REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y de Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui Barcelona, diecinueve de enero de dos mil once 200º y 151º ASUNTO: BP02-V-2009-000239 Se contrae el presente juicio de DESALOJO y sus anexos, incoada por la ciudadana GINA MARIA BOCCHINO BILBAO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 11.904.162, abogada en ejercicio e inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 70.985, actuando en su carácter de apoderada judicial de la Sociedad Mercantil ADMINISTRADORA Y SERVICIOS MECA (ADSMECA) Sociedad de Comercio, de este domicilio, inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, el día 9 de agosto de 1.990, bajo el No. 1, Tomo A-40, en contra del ciudadano WILLIAN RAFAEL SALAZAR, venezolano, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad No. V- 5.487.137.- Ahora bien, observa este Tribunal lo siguiente: Señala el Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en relación a la extinción de la instancia, en su Ordinal Primero, lo siguiente: “También se extingue la instancia: 1° Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado….”. De lo trascrito se destaca que la obligación del actor para lograr la citación del demandado se concretaba, al pago de los derechos arancelarios para la practica de la citación y emisión de la compulsa; obligación de pago que fue derogada por la Constitución Vigente de la República Bolivariana de Venezuela, sin embargo, se entiende que subsista la carga de la parte de aportar los fotostatos correspondientes para que el Tribunal forme la compulsa que debe entregar al Alguacil a los fines de que practique la citación del demandado y de proporcionar los medios necesarios para el traslado del mismo a fin de practicar la citación ordenada. Por su parte, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia N° 00537, dictada en fecha 06 de Julio de 2.004, relacionada con las obligaciones o cargas procesales que el demandante debe cumplir en atención a las previsiones del Ordinal 1° y 2° del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, indica lo siguiente: “lo que debe cumplirse dentro de ese lapso de treinta días, son las obligaciones destinadas a lograr la citación importando poco que ésta se practique efectivamente después de esos treinta días.” Además señala que las obligaciones a las que contrae el ordinal 1° y 2° del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil son de dos ordenes, pero ambas destinadas a lograr la citación del demandado, entre ellas la obligación lógica de suministrar la dirección o lugar en el cual se encuentra la persona citada, así como el transporte y gasto de manutención y hospedaje en sus casos. Ahora bien, consta de autos, que en fecha seis (06) de febrero de dos mil nueve (2009), se admitió la demanda, ordenándose la citación del demandado. Asimismo, de autos se evidencia que dicha compulsa fue librada en fecha diecisiete (17) de febrero de dos mil nueve (2009), asimismo se observa que en fecha diecisiete (17) de febrero de dos mil nueve (2009), diligenció la Apoderada Judicial de la parte demandante ratificando la solicitud de Medida Preventiva de Secuestro; en tal sentido, se observa que han transcurrido más de Treinta (30) días desde la admisión de la demanda hasta la presente fecha, sin que la parte actora haya impulsado o gestionado a los fines de hacer efectiva la citación de la parte demandada, por lo que considera esta Juzgadora, que se produjo la Perención de la Instancia, conforme al Artículo 267 del Código de procedimiento Civil en su Ordinal 1°, término de Perención totalmente consumado. Así se decide.- En consecuencia de lo antes expuesto, éste Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA PERIMIDA LA INSTANCIA en la presente demanda de DESALOJO y sus anexos, incoada por la ciudadana GINA MARIA BOCCHINO BILBAO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 11.904.162, abogada en ejercicio e inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 70.985, actuando en su carácter de apoderada judicial de la Sociedad Mercantil ADMINISTRADORA Y SERVICIOS MECA (ADSMECA) Sociedad de Comercio, de este domicilio, inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, el día 9 de agosto de 1.990, bajo el No. 1, Tomo A-40, en contra del ciudadano WILLIAN RAFAEL SALAZAR, venezolano, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad No. V- 5.487.137.- Así se decide.- Asimismo, se suspende la Medida Preventiva de Secuestro decretada por este Juzgado en fecha tres (03) de marzo del año dos mil nueve (2009). Publíquese y Regístrese.- Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en Barcelona a los diecinueve (19) días del mes de enero del año dos mil once (2.011). Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación. La Juez Provisorio; Abg. Adamay Payares Romero El Secretario; Abg. Jairo Villarroel Rodríguez En esta misma fecha, y siendo las nueve y veinticinco (9:25 a.m.) de la mañana, se publicó y registró la anterior sentencia. El Secretario; Abg. Jairo Villarroel Rodríguez.- APR/JVR/dinam.-