TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui
Barcelona, cuatro de abril de dos mil once
200º y 152º
ASUNTO: BH01-X-2011-000006
I
Por auto de fecha 16 de Febrero del 2011, este Tribunal admitió la reforma de la demanda que por ESTIMACIÓN E INTIMACIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES, incoara la Abogada en ejercicio CYNTHIA SALAZAR, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 13.813.474 e inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 93.411, en contra de la empresa OPERADORA HORIZONTE, C.A., inscrita por ante el Registro mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, en fecha 01 de junio de 2.007, bajo el Nº 29, Tomo A-10, en la persona de su Gerente Administrativo, ciudadana LIDA MARINA CANELÓN DE RODRIGUEZ, venezolana, mayor de edad, domiciliada en Maturín, Estado Monagas y titular de la cédula de identidad Nº 9.900.193; en cuyo Libelo y diligencias de fechas 10 y 24 de febrero de 2011, la parte actora solicita se decrete a su favor Medida de Embargo a su favor.

En efecto solicita la accionante en su escrito libelar lo siguiente:
“…Ciudadano Juez, plenamente comprobado en actas, la fama de buen derecho (famous (sic) bonis iuris) y el periculum in mora, frente a la negativa de la empresa demandada, de cancelar mis honorarios por la venta de todos sus activos y ante el temor fundado de que quede ilusoria la presente demanda y para garantizar las resultas del presente juicio, pido a este digno Juzgado jurando la urgencia del caso se decrete medida preventiva de embargo sobre bienes propiedad del demandado...”

De igual forma, de la revisión de las actas que componen el presente Expediente, observa este Sentenciador que en fechas 10 y 24 de febrero de 2011, la parte demandante, diligenció ratificando la solicitud de medida, hecha en el libelo y reforma de la demanda, alegando que concurren los dos (02) requisitos para la procedencia de la misma.- El primero de dichos requisitos, es el conocido como “Periculum in mora”, que no es otra cosa que la expectativa cierta de que quede ilusoria la ejecución del fallo.- En lo que respecta al segundo requisitos conocido como el “Fumus bonis iuris” por lo que el Juez debe valorar ad-initio elementos bajo convicción que hagan pensar, bajo criterio razonable, que el solicitante de la medida tiene motivos para incoar su acción basados en una sana apariencia del buen derecho.-
Planteados así los hechos, pasa este tribunal a decidir sobre la Medida preventiva solicitada por la parte demandante, conforme a las siguientes consideraciones:
II
MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO PARA LA DECISIÓN
Dispone el Artículo 585 del Código de Procedimiento Civil:
“Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama”.

Al respecto, ha sostenido el Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Político Administrativa “Que el otorgamiento de providencias cautelares solo es posible en los supuestos generales previsto en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, es decir, cuando se han verificado, efectivamente y en forma concurrente, los dos elementos esenciales para su procedencia, cuales son, la presunción grave del derecho que se reclama, el fumus boni iuris, y que exista el riesgo real y comprobable de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva, el periculum in mora”. Ahora bien, se ha señalado la estricta sujeción que existe entre la procedencia de la medida cautelar y los alegatos y pruebas que el solicitante traiga a los autos para demostrar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley para ello. Así, se ha explicado que la sola existencia de un juicio no resulta presupuesto suficiente, aunque si necesario, para dictar medidas preventivas durante su curso, debiendo por tanto fundamentarse adecuadamente la verificación de los requisitos de procedencia y, más aún, aportar un medio que constituya al menos presunción grave de esa circunstancia. Es decir, no basta con alegar que existe un peligro inminente de que quede ilusoria la ejecución del fallo definitivo, sino que además debe acompañarse un medio de prueba que pueda hacer surgir en el Juez, al menos una presunción grave de la existencia de dicho peligro.
De allí que, considerando que recae sobre la parte solicitante de la medida, la carga de alegar y probar las razones de hecho y de derecho que a su parecer fundamentan su procedencia, el órgano jurisdiccional se encuentra evidentemente impedido de suplir la falta de la parte que no explanó y acreditó sus argumentos, en sustento de la medida en cuestión “. (Tribunal Supremo de Justicia. Sala Político Administrativa. Sentencia de fecha 22 de mayo de 2003. Exp. No. 2002-0924).
Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, es al ser planteada la medida cuando el peticionario debe acompañar los medios de prueba que lleven a la convicción del Juzgador, la concurrencia de los requisitos de procedibilidad de la misma.
Al respecto, observa este sentenciador que el legislador supedita el decreto de medidas preventivas única y exclusivamente cuando en el caso se cumplan, de manera concurrente o acumulativa, dos requisitos, a saber:
1) Existencia de riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo.
2) Existencia de presunción grave del derecho que se reclama, a más de los requisitos mencionados, exige también la norma del 585 que el peticionario de la medida acompañe o produzca con la solicitud de medida preventiva, medios de prueba que constituyan presunción grave de la existencia de los prenombrados requisitos de procedibilidad, es decir, que la parte que solicita una medida preventiva, tiene la ineludible carga procesal de aportar los medios presuntivos que permitan al Juez presumir la existencia del periculum in mora y el fumus boni iuris.
Constata este Sentenciador que, en el caso de especie, el Solicitante de la medida, al plantear su solicitud lo hace de la siguiente manera: “…Ciudadano Juez, plenamente comprobado en actas, la fama de buen derecho (famous (sic) bonis iuris) y el periculum in mora, frente a la negativa de la empresa demandada, de cancelar mis honorarios por la venta de todos sus activos y ante el temor fundado de que quede ilusoria la presente demanda y para garantizar las resultas del presente juicio, pido a este digno Juzgado jurando la urgencia del caso se decrete medida preventiva de embargo sobre bienes propiedad del demandado...”.

De manera que, el solicitante de la medida preventiva de Embargo no aportó a los autos los medios probatorios para que el Juez presumiera la existencia de los requisitos exigidos por la ley para dictar la medida preventiva, razón por la cual el decreto de las mismas no puede prosperar. Así se declara.
III
DECISIÓN
Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Primero de Primera instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y de Tránsito de la Circunscripción judicial del estado Anzoátegui administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, NIEGA la Medida Preventiva de Embargo solicitada por la parte demandante en el Libelo y reforma de la Demanda; y ratificada en fechas 10 y 24 de febrero del 2011, en el presente juicio que por ESTIMACIÓN E INTIMACIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES, incoara la Abogada en ejercicio CYNTHIA SALAZAR, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 13.813.474, e inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 93.411, en contra de la empresa OPERADORA HORIZONTE, C.A., inscrita por ante el Registro mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, en fecha 01 de junio de 2.007, bajo el Nº 29, Tomo A-10, en la persona de su Gerente Administrativo, ciudadana LIDA MARINA CANELÓN DE RODRIGUEZ, venezolana, mayor de edad, domiciliada en Maturín, Estado Monagas y titular de la cédula de identidad Nº 9.900.193.- Así se decide.
No hay condenatoria en costas, dado el carácter de este fallo.
Publíquese. Regístrese. Déjese copia de esta decisión.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en Barcelona, a los cuatro (04) días del mes de abril del 2011. Años: 200° de la Independencia y 152° de la Federación.
El Juez Temporal,
Abg. Alfredo José Peña.-
La Secretaria,
Abg. Judith Milena Moreno S.-
En esta misma fecha, siendo las dos y cincuenta y seis minutos de la tarde (02:56pm), se dictó y publicó la anterior Sentencia, previa las formalidades de Ley. Conste.
La Secretaria,

Abg. Judith Moreno Sabino.-