REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui Barcelona, siete de julio de dos mil once 201º y 152º ASUNTO: BP02-O-2011-000073 El presente recurso extraordinario de Amparo Constitucional fue incoado por el ciudadano ISRAEL JOSE RUIZ, titular de la cédula de identidad número V-8.242.426, debidamente asistido por la Procuradora especiales de trabajadores de Barcelona, abogada KEYLA CONTRERAS, inscrita en el Inpreabogado bajo el N°82.585, , en cuyo escrito aduce que en fecha 06 de enero del 2010, solicito se iniciara procedimiento de reenganche y pago de salarios caídos en contra de la CORPORACION DE VIALÑIDAD E INFRAESTRUCTUTA DEL ESTADO ANZOATEGUI (COVINEA) ante la Inspectoría del Trabajo de Barcelona de conformidad con el artículo 454 de la Ley Orgánica del Trabajo; por cuanto fue despedida al encontrarse amparado por la inamovilidad laboral prevista en el Decreto Presidencial número 6603 de fecha 02 de enero del 1009, pues trabajó ininterrumpidamente para el prenombrado organismo por el lapso de dos años, tres meses y veintiséis días; el cual fue declarado con lugar mediante providencia numero 00361-2010, que habiendo quedado firme la providencia administrativa, procedió a solicitar al ente administrativo que comisionara a un funcionario del trabajo para que se trasladara y se constituyera en la sede de la presunta agraviante; que el 03-08-2010 se materializó tal traslado y en virtud de la negativa de la representación legal de la CORPORACION DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO Anzoátegui en cumplir con la providencia administrativa, solicitó la apertura del procedimiento de multa; que en fecha 24 de septiembre del 2010 la Inspectoría del Trabajo dicta providencia administrativa en la cual encuentra incursa a la tan mencionada institución en el supuesto establecido en el artículo 639 de la Ley Orgánica del Trabajo por su desobediencia a la orden emanada del funcionario del trabajo, por lo que conforme a las previsiones de las Ley orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y la Ley Orgánica del Trabajo, solicita constitucionalmente el restablecimiento de la situación infringida, la cual es el derecho al trabajo, a la estabilidad en el mismo. En fecha 21-12-2010 fue presentada la presente acción ante el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Región Nor-oriental, siendo recibido el mismo en la misma fecha, sien embargo en fecha 09-06-2011 procedió el referido Juzgado a declararse incompetente para conocer del mismos conforme al criterio sustentado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ordenando la remisión inmediata del presente asunto a este Tribunal, siendo recibido el mismo en fecha 30-06-2011. Este Tribunal, para emitir pronunciamiento, realiza las siguientes consideraciones: El quejoso fundamente su pretensión de tutela constitucional, con ocasión a un procedimiento de reenganche y pago de salarios caídos interpuesto por ante la Inspectoría del Trabajo de la ciudad de Barcelona del Estado Anzoátegui, dictado a su favor en fecha 22-06-2010, en cuya Providencia Administrativa número 00361-2010, se ordenó a la CORPORACION DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO ANZOATEGUI (COVINEA), el reenganche y correspondiente pago de salarios caídos del ciudadano ISRAEL JOSE RUIZ, la cual no fue acatada por la mencionada institución, ordenándose la ejecución forzosa de la misma y la imposición de la multa correspondiente. Pues bien, a los fines de verificar los requisitos de admisibilidad previstos en la Ley especial que regula el procedimiento de amparo y siguiendo el criterio de la sentencia de fecha 14-12-2006, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, caso GUARDIANES VIGIMAN SRL., que regula la ejecución de las providencias administrativas, debe examinarse in limine litis los siguientes requisitos: 1.- Que no hayan sido suspendidos los efectos del acto administrativo cuya ejecución se solicita o declarado su nulidad. 2.- Que exista una abstención de la administración en ejecutar su acto y/o contumacia del patrono en ejecutarlo; 3.- Que exista violación a derechos constitucionales del trabajador beneficiario con el acto administrativo; 4.- Que no sea evidenciable que la autoridad administrativa haya violentado alguna disposición constitucional. En el presente caso, se encuentran llenos los requisitos exigidos en los numerales 1,2 y 3; sin embargo en cuanto al numeral 4, el tribunal observa lo siguiente: el patrono obligado por la Providencia número 00361-2010 dictada por la Inspectoría del Trabajo Alberto Lovera, sede Barcelona, en fecha 22-06-2010, es una empresa del Estado Anzoátegui, cuyo capital social esta constituido por el 98% por la Gobernación del Estado Anzoátegui, y u 2% de Puertos de Anzoátegui, por ende, goza de privilegios y prerrogativas procesales a tenor de lo previsto en la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado Anzoátegui; en ese orden de ideas, de la revisión de cada uno de los documentos que en copia certificada fueron acompañados al recurso de amparo, en modo alguno se evidencia que se hubiere acatado las normativas contempladas para lograr la ejecución voluntaria ni forzosa de la decisión dictada tal envergadura tal como lo prevé los artículos 65 y siguiente de la referida ley; normas que, en criterio de quien decide, deben ser de impretermitible cumplimiento por el órgano administrativo del trabajo, más aún cuando los casos de estabilidad laboral llevan implícita una orden de pago de salarios caídos que exige la correspondiente disponibilidad presupuestaria del organismo en cuestión; aspectos que fueron inadvertidos en este procedimiento instaurado por el ciudadano ISRAEL JOSE RUIZ, lo cual se traduce en una flagrante violación al debido proceso, toda vez que resulta paradójico hacer valer un derecho constitucional de estabilidad laboral, pasando por desapercibido los privilegios procesales que detenta el obligado. Siendo así, considera este juzgado que la administración en modo alguno respeto las normas legales para la ejecución de la providencia administrativa dictada y que ordenara la restitución al puesto de trabajo de quien hoy recurre, mas por el contrario se subvirtió el proceso de ejecución al conculcar los privilegios procesales del Estado, en consecuencia, en el presente caso no debe acordarse la tutela jurídica invocada por cuanto la pretensión deducida por la parte es ilegitima en virtud de no haberse cumplido con los extremos exigidos por la Ley para la ejecución de la providencia administrativa, razón por la cual la presente acción de amparo constitucional debe ser declarada inadmisible, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales y así se declara. En mérito de los razonamientos de hecho y de derecho antes expuestos, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, actuando en sede Constitucional, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE IN LIMINE LITIS la acción de amparo constitucional incoada por el ciudadano ISRAEL JOSE RUIZ en contra de la CORPORACION DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO ANZOATEGUI, conforme a lo establecido en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Publíquese y regístrese. Déjese copia certificada. Dada, firmada y sellada, en la Sala de Despacho, del Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en Barcelona, a los siete (07) días del mes de Julio de dos mil once (2011). La Juez, María Auxiliadora Chávez Rodríguez La Secretaria, Abg. Evelin Lara García En esta misma fecha se registró en el sistema JURIS2000 y se cumplió con lo ordenado.- La Secretaria, Abg. Evelin Lara García.