TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ANZOÁTEGUI
Barcelona, 3de Mayo de dos mil Diez
200º y 151º

ASUNTO: BP02-L-2010-267
DEMANDANTE: JEAN PINTO NADALES, NOEL PINTO NADALES, SAUL ENRIQUE GARCIA, RICHAR MANUEL SANCHEZ, DENIS EDUARDO GUERRA y VICTOR RAÚL RODRÍGUEZ
DEMANDADO: SEGURIDAD BELMONTE Y ESPINOZA, C.A. (SEGUBECA).
MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES

Visto el libelo de demanda, suscrito por los Abogados en ejercicio JOSÉ INOCENCIO BALLESTERO, YULEIMA MONTALBAN y THIBISAY LÓPEZ, titulares de las cédulas de identidad Nros.10.516.255, 10,863.977 y 8.252.180, inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nros.88.599, 100.768 y 122.646, respectivamente, en su condición de Apoderados judiciales de los ciudadanos JEAN PINTO NADALES, NOEL PINTO NADALES, SAUL ENRIQUE GARCIA, RICHAR MANUEL SANCHEZ, DENIS EDUARDO GUERRA y VICTOR RAÚL RODRÍGUEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nro.16.192.859, 16.236.914, 5.361.549, 15.873.575, 13.443.679 y 13.565.235, respectivamente, por concepto de Cobro de Prestaciones Sociales, en contra de la empresa SEGURIDAD BELMONTE Y ESPINOZA, C.A. (SEGUBECA); visto asimismo, que por auto de fecha 13 de Abril de 2010, este Tribunal se abstuvo de admitirlo en virtud de haber observado la omisión de los requisitos previstos en los numerales 3 y 4 del artículo 123 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por cuanto la parte actora debía señalar:

1) Los demandantes JEAN PINTO NADALES y VICTOR RAUL RODRIGUEZ GUANARE devengan un salario de Bs. 958,80/30=31,96 que da un salario básico diario, no obstante en el Capitulo II señala que ganaban en el caso un salario básico diario de Bs. 25, 66.

2) Para mayor claridad en cuanto al cálculo del salario normal mensual, deberá realizar la operación aritmética con las correspondientes percepciones salariales tales como: horas extras, domingos, días feriados trabajados, bonos nocturnos, horas de descanso, etc., a los fines de determinar que percepciones salariales fueron tomadas en cuanta y que monto de cada una de ellas para el calculo del salario normal diario de cada uno de los demandantes que tomado como base para calcular vacaciones, bono vacacional y utilidades.

En esa misma fecha fue librada boleta de notificación a la parte actora, a los fines que una vez notificados subsanaran los errores contenidos en la demanda; en fecha 26 de Abril de 2010, el alguacil ciudadano JOSÉ GUARAPANA, realiza consignación de notificación de la representación judicial de la parte actora, para que corrija el libelo de demanda, (folio 51) del expediente, donde señala lo siguiente: “….Consigno en este acto boleta de Notificación que me fuera firmada por la ciudadana abogada: Thibisay López, titular de la cédula de identidad N°V-8.252.180, en su carácter de Apoderad Judicial de los ciudadanos: JEAN PINTO NADALES, NOEL PINTO NADALES, SAUL ENRIQUE GARCIA, RICHAR MANUEL SANCHEZ, DENIS EDUARDO GUERRA y VICTOR RAÚL RODRÍGUEZ, siendo las 8:30 a.m.,del día veintiséis de Abril de dos mil diez, en la siguiente dirección: Avenida 5 de Julio. Pasillos del Palacio de Justicia. Barcelona. Municipio Autónomo Simón Bolivar del Estado Anzoátegui. En la demanda que por Cobro de Prestaciones Sociales, incoaran los ciudadanos Jean Pinto Nadales, Noel Pinto, Saúl Garcia, Richar Manuel Sánchez Rojas, Denis Eduardo Guerra Lezama y Victor Raúl Rodríguez Guanare, en contra de la demandada empresa: Seguridad Belmonte y Espinoza, C.A. (SEGUBECA). Es todo..” ;motivo por el que este Tribunal considera que la representación judicial de la parte actora está dándose por enterada personalmente de la orden de corrección del libelo de demanda, debiendo corregir el libelo dentro del lapso de los dos días hábiles siguientes, a partir del momento que el alguacil consignó la diligencia en el expediente el día 27 de Abril de 2010 y no lo hizo. Y así se decide.

Todo lo antes indicado es a los fines de facilitar la labor del juzgador en el caso de existir una eventual admisión de hechos, debiendo en este caso la Jueza, cumplir con la obligación de depurar el libelo de la demanda, de conformidad con el artículo 124 eiusdem, dispositivo éste, que le impone el deber a los Jueces de la primera fase del proceso, de examinar la demanda antes de admitirla y al comprobar que el libelo no cumple con los extremos indicados en el artículo 123 de la ley adjetiva, aplicar la institución del despacho saneador, tal y como lo ha venido sosteniendo la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en los fallos Nº 248 de fecha 12 de abril de 2005, Nº 1447 de fecha 07 de julio de 2007 y de más reciente data la sentencia de fecha 24 de Marzo de 2009, con ponencia del Magistrado Alfonso Valbuena Cordero, con respecto a aplicación de la sanción prevista en el artículo 124 de la Ley Adjetiva Procesal señala lo siguiente:
“De la norma anteriormente transcrita se observa que lo pretendido por el legislador es que la falta de corrección oportuna –dentro del lapso de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación que a tal fin se le practique- de los defectos de forma observados por el Juez produce la perención de la instancia. Ahora bien, si por el contrario el demandante efectivamente corrige la demanda, pero no lo hace en los términos solicitados por el Juez o lo realiza de forma errónea, la consecuencia jurídica es la inadmisibilidad de la demanda”. (negrilla, subrayado del Tribunal).

Es ineludible, asentar la importancia que tiene en el proceso laboral la aplicación del despacho saneador, para evitar incurrir en: 1) Reposiciones que se pueden evitar en fases avanzadas del proceso (juicio, superior o casación); 2) Omisiones en la rectoría del proceso, por parte del Juez, que originen el incumplimiento de los principios constitucionales y procesales; y, 3) Causar perjuicios a las partes, con la obtención de fallos que pudieren llegar a ser inejecutables, lo que hace que la administración de justicia no sea eficiente y eficaz. Por ello, resulta forzoso no incurrir en la falta de aplicación de la institución procesal, conocida como el despacho saneador, ya que para la admisión de la demandada es requisito fundamental determinar todos los elementos que la componen, en efecto, los administradores de justicia debemos garantizar, un debido proceso, sin vicios, para no generar reposiciones que se pueden evitar, en las fases de juicio o segunda instancia, impartir justicia con una tutela judicial efectiva, confianza legítima junto con la seguridad jurídica que merecen los justiciables, concluyendo que al no ordenarse el despacho saneador, por omisión de la revisión del escrito libelar, el juez –rector del proceso en su fase- no cumplió con el deber impuesto. En Consecuencia, este Tribunal se abstiene de admitir tal demanda, vista la falta de corrección oportuna de los defectos de forma observados por la Jueza de este Tribunal, es decir, la no subsanación del libelo; a lo cual no dio cumplimiento el demandante, en atención a esto, y a juicio de quien decide la presente demanda al no subsanarse en los términos indicados debe declararse LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA. Y así se decide.

II

Por las razones ya expuestas, este Tribunal considera que la representación judicial de la parte actora está dándose por enterada personalmente de la orden de corrección del libelo de demanda, debiendo corregir el libelo dentro del lapso de los dos días hábiles siguientes, a partir del momento que consignó la diligencia en el expediente, no obstante, tuvo conocimiento que debía corregir la demanda y no lo hizo, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Por lo antes expuesto, este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara LA PERECIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 ejusdem con las consecuencias prevista en esta norma, pues, deberá esperar el transcurso de 90 días continuos, para intentar nuevamente su demanda, siguiendo lo establecido en sentencia de fecha 24 de marzo de 2009 del magistrado Alfonso Valbuena Cordero de la Sala de Casación Social del tribunal Supremo de Justicia, con las consecuencias jurídicas de su incumplimiento. Así se decide. Regístrese, publíquese y déjese copia certificada de la presente decisión. En la sala del Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui. En Barcelona, a los 3 días del mes de Mayo de 2010. Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación.
La Juez

Abg. YISSEIN LÓPEZ La Secretaria,

Abg. Yirali quijada
En esta misma fecha se dictó, publico y registró en el sistema juris 2000 la decisión, siendo las 11:54 a.m., dando cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal.
La Secretaria,

Abg. Yirali Quijada
“2006, AÑO BICENTENARIO DEL JURAMENTO DEL GENERALISIMO FRANCISCO DE MIRANDA Y DE LA PARTICIPACIÓN PROTAGONICA Y DEL PODER POPULAR”