TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui
Barcelona, veintinueve de junio de dos mil diez
200º y 151º

ASUNTO: BP02-O-2008-000076
JURISDICCIÓN AMPARO CONSTITUCIONAL

I
DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS.

PARTE ACTORA: Sociedad Mercantil SOLDADURAS Y TUBERIAS DE ORIENTE, C.A. (SOLTUCA), inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 07 de diciembre de 1992, bajo el Nº 77, Tomo 100-A-PRO.-

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACCIONANTE: Ciudadano FERNANDO GUILLEN, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº 10.332.848.-

PARTE ACCIONADA: Ciudadanos JAIRO GUILLEN SALAZAR, FELIZ SALAZAR, RICHARD ALEXANDER GUARISMA, ALMEIRA JHONNY XAVIER, BAUDILIO CARRERA AGUILAR, CARLOS CAMPOS, JOSE MEDINA RODRIGUEZ, ANNEL MARTINEZ MORALES, CARLOS ROJAS, JEANCARLOS GUZMAN, LUIS BELTRAN CALCURIAN, ARQUIMEDES YACOH, JESUS VERACIERTA, OSCAR MARTINEZ, DARWIN ITRIAGO, CARLOS VARGAS y JOSÉ SANCHEZ GUZMAN, venezolanos mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. 13.766.665, 8.264.551, 8.298.824, 15.515.930, 11.279.219, 14.910.611, 8.261.358, 12.129.316, 15.706.042, 14.616.487, 8.287.534, 10.116.819, 14.101.797, 8.273.268, 15.515.374, 17.222.585, 9.177.244, respectivamente.

ABOGADO ASISTENTE: DIOGENES VELASQUEZ, venezolano, mayor de edad, e inscrito en el I.P.S.A., bajo el N° 88.844.-

MOTIVO: AMPARO CONSTITUCIONAL.

II
SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA.

Por auto de fecha 30 de mayo de 2.008, éste Juzgado admitió la presente Acción de AMPARO CONSTITUCIONAL, interpuesta por el ciudadano FERNANDO GUILLEN, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº 10.332.848, en su carácter de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil SOLDADURAS Y TUBERIAS DE ORIENTE, C.A. (SOLTUCA), inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 07 de diciembre de 1992, bajo el Nº 77, Tomo 100-A-PRO, debidamente asistido por el abogado en ejercicio WILMER DIAZ MEJIAS, inscrito en el I.P.S.A, bajo el Nº 80.577, en contra de los ciudadanos: JAIRO GUILLEN SALAZAR, FELIZ SALAZAR, RICHARD ALEXANDER GUARISMA, ALMEIRA JHONNY XAVIER, BAUDILIO CARRERA AGUILAR, CARLOS CAMPOS, JOSE MEDINA RODRIGUEZ, ANNEL MARTINEZ MORALES, CARLOS ROJAS, JEANCARLOS GUZMAN, LUIS BELTRAN CALCURIAN, ARQUIMEDES YACOH, JESUS VERACIERTA, OSCAR MARTINEZ, DARWIN ITRIAGO, CARLOS VARGAS y JOSÉ SANCHEZ GUZMAN, venezolanos mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. 13.766.665, 8.264.551, 8.298.824, 15.515.930, 11.279.219, 14.910.611, 8.261.358, 12.129.316, 15.706.042, 14.616.487, 8.287.534, 10.116.819, 14.101.797, 8.273.268, 15.515.374, 17.222.585, 9.177.244, respectivamente, por la presunta violación de sus derechos a la propiedad y a la defensa; acordándose la notificación de los presuntos agraviantes; asimismo se libró Oficio al Fiscal Superior del Ministerio Público de este Estado.-

En la misma fecha 30 de mayo de 2.008, este Tribunal decretó Medida cautelar innominada y se ordenó a las autoridades que comprenden la Guardia Nacional, Destacamento Nº 75, Policía de Anzoátegui; y a la Policía del Municipio Simón Bolívar del Estado Anzoátegui, a quienes se les libró Oficios, a fin de que cooperen de forma inmediata con la Sociedad Mercantil SOLDADURAS Y TUBERIAS DE ORIENTE, C.A. (SOLTUCA), a los fines de que los trabajadores debidamente autorizados por la misma puedan acceder libremente a sus instalaciones, a realizar sus labores o las que ésta estime conveniente, evitando que dichas labores puedan ser obstaculizadas por la acción de personas ajenas a la referida empresa.-

En fecha 25 de noviembre de 2.008, este Tribunal agregó a los autos la comisión que le fuera conferida al Juzgado Segundo Ejecutor de Medidas de los Municipios Simón Bolívar y Diego Bautista Urbaneja de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui.-

Por auto de fecha 28 de Junio de 2010, el Juez Temporal de este Juzgado se avocó al conocimiento de la presente causa.

III
MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO PARA LA DECISIÓN

Revisadas minuciosamente las actas que componen el presente expediente, evidencia este sentenciador que pese a que ha transcurrido más de un año de haberse admitido la presente acción de Amparo, ninguna de las partes se ha hecho presente en autos a los fines de instar la prosecución del presente recurso, de lo cual se desprende que la causa ha estado paralizada, sin actuación de parte alguna, desde el 25 de noviembre de 2.008, hasta la fecha de la presente decisión, es decir, por más de un año.

En este sentido, según la decisión vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia expresada en la sentencia N° 982 de fecha 06 de junio de 2001 ha señalado:
“Tal inactividad, en el marco del proceso breve, sumario y eficaz del amparo, permite presumir que las partes han perdido interés en que se protejan sus derechos fundamentales por esta vía, lo que produce un decaimiento del interés procesal en que se administre la justicia acelerada y preferente (ex artículo 13 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales) que proporciona el amparo constitucional.
En efecto, el interés procesal es la posición del actor frente a la jurisdicción para obtener de ella la satisfacción de su necesidad de tutela; este interés subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso de proceso
Precisa la Sala que la pérdida del interés sobrevenida en el curso del proceso se expresa de diversas maneras: cuando el actor desiste de su pretensión o en la situación de inacción prolongada de las partes (prevista en el Código de Procedimiento Civil) que produce la perención de la instancia; y que, no estando regulada en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales la inacción del actor, sí se prevé en ella “la figura del abandono del trámite, que expresa también el decaimiento del interés del actor”, “una conducta indebida” de éste en el proceso y “una afrenta al sistema de justicia, por cuanto el servicio público debe atender un juicio que ocupa espacio en el archivo, pero que no avanza hacia su fin natural…”.

Abundando más en razones en Sentencia de fecha 05 de mayo de 2.004, de la misma Sala Constitucional se expuso el criterio que a continuación parcialmente se transcribe:
“…La sala observa han transcurrido más de seis (6) meses desde la admisión de la presente solicitud de tutela constitucional, sin que en el transcurso de ese tiempo la parte actora haya realizado, directamente o a través de sus apoderados judiciales, acto alguno de procedimiento.
Así mismo, se aprecia que esa conducta pasiva de los presuntos agraviados, que afirmaron precisar la tutela urgente y preferente del amparo constitucional hace más de seis (6) meses, fue calificada como abandono del trámite, en la decisión n° 982 del 6 de junio de 2001 (caso José Vicente Arenas Cáceres), en los siguientes términos:
“(…) En criterio de la Sala, el abandono del trámite a que se refiere el artículo 25 de la Ley Orgánica sobre Derechos y Garantías Constitucionales puede asumirse –entre otros supuestos, como la falta de comparecencia a la audiencia constitucional- una vez transcurrido un lapso de seis meses posteriores a la paralización de la causa por falta de interés procesal de la parte actora.
(…)
Si el legislador ha estimado que, como consecuencia de ese carácter de urgencia que distingue al amparo, la tolerancia de una situación que se entiende lesivas de derechos fundamentales, por más de seis meses, entraña el consentimiento de la misma y, por tanto, la perdida del derecho a obtener protección acelerada y preferente por esa vía, resulta lógico deducir que soportar, una vez iniciado el proceso, una paralización de la causa sin impulsarla por un espacio de tiempo semejante, equivale al abandono del trámite que había sido iniciado con el fin de hacer cesar aquélla situación lesiva o amenazadora de derechos fundamentales.
(…)
La Sala considera que la inactividad por seis (6) meses de la parte actora en el proceso de amparo, en la etapa de admisión o, una vez acodada ésta, en la práctica de las notificaciones a que hubiere lugar o en la de la fijación de la oportunidad para la celebración de la audiencia oral, por falta de impulso del accionante, ocasiona el abandono del trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y, con ello, la extinción de la instancia. Así se declara”.

En el caso de autos ha transcurrido íntegramente el lapso de seis (6) meses, a que se refiere la decisión en cuestión, sin que la parte actora haya realizado acto alguno que desvirtúe la presunción de abandono que revela su inactividad.
Con fundamento en las consideraciones precedentes, se declara abandonado el trámite por los quejosos, correspondiente a la presente acción de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y, en consecuencia, terminado el procedimiento…”

Aplicando los criterios jurisprudenciales anteriormente expuestos a los hechos planteados supra, en el caso de marras debe entenderse abandonado el procedimiento y, por tanto, tácitamente desistido el recurso de amparo interpuesto, por decaimiento del interés en la tutela especial de amparo. Así se declara.

IV
DISPOSITIVA
D E C I S I O N

Con base a los razonamientos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, éste Tribunal, Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, actuando en sede Constitucional, ante el señalado abandono y al no evidenciar en el caso bajo estudio elementos que puedan afectar el orden e interés público, declara: tácitamente Terminado el procedimiento por abandono del tramite, en la presente acción de AMPARO CONSTITUCIONAL, interpuesta por el ciudadano FERNANDO GUILLEN, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº 10.332.848, en su carácter de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil SOLDADURAS Y TUBERIAS DE ORIENTE, C.A. (SOLTUCA), inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 07 de diciembre de 1992, bajo el Nº 77, Tomo 100-A-PRO, debidamente asistido por el abogado en ejercicio WILMER DIAZ MEJIAS, inscrito en el I.P.S.A, bajo el Nº 80.577, en contra de los ciudadanos: JAIRO GUILLEN SALAZAR, FELIZ SALAZAR, RICHARD ALEXANDER GUARISMA, ALMEIRA JHONNY XAVIER, BAUDILIO CARRERA AGUILAR, CARLOS CAMPOS, JOSE MEDINA RODRIGUEZ, ANNEL MARTINEZ MORALES, CARLOS ROJAS, JEANCARLOS GUZMAN, LUIS BELTRAN CALCURIAN, ARQUIMEDES YACOH, JESUS VERACIERTA, OSCAR MARTINEZ, DARWIN ITRIAGO, CARLOS VARGAS y JOSÉ SANCHEZ GUZMAN, venezolanos mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. 13.766.665, 8.264.551, 8.298.824, 15.515.930, 11.279.219, 14.910.611, 8.261.358, 12.129.316, 15.706.042, 14.616.487, 8.287.534, 10.116.819, 14.101.797, 8.273.268, 15.515.374, 17.222.585, 9.177.244, respectivamente.- Así se decide.
Regístrese, publíquese y déjese copia de esta decisión
Dada, firmada y sellada en el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui.- Barcelona, veintinueve de junio del año dos mil diez.- Años: 200º de la Independencia y 151º de la Federación.-
El Juez Temporal,

Abg. Alfredo José Peña.
La Secretaria,

Abg. Judith Milena Moreno S

En esta misma fecha siendo las 02:49, p.m., se dictó y publicó la anterior Sentencia, previa las formalidades de Ley.- Conste.
La Secretaria,

La Secretaria,

Abg. Judith Milena Moreno S

AP/mm.-