TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental.
Barcelona, tres de febrero de dos mil diez
199º y 150º

ASUNTO: BP02-O-2010-000022

PARTE ACCIONANTE: Yadan Abdo El Yasin, Maria Susana Romero Butto, Williams Rojas Pereira, Francis Romero Martínez, Nicdavia Santoyo y John Medina Jiménez, titulares de las Cédulas de Identidad Números: 5.466.811, 16.171.368, 6.419.020, 10.995.008, 9.814-847 y 13.031.926, respectivamente, asistido por los Abogados Pascual Velásquez Brito y Carlos Guzmán, inscritos en el Inpreabogado bajo los Números: 50.854 y 94.767.

PARTE ACCIONADA: Andrés Villarroel, Carlos Castillo Canales, Ramòn Carreño, José Félix Gure y Aracelis Cedeño de Canosos, en su condición de integrantes del Concejo Municipal del Municipio Anaco del Estado Anzoàtegui.

MOTIVO: AMPARO CONSTITUCIONAL

I

Los ciudadanos Yadan Abdo El Yasin, Maria Susana Romero Butto, Williams Rojas Pereira, Francis Romero Martínez, Nicdavia Santoyo y John Medina Jiménez, identificados en autos, interpusieron ante este Juzgado Amparo Constitucional contra la actuación de los ciudadanos Andrés Villarroel, Carlos Castillo Canales, Ramòn Carreño, José Félix Gure y Aracelis Cedeño de Canosos, en su condición de integrantes del Concejo Municipal del Municipio Anaco del Estado Anzoàtegui.
Siendo la oportunidad para que el Tribunal se pronuncie con relación a la admisibilidad del Recurso de Amparo Constitucional incoado, y revisadas las actas procesales que conforman el expediente, esta Juzgadora pasa a realizar las siguientes consideraciones:
Examinados los alegatos expuestos, advierte este Juzgado en principio que, por vía de amparo constitucional la parte accionante aspira se dicte un mandamiento de amparo a los fines de que se suspenda los efectos del Acto Administrativo contenido en el Acuerdo Nº 002-CMA-2008, de fecha 1 de diciembre de 2008, emanado de la Cámara del Municipio Anaco del Estado Anzoàtegui, en el cual se acordò someter a procedimiento disciplinario y declarar suspendidos del ejercicio de sus cargos a los hoy Accionantes.
En este sentido, debe señalarse que la acción de amparo es la vía idónea para proteger los derechos y garantías constitucionales lesionados o amenazados, con el objeto de restituir la situación jurídica infringida. Procede contra actos, actuaciones, vías de hecho, abstenciones u omisiones de la administración pública, “cuando no exista un medio procesal breve, sumario y eficaz acorde con la protección constitucional” (artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales). No obstante, es pacífica la jurisprudencia sobre la improcedencia del amparo como medio procesal sustitutivo de los medios ordinarios existentes. En efecto, no sólo es inadmisible la acción de amparo cuando se haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes (numeral 5 del artículo 6 eiusdem), sino también será inadmisible cuando, existiendo tales vías ordinarias y medios judiciales preexistentes que puedan proveer de tutela oportuna ante la eventual lesión constitucional, no se haya hecho uso de ellos.
Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 13 de agosto de 2001, (caso: Gloria América Rangel Ramos Vs. Ministerio de la Producción y el Comercio), estableció sobre la acción de amparo constitucional lo siguiente:
“…es criterio de esta Sala (…) que la acción de amparo constitucional opera bajo las siguientes condiciones:
a) Una vez que los medios judiciales ordinarios han sido agotados y la situación jurídico constitucional no ha sido satisfecha; o
b) Ante la evidencia de que el uso de los medios judiciales ordinarios, en el caso concreto y en virtud de su urgencia, no dará satisfacción a la pretensión deducida.
…(omissis)… en consecuencia, ante la interposición de una acción de amparo constitucional, los tribunales deberán revisar si fue agotada la vía ordinaria o fueron ejercidos los recursos, que de no constar tales circunstancias, la consecuencia será la inadmisión de la acción, sin entrar a analizar la idoneidad del medio procedente, pues el carácter tuitivo que la Constitución atribuye a las vías procesales ordinarias les impone el deber de conservar o restablecer el goce de los derechos fundamentales, por lo que bastaría con señalar que la vía existe y que su agotamiento previo es un presupuesto procesal a la inadmisibilidad de la acción de amparo. …(omissis)…
De cara al segundo supuesto, relativo a que la acción de amparo puede proponerse inmediatamente, esto es, sin que hayan sido agotados los medios o recursos adjetivos disponibles, el mismo procede cuando se desprenda de las circunstancias fácticas o jurídicas que rodean la pretensión, que el uso de los medios procesales ordinarios resulta insuficiente al restablecimiento del disfrute del bien jurídico lesionado.”

Así pues, según el criterio parcialmente transcrito, es evidente que la existencia de otro medio procesal efectivo distinto al amparo constitucional para obtener la defensa y protección de los derechos y garantías constitucionales alegados como transgredidos, ciertamente constituye una causal de inadmisibilidad, de conformidad con lo previsto en el encabezamiento del artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. De tal manera que, la acción de amparo constitucional debe ser ejercida, según el anterior criterio “una vez que los medios judiciales ordinarios han sido agotados y la situación jurídico constitucional no ha sido satisfecha”.
Hechas estas consideraciones, el Tribunal observa que en el presente caso, la parte accionante ejerció un amparo constitucional contra un acto administrativo de efectos particulares emanado de la Cámara Municipal del Municipio Anaco del Estado Anzoàtegui, mediante el cual resolvió suspender de los cargos de Concejales principales a los ciudadanos Yadan Abdo El Yasin, Maria Susana Romero Butto, Williams Rojas Pereira, Francis Romero Martínez, Nicdavia Santoyo y John Medina Jiménez, Siendo ello así, al pretender impugnarse en el caso bajo análisis un acto administrativo, cuyo fundamento es esencialmente de rango legal y sub-legal, resulta evidente que existen otras vías judiciales preexistentes en el ordenamiento jurídico que rige la materia contencioso-administrativa, y que son idóneos y eficaces para la satisfacción de la pretensión planteada.
En este mismo orden de ideas, es menester señalar que el accionante dispone del Recurso Contencioso de Nulidad previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, dentro del cual es posible tutelar sus intereses y obtener cautela mediante la suspensión de los efectos del acto administrativo. No puede aspirar la parte accionante dejar sin efecto el Acuerdo dictado por la Cámara Municipal a través del ejercicio del amparo autónomo; pues como antes se señalara, no resulta posible sustituir a través de la acción de amparo constitucional el ejercicio del recurso contencioso-administrativo de anulación en el cual el legislador consagró un procedimiento especial donde se otorgan las garantías procesales tanto al recurrente como a la propia Administración autora del acto; es decir, serà en este procedimiento donde se analizará la legalidad o inconstitucionalidad del acto administrativo impugnado. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, debe forzosamente declararse inadmisible la pretensión de amparo interpuesta. Y así se decide.
En base a las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente señaladas, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: INADMISIBLE la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por los ciudadanos Yadan Abdo El Yasin, Maria Susana Romero Butto, Williams Rojas Pereira, Francis Romero Martínez, Nicdavia Santoyo y John Medina Jiménez, contra la Cámara Municipal del Municipio Anaco del Estado Anzoátegui.
Déjese copia certificada.
La Juez,

Dra. Mirna Mas y Rubí Spòsito
La Secretaria,

Abog. Mariela Trias Zerpa