REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui Barcelona, veintiocho de noviembre de dos mil once 201º y 152º ASUNTO: BP02-O-2011-000178 El presente recurso extraordinario de Amparo Constitucional fue incoado por la ciudadana CARLA MARÍA SILVA MARTINEZ , titular de la cédula de identidad número V-15.154.414, debidamente asistida por la Procuradora Especial de Trabajadores NORYS MARÍN MACHADO, abogada en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el número 80.719, en cuyo libelo aduce, entre otras cosas, que en fecha 02 de junio del 2010, fue admitido el procedimiento de reenganche y pago de salarios caídos en contra de la PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA VENEZOLANA DE ALIMENTOS PDVAL, con un tiempo de servicio efectivo de un (1) año, 11 (once) meses, que comenzó a prestar servicios en fecha 02-06-2008, siendo despedida en fecha 20-05-2010, estando amparada por la inamovilidad laboral derivada del Decreto Presidencial Nº 7.914; manifestando que fue despedida sin que se cumpliera con los requisitos y formalidades establecidos en las leyes, que la Inspectoría del Trabajo en el Municipio Simón Bolívar declara con lugar la referida solicitud, dictando una providencia administrativa bajo el número 00224-2011 de fecha 05-05-2011, ordenando el reenganche inmediato y el correspondiente pago de los salarios caídos, cuyo expediente administrativo fue signado con la nomenclatura 003-2010-01-00483, que en fecha 10 de mayo del 2011, la accionada fue debidamente notificada para que hiciera efectivo el reenganche; que en fecha 01 de junio del mismo año, la funcionaria del trabajo designada se trasladó a las instalaciones de la empresa (sic), obteniendo como resultado el desacato de la providencia administrativa, solicitándose el procedimiento sancionatorio y la multa sucesiva, por lo que mediante la acción de amparo constitucional solicita a este tribunal acuerde y ordene el restablecimiento de la situación jurídica infringida, conforme a las previsiones de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. En fecha 21-11-2011 fue presentada la presente acción ante la URDD, siendo recibido el asunto en fecha 22 del mismo mes y año. Ahora bien, este tribunal para emitir pronunciamiento, realiza las siguientes consideraciones: La quejosa, antes identificada, fundamenta su pretensión de tutela constitucional con ocasión a un procedimiento de reenganche y pago de salarios caídos interpuesto por ante la Inspectoría del Trabajo Alberto Lovera del Estado Anzoátegui, dictado a su favor en fecha 05-05-2011, en cuya Providencia Administrativa número 00224-2011, se ordenó a la empresa PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA VENEZOLANA DE ALIMENTOS PDVAL, su reenganche y el correspondiente pago de salarios caídos, la cual no fue acatada por la mencionada institución, ordenándose la ejecución forzosa de la misma y la imposición de la multa correspondiente. Pues bien, a los fines de verificar los requisitos de admisibilidad previstos en la Ley especial que regula el procedimiento de amparo y siguiendo el criterio de la sentencia de fecha 14-12-2006, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, caso GUARDIANES VIGIMAN SRL., que regula la ejecución de las providencias administrativas, debe examinarse in limine litis los siguientes requisitos: 1.- Que no hayan sido suspendidos los efectos del acto administrativo cuya ejecución se solicita o declarado su nulidad. 2.- Que exista una abstención de la administración en ejecutar su acto y/o contumacia del patrono en ejecutarlo; 3.- Que exista violación a derechos constitucionales del trabajador beneficiario con el acto administrativo; 4.- Que no sea evidenciable que la autoridad administrativa haya violentado alguna disposición constitucional. En el presente caso, se encuentran llenos los requisitos exigidos en los numerales 1, 2 y 3; sin embargo, en cuanto al numeral 4, el tribunal observa lo siguiente: el patrono obligado por la Providencia número 00224-2011, dictada por la Inspectoría del Trabajo del Municipio Simón Bolívar del Estado Anzoátegui, en fecha 05-05-2011, es la PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA VENEZOLANA DE ALIMENTOS PDVAL, un ente que goza de privilegios y prerrogativas procesales a tenor de lo previsto en la Ley de Hacienda Pública y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; por ser patrimonio integro del estado venezolano, en ese orden de ideas, de la revisión de cada uno de los documentos que en copia certificada fueron acompañados al recurso de amparo, en modo alguno se evidencia que se hubieren acatado las normativas contempladas para lograr la ejecución voluntaria ni forzosa de la decisión dictada, tal como lo prevén las leyes aludidas; normas que, en criterio de quien decide, deben ser de impretermitible cumplimiento por el órgano administrativo del trabajo, más aún cuando los casos de estabilidad laboral llevan implícita una orden de pago de salarios caídos que exige la correspondiente disponibilidad presupuestaria del organismo en cuestión; aspectos que fueron inadvertidos en este procedimiento instaurado por la ciudadana Carla Silva, lo cual se traduce en una flagrante violación al debido proceso, toda vez que resulta paradójico hacer valer un derecho constitucional de estabilidad laboral, pasando por desapercibido los privilegios procesales que detenta el obligado, cuyo objeto social es la distribución alimentaria, que es de interés preponderante en la nación, y así se establece. Siendo así, considera este juzgado que la administración en modo alguno respetó las normas legales para la ejecución de la providencia administrativa dictada que ordenara la restitución al puesto de trabajo de quien hoy recurre, mas por el contrario, se subvirtió el proceso de ejecución al conculcar los privilegios procesales del estado, en consecuencia, en el presente caso no debe acordarse la tutela jurídica invocada por cuanto la pretensión deducida de la parte agraviada es ilegitima, en virtud de no haberse cumplido con los extremos exigidos por la Ley para la ejecución de la providencia administrativa, razón por la cual la presente acción de amparo constitucional debe ser declarada inadmisible, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y así se declara. En mérito de los razonamientos de hecho y de derecho antes expuestos, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, actuando en sede Constitucional, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE IN LIMINE LITIS la acción de amparo constitucional incoada por el ciudadana CARLA MARÍA SILVA MARTÍNEZ en contra de la PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA VENEZOLANA DE ALIMENTOS PDVAL, conforme a lo establecido en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Publíquese y regístrese. Déjese copia certificada. Dada, firmada y sellada, en la Sala de Despacho, del Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en Barcelona, a los veintiocho (28) días del mes de noviembre del dos mil once (2011). La Juez, María Auxiliadora Chávez Rodríguez La Secretaria, Lourdes Romero En esta misma fecha se registró en el sistema JURIS 2000 y se cumplió con lo ordenado.- La Secretaria, Lourdes Romero.