TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui
Barcelona, catorce de octubre de dos mil nueve
199º y 150º

ASUNTO : BP02-L-2009-000362
DEMANDANTE: GARDENIA JOSEFINA MENDOZA, Venezolana, mayor de edad, jurídicamente hábil, titular de la cédula de identidad N° 4.219.540.
APODERADOS DE LA DEMANDANTE: Abogadas BLANCA COVA URBANO, OMAIRA PARADA APARICIO y MARIANNE COVA URBANO, inscritas en el INPREABOGADO bajo los Nos. 21.616, 24.921 y 94.365 respectivamente.
ENTE DEMANDADO: ALCALDIA DEL MUNICIPIO PEÑALVER DEL ESTADO ANZOÁTEGUI.
APODERADOS DE LA ALCALDÍA DEMANDADA: DESCONOCIDO.
MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES.

Se inicia el presente procedimiento por demanda interpuesta por las abogadas BLANCA COVA URBANO, OMAIRA PARADA APARICIO y MARIANNE COVA URBANO apoderadas judiciales de la ciudadana GARDENIA JOSEFINA MENDOZA, antes identificadas, mediante la cual sostiene que ésta fue contratada e ingresó en nómina el 27 de marzo del 2001 en el cargo de secretaria, que devengaba Bs.600,00 desde enero del 2008 hasta el día 19 de enero del 2009, momento en que fue despedida; que sus salarios anteriores hasta el 2007 representaban el salario mínimo nacional; que la Alcaldía del Municipio Peñalver del Estado Anzoátegui no sólo dejó de cancelar el salario por completo, sino que no los canceló en noviembre y diciembre del 2008, que en el 2 de diciembre del 2008 le fue acreditada la suma de Bs.2.459,16 por concepto de aguinaldos (120 días), sin embargo el Alcalde ordenó debitar dicha cantidad, siendo así, es por lo que demanda el pago de diferencia de salarios dejados de cancelar Bs.2.853,00, vacaciones fraccionadas y bono vacacional fraccionado Bs.865,80, bono de fin de año Bs.3.196,80, preaviso Bs.1.598,40, indemnización del artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo Bs.5.328,00, antigüedad Bs.7.989,63, antigüedad dos días por cada año Bs.639,36, fideicomiso Bs.4.261,56, total cesta ticket Bs.19.198,16, estimando la demanda en Bs.45.930,71, indexación y costas procesales.

Admitida la demanda, luego de cumplida la subsanación ordenada por el Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta Circunscripción Judicial y agotada la notificación de la demandada, se fijó oportunidad para la celebración de la audiencia preliminar, la cual tuvo lugar en fecha 15 de julio del 2009, incompareciendo el ente municipal, y en virtud de gozar de privilegios y prerrogativas conforme a lo establecido en la Ley de Hacienda Pública Nacional y la Ley del Poder Público Municipal, se procedió a remitir el presente expediente a este Tribunal, el cual fue recibido en fecha 29 de julio del 2009, procediéndose a admitir las pruebas correspondientes a la parte actora, fijándose oportunidad para la audiencia de juicio, la cual se llevó a cabo en fecha 06 de octubre del mismo año, momento en el cual incompareció una vez más la alcaldía accionada, considerándose como contradicha la presente acción.

Ahora bien, si bien es cierto que, el ente demandado no compareció a la audiencia de juicio, no lo es menos que, su incomparecencia no implica la confesión de los hechos a tenor de lo establecido en el artículo 151 de la Ley Orgánica del Trabajo, pues tal como se dijo, debe tenerse por contradicha la demanda interpuesta por la ciudadana Gardenia Mendoza contra la referida Alcaldía y, siendo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, relativo a la carga de la prueba, así como lo sostenido por el Tribunal Supremo de Justicia en su Sala de Casación Social al respecto, lo cual es del tenor siguiente:

“El demandado en el proceso laboral tiene la carga de probar todos aquellos alegatos nuevos que le sirvan de fundamento para rechazar las pretensiones del actor.
También debe esta Sala señalar que, habrá inversión de la carga de la prueba en el proceso laboral, es decir, estará el actor eximido de probar sus alegatos, en los siguientes casos:
1) Cuando en la contestación a la demanda el accionado admita la prestación de un servicio personal aun cuando el accionado no la califique como relación laboral. (Presunción iuris tantum, establecida en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo).
2) Cuando el demandado no rechace la existencia de la relación laboral, se invertirá la carga de la prueba en lo que se refiere a todos los restantes alegatos contenidos en el libelo que tengan conexión con la relación laboral, por lo tanto es el demandado quien deberá probar, y es en definitiva quien tiene en su poder las pruebas idóneas sobre el salario que percibía el trabajador, el tiempo de servicios, si le fueron pagadas las vacaciones, utilidades, etc.”.

En consecuencia, siendo que la Alcaldía del Municipio Fernando de Peñalver no promovió pruebas, debe declararse la confesión en cuanto a los hechos, por lo que deben revisarse las pruebas promovidas por la parte actora y el derecho pretendido, y así se decide.

Así las cosas, la parte actora promovió en original una constancia de trabajo expedida por la Junta Parroquial de San Miguel del Concejo Municipal Municipio Frenando de Peñalver, en la cual se hace constar que la ciudadana Gardenia Mendoza desempeña el cargo de obrera fija desde el año 2001 hasta el 2009 en la mencionada, y así adquiere valor (folio 25). En copia simple, recorte de periódico que hace referencia a unas acciones legales que interpondría la Cámara contra la Alcaldía Peñalver, que a criterio de este tribunal no tiene aporte probatorio a la causa (folio 45). La prueba de informe solicitada al Banco del Sur, agencia de Puerto Píritu fue incorporada a la inspección judicial requerida a la misma institución bancaria, bajo el principio de economía procesal, en tal sentido, una vez constituido el tribunal en dicha agencia, se dejó constancia que la cuenta de ahorro 0157-0063-76-1063002784 de nómina fue aperturada en fecha 27 de marzo del 2001 a nombre de la demandante por instrucciones de la alcaldía accionada, así como de los aportes que hacía la accionada, agregándose a tal efecto la impresión de los estados de cuenta desde enero del 2008 a enero del 2009, lo cual merece pleno valor probatorio (folios 54 al 66).

Pues bien, la ciudadana pretende la cancelación de prestación de antigüedad, vacaciones y bono vacacional fraccionado, por un tiempo de servicio de siete (7) años, nueve (9) meses y veinticuatro (24) días, lo cual considera procedente en derecho, así como las diferencias de salario mínimo reclamadas, quedando confesa en cuanto a ello, por cuanto no probó nada que le favoreciere. Asimismo, se ordena la cancelación de la indemnización del artículo 125 de la ley Orgánica del Trabajo bajo los supuestos establecidos en el numeral “2” y literal “d” de la norma in commento, y así se establece.-

Con respecto a la bonificación de fin de año de Bs.2.459,16, que según el decir de la ciudadana Gardenia Mendoza fue debitada en diciembre del 2008, el tribunal constata de la inspección judicial que dicha cantidad fue retirada, mas no debitada por el ente municipal, por ende, es improcedente la cancelación del mencionado aguinaldo, y así se declara.-

Diferencia de salario mínimo desde el año 2007:
01 de mayo 2007 a 30 de abril del 2008: 12 meses x Bs.14,79 (614,79 -600,00) = Bs.177,48
01 de mayo a diciembre del 2008: 8 x Bs.199,23 (799,23 – 600,00) = Bs.1.593,84
fracción de 19 días de enero 2009: Bs.126,17
Total a pagar por diferencia de salario mínimo: Bs.1.897,49

Prestación de antigüedad del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo:
27-03- 2001 al 27-03-2002: 45 días x Bs.27,04 = Bs.1.216,80
27-03-2002 al 27-03-2003: 62 días x Bs.27,10 = Bs.1.680,20
27-03-2003 al 27-03-2004: 64 días x Bs.27,16 = Bs.1.738,24
27-03-2004 al 27-03-2005: 66 días x Bs.27,21 = Bs.1.795,86
27-03-2005 al 27-03-2006: 68 días x Bs.27,27 = Bs.1.845,36
27-03-2006 al 27-03-2007: 70 días x Bs.27,32 = Bs.1.912,40
27-03-2007 al 27-04-2007: 17 días x Bs.27,38 = Bs.465,46
27-04-2007 al 27-03-2008: 55 días x Bs.28,04 = Bs.1.542,20
27-03-2008 al 27-04-2008: 19 días x Bs.28,10 = Bs.533,90
27-04-2008 al 27-12-2008: 55 días x Bs.36,54 = Bs.2.009,70
Total de prestación de antigüedad y días adicionales: Bs.14.740,12, pero siendo que la parte actora demandó la suma de Bs.8.628,99 sumando ambos conceptos, es esta suma la que se ordena cancelar. Y asi se decide.-

Vacaciones y bono vacacional fraccionado de nueve(9) meses:
16,50 + 10,50 = 27 días x Bs.26,64 = Bs.719,28. Y asi se decide.-

Indemnización del artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo:
210 días x Bs.36,54 = Bs.7.673,40, pero visto que la accionante reclamó la suma de Bs.6.926,40, se ordena cancelar esta suma. Y asi se decide.-
Total a pagar por los mencionados conceptos Bs.18.172,16, así como el pago de la resulta de la experticia ordenada. Y ASI SE DECIDE.-

En cuanto al cesta ticket, siendo que el ente demandada por su contumacia no demostró la cancelación del mismo, forzoso es para este Tribunal ordenar el pago en efectivo de dicho beneficio, por lo que atendiendo a lo establecido en el artículo 36 del Reglamento de la Ley de Alimentación para los Trabajadores que entró en vigencia por Gaceta Oficial N°38.426 de fecha 28 de abril del 2006, el cumplimiento debe efectuarse a título indemnizatorio y con carácter retroactivo en dinero efectivo, en tal sentido, se ordena la cancelación en dinero efectivo del referido beneficio, la cual deberá hacerse mediante una experticia complementaria del fallo, conforme a los días efectivamente laborados por la parte actora, para lo cual el municipio demandado deberá proveer el libro de control de asistencia del personal al experto designado y, en caso contrario se deducirán los días no laborables establecidos en el artículo 212 de la Ley Orgánica del Trabajo, una vez computados los días efectivamente laborados, calculará el valor correspondiente por cupón o ticket, cuyo valor será el mínimo establecido por la ley, es decir, el 0,25 del valor de la unidad tributaria, con la salvedad que el valor de la unidad tributaria es la que se encuentre vigente para la fecha en que se realice el pago.

Se ordena la cancelación de los intereses moratorios e indexación, que se calcularán mediante una experticia complementaria del fallo, para tal fin se ordena al Tribunal de Ejecución, según lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la designación de un único perito, el cual tendrá las siguientes directrices: 1) los intereses moratorios de la prestación de antigüedad serán calculados desde la terminación de la relación laboral, es decir, 19-01-2009 (fecha a partir de la cual el crédito es exigible), sin la capitalización e indexación de los mismos. 2) Estos intereses y los de prestaciones sociales se calcularán según las tasas fijadas en el literal “c” del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, hasta la ejecución definitiva del fallo. En cuanto a los demás beneficios se ordena la indexación de los mismos que será calculada desde la notificación de la demandada (28-05-2009) hasta el efectivo pago de los montos condenados, ajustando su dictamen a los índices nacionales de precios del consumidor por el tiempo transcurrido en conformidad con la Resolución número 08-04-01 del Banco Central de Venezuela y Providencia Administrativa número 8 del Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo a través del Instituto Nacional de Estadísticas publicados en los respectivos Boletines emitidos por el Banco Central de Venezuela, debiendo excluirse de dichos lapsos los períodos de tiempo en los cuales la causa estuvo suspendida por acuerdo de las partes, caso fortuito, fuerza mayor y receso judicial. Asimismo, si la demandada no cumpliere voluntariamente se aplicará lo establecido en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

En mérito de los fundamentos antes establecidos, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CONTRADICHA la demanda en todas y cada una de sus partes en virtud de la incomparencia del ente demandado a la audiencia de juicio. SEGUNDO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda que por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales intentara la ciudadana GARMENDIA MENDOZA contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO FERNANDO DE PEÑALVER DEL ESTADO ANZOÁTEGUI, y en consecuencia, SE CONDENA a dicho ente municipal, a pagar los siguientes montos y conceptos:
Diferencia de salario mínimo: Bs.1.897,49
Prestación de antigüedad y días adicionales: Bs.8.557,95
Vacaciones y bono vacacional fraccionado de nueve(9) meses: Bs.719,28
Indemnización del artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo: Bs.6.926,40
Total a pagar Bs.18.172,16, mas la resulta de la experticia por concepto de cesta ticket

En cuanto al cesta ticket, siendo que el ente demandada por su contumacia no demostró la cancelación del mismo, forzoso es para este Tribunal ordenar el pago en efectivo de dicho beneficio, por lo que atendiendo a lo establecido en el artículo 36 del Reglamento de la Ley de Alimentación para los Trabajadores que entró en vigencia por Gaceta Oficial N°38.426 de fecha 28 de abril del 2006, el cumplimiento debe efectuarse a título indemnizatorio y con carácter retroactivo en dinero efectivo, en tal sentido, se ordena la cancelación en dinero efectivo del referido beneficio, la cual deberá hacerse mediante una experticia complementaria del fallo, conforme a los días efectivamente laborados por la parte actora, para lo cual el municipio demandado deberá proveer el libro de control de asistencia del personal al experto designado y, en caso contrario se deducirán los días no laborables establecidos en el artículo 212 de la Ley Orgánica del Trabajo, una vez computados los días efectivamente laborados, calculará el valor correspondiente por cupón o ticket, cuyo valor será el mínimo establecido por la ley, es decir, el 0,25 del valor de la unidad tributaria, con la salvedad que el valor de la unidad tributaria es la que se encuentre vigente para la fecha en que se realice el pago.
Se ordena la cancelación de los intereses moratorios e indexación, que se calcularán mediante una experticia complementaria del fallo, para tal fin se ordena al Tribunal de Ejecución, según lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la designación de un único perito, el cual tendrá las siguientes directrices: 1) los intereses moratorios de la prestación de antigüedad serán calculados desde la terminación de la relación laboral, es decir, 19-01-2009 (fecha a partir de la cual el crédito es exigible), sin la capitalización e indexación de los mismos. 2) Estos intereses y los de prestaciones sociales se calcularán según las tasas fijadas en el literal “c” del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, hasta la ejecución definitiva del fallo. En cuanto a los demás beneficios se ordena la indexación de los mismos que será calculada desde la notificación de la demandada (28-05-2009) hasta el efectivo pago de los montos condenados, ajustando su dictamen a los índices nacionales de precios del consumidor por el tiempo transcurrido en conformidad con la Resolución número 08-04-01 del Banco Central de Venezuela y Providencia Administrativa número 8 del Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo a través del Instituto Nacional de Estadísticas publicados en los respectivos Boletines emitidos por el Banco Central de Venezuela, debiendo excluirse de dichos lapsos los períodos de tiempo en los cuales la causa estuvo suspendida por acuerdo de las partes, caso fortuito, fuerza mayor y receso judicial. Asimismo, si la demandada no cumpliere voluntariamente se aplicará lo establecido en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
No hay condenatoria en costas por el carácter parcial de la decisión.
Asimismo, se ordena la notificación de la presente decisión al Alcalde y Sindico Procurador Municipal del Municipio Fernando de Peñalver del Estado Anzoátegui y la remisión de la presente decisión al Juzgado Superior del Trabajo, a los fines de la consulta de Ley. Líbrese el oficio correspondiente.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en Barcelona a los catorce (14) días del mes de octubre del año dos mil nueve (2009). Años 199° de Independencia y 150° de la Federación.-
La Juez,

María Auxiliadora Chávez Rodríguez

La Secretaria,
Abg. Isolina Vásquez Salazar
Nota: Publicada en su fecha a las nueve de la mañana (09:00 a.m.).

La Secretaria,

Abg. Isolina Vásquez Salazar