REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal de Juicio Nº 03 de Barcelona, Estado Anzoátegui,
Barcelona, 13 de Diciembre de 2011
200º y 151º
ASUNTO PRINCIPAL: BP01-P-2009-001745.-
Visto el escrito presentado por la Dra. CARMEN CECILIA SALAZAR GONZALEZ, en su carácter de Defensora Pública Décima Sexta Penal del acusado RONALD JOSE MAZA SOTO, titular de la cédula de identidad número 19.941.793, mediante el cual solicita ante éste Despacho, se decrete la sustitución de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, de conformidad con el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, este Tribunal, para decidir observa:
DE LOS ALEGATOS DE LA SOLICITANTE
La Defensa Pública Penal y el acusado como argumento de la solicitud de revisión de la Medida de Coerción Personal, sostienen lo siguiente:
“…que se encuentra detenido desde el día 10 de Abril de 2009, por los delitos de Robo Agravado Frustrado y Homicidio Calificado Frustrado en la Ejecución de un Robo, que tiene derecho a una medida cautelar sustitutiva; que la medida privativa tiene mas de dos años, sin existir sentencia definitiva, que los motivos no son imputables a su representado; que invoca los principios de presunción de inocencia, afirmación de libertad y respeto a la dignidad humana; que el proceso penal esta regido por los principios de Juicio Previo y debido Proceso, afirmación de Libertad, Presunción de Inocencia; que no se encuentran llenos los extremos para justificar el peligro de fuga o de obstaculización; transcribiendo parcialmente, una serie normas y criterios de decisiones de nuestra Corte de Apelaciones y el máximo Tribunal, para solicitar de conformidad con lo previsto en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal…”
DE LAS ACTUACIONES CONTENIDAS EN LA PRESENTE CAUSA
En fecha 10-04-2.009, el Juzgado de Control Nº 04, de éste Circuito Judicial Penal, conforme a los artículos 250, numerales 1º, 2º y 3º, y el artículo 251, ordinales 2º, 3º y parágrafo primero, del Código Orgánico Procesal Penal, decretó Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad en contra del imputado RONAL JOSE MAZA SOTO, por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO FRUSTRADO y HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN LA EJECUCION DE ROBO, previstos y sancionados en los artículos 458, en concordancia con el 80 segundo aparte del Código Penal y 406 ordinal 1º Ejusdem, en perjuicio del ciudadano FRANCISCO ANTONIO ACEVEDO.-
En fecha 09-05-2009, fue presentada la acusación por la Fiscalía Vigésima del Ministerio Público de éste Estado, en contra del mencionado ciudadano, por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO FRUSTRADO y HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN LA EJECUCION DE ROBO, previstos y sancionados en los artículos 458, en concordancia con el 80 segundo aparte del Código Penal y 406 ordinal 1º Ejusdem, en perjuicio del ciudadano FRANCISCO ANTONIO ACEVEDO.-
En fecha 11-05-2009, se fijó la audiencia preliminar para el día 03-06-2009, diferida por incomparecencia del Fiscal y el imputado, para el día 16-06-2009, diferida por auto para el día 14-07-2009, diferida por auto para el día 06-08-2009, diferida por el Tribunal para el día 08-10-2009, diferida por incomparecencia de la victima el Fiscal y el imputado, para el día 27-10-2009, diferida por incomparecencia de la victima y el imputado, para el día 12-11-2009, diferida por incomparecencia de la victima y el imputado, para el día 03-12-2009, para el día 12-11-2009, diferida por incomparecencia de la victima y el imputado, para el día 03-12-2009, diferida por incomparecencia de la victima y el imputado, para el día 18-12-2009, diferida por auto para el día 01-02-2010, diferida por auto para el día 08-03-2010.
En fechas 23-02-2010 y 01-03-2010 se recibieron informes de motín de la Policía del Municipio Simón Bolívar del Estado Anzoátegui, en los cuales informan sobre la participación del imputado Ronald José Maza Soto y solicitan el traslado de este a otro centro de reclusión.-
Por auto para el día 15-04-2010, se fijo nuevamente la audiencia preliminar para el día 03-05-2010, diferida por incomparecencia del Fiscal y la victima, para el día 24-05-2010, diferida por incomparecencia de la victima, para el día 22-06-2010, refijada por auto para el 14-06-2010, fecha en la cual se celebró la audiencia preliminar y se ordenó la apertura a juicio oral y público por la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO FRUSTRADO y HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN LA EJECUCION DE ROBO, previstos y sancionados en los artículos 458, en concordancia con el 80 segundo aparte del Código Penal y 406 ordinal 1º Ejusdem, en perjuicio del ciudadano FRANCISCO ANTONIO ACEVEDO.-
En fecha 07-07-2010, se recibió la presente causa, fijándose el Sorteo Ordinario para la selección de escabinos para el día 26-07-2010, diferida por incomparecencia del Fiscal, la victima y el acusado, para el día 21-09-2010.-
En fecha 26-11-2010, se recibe oficio Nº 1546-10, de la Policía del Municipio Simón Bolívar, participando sobre la evasión o fuga del acusado y de su posterior captura.-
Por auto para el día 28-09-2010, se fijo nuevamente el Sorteo para el día 29-10-2010, diferida por incomparecencia del Fiscal, la victima y el acusado, para el día 10-12-2010, diferida por incomparecencia de la victima y el acusado, para el día 28-01-2011, se celebro el sorteo preseleccionando a los escabinos, fijando la constitución para el día 24-02-2011, diferida por incomparecencia de la victima, para el día 01-04-2011, diferida por incomparecencia de la victima y el acusado, para el día 06-05-2011, diferida por incomparecencia de la victima y el acusado, para el día 02-06-2011, diferido por auto para el día 07-07-2011, diferido por incomparecencia del acusado, fiscalía y victima, para el día 05-08-2011, diferido por auto para el día 21-09-2011, diferido por auto para el día 20-10-2011, fecha en la cual se asumió el Control Jurisdiccional y se fijó el juicio para el día 10-11-2011, diferido por auto para el día 07-12-2011, diferido por incomparecencia de la victima para el día 25-01-2012.-
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Conforma el punto primordial de la petición planteada por la defensora Pública, se decrete el decaimiento de la medida judicial de privación preventiva de libertad, que cumple su defendido, alegando que han transcurrido más de dos años, de la privación de libertad, sin celebrarse el juicio oral y público.-
Propendiendo a la resolución del tema decidendum, podemos ver que el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, prevé:
Artículo 244. Proporcionalidad. No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable.
En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años; si se trata de varios delitos se tomará en cuenta la pena mínima del delito más grave.
Excepcionalmente y cuando existan causas graves que así lo justifiquen para el mantenimiento de la medida de coerción personal, que se encuentran próximas a su vencimiento, el Ministerio Público o el o la querellante podrán solicitar al tribunal que este conociendo de la causa, una prórroga que no podrá exceder de la pena mínima prevista para el delito imputado, y si fueran varios los delitos imputados se tomará en cuenta la pena mínima del delito más grave.
Igual prorroga se podrá solicitar cuando dicho vencimiento se deba a dilaciones indebidas atribuibles al imputado o imputada, acusada o acusado o sus defensores o defensoras.
Estas circunstancias deberán ser motivadas por el Fiscal o el o la querellante.
En este sentido, si el caso se encuentra en la Corte de Apelaciones, se recibirá la solicitud y se remitirá de inmediato con los recaudos necesarios al Juzgado de Primera Instancia que conoce o conoció de la causa, el Tribunal que este conociendo de la causa deberá convocar al imputado o imputada, acusado o acusada y a las partes a una audiencia oral a los fines de decidir, debiendo tener en cuenta a objeto de establecer el tiempo de la prorroga, el principio de proporcionalidad.
Si analizamos la disposición supra trascrita, vemos que en un principio la regla general es que la medida de coerción impuesta, en ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años, pero como toda regla tiene sus excepciones, está no escapa a esa realidad, ya que las mismas están contempladas precisamente en esta disposición, cuando nos señala como aspectos a tomar en cuenta con relación a la imposición o sustitución de la medida, la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable; y por otro lado cuando dicho vencimiento se deba a dilaciones indebidas atribuibles al imputado o imputada, acusada o acusado o sus defensores o defensoras.
Así tenemos, que esta misma norma prevé la celebración de una audiencia oral para debatir entre las partes, la solicitud de prorroga planteada, bien por el querellante o bien por el Ministerio Publico, a lo cual escapa el caso de autos, ya que solo tenemos la solicitud de la defensa Pública y el acusado, que es el tema controvertido, sin que haya sido solicitado por la Vindicta pública prorroga alguna de la medida privativa de libertad, por lo cual no se hace necesaria la fijación de audiencia oral alguna.-
Ahora bien, después de haber delimitado los aspectos que atañen a la solicitud y su fundamento, conjuntamente con los actos de prosecución que se han gestado en la presente causa, es importante entrar a analizar los aspectos propios de la libertad como valor fundamental, así tenemos:
La libertad es un valor superior del ordenamiento jurídico consagrado en el artículo 2º Constitucional, pero también un derecho fundamental que funge como presupuesto de otras libertades y derechos fundamentales, el cual hace a los hombres sencillamente hombres, encontrándose tal derecho estrechamente vinculado a la dignidad humana.
Consagra nuestra Ley Fundamental en su artículo 44, la inviolabilidad de la libertad personal, estableciendo, en su ordinal 1º: “Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti…Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso”.
Derecho por demás, garantizado en Pactos aprobados por nuestro país, como el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, en cuyo artículo 9, ordinal 1º, se consagra: “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta”.
La Convención Americana Sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, en su artículo 7 consagrado al derecho a la libertad personal, establece: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforma a ellas…”.
Asimismo, consagra nuestra Constitución en su artículo 49, el debido proceso en todas las actuaciones judiciales y administrativas, y, en consecuencia, de manera expresa en su ordinal 2º, la presunción de inocencia mientras no se pruebe lo contrario.
Principio del juicio previo y debido proceso, establecido en e artículo 1 del Código Orgánico Procesal Penal, que reza: “Nadie podrá ser condenado sin un juicio previo, oral y público, realizado, sin dilaciones indebidas, ante un juez o tribunal imparcial, conforme a las disposiciones de este Código y con salvaguarda de todos los derechos y garantías del debido proceso, consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República”.
Título en el cual el artículo 8 consagra la presunción de inocencia en los siguientes términos: “Cualquiera a quien se le impute la comisión de un hecho punible tiene derecho a que se le presuma inocente y a que se le trate como tal, mientras no se establezca su culpabilidad mediante sentencia firme”.
Ciertamente, los artículos 8 y 9 del Código Orgánico Procesal Penal consagran los principios de Presunción de Inocencia y de afirmación de Libertad, principios estos fundamentales en nuestro sistema acusatorio, que se encuentran ratificados en nuestra Constitución Nacional y Tratados Internacionales suscritos por la República, y que su inobservancia en el Proceso acusatorio, resulta perjudicial al Estado garantista previsto en la Ley Penal adjetiva, constituyendo dichos principios la garantía que asegura la eficaz vigencia del derecho fundamental a la Libertad Personal y al Debido Proceso.
En fallo Nº 1592, de fecha 09/07/02, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Doctor Antonio J. García García, asentó: “…el juez que resuelva la restricción de la libertad del imputado debe atender al principio pro libertatis, es decir, tal y como básicamente lo señalaba el artículo 265 del anterior Código Orgánico Procesal Penal y ahora lo establece el artículo 256, siempre que los supuestos que motivan la privación judicial preventiva de libertad puedan ser razonablemente satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado, el Tribunal competente, de oficio o a solicitud del Ministerio Público o del imputado, deberá imponerle en su lugar, mediante resolución motivada, alguna de las medidas previstas en ese mismo artículo. La presunción de inocencia y el principio de libertad, tal y como se afirma ut supra, son una conquista de la sociedad civilizada que debe ser defendida por esta Sala y por los restantes Tribunales de la República por imperativo del propio texto constitucional y, aún más allá, de valores fundamentales que han sido reconocidos al ser humano por su condición de tal. No obstante, ello no implica que los jueces renuncien a velar por la recta tramitación y el alcance de las finalidades del proceso, pues lo contrario sería admitir una interpretación que, en casos concretos, podría favorecer la impunidad…”.
También se hace valer el contenido de la Sentencia Nº 635, de fecha 21/04/08, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado ARCADIO DELGADO ROSALES, en la cual se admitió el recurso de nulidad por inconstitucionalidad incoado contra el contenido de los parágrafos únicos de varios artículos del Código Penal, relativos al impedimento de otorgamiento de beneficios procesales, en determinados hechos, así como de ilícitos tipificados en los artículos 31 y 31 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, así como la suspensión de la aplicación de esa misma normativa, donde se pone de manifiesto que los derechos otorgados en pro del procesado no pueden ser relajados salvo las excepciones previstas en la Ley.-
En sentencia Nº 293, de fecha 24/08/04, emanada de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrado Doctora Blanca Mármol de León, se explanó lo siguiente: “…No obstante la declaratoria de improcedencia de la solicitud propuesta, la Sala debe exhortar a los Jueces de Instancia a ponderar las condiciones previstas en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal al momento de dictar medida privativa de libertad, puesto que, por una parte, el encarcelamiento preventivo es indiscutiblemente cautelar para, en caso justificado, garantizar la comparecencia del imputado o acusado a los actos del proceso siendo igualmente las medidas privativas de libertad providencias de carácter excepcional, que se apartan de la regla general, lo cual es el juicio en libertad, y como corolario de ello, al efectuar el estudio del peligro de fuga o de obstaculización del proceso, deben privar, sobre los límites de la pena, los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, atendiendo al principio de presunción de inocencia y las posibilidades de que el proceso se realice en presencia del justiciable, de acuerdo a lo pautado en el artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal, lo que implica el análisis objetivo de la actitud del imputado o acusado en el proceso, que impliquen la intención de evadirlo. En tal virtud, o debe considerarse la pena que pudiera llegar a imponerse como único o exclusivo parámetro para estimar la posible evasión del procesado (peligro de fuga), ello comportaría un análisis restringido o imperativo de la norma contenida en el artículo 251 ibidem, lo cual no es así, puesto que es dado a los jueces la potestad de rechazar la petición fiscal y otorgar una medida sustitutiva a la privación de libertad.
Por otra parte, en novísima Jurisprudencia de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 03 de Marzo de 2011, con ponencia de la Magistrado Dra. Ninoska Queipo Briceño, se sostuvo lo siguiente:
“… Así pues, hoy en día la Privación Judicial Preventiva de Libertad, constituye un decreto excepcional, que a la luz del nuevo sistema de juzgamiento penal, sólo puede ser dictado en todos aquellos casos en los cuales, no exista razonablemente la posibilidad de garantizar las eventuales resultas del proceso penal, con otra medida de coerción personal menos gravosa y distinta la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad.
En tal sentido, debe señalare, que la imposición de cualquier medida de coerción personal, debe necesariamente obedecer a una serie de criterios y juicios debidamente razonados y ponderados, que atendiendo a las circunstancias que rodean cada caso, se encamine a conseguir el debido equilibrio que exige, tanto el respeto al derecho de los procesados penalmente a ser juzgados en libertad como al derecho del Estado y la sociedad de que se resguarden los intereses sociales, mediante el establecimiento de medios procesales que garanticen las futuras y eventuales resultas de los juicios.
Por ello, el análisis de todas y cada una de las circunstancias fácticas que reposan en las actuaciones y acompañan a las respectivas solicitudes de privación o cautelar sustitutiva de libertad, deben ser ponderadas bajo los criterios de objetividad, magnitud del daño, cuantía de la pena, peligro de fuga y de obstaculización en la búsqueda de la verdad, lo cual permitirá luego de un debido y motivado juicio, determinar con certeza la mayor o menor severidad de la medida a imponer…”.-
Por su parte el artículo 243 del referido Código Orgánico Procesal Penal, establece el Estado de Libertad, al estipular que toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso; y además consagra que la privación de libertad es una medida cautelar, que sólo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso.
Las medidas cautelares sustitutivas de la privativa de libertad conforman un dispositivo legal justamente dirigido a garantizar en satisfacción las finalidades del proceso, por lo que bajo ningún respecto, podrían ser calificadas como portadoras del riesgo de impunidad, tal como lo reconoció la propia Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a través de su fallo Nro. 894 de fecha 30 de Mayo de 2008, a saber: ¨… En este orden de ideas, advierte la Sala, que las medidas cautelares sustitutivas a la privación de libertad no pueden ser consideradas como beneficios que conlleven a la impunidad, porque las mismas, como en general todas las medidas preventivas de restricción o privación de libertad personal tienen, por el contrario, como propósito el aseguramiento de que se cumplan los fines del proceso”.
Determinado lo anterior, amen de las consideraciones supra señaladas, se evidencia de las actuaciones cursantes en autos, que el ciudadano RONALD JOSE MAZA SOTO, titular de la cédula de identidad número 19.941.793, por la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO FRUSTRADO y HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN LA EJECUCION DE ROBO, previstos y sancionados en los artículos 458, en concordancia con el 80 segundo aparte del Código Penal y 406 ordinal 1º Ejusdem, en perjuicio del ciudadano FRANCISCO ANTONIO ACEVEDO, Siendo que la presente causa ya se encuentra en fase de juicio para la celebración del acto de Juicio Oral y Público.-
Ahora bien, si bien es cierto, que la pena a imponer por estos delitos en sus formas inacabadas, que se atribuyen en la presente causa, sobrepasan en sumatoria, los diez años, no es este, el único parámetro a ser tomado en cuenta para considerar la continuidad de la medida de privación preventiva de libertad impuesta, pues debe el Juzgador de juicio, una vez realizada la solicitud de revisión, analizar otros aspectos, que lo conlleven a estimar la necesidad del mantenimiento o sustitución por una medida menos gravosa, teniendo en cuenta los principios antes esbozados, todo ello haciendo uso de la facultad otorgada en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal penal, haciendo concatenación con el principio de proporcionalidad que establece el artículo 244 ejusdem.-
En el presente caso, observa este Tribunal que el acusado RONALD JOSE MAZA SOTO, por un lado, no posee antecedentes policiales ni registros de otras entradas a entidades policiales, tal como se desprende del folio 65 de la primera pieza del expediente y por otro lado aun cuando registra otra causa en el Sistema Juris 2000, en la misma goza de medidas cautelares sustitutivas, aunado a ello ha cumplido el lapso de dos años y ocho meses privado de libertad, sin que el Ministerio Público, haya solicitado la prorroga de la medida privativa y sin que se haya aperturado el juicio en su contra.-
Tales circunstancias, a criterio de este Despacho deben ser tomadas en cuenta a los efectos de determinar la revisión de la Medida Privativa Preventiva de Libertad, conforme al principio de Progresividad de los derechos inherentes a la persona humana y sin discriminación alguna, tal y como lo establecen los artículos 19 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Más aún, a tenor de lo dispuesto en el artículo 10, literal 1. Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, “toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”, en especial consideración a la presunción de inocencia del acusado.
Así las cosas, este Juzgador considera que el planteamiento formulado por la Defensora del Acusado en el sentido de que se sustituya la medida de privación judicial preventiva de libertad que recae sobre su representado, por una menos gravosa, se ajusta a la realidad Jurídica Procesal del Sistema Acusatorio, donde la restricciones y limitaciones a las cuales esta sometida la Medida de Privación Judicial, deben estar subordinadas a la implementación de las Medidas Cautelares sustitutivas, las cuales deben ser evaluadas en principio por el Juez correspondiente, antes de decidir imponer o mantener una Medida de Coerción Personal tan gravosa como lo es la Privación Judicial de Libertad.
De lo expuesto se concluye, que al erigirse este Estado, como un Estado Social de derecho y de Justicia, tal como lo prevé el artículo 2 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, debe ser capaz, y así lo es, de garantizar a los ciudadanos y Ciudadanas, el goce y disfrute de sus derechos, sin menoscabo de los derechos de otros, y es por eso que, la pretensión de la defensora del acusado se encuentra ajustada a derecho, ya que los supuestos que motivaron en un principio la imposición de la medida de coerción personal, tomando en cuenta todos los aspectos que han quedado plasmado supra, todo lo cual, hace determinar la presente solicitud ajustada a derecho, no obstante, considera pertinente para procurar la resultas del Proceso, y garantizar el ius puniendi del Estado, conferir al referido acusado las siguientes MEDIDAS CAUTELARES SUSTITUTIVAS DE LA PRIVACION DE LIBERTAD, previstas en los numerales 3º, 4º, y 9º del articulo 256 del Código Orgánico Procesal Penal las cuales consisten: 1) La presentación periódica cada QUINCE (15) días ante la Oficina de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal; 2) Prohibición de salir de la jurisdicción del Tribunal sin su autorización; y 4) La comparecencia a los actos propios del proceso; a cuyos efectos estará al tanto a través del sistema de auto consulta o del sistema de consulta personalizada, sin menoscabo de la Boleta de Notificación que le sea librada.- Así se Decide.-
DISPOSITIVA
Por las consideraciones anteriormente expuestas, éste Tribunal de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, en funciones de Juicio Nro. 03, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley decide: PRIMERO: Conforme al artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, se declara CON LUGAR la solicitud presentada por por la Dra. CARMEN CECILIA SALAZAR GONZALEZ, en su carácter de Defensora Pública Décima Sexta Penal del acusado RONALD JOSE MAZA SOTO, titular de la cédula de identidad número 19.941.793, en consecuencia, se sustituye de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad dictada en contra del mencionado acusado, a quien se le sigue la presente causa por la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO FRUSTRADO y HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN LA EJECUCION DE ROBO, previstos y sancionados en los artículos 458, en concordancia con el 80 segundo aparte del Código Penal y 406 ordinal 1º Ejusdem, en perjuicio del ciudadano FRANCISCO ANTONIO ACEVEDO, imponiéndole las siguientes MEDIDAS CAUTELARES SUSTITUTIVAS DE LA PRIVACION DE LIBERTAD, previstas en los numerales 3º, 4º y 9º del articulo 256 del Código Orgánico Procesal Penal las cuales consisten: 1) La presentación periódica cada QUINCE (15) días ante la Oficina de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal; 2) prohibición de salir de la jurisdicción del Tribunal sin su autorización; y 3) La comparecencia a los actos propios del proceso; a cuyos efectos estará al tanto a través del sistema de auto consulta o del sistema de consulta personalizada, sin menoscabo de la Boleta de Notificación que le sea librada.- SEGUNDO: Se ratifica el Juicio Oral y Publico para el día 25-01-2.012, a las 11:15 A.m. Notifíquese a las partes de la presente decisión; así como del deber de comparecer el día y hora fijado para celebrar el citado acto; líbrese boleta de traslado al mencionado acusado para ser impuesto de la presente decisión y salir en libertad desde la sede de este Tribunal.- Notifíquese a las partes.- Regístrese. Cúmplase.-
JUEZ DE JUICIO Nro. 03
Dr. FRANCISCO JOSE CABRERA
EL SECRETARIO
DR. LUIS PEREZ
|
