REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui En Sede Constitucional Barcelona, dos de mayo de dos mil once 201º y 152º ASUNTO: BP02-O-2011-000035 PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIADA: LOURDES DEL CARMEN TORRES, venezolana, mayor de edad, con cédula de identidad número 10.202.812. ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIADA: MARYORIS DE LIRA, Abogada, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 91.859. PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIANTE: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA MOTIVO: ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL. En fecha 29 de abril de 2011, este Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, actuando en sede constitucional, le dio entrada al presente asunto. Encontrándose el Tribunal, en la oportunidad para emitir pronunciamiento respecto a la continuación del proceso, realiza las siguientes consideraciones: I La presunta agraviada fundamenta su pretensión de tutela constitucional, en los siguientes términos: - Que con ocasión a un procedimiento de reenganche y pago de salarios caídos, la Inspectoría del Trabajo de la ciudad de Barcelona Estado Anzoátegui, dictó en fecha 13 de septiembre de 2010 la Providencia Administrativa número 00541-2010, en la cual ordenó a la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA, el reenganche y correspondiente pago de salarios caídos de la hoy actora. - Que en fecha 25 de octubre de 2010, se trasladó una funcionaria de la Inspectoría del Trabajo a realizar el reenganche forzoso, negándose el patrono a dar cumplimiento a la providencia dictada. - Que se solicitó la apertura del correspondiente procedimiento sancionatorio que concluyó con imposición de multa en contra de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA, agotando la vía administrativa. En razón de la negativa de la parte accionada a acatar la decisión administrativa del órgano con competencia laboral, la parte actora solicita por la vía de Amparo Constitucional, la reincorporación a sus labores habituales y el cumplimiento de los salarios caídos, pues con tal conducta omisiva, se violentan los derechos constitucionales previstos en los artículos 87, 89, 93 y 95 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 449 de la Ley Orgánica del Trabajo y el artículo 2 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. II Así las cosas y en cuanto a la competencia de los Juzgados de Primera Instancia del Trabajo para conocer de este tipo de acciones, se observa que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia número 955, de fecha 23 de septiembre de 2010, estableció lo que de seguidas se transcribe en forma parcial: “De lo anterior se colige que aun cuando las Inspectorías del Trabajo sean órganos administrativos dependientes -aunque desconcentrados- de la Administración Pública Nacional, sus decisiones se producen en el contexto de una relación laboral, regida por la Ley Orgánica del Trabajo, razón por la cual debe atenerse al contenido de la relación, más que a la naturaleza del órgano que la dicta, para determinar que el juez natural en este caso no es el contencioso administrativo, sino el laboral. Una relación jurídica denominada relación de trabajo, expresada y manifestada por la fuerza de trabajo desplegada por los trabajadores, que exige un juez natural y especial, para proteger la propia persona de los trabajadores. En fin, la parte humana y social de la relación. En efecto, los órganos jurisdiccionales especializados en los conceptos debatidos en las distintas pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo (derecho al trabajo y a la estabilidad en el trabajo), sea que se trate, entre otras, de la pretensión de nulidad a través del recurso contencioso administrativo, sean las pretensiones relativas a la inejecución de dichos actos como consecuencia de la inactividad de la Administración autora o bien del sujeto obligado -el patrono o el trabajador- para su ejecución o, por último, sea que se trate de pretensiones de amparo constitucional con fundamento en lesiones que sean causadas por el contenido o por la ausencia de ejecución de dichos actos administrativos; son los tribunales del trabajo…omissis Con fundamento en las consideraciones que se expusieron, y en ejercicio de la facultad de máximo intérprete del Texto Constitucional, esta Sala deja asentado el siguiente criterio, con carácter vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República: 1) La jurisdicción competente para el conocimiento de las distintas pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo, es la jurisdicción laboral. 2) De los tribunales que conforman esta jurisdicción, el conocimiento de las pretensiones antes especificadas corresponde, en primera instancia, a los Tribunales de Primera Instancia del Trabajo y en segunda instancia, a los Tribunales Superiores del Trabajo…” (Subrayado de este Tribunal). En sintonía con el anterior criterio judicial y en aras de una interpretación lógica, integral y sistemática de los criterios judiciales que en materia de amparo constitucional ejercidos contra providencias administrativas se venían aplicando de manera pacífica y vinculante por los Tribunales de la República (sentencias de la Sala Constitucional del Alto Tribunal números 1318, 238 y 588 de fechas 02 de agosto de 2001, 14 de diciembre de 2006 y 10 de junio de 2010, respectivamente), debe concluirse que al haber sido atribuido a los órganos jurisdiccionales laborales el conocimiento de las demandas de nulidad en contra de este tipo de decisiones provenientes de la Inspectoría del Trabajo, en el ejercicio de esa misma competencia, se tiene la potestad para resolver los conflictos que surjan con motivo de la ejecución de esas providencias que han quedado firmes en sede administrativa, esto es, conocer de los problemas de ejecución que se susciten, cuando se interpongan acciones de amparo relacionadas con esta materia. En mérito de ello, este Tribunal del Trabajo se declara competente para conocer de la presente causa. Así se establece. III Ahora bien, a los fines de verificar los requisitos de admisibilidad previstos en la Ley especial que regula el mecanismo de amparo y en sujeción a la doctrina imperante en esta materia (sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia número 2308 de fecha 14 de diciembre de 2006), se constata en primer término que el patrono obligado por la Providencia número 627-2010 dictada por la Inspectoría del Trabajo Alberto Lovera, sede Barcelona, en fecha 5 de octubre de 2010, es un organismo del Poder Judicial, que depende jerárquica y funcionalmente de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, que tiene atribuidas las funciones de dirección, gobierno y administración del poder judicial, por ende, goza de privilegios y prerrogativas procesales de la República; en segundo lugar, de la revisión de cada uno de los documentos que en copia certificada fueron acompañados al recurso de amparo, en modo alguno se evidencia que se hubieren acatado las normativas contempladas para lograr la ejecución voluntaria ni forzosa de una decisión en contra de un organismo público, verbigracia, las previstas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; normas que, en criterio de quien decide (tal como igualmente se sostuvo en decisión del 1 de abril de 2011, asunto: BP02-O-2011-000026, caso: CORANZTUR), deben ser igualmente cumplidas por el órgano administrativo del trabajo, más aún cuando en los casos como el de procedimientos de reenganche existe aparejada una orden de pago de salarios caídos que exige la correspondiente previsión y disponibilidad presupuestaria. Consecuentemente con lo anterior, se aprecia que el acto cuya ejecución hoy se demanda, deviene de un procedimiento donde no se respetaron los privilegios procesales del Estado Venezolano, por lo que mal puede crear derechos en cabeza de la actora y menos aún, pretender su tutela jurisdiccional. Ello así, se estima que la recurrente en amparo en modo alguno agotó -en la forma legal prevista- la vía ordinaria para obtener el cumplimiento de la medida administrativa dictada y que ordenara la restitución a su puesto de trabajo, no pudiendo ser considerada la acción extraordinaria de amparo como el mecanismo que sustituya aquéllos legalmente previstos; en razón de lo cual y en sujeción a la doctrina judicial vinculante en materia de amparo constitucional, que sostiene que no se puede admitir el amparo, si el accionante disponía de recursos ordinarios no ejercidos previamente, la presente acción debe ser declarada inadmisible, conforme a lo establecido en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y así se decide. IV Por los razonamientos que anteceden, este Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, actuando en sede Constitucional, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE IN LIMINE LITIS la acción de amparo constitucional incoada por la ciudadana LOURDES DEL CARMEN TORRES en contra de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA para que diera cumplimiento a la providencia administrativa dictada por la Inspectoría de Trabajo Alberto Lovera de Barcelona número 541-2010 de fecha 13 de septiembre de 2010. Publíquese y regístrese. Déjese copia certificada para los archivos del Tribunal. Cúmplase. Dada, firmada y sellada, en la Sala de Despacho, del Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en Barcelona, a los dos (2) días del mes de mayo de dos mil once (2011). La Juez Temporal, Abg. Zoraida B. Mejía Carvajal La Secretaria, Abg. Evelín Lara García En esta misma fecha se registró en el sistema juris2000 y se cumplió con lo ordenado.- La Secretaria, Abg. Evelín Lara García