REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui Barcelona, quince de septiembre de dos mil once 201º y 152º ASUNTO: BP02-O-2011-000110 PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIADA: JOSÈ ANTONIO PERALES NAVARRO, venezolano, mayor de edad y titular de la cedula de identidad numero V-08.334.478. ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIADA: DAMARYS DE NOBREGA BRITO, inscrita en el Inpreabogado bajo el numero 98.283. PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIANTE: EDITORIALES RG DE ORIENTE C.A., sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui bajo el número 45, tomo A-39, de fecha 14-07-2004. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIANTE: ÀNDRES E. RODRÌGUEZ FERNÀNDEZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el numero 77.163. REPRESENTANTE DE LA VINDICTA PÚBLICA: HARRINSON RAFAEL GONZALEZ GARCIA, titular de la Cédula de Identidad numero 10.498.273. ASUNTO: AMPARO CONSTITUCIONAL CON MOTIVO A EJECUCION DE PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA. En fecha 31 de agosto del 2011, el ciudadano JOSE ANTONIO PERALES NAVARO presenta por ante la URDD, acción de Amparo Constitucional en contra de la sociedad mercantil EDITORIALES RG DE ORIENTE C.A., mediante la cual pretende que se de cumplimiento a la Providencia Administrativa dictada a su favor por la Inspectoría del Trabajo del Estado Anzoátegui, Alberto Lovera, con sede en Barcelona, Número 00067-2011, de fecha 10 de febrero del 2011 en la que se ordeno su reenganche y el pago de salarios caídos, siendo recibida la misma en fecha 02-09-2011 por este Juzgado. En fecha 05-09-2011, tribunal procedió admitir la acción, ordenando la consiguiente notificación de la empresa presuntamente agraviante, de la Inspectoría del Trabajo Alberto Lovera de Barcelona como emisor de la providencia administrativa cuya ejecución se reclama, como del Ministerio Público. Una vez a derecho las partes, se procedió a fijar oportunidad para la Audiencia Pública Constitucional, la cual se llevó a cabo el día 14 de septiembre del 2011, compareciendo tanto la parte accionante, la parte presuntamente agraviante como la representación del Ministerio Público. Oída como fue la presunta agraviada quien procedió a ratificar su solicitud de amparo constitucional, mientras que la sociedad mercantil EDITORIALES RG DE ORIENTE C.A., señala al tribunal que debe ser declarado inadmisible la presente acción de amparo constitucional por cuanto el ciudadano JOSE ANTONIO PERALES NAVARRO no agoto la vía administrativa para ejercer la presente vía extraordinaria. Mientras que, el representante de la Vindicta Pública, señala al tribunal la procedencia de la presente acción por cuanto se encuentran llenos los extremos exigidos a tales fines. De seguidas se procedió admitir y evacuar las pruebas aportadas de la agraviada, el Tribunal dicto la decisión en la misma oportunidad. Ahora bien, establecido lo anterior y siendo que el ciudadano JOSE ANTONIO PERALES NAVARRO, presunto agraviado, fundamenta su pretensión de tutela constitucional, alegando: - Que con ocasión a un procedimiento de reenganche y pago de salarios caídos que intentara, la Inspectoría del Trabajo de la ciudad de Barcelona Estado Anzoátegui, dictó la Providencia Administrativa número 00067-2011, en la cual se ordenó a la empresa EDITORIALES RG DE ORIENTE C.A., a su reenganche y correspondiente pago de salarios caídos. - Que en fecha 11 de abril del 2011, la Inspectoría del Trabajo se trasladó junto con el trabajador a las instalaciones de la sociedad mercantil EDITORIALES RG DE ORIENTE C.A., para cumplir con lo ordenado y que ésta empresa no acató la providencia administrativa, por lo que se solicitó la apertura del procedimiento sancionatorio, agotando la vía administrativa. - Que en razón de la negativa de la empresa accionada en acatar la decisión administrativa del órgano con competencia laboral, solicita por la vía de Amparo Constitucional, la reincorporación a sus labores habituales y el cumplimiento de los salarios caídos, conforme lo disponen los artículos 27, 87, 89, 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 24, 32, 33 y 379 de la Ley Orgánica del Trabajo. Respecto a los elementos de prueba incorporados a las actas procesales por la parte actora y que fueran oportunamente admitidos durante el desarrollo de la Audiencia Constitucional, se observa: Copia certificada de expediente administrativo identificado 003-2010-01-01072 contentiva de procedimiento de reenganche y pago de salarios caídos incoado por el ciudadano JOSE ANTONIO PERALES NAVARRO en contra de la empresa EDITORIALES RG DE ORIENTE C.A., con eficacia probatoria al tratarse de un documento público administrativo, el cual el tribunal le da pleno valor probatorio en cuanto al hecho que la parte actora agotó la vía ordinaria ante lo que califica un despido injustificado mediante la tramitación de un procedimiento de solicitud de reenganche y pago de salarios caídos por ante la Inspectoría del Trabajo, obteniendo una decisión a su favor en fecha 10-02-2011; b) que la mencionada empresa no acató voluntariamente la orden emanada de ese órgano administrativo del trabajo; c) que ante el desacato, se solicitó el inicio de un procedimiento sancionatorio de multa; y d) que en fecha 16 de Mayo del 2011 mediante providencia administrativa número 00194-2011 se le impuso multa a la empresa EDITORIALES RG DE ORIENTE C.A. por la cantidad de Bs.1.407,47 por cada día de retraso. Analizadas las pruebas aportadas por la parte recurrente en amparo en la presente causa, y vista la contumacia de la empresa EDITORIALES RG DE ORIENTE C.A., de dar cumplimiento a la Providencia Administrativa que nos ocupa, violando flagrantemente los derechos constitucionales al trabajo y a la estabilidad laboral de la ciudadana JOSE ANTONIO PERALES NAVARRO, forzoso es para este Tribunal declarar con lugar la pretensión constitucional interpuesta. Así se resuelve. En mérito de las precedentes consideraciones, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, actuando en Sede Constitucional, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: CON LUGAR la acción de amparo constitucional intentada por el ciudadano JOSE ANTONIO PERALES NAVARRO en contra de la empresa EDITORIALES RG DE ORIENTE C.A., antes identificados, en virtud del incumplimiento de la Providencia Administrativa número 00067-2011 de fecha 10 de Febrero del 2011 dictada por la Inspectoría de Trabajo Alberto Lovera, sede Barcelona, Estado Anzoátegui y, en consecuencia, se ORDENA a dicha sociedad de comercio, su ejecución inmediata e incondicional en los términos del artículo 30 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, esto es, reponer al trabajador JOSE ANTONIO PERALES NAVARRO, con cédula de identidad número 8.334.478, a su lugar de trabajo, en las mismas condiciones en las que venía desempeñando sus actividades laborales, con el consecuente pago de los salarios caídos. En sujeción a lo regulado en el artículo 32, literal c) de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se concede el lapso de tres (3) días hábiles siguientes a la presente fecha para el cumplimiento voluntario de lo aquí resuelto. Fenecido dicho lapso, sin que la empresa EDITORIALES RG DE ORIENTE C.A acate esta decisión, se ordenará librar oficio al Juzgado de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, que por distribución corresponda, acompañándose copia certificada de la presente decisión, a los fines de su ejecución, con la advertencia sobre su exposición a sanciones penales y a la remisión al Ministerio Público de copia certificada de este expediente, en caso de desacato. Se condena en costas a la parte perdidosa, de conformidad con el artículo 33 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. El presente Mandamiento de Amparo Constitucional debe ser acatado por todas las autoridades de la República, so pena de incurrir en desobediencia a la Autoridad, en atención a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. La presente decisión podrá ser objeto de apelación dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la publicación del presente fallo, de acuerdo a sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia número 7 de fecha 01 de febrero de 2000. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada para los archivos del Tribunal. Cúmplase con lo ordenado. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en la ciudad de Barcelona, a los quince (15) días del mes de Septiembre del dos mil once (2011). La Juez, María Auxiliadora Chávez Rodríguez. El Secretario Accidental, José Antonio Guarapana. En esta misma fecha se registró y publicó siendo las ocho y cuarenta y cinco de la mañana (08:45 A.m.) El Secretario Accidental., José Antonio Guarapana.