TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal de Control de Barcelona
Barcelona, 12 de Agosto de 2011
201º y 152º

ASUNTO PRINCIPAL : BP01-P-2011-000657
ASUNTO : BP01-P-2011-000657

Visto el escrito presentado por los Dres. JUAN CARLOS OCHOA GUERRERO, HARRISON GONZALEZ, y HASSAN FARHAT, actuando en sus carácter de Fiscal 42 del Ministerio Publico con Competencia Plena a Nivel Nacional y Coordinador del Plan Fraude, Estafa y Usura (FEU), y Fiscales Primero Titular y Auxiliar del Ministerio Publico, de conformidad con lo establecido en los Artículos 2º y 285, numerales 1º, 2º, 3, 4, y 6º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Artículo 31 Numerales 3º, 4º y 13 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y Artículos 108 Ordinales 6º, 15 º y 18º del Código Orgánico Procesal Penal vigente, mediante el cual solicitan el LEVANTAMIENTO PARCIAL de las MEDIDAS PREVENTIVAS CAUTELARES INNOMINADAS DE PROHIBICION DE ENAJENAR y GRAVAR BIENES, a excepción de las concernientes a los siguientes bienes inmuebles: APARTAMENTO N° 3-3 CON UN AREA APROXIMADA DE 112 METROS CUADRADOS (M2), ubicado en el piso 3 del Edificio DENOMINADOP Residencia Don José y el Apartamento N° 3-2 CON UN AREA APROXIMADA 77.63 METROS CUADRADO (M2) ubicado en el piso 3 del Edificio Denominado Residencia Don Jose, enclavados en la Calle 4, entre carretera 8° y 9° de la Poblacion de Lecheria (Municipio Turistico Licenciado Diego Bautista Urbaneja Estado Anzoategui), dados a los inmuebles en promesa de compra a las ciudadanas: MARY ANGEL CARRION Y NATHASHA ANGELINA LUGO BIZARRO, 2.-) LEVANTAMIENTO TOTAL DE LA MAEDIDA CAUTELAR INNOMINADA DE BLOQUEO E INMOVILIZACION DE CUENTAS BANCARUAS Y/O CUALQUIER ORO INSTRUMENTO FINANCIERO, que registren a nombre de los ciudadanos: ANTONIO TUNDISI BALLI y JOSE ALBERTO LEO ALAMO, ttular de la cedula de identidad N° V.-1.1732.572 y V.-4.356.163 respectivamente, en sus caracteres de Presidente y Vicepresidente de la Sociedad Mercantil RESIDENCIA JOSE ANTONIO C.A.; 3.-) MANTENER LA MEDIDA PREVENTIVA REAL DE PROHIBICION DE SALIDA DEL PAI, que pesan sobre los ciudadanos ANTONIO TUNDISI BALLI y JOSE ALBERO LEON ALAMO, titulares de la cedula de identidad N° V.-1.732.572 y V.-4.356.163 respectivamente, en sus carácter de PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE de la Empresa RESIDENCIAS JOSE ANTONIO C.A, de conformidad con lo establecido en los Artículos 2 y 285 Numerales 2º y 4º de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, Articulo 37 Numeral 3º de la Ley Orgánica del Ministerio Publico, Articulo 108 Ordinal 11º del Código Orgánico Procesal Penal, y Artículos 585 y 588 Numerales 1º y 3º del Código de Procedimiento Civil, aplicado por remisión expresa del Artículo 551 del Código Orgánico Procesal Penal.
Este Tribunal Primero de Control antes de decidir, observa:
El presente hecho se inicia mediante investigación relacionada con las denuncias formuladas por los ciudadanos En cuanto a los hechos la Representación Fiscal del Ministerio Público, adelanta investigación relacionada con las denuncia formulada por la ciudadana NATACHA ARGELINA LUGO BIZARRO, titular de la cedula de identidad Nº V-13.581.709, por ante el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso de Bienes y servicios (INDEPABIS) Anzoátegui, en contra de la Empresa RESIDENCIAS JOSÉ ANTONIO, C.A, por la presunta comisión de uno de los delitos Contemplados en la Ley Para la Defensa de las Personas en el acceso a los Bienes y Servicios, la cual fue distribuida por la Fiscalía Superior del Estado Anzoátegui, a esta Representación Fiscal, bajo el numero interno 03F1-1831-2009, que conoce estas Representaciones Fiscales del Ministerio Publico por Comisión conferida por la Dirección de Delitos Comunes para actuar en las causas que se instruyen por la presunta comisión de los delitos de Estafas, fraudes y Usuras en la modalidad de Vivienda (Plan FEU), según comunicación de esa Superioridad identificada con el Nº DDC-6921-29979 de fecha 19 de Junio de 2009.

Se observa de los recaudos consignados al Ministerio Público, por la victima NATACHA ARGELINA LUGO BIZARRO, titular de la cedula de identidad Nº V-13.581.709, que los Representantes de la Empresa RESIDENCIAS JOSÉ ANTONIO, C.A, suscribieron en fecha 27 de Noviembre de 2008, con la víctima, contrato de Compra Venta y Contrato de Préstamo a Interés con Garantía Hipotecaria de Primer Grado, de Un Inmueble constituido por un (01) apartamento, destinado a vivienda principal, distinguido con las siglas 3-2, e identificado con el Nro. Catastral 03-21-01-UR-01-42-17-01-03-02, ubicado en el Nivel “3”, del Edificio denominado Residencias Don José C,A, ubicado en la Calle 4, entre las carreras 8 y 9, Lechería, Municipio Lic. Diego Bautista Urbaneja, Estado Anzoátegui, donde para el momento de convocarla para celebrar la protocolización del documento en fecha 27-11-08, le exigen a la victima la cancelación de la totalidad del I.P.C que para ese momento el monto ascendía a la cantidad de 35.250,00 Bolívares Fuertes.

Ahora bien, el Articulo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece: “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”. Del precitado Articulo se desprende lo que la Doctrina Constitucionalista ha denominado como “PRINCIPIO DE LA CONFIANZA LEGITIMA”, que no es otra cosa, que la confianza que tienen los ciudadanos, en que el Estado, a través de sus Instituciones y de su Ordenamiento Jurídico, van a actuar de manera integral para salvaguardar sus Derechos, ante cualquier ataque que contra estos se presente. En el presente caso, tenemos un ataque al Derecho a la PROPIEDAD, establecido en el artículo 115 Constitucional resguardado de manera particular, contra actos de LA USURA EN LAS OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO, según lo establecido en el Articulo 145 de la Ley Defensa de las Personas en el acceso a los Bienes y Servicios, que señala: “Quien en las operaciones de venta a crédito de bienes o servicios de financiamiento para tales operaciones, obtenga a título de intereses, comisiones o recargos, cualquier cantidad por encima de los máximos que sean fijados o permitidos por el Banco Central de Venezuela, en atención a las condiciones existentes en el mercado financiero nacional, incurrirá en delito de usura, y será sancionado con pena de prisión de dos (2) a cinco (5) años. Igualmente, será sancionado con la misma pena, quién viole lo establecido en el segundo párrafo del artículo 76 de la presente Ley…” De igual manera la ESTAFA, según lo preceptuado en el articulo 462 del Código Penal Vigente: El que, con artificios o medios capaces de engañar o sorprender la buena fe de otro, induciéndole al error, procure para si o para otro un provecho injusto con perjuicio ajeno, será penado con prisión de uno a cinco años.
El criterio señalado en la sentencia parcialmente transcrita, debe tener como norte el análisis de la necesidad y urgencia de evitar que ocurra, en forma cierta, un daño a la propiedad que a través de la implementación de la medida paralice el daño que esté ocurriendo. En otras palabras, el Juez puede prescindir de la notificación previa del decreto de la medida precautelar que considere idónea dictar, cuando observe que exista una urgencia y necesidad que no le permite hacer esperar oír a los afectados, dado que lo contrario afectaría en una forma grave al derecho a la propiedad garantizado por el Estado que pretende proteger, por lo que lo idóneo es que evite que ese daño suceda, es decir, se torne irreparable. En este caso, debe dictar la medida en forma motivada y los afectados tendrían la posibilidad de oponerse a la medida una vez dictada, ya que el artículo 551 del Código Orgánico Procesal Penal permite la aplicación de las normas contempladas en el Código de Procedimiento Civil, en el caso de “la aplicación de las medidas preventivas relacionadas con el aseguramiento de bienes muebles e inmuebles”, Se evidencia de las actuaciones presentadas por la Fiscalia, que no existe un sujeto a activo de delito individualizado como imputado en el presente proceso, y que el fin que persigue la Representación fiscal con su solicitud, con fundamento a las atribuciones que le confiere la ley, de conformidad con los artículos 127, 285 ordinales 1 y 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con el artículo 108 ordinal 10 del Código orgánico procesal penal, así como el articulo 112 de la Constitución nacional. Así como el artículo 551 de la citada ley adjetiva conjuntamente con el artículo 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil Venezolano, es el decreto de una Medida Precautelativa que pueda prevenir, eliminar o interrumpir la existencia de un daño cierto, determinado, real, posible e inminente. Por lo que para quien aquí decide, habiendo dilucidado como ha sido que hasta el presente momento de inicio de la investigación no se ha individualizado un posible responsable de los hechos investigados como imputado. En este mismo orden de ideas, como bien, lo establece la citada Jurisprudencia del mas alto tribunal de la República, “…que el Juez puede inclusive prescindir de la notificación previa del decreto de la medida precautelar que considere idónea dictar, cuando observe que exista una urgencia y necesidad que no le permite hacer esperar oír a los afectados, dado que lo contrario afectaría en una forma grave el que pretenda proteger, por lo que lo idóneo es que evite que ese daño suceda, es decir, se torne irreparable.

El Ministerio Público como sujeto principal y parte procesal en el novísimo enfoque procesal penal venezolano, ostenta un Poder Cautelar que tiende, lógica y mediatamente, a la culminación del proceso con una justa y adecuada resolución. En principio, el referido Poder Cautelar se traduce en un catálogo extenso de medidas asegurativas (de carácter cautelar y asegurativas probatorias) que puedan recaer dependiendo de cada caso en particular sobre el imputado, o sobre objetos o cosas que guarden alguna relación con la comisión de determinado hecho delictivo.

En el presente caso, este tribunal observa que personas ajenas al presente proceso, es decir, que sus derechos están siendo afectados, toda vez que no han podido protocolizar el respectivo documento de compra venta, por razones de las medidas decretadas por este tribunal, previa solicitud del Ministerio Publico, es por lo que este Tribunal considera procedente la solicitud hecha por los Dres. JUAN CARLOS OCHOA GUERRERO, HARRISON GONZALEZ y HASAN FARHAT, en su carácter de Fiscal 42 del Ministerio Publico con Competencia Plena a Nivel Nacional y Coordinador del Plan Fraude, Estafa y Usura (FEU), y Fiscales Primero Titular y Auxiliar del Ministerio Publico, sobre el LEVANTAMIENTO PARCIAL de las MEDIDAS PREVENTIVAS CAUTELARES INNOMINADAS DE PROHIBICION DE ENAJENAR y GRAVAR BIENES, a excepción de las concernientes a los siguientes bienes inmuebles: APARTAMENTO N° 3-3 CON UN AREA APROXIMADA DE 112 METROS CUADRADOS (M2), ubicado en el piso 3 del Edificio DENOMINADOP Residencia Don José y el Apartamento N° 3-2 CON UN AREA APROXIMADA 77.63 METROS CUADRADO (M2) ubicado en el piso 3 del Edificio Denominado Residencia Don Jose, enclavados en la Calle 4, entre carretera 8° y 9° de la Poblacion de Lecheria (Municipio Turistico Licenciado Diego Bautista Urbaneja Estado Anzoategui), dados a los inmuebles en promesa de compra a las ciudadanas: MARY ANGEL CARRION Y NATHASHA ANGELINA LUGO BIZARRO, 2.-) LEVANTAMIENTO TOTAL DE LA MAEDIDA CAUTELAR INNOMINADA DE BLOQUEO E INMOVILIZACION DE CUENTAS BANCARUAS Y/O CUALQUIER ORO INSTRUMENTO FINANCIERO, que registren a nombre de los ciudadanos: ANTONIO TUNDISI BALLI y JOSE ALBERTO LEO ALAMO, ttular de la cedula de identidad N° V.-1.1732.572 y V.-4.356.163 respectivamente, en sus caracteres de Presidente y Vicepresidente de la Sociedad Mercantil RESIDENCIA JOSE ANTONIO C.A.; 3.-) MANTENER LA MEDIDA PREVENTIVA REAL DE PROHIBICION DE SALIDA DEL PAI, que pesan sobre los ciudadanos ANTONIO TUNDISI BALLI y JOSE ALBERO LEON ALAMO, titulares de la cedula de identidad N° V.-1.732.572 y V.-4.356.163 respectivamente, en sus carácter de PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE de la Empresa RESIDENCIAS JOSE ANTONIO C.A,, de conformidad con lo establecido en los Artículos 2 y 285 Numerales 2º y 4º de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, Articulo 37 Numeral 3º de la Ley Orgánica del Ministerio Publico, Articulo 108 Ordinal 11º del Código Orgánico Procesal Penal, y Artículos 585 y 588 Numerales 1º y 3º del Código de Procedimiento Civil, aplicado por remisión expresa del Artículo 551 del Código Orgánico Procesal Penal. ASI SE DECIDE.-
DISPOSITIVA

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Primero de Primera Instancia en Función de Control, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, resuelve: PRIMERO: CON LUGAR la solicitud hecha por los Dres. JUAN CARLOS OCHOA GUERRERO, HARRISON GONZALEZ y HASAN FARHAT, en su carácter de Fiscal 42 del Ministerio Publico con Competencia Plena a Nivel Nacional y Coordinador del Plan Fraude, Estafa y Usura (FEU), y Fiscales Primero Titular y Auxiliar del Ministerio Publico, sobre el LEVANTAMIENTO PARCIAL de las MEDIDAS PREVENTIVAS CAUTELARES INNOMINADAS DE PROHIBICION DE ENAJENAR y GRAVAR BIENES, a excepción de las concernientes a los siguientes bienes inmuebles: APARTAMENTO N° 3-3 CON UN AREA APROXIMADA DE 112 METROS CUADRADOS (M2), ubicado en el piso 3 del Edificio DENOMINADOP Residencia Don José y el Apartamento N° 3-2 CON UN AREA APROXIMADA 77.63 METROS CUADRADO (M2) ubicado en el piso 3 del Edificio Denominado Residencia Don Jose, enclavados en la Calle 4, entre carretera 8° y 9° de la Poblacion de Lecheria (Municipio Turistico Licenciado Diego Bautista Urbaneja Estado Anzoategui), dados a los inmuebles en promesa de compra a las ciudadanas: MARY ANGEL CARRION Y NATHASHA ANGELINA LUGO BIZARRO, 2.-) LEVANTAMIENTO TOTAL DE LA MAEDIDA CAUTELAR INNOMINADA DE BLOQUEO E INMOVILIZACION DE CUENTAS BANCARUAS Y/O CUALQUIER ORO INSTRUMENTO FINANCIERO, que registren a nombre de los ciudadanos: ANTONIO TUNDISI BALLI y JOSE ALBERTO LEO ALAMO, ttular de la cedula de identidad N° V.-1.1732.572 y V.-4.356.163 respectivamente, en sus caracteres de Presidente y Vicepresidente de la Sociedad Mercantil RESIDENCIA JOSE ANTONIO C.A.; 3.-) MANTENER LA MEDIDA PREVENTIVA REAL DE PROHIBICION DE SALIDA DEL PAI, que pesan sobre los ciudadanos ANTONIO TUNDISI BALLI y JOSE ALBERO LEON ALAMO, titulares de la cedula de identidad N° V.-1.732.572 y V.-4.356.163 respectivamente, en sus carácter de PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE de la Empresa RESIDENCIAS JOSE ANTONIO C.A,; y SEGUNDO: Se ORDENA librar los correspondientes oficios a la Súper Intendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, así como la Dirección de Registro y Notarias del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicias, Director del Registro Principal de Barcelona, Registro principal del Municipio Sotillo, Director del registro Subalterno del Municipio Bolívar, Director del registro Subalterno del Municipio Lic. Diego Bautista Urbaneja, participando de lo aquí decidido. Regístrese. Notifíquese a las partes. Líbrese los respectivos oficios. Cúmplase lo ordenado.-
LA JUEZ DE CONTROL Nº 01

Dra. EVELYN OSUNA RUIZ.
LA SECRETARIA

Abg. ALCIMAR TOVAR.