REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Corte de Apelaciones
Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui
Barcelona, 14 de diciembre de 2012
201º y 152º
ASUNTO PRINCIPAL: BP01-O-2012-000051
PONENTE: Dra. LINDA FERNANDA SILVA
Se recibió ante esta Corte de Apelaciones, actuando en Sede Constitucional, acción de Amparo Constitucional interpuesto por la ciudadana KATIUSKA YESENIA LOZANO DE ACEVEDO con cédula de identidad Nº 13.156.660, en su carácter de esposa del ciudadano ARMANDO JOSE ACEVEDO MARCANO con cédula de identidad Nº 12.519.591; de conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en virtud de la dilación en la que presuntamente ha incurrido el Tribunal de Control Nº 1 de este Circuito Judicial Penal, extensión El Tigre, para pronunciarse en cuanto a una solicitud de medida cautelares menos gravosa, en razón del estado de salud del agraviado.
DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA PRESENTE ACCIÓN
Señala la accionante, entre otras cosas:
“Yo Katiuska Yesenia lozano de Acevedo… en mi carácter de esposa del ciudadano Armando José Acevedo Marcano Ocurro a usted respetuosamente a fin de solicitar una acción de amparo constitucional de acuerdo a lo establecido en la Carta Magna de la República Bolivariana de Venezuela… En consecuencia expongo… El día 12,09,2012 se presenta mi esposo de manera voluntaria y sin ser solicitado por organismo de seguridad alguno hasta la fecha, en la sede del CICPC sub- delegación el tigre, siendo detenido a las 16:00hrs del mismo día por la presunta comisión del delito de robo agravado, sin orden de ningún juez ese mismo día fue golpeado, ultrajo y sometido a torturas por parte de los efectivos… que lo detuvieron a fin de obtener una confesión de un hecho punible que supuestamente había cometido en fecha 04-09-2012,… El día 13-09-2012- es llevado al hospital del seguro social de la ciudad del tigre (sic)… y ese mismo día… es la juez de control del circuito judicial No1 del estado Anzoátegui… quien emite una orden de arresto… y el día 14 de ese mismo mes es presentado ante un tribunal a solicitud de la fiscalía 4ta del ministerio público… En dicha audiencia se le dicta una medida privativa de libertad… en franco antagonismo con la mencionada constitución…
De igual forma en este mismo proceso… se le solicito a la ciudadana juez una medida menos gravosa en contra del imputado debido a que presentaba una condición de salud crítica…
…no es sino hasta la fecha 06 de noviembre de los presentes, que la mencionada Juez dicta una medidas cautelares sustitutivas de libertad… artículo 256 ordinal 1º. En acatamiento a dicha medida se solicita permiso al tribunal de manera urgente para realizar exámenes de control por infección de toxoplasmosis en fecha 13 de noviembre y la ciudadana juez se pronuncia el 27 de noviembre día de la audiencia preliminar haciendo caso omiso de los ya mencionados artículos 81,83 26 del texto constitucional… Ahora bien egregio magistrado es que tenga a bien acordarle una medida cautelar menos gravosa que el arresto domiciliario ya que debe tener extremo cuidado de urgencia médica y la aplicación de la medicación adecuada por su particular e incurable padecimiento en distintos centros de salud de ciudad bolívar Edo bolívar y en la ciudad de caracas y en vista de la dilación de el tribunal de control 1º… para acordar un pronunciamiento a una solicitud, que es de carácter Urgente y necesario para mantener un estado de salud que prolongue la vida y haga posible el disfrute de los derechos consagrados en la constitucional de la republica…
…es justicia que espero merecer a los treinta (30) días del mes de noviembre de dos mil doce…”
DE LA COMPETENCIA DE ESTA CORTE DE APELACIONES ACTUANDO COMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Ahora bien, en virtud que el presunto agraviante es un Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, extensión El Tigre esta Corte de Apelaciones, actuando en sede Constitucional se DECLARA COMPETENTE para conocer el presente Amparo Constitucional, atendiendo a la naturaleza jurídica de los derechos presuntamente vulnerados, así como al presunto agraviante, pues tratándose de un Tribunal de Primera Instancia, su Superior es este Tribunal Colegiado; ello en base a la sentencia Nº 7, emitida con carácter vinculante por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 01 de Febrero de 2000, con Ponencia del Magistrado Dr. JESÚS EDUARDO CABRERA, expediente 00-0010, caso JOSE AMADO MEJIAS.
DE LAS ACTUACIONES PREVIAS DE ESTA CORTE DE APELACIONES ACTUANDO EN SEDE CONSTITUCIONAL
Recibida la causa en esta Corte de Apelaciones, se dio cuenta a la Jueza Presidenta y aceptada la distribución, de acuerdo al Sistema Computarizado Juris 2000, correspondió la ponencia a la Dra. LINDA FERNANDA SILVA.
En fecha 4 de diciembre de 2012, se dictó auto acordando emplazar a la accionante a fin de corregir las omisiones relativas a la asistencia de un profesional del derecho para la consignación de la acción de amparo, siendo recibida en fecha 5 de diciembre de 2012; resulta de boleta de notificación de la accionante, sin que compareciere a consignar la información requerida.
DE LA DECISIÓN DE ESTA CORTE DE APELACIONES EN SEDE CONSTITUCIONAL
La presente Acción de Amparo Constitucional, fue interpuesta ante esta Alzada por la ciudadana KATIUSKA YESENIA LOZANO a fin de que esta Corte de Apelaciones en sede Constitucional conociera de la presunta violación en la que incurrió el Tribunal de Control Nº 1 de este Circuito Judicial Penal, extensión El Tigre, en virtud de la dilación en la que presuntamente ha incurrido para pronunciarse en cuanto a una solicitud de medida cautelares menos gravosa, en razón del estado de salud del agraviado.
Así las cosas, tal como se refirió en líneas anteriores, esta Instancia dictó auto en fecha 4 de diciembre del presente año, mediante el cual al observar de las actas constitutivas del presente asunto, que la accionante ciudadana KATIUSKA YESENIA LOZANO no se encontraba representada por Abogado a fin de que le asistiese en la interposición de la acción de amparo, tal como lo consagra el artículo 18 en sus ordinales 1º y 2º de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; de igual forma tampoco informó la identificación del defensor público o privado que asistía a su esposo en el asunto seguido en su contra en el cual se ocurrió la presunta vulneración de su derecho constitucional a la salud; fue emplazada la misma para que en un lapso no mayor de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su notificación, corrigiese las omisiones y consignase lo solicitado, informándosele que de no cumplir con la mencionada solicitud se declararía inadmisible la presente acción de amparo, de conformidad con la sentencia vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, del 1° febrero de 2000, con ponencia del Magistrado Dr. Jesús Eduardo Cabrera; así como también en debida correspondencia con el artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. A tal efecto se libró boleta de notificación la cual fue practicada en fecha 5 de diciembre de 2012.
Lo anterior se corrobora a los folios 21 y 22 de la presente acción de amparo, en donde consta resulta de notificación suscrita por el Alguacil JUNNEL VALBUENA, siendo recibida en la Secretaría de esta Instancia Superior en la misma fecha del corriente mes y año, dejándose constancia de la consignación de la boleta de notificación librada a la accionante en amparo ciudadana KATIUSKA YESENIA LOZANO, mediante llamada telefónica.
Ahora bien, nuestra Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales en su artículo 18, establece lo siguiente:
Artículo 18.- En la solicitud de amparo se deberá expresar:…
1) Los datos concernientes a la identificación de la persona agraviada y de la persona que actúe en su nombre, y en este caso con la suficiente identificación del poder conferido;…
Omisis…
Por su parte el artículo 19 ejusdem, destaca lo siguiente:
Artículo 19.- Si la solicitud fuere oscura o no llenare los requisitos exigidos anteriormente especificados, se notificará al solicitante del amparo para que corrija el defecto u omisión dentro del lapso de cuarenta y ocho horas siguientes a la correspondiente notificación. Si no lo hiciere, la acción de amparo será declarada inadmisible.
Esta Instancia Constitucional, considera necesario señalar lo establecido en la Sentencia Vinculante N° 010, emanada de la Sala Constitucional, con Ponencia del Magistrado DR. JESUS EDUARDO CABRERA, de fecha 01 de febrero de 2000, la cual entre otras cosas establece lo siguiente:
“…Los Tribunales o la Sala Constitucional que conozcan de la solicitud de amparo, por aplicación de los artículos de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, admitirán o no el amparo, ordenarán que se amplíen los hechos y las pruebas, o se corrijan los defectos u omisiones de la solicitud, para lo cual se señalará un lapso, también preclusivo. Todo ello conforme a los artículos 17 y 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales…”
(Subrayado de esta Superioridad)
A este respecto, la jurisprudencia patria emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 19 de diciembre de 2001, con ponencia del Magistrado Dr. PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ, expediente Nº 00-2064, ha dejado asentado lo siguiente:
“…Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra - como lo apunta esta Sala - la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida total del impulso procesal que le corresponde(...) La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una, cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin... (Sic)...”
Para abundar en lo anterior, consideramos oportuno señalar la Sentencia Nº 722, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 18 de abril de 2007, con Ponencia del Magistrado DR. ARCADIO DELGADO ROSALES, la cual estableció entre otras cosas lo siguiente:
“…Ahora bien, partiendo del hecho acreditado de la representación del ciudadano José Banfi por parte del abogado Pedro Troconis, debe tenerse en cuenta que la causa en la que surge la presente incidencia de amparo corresponde a la jurisdicción penal, ámbito en el cual el imputado, según lo dispone el Código Orgánico Procesal Penal, tiene derecho a nombrar un abogado de su confianza como defensor, y si no lo hace, el juez le designará un defensor público desde el primer acto de procedimiento o, perentoriamente, antes de prestar declaración (artículo 137).
“Artículo 137. Nombramiento. El imputado tiene derecho a nombrar un abogado de su confianza como defensor. Si no lo hace, el juez le designará un defensor público desde el primer acto de procedimiento o, perentoriamente, antes de prestar declaración.
Si prefiere defenderse personalmente, el juez lo permitirá sólo cuando no perjudique la eficacia de la defensa técnica.
La intervención del defensor no menoscaba el derecho del imputado a formular solicitudes y observaciones.”
Aunado a ello, ese cuerpo normativo establece que el nombramiento del defensor no está sujeto a ninguna formalidad, y que una vez designado por el imputado, por cualquier medio, el defensor deberá aceptar el cargo y jurar desempeñarlo fielmente ante el Juez, haciéndose constar en acta (artículo 139).
“Artículo 139. Limitación. El nombramiento del defensor no está sujeto a ninguna formalidad
Una vez designado por el imputado, por cualquier medio, el defensor deberá aceptar el cargo y jurar desempeñarlo fielmente ante el Juez, haciéndose constar en acta. En esta oportunidad, el defensor deberá señalar su domicilio o residencia. El juez deberá tomar el juramento dentro de las veinticuatro horas siguientes a la solicitud del defensor designado por el imputado.
El imputado no podrá nombrar más de tres defensores, quienes ejercerán sus funciones conjunta o separadamente, salvo lo dispuesto en el artículo 146 sobre el defensor auxiliar.”
Ahora bien, la Sala aprecia que de las actas del expediente no consta el acta mediante la cual el referido abogado aceptó el cargo de defensor privado del hoy accionante y prestó el juramento a que hace referencia la citada norma penal adjetiva.
Dentro de esta perspectiva, esta Sala en sentencia Nº 1108 del 23 de mayo de 2006 señaló:
“Como se puede apreciar, si bien el Código Orgánico Procesal Penal establece que el nombramiento del defensor no está sujeto a ninguna formalidad, y que la designación del mismo puede hacerse por cualquier medio, no es menos cierto que de ello se deduce la necesidad de que exista la efectiva designación del sujeto como defensor, aunado a lo cual, se requiere que el mismo acepte ese cargo y jure desempeñarlo fielmente ante el Juez, haciéndose constar en acta, para poder actuar en el proceso penal como tal.”
Con respecto al carácter esencial de la juramentación del defensor, esta Sala sostuvo en su decisión Nº 969 del 30 de abril de 2003, lo siguiente:
“…omissis…
A la luz de estos postulados, el Código Orgánico Procesal Penal ha desarrollado a lo largo del proceso todo un abanico de posibilidades de acceso a la justicia y de defensa para el imputado en concordancia con sus derechos fundamentales. Sin duda, los artículos 125, numerales 2 y 3, 137, 139 y 149 eiusdem, estatuyen en particular el derecho a la defensa técnica mediante la asistencia jurídica de un abogado de confianza, facilitando al máximo y por cualquier medio la designación de defensor sin sujeción a ninguna clase de formalidad, salvo la prestación del juramento de ley, es decir, de cumplir bien y fielmente con los deberes del cargo que está asignada imperativamente al Juez como formalidad esencial para ser verificada dentro del término de veinticuatro (24) horas siguientes a la solicitud del defensor o, en su defecto, en el lapso más perentorio posible.
Al efecto, la defensa del imputado, cuando recae sobre un abogado privado, es una función pública y para poder ejercerla es impretermitible la prestación del juramento como solemnidad indispensable al objeto de alcanzar la plenitud de su investidura dentro del proceso penal. Como función pública inviste al defensor de un conjunto de poderes que están atribuidos al propio imputado como arte, salvo que la autodefensa de éste, permitida ampliamente por la normativa procesal, perjudique la eficacia de la defensa técnica que desarrolle el profesional del derecho, en una relación de coexistencia de sujetos procesales que va más allá de la simple representación que implica un mandato, en aras de la efectividad del derecho mismo a la defensa que garantiza la norma fundamental y los tratados, acuerdos y convenios internacionales suscritos por la República” (Subrayado del presente fallo) –Criterio reiterado en la sentencia Nº 1340 del 22 de junio de 2006-.”
Ahora bien, el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia aplicable al procedimiento de amparo de conformidad con lo previsto en el artículo 48 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, prevé la falta de representación como una causal de inadmisibilidad.
El artículo 19, párrafo sexto de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, dispone que:
“Se declarará inadmisible la demanda, solicitud o recurso...omissis...cuando sea manifiesta la falta de representación o legitimidad que se atribuya el demandante, recurrente o accionante...”
Siendo así las cosas, resulta imperioso para esta Sala revocar la sentencia del 17 de noviembre de 2006 dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara y declarar inadmisible la presente acción de amparo, de conformidad con lo establecido en el párrafo sexto del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, aplicable en virtud de lo establecido en el artículo 48 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; y así se decide.
En el presente caso, tal como se indicó anteriormente, al evidenciar esta Alzada que la accionante en amparo ciudadana KATIUSKA YESENIA LOZANO, actuando en representación de su esposo el ciudadano ARMANDO JOSÉ ACEVEDO MARCANO, fue efectivamente notificada el 5 del presente mes y año, tal como consta a los folios 21 y 22, sin llegar a corregir dentro de las cuarenta y ocho (48) horas desde su notificación las omisiones existentes en su escrito, tal como se le ordenó, aún cuando estaba en conocimiento de que al vencerse dicho lapso para subsanar las omisiones habidas, sin que hiciere las correcciones pertinentes, indefectiblemente debía declararse la INADMISIBILIDAD de la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Cabe acotar a la accionante, que el procedimiento de la Acción de Amparo tiene por objeto ser breve y expedito, razón por la cual debe mantener en todo momento presente su interés procesal, tal y como lo establece la Sentencia Vinculante N° 010, emanada de la Sala Constitucional, con Ponencia del Magistrado DR. JESUS EDUARDO CABRERA, de fecha 01 de febrero de 2000.
En consecuencia, dada la situación existente en el presente caso bajo estudio y siendo que de autos se desprende que esta Alzada cumplió con los trámites para el procedimiento de Amparo y en virtud que la accionante no subsanó las omisiones existentes al no consignar lo solicitado por esta Alzada; se considera que lo procedente y ajustado a derecho es declarar INADMISIBLE la presente Acción de Amparo Constitucional, interpuesta por la ciudadana KATIUSKA YESENIA LOZANO, titular de la Cédula de Identidad Nº 13.156.660, actuando en representación de su esposo ARMANDO JOSÉ ACEVEDO MARCANO, titular de la Cédula de Identidad Nº 12.519.591; todo de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley Especial que rige la materia y la Sentencia vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, del 1° febrero de 2000, con ponencia del Magistrado Dr. Jesús Eduardo Cabrera y ASÍ SE DECLARA.
DISPOSITIVA
En atención a lo antes expuesto, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, actuando como Tribunal Constitucional, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad que le confiere la Ley, emite el siguiente pronunciamiento: DECLARA INADMISIBLE la presente Acción de Amparo Constitucional, interpuesta por la ciudadana KATIUSKA YESENIA LOZANO, titular de la Cédula de Identidad Nº 13.156.660, actuando en representación de su esposo ARMANDO JOSÉ ACEVEDO MARCANO, titular de la Cédula de Identidad Nº 12.519.591; todo de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales y la Sentencia vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 1° febrero del año 2000, con ponencia del Magistrado DR. JESÚS EDUARDO CABRERA.
Publíquese, regístrese, déjese copia ofíciese lo conducente y remítase la presente causa en su debida oportunidad.
LAS JUEZAS INTEGRANTES DE ESTA CORTE DE APELACIONES
LA JUEZA PRESIDENTA y PONENTE
Dra. LINDA FERNANDA SILVA
LA JUEZA SUPERIOR LA JUEZA SUPERIOR
Dra. CARMEN B. GUARATA Dra. MAGALY BRADY URBAEZ
LA SECRETARIA
Abg. ZAIDA INMACULADA SAVERY
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