REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal de Ejecución de Barcelona
Barcelona, 6 de Diciembre de 2011
201º y 152º

ASUNTO PRINCIPAL : BP01-S-2003-002506
ASUNTO : BP01-P-2003-000183

Visto el escrito suscrito por la abogada DEL VALLE ZORRILLA, en su condición Defensora Pública Penal del ciudadano KENNY JOSE PARUTA, donde expresa que su representado cumplirá la totalidad de la pena, el día 06-12-2011 y cumplidas fielmente las obligaciones respectivas, solicita al Tribunal declare la EXTINCION DE LA RESPONSABILIDAD PENAL POR CUMPLIMIENTO DE PENA.

En fecha 28 de abril de 2005, el entonces acusado KENNY JOSÉ PARUTA, fue condenado por el Tribunal de Juicio Nº 01 de este Circuito Judicial Penal, a cumplir la pena de SIETE (7) años tres (3) meses y doce (12) horas de prisión, por la comisión de los delitos de VIOLACIÓN previsto y sancionado en el artículo 375 del Código Penal, y LESIONES PERSONALES MENOS GRAVES, tipificado en el artículo 415 del ya citado Código.

En fecha 22 de septiembre de 2008, este Órgano Jurisdiccional conforme a lo dispuesto en el artículo 482, del Código Orgánico Procesal Penal, reformuló el cómputo de la pena impuesta, previa acumulación de causas, estableciéndose que:

“…el penado KENNY JOSE PARUTA, fue condenado en fecha 25-05-2.005 por el Juzgado de Juicio Sección Adolescente de éste Circuito Judicial Penal, a cumplir la sanción de Privación de Libertad por el tiempo de Tres (03) Años, por la comisión del delito de Violación, previsto y sancionado en el artículo 375 del Código Penal, cometido en perjuicio de la victima SABA ANTONIA AULAR; asimismo, en fecha 28-04-2.005, fue condenado por el Juzgado de Juicio Nro. 01 de éste Circuito Judicial Penal, a cumplir la pena de Siete (07) Años, Tres (03) Meses y Doce (12) Horas de Presidio, por los delitos de Violación y Lesiones Intencionales Menos Graves, previstos y sancionados en los artículos 375 y 415, ambos del Código Penal, cometidos en perjuicio de las victimas ANA JASMIN CASA ESCOBAR, ALVIS DEL VALLE REYES PATIÑO y JORGE LUIS RONDON.

Ahora bien, respecto al primer hecho punible cometido el penado antes identificado, éste resultó detenido en fecha 15-09-2.002, fugándose el día 03-11-2.002 del Centro de Atención Intensiva Profesor Antonio José Díaz, permaneciendo detenido por Un (01) Mes y Dieciocho (18) Días. Respecto al segundo delito cometido por el mencionado penado, éste fue detenido en fecha 07-03-2.003, hasta el día de hoy (22-09-2.008), ha permanecido detenido por un tiempo igual a Cinco (05) Años, Seis (06) Meses y Quince (15) Días, computados a la detención inicial, corresponde un tiempo efectivo de detención igual a CINCO (05) AÑOS, OCHO (08) MESES Y TRES (03) DÍAS.

Acumuladas las causas y realizada la conversión de las penas de acuerdo al artículo 86 del Código Penal, en concordancia con los artículos 90 y 537 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y el Adolescente, se establece que la pena que ha de cumplir el penado KENNY JOSE PARUTA, por el primer hecho punible, es de Dos (02) Años y en la causa acumulada, la pena a cumplir de Siete (07) Años, Tres (03) Meses y Doce (12) Horas de Presidio, computados a la pena anterior, corresponde a NUEVE (09) AÑOS, TRES (03) MESES Y DOCE (12) HORAS DE PRESIDIO, menos el tiempo de detención equivalente a CINCO (05) AÑOS, OCHO (08) MESES Y TRES (03) DÍAS, le falta por cumplir la pena de TRES (03) AÑOS, SEIS (06) MESES, VEINTISEIS (26) DIAS Y DOCE (12) HORAS DE PRESIDIO, menos el tiempo de redención de la pena equivalente a CUATRO (04) MESES, DOCE (12) DÍAS Y DOCE (12) HORAS, le falta por cumplir la pena de TRES (03) AÑOS, DOS (02) MESES y CATORCE (14) DIAS DE PRESIDIO, la cual cumplirá en su totalidad en fecha 06-12-2.011.

Finalmente, se estable que el penado KENNY JOSE PARUTA, se encuentra imposibilitado para optar a las Fórmulas Alternativas de Cumplimiento de Pena, en virtud que el mismo tiene Antecedentes Penales por condena anterior, conforme a lo establecido en el artículo 501, numeral 1 del Código Orgánico Procesal Penal; de la misma manera, no optará a la conversión de la pena que le falta por cumplir en Confinamiento, ya que el mismo es reincidente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 56 del Código Penal y así se decide…”


De lo expuesto se evidencia, que ha transcurrido íntegramente el lapso de tiempo establecido para el cumplimiento de pena, encontrándose actualmente en estado de privación de libertad, circunstancia que lleva a la conclusión que en efecto cumplió la pena impuesta, por lo que es procedente y ajustado a derecho en el presente asunto, conforme al artículo 105 del Código Penal, decretar La Extinción de la Responsabilidad Criminal del penado KENNY JOSE PARUTA, por cumplimiento de la pena impuesta en su oportunidad procesal y así se decide.

En relación a la SUJECION A LA VIGILANCIA DE LA AUTORIDAD este Juzgado trae a colación el pronunciamiento de la Sala Constitucional del Tribunal Suprema de Justicia, en decisión de fecha 21 de mayo de 2007, signada bajo el Nº 940, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, que estableció:

“El 4 de Septiembre de 2003, el Tribunal Primero de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas desaplicó, en la fase de ejecución del proceso seguido al ciudadano Asdrúbal Celestino Sevilla, y mediante el ejercicio del control difuso de la constitucionalidad, los artículos 13.3 y 22 del Código Penal, teniendo como argumento lo siguiente… la institución de la sujeción a la vigilancia estaba en desuso, toda vez que debía tomar en consideración que las condiciones geográficas de las ciudades venezolanas habían cambiado sustancialmente en los últimos años…esa pena accesoria era violatoria de los derechos humanos del penado, preceptuados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que el hecho de someter a una persona, que ya cumplió con su pena, a presentarse ante la Primera Autoridad Civil de cada Municipio a su salida o llegada, sería tanto como estigmatizarlo como delincuente como delincuente y colocarlo en desigualdad jurídica frente a los demás ciudadanos…En efecto, esta Sala Constitucional ha sostenido reiteradamente, que la pena accesoria de sujeción a la vigilancia de la autoridad no constriñe el derecho al honor y a la protección de la honra, por cuanto dicha pena lo que materializa es una “forma de control por un período determinado”; asimismo, este Alto Tribunal ha señalado que esa pena accesoria no tiene carácter denigrante o infamante, sino que la misma evita que los reos cometan nuevos delitos…se hace necesario un re-examen de la doctrina arriba señalada por la Sala…De acuerdo al contenido del artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la libertad es un derecho inviolable; asimismo, consagra dicha norma que todo persona tiene derecho a estar en libertad, a menos que exista una decisión judicial que provea lo contrario o sea capturada in fraganti en la comisión de un delito…Mediante la pena, el Estado le impone a una persona determinada la carga de soportar una privación o disminución de bienes jurídicos que, de otra manera permanecerían intangibles frente a la acción estatal…la Sala observa que la pena accesoria de sujeción a la vigilancia de la autoridad es excesiva de la pena que causa el delito…restringe la libertad plena a la que tiene derecho el penado luego de cumplida la pena principal, por lo que la misma, a juicio de esta Sala, se convierte en excesiva…basta el cumplimiento de la pena de presidio o de prisión para justificar la privación de libertad de una persona, el que se restrinja por extensión la libertad plena a través de la sujeción a la vigilancia de la autoridad, es contrario al espíritu del artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela…esta Sala Constitucional introduce un cambio de criterio, en relación a la doctrina asentada respecto a la desaplicación de los artículos 13.3 y 22 del Código Penal, por lo que, en conclusión, se estima, con la argumentación explanada, que se encuentra ajustada a derecho la decisión dictada el 4 de septiembre de 2003, por el Tribunal Primero de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que desaplicó la sujeción a la vigilancia de la autoridad civil del penado…”.

Según la decisión parcialmente transcrita, quedó establecido que para la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, cambiando el criterio hasta entonces sostenido, en relación a la doctrina asentada respecto a la desaplicación de los artículos 13.3 y 22 del Código Penal; basta el cumplimiento de la pena de presidio o de prisión para justificar la privación de libertad de una persona, y el hecho de restringir por extensión la libertad plena a través de la pena accesoria contenida en el numeral 2º del articulo 16 del Código Penal, vale decir, la sujeción a la vigilancia de la autoridad, es contrario al espíritu del artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En principio se vio cuestionado el carácter vìnculante de la mentada decisión, toda vez que en el contenido del mencionado fallo, tal carácter no fue establecido de forma textual, en cuyo caso implicaba su publicación en gaceta oficial; circunstancia que fue enfáticamente aclarada en decisión Nº 496 de fecha 3 de abril de 2008, donde la Sala Constitucional, estableció:

“…Si bien, es cierto que la Sala no ordenó la publicación de dicho fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela sí ordenó la publicación del mismo en el portal de la Web de este Tribunal Supremo de Justicia, para ser acatada por todos los jueces de la República, ya que se realizó un re-examen de la doctrina que mantenía la Sala respecto a los artículos en cuestión, razón por la cual el referido fallo sí es vinculante para todos los jueces..”

Criterios ratificados en posteriores decisiones de la Sala, dentro de las que se trae a colación, el fallo Nº 941 de fecha 14 de julio de 2009, con ponencia del Magistrado Francisco Antonio Carrasqueño López, donde se señala:

“…Como puede apreciarse, esta Sala Constitucional introdujo un cambio de criterio en relación a la doctrina asentada respecto a la desaplicación de las normas contentivas de la pena de sujeción a la vigilancia de la autoridad, estimándose, con la argumentación transcrita, que la misma resulta una pena excesiva, al extender de hecho el tiempo de toda condena privativa de libertad. Asimismo, se apuntó en dicho fallo que la sujeción a la vigilancia de la autoridad es una pena ineficaz, toda vez que no existe un mecanismo de control que permita supervisar el cumplimiento de la ejecución de esa pena accesoria…”

Ante la contundencia de estos pronunciamientos, es forzoso para este Juzgado, en acatamiento a Jurisprudencia contenida en los fallos Nº 496 y 940 de fechas 3 de abril de 2008 y 21 de mayo de 2007 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en los que declaró la inconstitucionalidad de la pena accesoria de sujeción a la vigilancia a la autoridad civil; declarar que cumplida como fue la pena principal impuesta al ciudadano KENNY JOSE PARUTA, se extingue la responsabilidad penal impuesta como pena accesoria, vale decir, la SUJECION A LA VIGILANCIA DE LA AUTORIDAD y así se declara.

DISPOSITIVA

Por las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, en funciones de Ejecución Nº 01, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, decide: Conforme al artículo 105 del Código Penal Venezolano, SE DECRETA LA EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL POR CUMPLIMIENTO DE LA CONDENA, impuesta al ciudadano KENNY JOSE PARUTA; así como la extinción de la pena accesoria, de SUJECION A LA VIGILANCIA DE LA AUTORIDAD. Notifíquese a las partes. Librese Boleta de Excarcelación y comunicaciones a las Autoridades correspondientes, toda vez que el penado se encuentra actualmente recluido en el Internado Judicial de la Región Insular. Remítase oficios a las instituciones correspondientes. Remítase el expediente al Archivo Judicial a los fines de su cuido y resguardo. Regístrese.
LA JUEZ DE EJECUCION Nº 01

ABOG. NEREIDA REYES ALFONZO
EL SECRETARIO

ABOG. HECTOR MUSSO