interesado fue notificado del acto. En efecto, dispone el citado articulo 94: “Todo recurso con fundamento en esta Ley sólo podrá ser ejercido válidamente dentro de un lapso de tres meses contado a partir del día en que se produjo el hecho que dio lugar a él, o desde el día en que el interesado fue notificado del acto”. Sin embargo, por vía de excepción, en materia de cobro de prestaciones sociales, en beneficio del acceso a la justicia y del principio in dubio pro operario, y por criterio jurisprudencial establecido por las Cortes de lo Contencioso-Administrativo, el Tribunal venía aplicando el lapso mayor dispuesto en otras leyes para el ejercicio de acciones similares; siendo éste el previsto en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo: un año para la prescripción de la acción, como consecuencia de la integración del derecho del trabajo al régimen funcionarial, en esa materia específica. No obstante lo expuesto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 2326 del 14 de diciembre de 2006, ha sostenido: “……En efecto, estima la Sala que la regulación material de la prestación de antigüedad en cuanto derecho de los funcionario públicos, como beneficio y las condiciones de su prestación, debe ajustarse a lo prescrito en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a la Ley Orgánica del Trabajo y a su Reglamento, ello por expresa remisión del articulo 28 de la Ley del Estatuto de la Función Publica. Sin embargo, en lo atinente a la regulación procesal que debe aplicarse para el reclamo en sede judicial de las cantidades adeudadas por este concepto, así como de los intereses que surgen por la mora en su pago (ex articulo 92 constitucional), la incoación de estas demandas debe ajustarse a las prescripciones contenidas en la Ley del Estatuto de la Función Pública, pues dicha remisión normativa se efectúa sólo en lo relativo a la regulación material de ese derecho, como así lo expresa incluso la propia ley laboral (ex Parágrafo Sexto del articulo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo)….” En este mismo orden de ideas, de acuerdo al contenido de la sentencia parcialmente transcrita, debe aplicarse en estos casos el lapso establecido en el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Debe igualmente señalar el Tribunal que, el lapso previsto en el citado articulo no se trata de un lapso de prescripción, susceptible de interrupción en cualquiera de las formas previstas en el articulo 64 de la ley Orgánica del Trabajo, sino de caducidad, y siendo la caducidad de orden público, es decir, corre fatalmente, no es disponible por la voluntad de los particulares, ni del Juez. Los lapsos de caducidad se caracterizan por su preclusividad, esto es, que no existe ningún tipo de actuación capaz de interrumpirla ni de suspender su curso. Habiendo expresado la parte recurrente que recibió el pago de las prestaciones sociales el 25 de abril de 2008, es a partir de esa fecha que nace el derecho del accionante para recurrir en vía jurisdiccional e intentar los recursos pertinentes para el cobro de diferencia de prestaciones sociales. Por lo tanto, a la fecha en que la querella fue presentada ante este Tribunal, es decir, 26 de junio de 2009, había transcurrido en exceso el lapso de tres meses para intentar la presente demanda; por lo que operó la caducidad de la acción propuesta. Así se declara. En consecuencia, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 19, aparte 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que al efecto dispone: “se declarará inadmisible la demanda, solicitud o recurso cuando así lo disponga la ley; o si el conocimiento de la acción o recurso compete a otro tribunal; o si fuere evidente la caducidad o prescripción de la acción o recurso intentado…”, la demanda en cuestión, resulta inadmisible por ser evidente la caducidad de la acción intentada. Rivero del Estado Sucre. Así se decide.- Déjese copia certificada. La Juez, Abog. Mirna Mas y Rubí Spósito La Secretaria, Abog. Mariela Trías Zerpa. Ab.