JUEZ: HELEN PALACIO GARCÍA. ASUNTO PRINCIPAL: BH03- M-2002-000034 PARTE DEMANDANTE: ANGELO PILOLLI CRAMAROSSA, venezolano, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad Nro. V- 8.200.0623. APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: JOSE MANUEL OLLEROS CASTRO, GUSTAVO ADOLFO MORENO MEJIAS, MARIA NANCY VEIGA TABOADA y JUAN CARLOS DÍAZ GOMEZ, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 41.451, 12.073, 41.493 y 64.957, respectivamente. PARTE DEMANDADA: TOUCH FINE C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil de la circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en fecha 13 de Septiembre de 1994, bajo el Nro. 27, tomo A-63, CONSORCIO FINANCIERO INTERNACIONAL L.C, C.A, inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda de fecha 1 de febrero de 1985, bajo el Nº 35, Tomo 17-A PRO, y cuyo cambio de denominación social fue inscrito por ante la citada Oficina de Registro Mercantil de fecha 3 de julio de 1998, inserto bajo el Nº 55, Tomo 32-A Cto. y RAIMUNDO JOSE SANTA MARTA DEVIS, venezolano, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad Nro. V- 4.521.143. APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: JOSE ANTONIO BOUZA, GIOVANNA INDELICATO, ALBERTO TIPOLDI, JOSE ESPILDORA y EDUARDO ALBORNOZ, debidamente inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 22.573, 24.643, 58.896, 59.532 y 87.055 MOTIVO: COBRO DE BOLÍVARES POR VÍA EJECUTIVA. I NARRATIVA Se inicia el presente juicio mediante demanda presentada en fecha 11 de Octubre de 2001, la cual fue admitida mediante auto de fecha 22 de Octubre de 2001. Ahora bien, de la revisión del expediente se evidencia que desde el día 19 de Marzo de 2002, no se realizan actuaciones procesales y la causa se encuentra paralizada por la inactividad de las partes, circunstancia que obliga examinar la ocurrencia de la perención de la instancia. II De conformidad con las facultades conferidas a este Tribunal por el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, este despacho procede de oficio a hacer el siguiente pronunciamiento: La figura de la Perención es una institución procesal en virtud de la cual opera la extinción de la instancia por inactividad del proceso durante el lapso establecido por el legislador. La Doctrina ha señalado que la Perención es una de las formas anormales de la terminación del proceso. Al Estado no le interesa mantener indefinidamente los juicios, pues ello perturba la paz social, jurídica y económica de la colectividad otorgándose, en consecuencia, mecanismos legislativos que permiten a las partes emplear vías extrajudiciales. Al respecto el ilustre maestro Rengel Romberg dice que: “La perención de la instancia es una figura que extingue el proceso, no ya por un acto de parte, sino por la inactividad de las partes durante un cierto tiempo”. Etimológicamente, la palabra perención viene del vocablo latino perimire perention, que significa extinguir, e instancia de instare, que resulta de la composición in y el verbo stare, por lo que técnicamente se definiría como el aniquilamiento de la instancia por la inacción o inercia en el proceso, mediante un tiempo determinado por la ley, que debe ser voluntaria. Por su naturaleza, la perención es de orden público, y así lo tiene establecido el Máximo Tribunal de Justicia en varias sentencias, entre las cuales cabe citar la siguiente: “…Nuestro sistema es más radical, acogiendo como se ha dicho, el sistema italiano; la perención conforme al texto del artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, se verifica de derecho, vale decir ope legis, independientemente del requerimiento de la parte interesada y la consiguiente declaratoria judicial, lo cual no vendría sino a ratificar lo que virtualmente estaba consumado, pues la perención se opera desde el momento mismo en que ha transcurrido el término prescrito por la ley, ya que, conforme a la enseñanza de la tradicional doctrina sobre ella, existe con antelación a la solicitud de la parte interesada en hacerla valer”.- En nuestra Ley procesal, la Perención se encuentra regulada en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes”. Todos estos extremos se han verificado en la presente causa por lo que resulta procedente perimirla y así se declara. III En virtud del anterior razonamiento este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara la PERENCION DE LA INSTANCIA en el presente juicio, produciéndose los efectos establecidos en los artículos 270 y 271 del Código de Procedimiento Civil. De conformidad con lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil no ha lugar a costas. Publíquese, Regístrese y Déjese copia. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, a los veintiocho días del mes de septiembre del año dos mil once (2.011). Años: 201° de la Independencia y 152° de la Federación. LA JUEZ, DRA. HELEN PALACIO GARCÍA. LA SECRETARIA, ABG. MARIEUGELYS GARCÍA CAPELLA. En la misma fecha de hoy, 28 de septiembre de 2011, siendo las 10:10: a.m., se dictó y publicó la anterior sentencia, previas las formalidades de Ley. Conste, LA SECRETARIA, ABG. MARIEUGELYS GARCÍA CAPELLA HPG/Eugenio.