REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal de Juicio de Barcelona Barcelona, 14 de julio de 2011 201º y 152º ASUNTO PRINCIPAL : BP01-P-2008-004877 ASUNTO : BP01-P-2008-004877 Visto el escrito presentado por la Dra. JUANA MARIA PADRINO, en su carácter de Defensora del Acusado PEDRO JOSE RUIZ RODRIGUEZ, mediante el cual solicita el decaimiento de la Medida Privativa dictada en la presente causa a su representado el ciudadano PEDRO JOSE RUIZ RODRIGUEZ, por existir en su causa un retardo procesal, basándose en los artículos 244 y 19 de la ley adjetiva penal, así como el ordinal 8° del articulo 49 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela; en virtud, que desde el momento de su detención hasta la presente fecha han transcurrido dos (02) años privado de su libertad, por causas no imputables a su representado ni a la defensa que los asiste en este acto, habiendo asumido en fecha 06-07-11 previa convocatoria por parte de la Presidencia de este Circuito Judicial Penal como Jueza temporal de este Juzgado de Juicio Nº 01 es por lo que me aboco del conocimiento de la presente causa, y de seguida esta juzgadora previamente observa: DE LOS ANTECEDENTES En fecha 16 de Diciembre de 2008, se llevo a cabo por ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, audiencia oral para oír al imputado PEDRO JOSE RUIZ RODRIGUEZ, decretándose en contra del mismo Medida Judicial Privativa Preventiva de Libertad, al encontrarlo presuntamente incurso en la comisión del delito de VIOLACION, previsto y sancionado en el artículo 374 ordinal 1º, del Código Penal Venezolano, cometido en perjuicio del niño JIMMY JASIEL RODRIGUEZ. En fecha 09-01-2009 se recibe acusación y se fija audiencia preliminar para la fecha 06-02-09. En fecha 02 de abril de 2009 se celebra la Audiencia Preliminar correspondiente, y se ordenó la apertura del Juicio Oral y Público en contra del acusado PEDRO JOSE RUIZ RODRIGUEZ por la presunta comisión de los delitos de VIOLACION CONTINUADA, previsto y sancionado en los artículos 374, ordinales 1º y 2º, 99, concatenada con el artículo 77, numerales 6º, 8º y 18º, todos del Código Penal, y la agravante genérica establecida en el artículo 217 de la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente, cometido en perjuicio del niño JIMMY JASIEL RODRIGUEZ. Ahora bien, la causa in comento es recibida en el Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Juicio, encontrándonos pendiente por celebrar el acto de Juicio Oral y Publico el cual se encuentra pautado para el día 20-07-11. CONSTATACION DE LAS CAUSAS DE DIFERIMIENTO DE LOS ACTOS En fecha 06 de febrero de 2009 se difiere el acto de audiencia Preliminar por solicitud de la defensa privada. En fecha 18 de enero de 2010 se difiere el juicio oral y publico observándose entre otros motivos la falta de traslado del imputado e incomparecencia de la defensa privada. En fecha 09 de febrero de 2010 se difiere el juicio oral y publico observándose entre otros motivos la falta de traslado del imputado e incomparecencia de la defensa privada. En fecha 08 de marzo de 2010 se difiere el juicio oral y publico observándose entre otros motivos la falta de traslado del imputado e incomparecencia de la defensa privada. En fecha 16 de julio de 2010 se difiere el juicio oral y publico observándose entre otros motivos la falta de traslado del imputado e incomparecencia de la defensa privada. En fecha 09 de agosto de 2010 se difiere el juicio oral y publico observándose entre otros motivos la falta de traslado del imputado e incomparecencia de la defensa privada. En fecha 28 de marzo de 2011 se difiere el acto de Juicio Oral y Público observándose entre otros motivos la falta de traslado del acusado. En fecha 21 de julio de 2011 se difiere el acto de Juicio Oral y Público observándose entre otros motivos la falta de traslado del acusado. DE LA GRAVEDAD DEL DELITO ATRIBUIDO EN LA ACUSACION FISCAL VIOLACION CONTINUADA, previsto y sancionado en los artículos 374, ordinales 1º y 2º, 99, concatenada con el artículo 77, numerales 6º, 8º y 18º, todos del Código Penal, y la agravante genérica establecida en el artículo 217 de la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente. El principio de proporcionalidad establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, no se aleja para nada de lo que la misma palabra etimológicamente comprende. La Real Academia Española define la palabra proporcional de la siguiente manera: Proporcional: 1.- proporción. 2.- carácter de las cantidades proporcionales entre sí. Sugiere entonces una relación entre dos aspectos. El principio que se estudia establece una relación entre la Medida privativa de Libertad con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable. Este Tribunal estima necesario traer algunos doctrinarios sobre este principio. Jauchen refiere que la privación de la libertad es una excepción y entre las condiciones nos habla del plazo razonable. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos a resuelto que por “plazo razonable” debe entenderse el período transcurrido entre el primer acto procesal o de privación de libertad, en su caso, y la conclusión del proceso incluyendo los recursos que puedan interponerse. Por otro lado, la Corte Europea de Derechos Humanos, ha resuelto que a los fines de establecer el “plazo razonable” es preciso atender a tres elementos: A) La complejidad del asunto B) La actividad procesal del interesado C) La conducta de las autoridades judiciales Las medidas de coerción deben guardar relación con el hecho punible que se atribuye al imputado, con las circunstancias de su pretendida comisión y con la sanción que correspondería a su autor de quedar comprobada su responsabilidad; con la firme orientación a los fines del proceso y que no sea de imposible cumplimiento (Art. 263 del Código Orgánico Procesal Penal) A criterio de quien aquí decide, la relación existente entre la permanencia de la Medida Privativa de Libertad y la gravedad que se ventila en el proceso no depende del transcurso del tiempo pues no fue éste el espíritu, propósito y razón del legislador patrio al contener en la norma del articulo 244: “…ni exceder del plazo de dos años…”. La norma in comento procura evitar permanencias indefinidas de Medidas Privativas de Libertad que pudieran crear incertidumbre al justiciable ocasionando un gravamen irreparable. Este articulo (244) se encuentra estrechamente relacionado con el articulo 1 del Código Orgánico Procesal Penal al establecer: “nadie podrá ser condenado sin un juicio previo, oral y público, realizado sin dilaciones indebidas”. Esta fue la verdadera intención del legislador al establecer el articulo 244, vale decir CELERIDAD PROCESAL (negrita y subrayado del tribunal), pero en ningún caso debe entenderse el decaimiento de la Medida Privativa de Libertad per se, si tomamos en cuenta que el articulo 251 establece el peligro de fuga con unas causales determinadas que no perderían vigencia por el transcurso de los dos años, pues la pena sería la misma. Así que, esta jurisdicente considera que la finalidad del proceso alcanzaría su satisfacción con la realización del juicio oral y publico y si una causa determinada se encuentra en fase de juicio, la realización del mismo no sería un hecho ilusorio y se determinaría la culpabilidad o inculpabilidad del encausado. La Sala Penal en sentencia N° 242 del 26 de mayo de 2009, bajo la ponencia del Magistrado Eladio Aponte Aponte estableció lo siguiente: “…dentro de las consideraciones a tomarse en cuenta para el estudio y otorgamiento de la libertad como producto del decaimiento de la Medida Privativa de Libertad, está la gravedad del delito atribuido en la acusación fiscal, así como las diferentes incidencias en el proceso, a los fines de determinar la existencia de medidas dilatorias imputables o no al imputado y su defensor.” La defensa en su escrito hace la siguiente exposición: “desde el momento de su detención y del auto decretando la Medida Privativa de Libertad, hasta la presente fecha han trascurrido DOS (02) AÑOS privado de su libertad, por causas no imputables a mi representado ni a la defensa que lo asiste en este acto” , es importante acotar que si bien es cierto los imputados se encuentran recluidos dentro de una institución policial o en una cárcel donde la seguridad, vigilancia y control la desarrollan los funcionarios policiales o los funcionarios adscritos al Ministerio del Interior o Justicia, no es menos cierto que los mismos (imputados) obstaculicen sus traslados a la sede del Tribunal, observándose del estudio de las actas que integran la presente causa, que aun cuando no consta oficio alguno del ente facultado a fin de informar los motivos por los cuales no se efectuó el traslado, sin embargo se observa que fueron debidamente libradas las boletas de traslado a fin de garantizar su comparecencia a los actos, no siendo por ello imputable los retardos al órgano jurisdiccional, ha quedado evidenciado que el presente caso se ha visto obstaculizado en su normal desarrollo por causas de diversa índole, estrechamente vinculadas a las faltas del acusado a los actos, y que el mantenimiento de la medida de privación de libertad del acusado PEDRO JOSE RUIZ RODRIGUEZ responde a las circunstancias previamente analizadas, compartiendo plenamente esta Juzgadora el extracto de la sentencia N° 2627 del 12 de agosto de 2005 con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero a la cual refiere la defensa en su escrito, la cual establece lo siguiente: “sin embargo, también ha sostenido reiteradamente la sala, que dicho decaimiento no opera automáticamente, cuando el proceso se ha retardado debido a tácticas procesales dilatorias abusivas de las partes o no imputables al Órgano Jurisdiccional, por cuanto en estos casos una interpretación literal, legalista de la norma no puede llegar a favorecer a aquellos que tratan de desvirtuar la razón de la Ley, obteniendo de mala fe un resultado indebido…”, todo lo cual se traduce en que las dilaciones indebidas en la celebración del juicio en la presente causa obedecen a motivos directamente relacionados con éste, y que a pesar de no serle exclusivo los motivos de diferimentos de actos, han respondido a su conducta irregular, resaltando el Tribunal que no es solo la conducta desplegada en el proceso penal por el acusado lo que toma en consideración para el estudio y otorgamiento de la libertad como producto del decaimiento de la Medida Privativa de Libertad, sino como bien se ha expresado la gravedad del delito atribuido en la acusación fiscal, y no violentar la finalidad del proceso contenida en el articulo 13 del Código Orgánico Procesal Penal. Asimismo en la sentencia N° 242 ut supra identificada, estableció la referida sala “…corresponderá al Tribunal competente, el estudio y consideración de cualquier circunstancia que sea pertinente para adoptar las medidas que fueren necesarias a los fines de asegurarse la permanencia del imputado dentro del proceso y que, la acción del Estado no quede ilusoria, desechando cualquier circunstancia que vaya en detrimento de la causa penal en general”. En la causa sub examine, observa esta Juzgadora que la permanencia de la Medida Privativa de Libertad en contra del ciudadano PEDRO JOSE RUIZ RODRIGUEZ no atentaría contra el estado de libertad, pues de lo contrario se correría el riesgo de violentar la finalidad del proceso contenida en el articulo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, pues es justamente en esta fase que nos encontramos realizando todo lo conducente a los efectos de llevar a cabo la realización del juicio oral y publico, cumpliéndose así con el fin último del espíritu, propósito y razón del articulo 244, que no es otro, que la aplicación de la justicia a través de un juicio oral y publico realizado sin dilaciones indebidas. Por tanto, mediante la articulación de validos criterios de interpretación legal y doctrinario, dentro de la autonomía e independencia que son connaturales a la función jurisdiccional, se concluye en el presente caso, en la necesidad del mantenimiento de la Medida Privativa de Libertad como medida idónea para garantizar la celebración del juicio oral y Público y con ello, la materialización de los fines del presente proceso. Y ASÍ SE DECLARA. DISPOSITIVA Por todas las consideraciones anteriormente expuestas, este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ANZOATEGUI, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, DECLARA SIN LUGAR EL PEDIMENTO interpuesto por la Dra. JUANA MARIA PADRINO, en su carácter de Defensora del Acusado PEDRO JOSE RUIZ RODRIGUEZ y en consecuencia MANTIENE la MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD que le fuera decretada, todo de conformidad con lo consagrado en el Único aparte del artículo 243 del Código Orgánico Procesal Penal, y en un todo de acuerdo con la sentencia N° 242 del 26 de mayo de 2009, bajo la ponencia del Magistrado Eladio Aponte Aponte. Regístrese, Diarícese y Notifíquese a las partes LA JUEZA (S) PRIMERA DE JUICIO ABOG. MARIA A. NERI DE MATA LA SECRETARIA ABOG. SUYIN LOPEZ DE MORILLO.