TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal de Control de Barcelona
Barcelona, 7 de febrero de 2012
201º y 152º

ASUNTO PRINCIPAL : BP01-P-2010-005494
ASUNTO : BP01-P-2010-005494

LIBERTAD CAUTELADA CAUSADA EN PRONÓSTICO DE CONDENA Y EL DERECHO A SER JUZGADOS SIN DILACIONES EXCESIVAS

Riela en autos desde el 16 de enero de 2012, escrito de la DRA. NARCY GUARACHE FERMÍN, quien en su condición de Defensora Privada de Confianza de su representado el ciudadano OSWALDO ENRIQUE MARIÑO GÓMEZ, aquí suficientemente identificados, peticiona al Tribunal revisar la actual medida cautelar privativa de libertad que pesa sobre él, sustituyéndosela por otra acorde al Principio Constitucional de Ser Juzgado en Libertad y Sin Dilaciones Indebidas.
A este respecto el Tribunal destaca de su escrito lo siguiente:. Que, en fecha 24 de octubre del año 2010 fueron presentados ante este despacho tanto su representado como el ciudadano CARLOS ENRIQUE MARIÑO GÓMEZ, también suficientemente identificado en autos, imputándoseles por la Fiscalía Vigésima del Ministerio Público la autoría responsable del delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Orgánico Procesal Penal en perjuicio de LEIDY MARBIS CRUCES MORA y la persona jurídica ANDINA BOUTIQUE C.A., quedando sujetos de diferentes cautelares, este último de Libertad Cautelada y su defendido de Privativa de Libertad. Que, su patrocinado no registra en autos antecedentes penales ni tampoco en el sistema Iuris 2000. Que, en caso de un eventual juicio oral y público afirma que la decisión le sería absolutoria a su patrocinado, ya que el Ministerio Público en su Escrito Acusatorio solo aporta un Acta Policial suscrita por los funcionarios policiales que participaron en su aprehensión, como elemento único de convicción.
A tal efecto este Tribunal resuelve como sigue:
PRIMERO: El Juez de Control ejerce activamente y en forma efectiva el Control de la Acusación Penal, que se divide en dos controles a saber: El control Formal: siendo el relativo a las formalidades de la acusación, artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal, de modo que la acusación emerja de un procedimiento lícito, sin violación del Debido Proceso, conforme al mandato de los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de todas y cada una de las Garantías Procesales que del mismo derivan los artículos 1 al 22 del referido texto procesal penal; y, El Control Material: consistente fundamentalmente en Analizar los Elementos de Convicción en que se funda la Acusación y determinar la existencia de una CAUSA PROBABLE, que no es mas que el establecimiento de un Pronóstico Favorable de Condena. De modo que el Juez, ya vigente la Fase Intermedia con la presentación del Acto Conclusivo (TÍTULO II Artículo 327 y siguientes, ejusdem. V. Acusación Fiscal folios 49 a 57 Pieza Única del 08 de diciembre de 2010) debe insoslayable e ineluctablemente agotar la sindéresis para proveer del análisis de los elementos de convicción, si arrojan una alta probabilidad sobre que la Acusación obtendría exitosamente la sentencia condenatoria. Desde luego que en dicha prospectiva de los elementos de convicción le está vedado al Juez de Control valorar o apreciar pruebas, lo que El Juez de Juicio hará según la sana crítica observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia (artículo 22 ejusdem), por lo que este Juez de Control no va a emitir concepto alguno de valor sobre la prueba, ni a pronunciarse sobre su apreciación desvirtuándola o valorándola como tal, sino simplemente la analiza y examina en cuanto elemento de convicción serio que en tal condición sirviera de base para el debate en el juicio. En este sentido invocamos Doctrina Pacífica del Tribunal Supremo de Justicia en SALA CONSTITUCIONAL con carácter vinculante y de obligatorio acatamiento, que así en ponencia del Magistrado FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ, sentencia de fecha 20/JUN/2005, Expediente N° 04-2599, con respecto al PRONÓSTICO DE CONDENA, quien dejó sentado que el Juez de Control debe verificar si el pedimento fiscal tiene basamentos serios que permitan vislumbrar un pronóstico de condena respecto del imputado, es decir, una alta probabilidad de que en la fase de juicio se dicte una sentencia condenatoria; de modo que en todo caso con la Apertura a Juicio se reconsidere, de ser solicitada, la revisión de la cautelar privativa de libertad, evitándose de este modo lo que en doctrina se denomina la “pena del banquillo”. Doctrina jurisprudencial ésta cuyo sustrato lo mantiene el brillante ponente tanto en ésta como en las subsiguientes Nº 1.500 del 03 de agosto de 2006; 558 del 09 de abril de 2008; y Nº 728 del 20 de mayo de 2011; pronunciándose ídem el Magistrado ARCADIO DELGADO ROSALES, en sentencia bajo su ponencia Nº 1240 del 26 de julio de 2011, todas en la Sala Constitucional; que finalmente acoge nuestra Sala Penal en Ponencia de su Presidenta NINOSKA BEATRIZ QUEIPO BRICEÑO, bajo el Nº 128 del 05 de abril de 2011, donde se significa que: “Contrariamente a lo que suele afirmarse, el Código Orgánico Procesal Penal no establece una prohibición absoluta, al juez de control, de que falle sobre cuestiones que son propias del fondo de la controversia. Lo que prohíbe la referida ley es que el juez de las fases preparatoria e intermedia juzgue sobre cuestiones de fondo que son propias y exclusivas del juicio oral. De allí que materias como pertinencia, legalidad, legalidad y necesidad de prueba, las excepciones relativas a la extinción de la acción penal (prescripción de la acción, cosa juzgada), el sobreseimiento (atipicidad de los hechos que se investigan, concurrencia de una causa de justificación, de inculpabilidad o de no punibilidad, la inexistencia del hecho objeto del proceso o la no atribuibilidad del mismo al imputado, son, indiscutible e inequívocamente, materia sustanciales o de fondo sobre las cuales el juez de control tiene plena competencia para la valoración y decisión”.(Negritas nuestras).
Así pues, en su Acusación de fecha 21 de septiembre de 2010, imputa formalmente el Ministerio Público al ciudadano OSWALDO ENRIQUE MARIÑO GÓMEZ, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 18.510.169 por la comisión responsable del delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Orgánico Procesal Penal en perjuicio de LEIDY MARBIS CRUCES MORA y la persona jurídica ANDINA BOUTIQUE C.A.,solicitando se LE MANTENGA LA MEDIDA JUDICIAL PRIVATIVA DE LIBERTAD, decretada por este Tribunal, por cuanto no han variado las circunstancias que la motivaron, circunscribiendo entonces los fundamentos, como sigue: “Los hechos imputados por el Ministerio Público, surgen del contenido de las actuaciones efectuadas por los funcionarios que practicaron la detención del imputado, y dirigidas funcionalmente por el Ministerio Público, relacionada con la presente causa, las cuales señalo de la siguiente manera:”, continuando con seis entrevistas donde en ninguna de ellas hay descripción alguna de las características físicas de los sujetos autores de la conducta delincuencial.
Así mismo, acompaña al Escrito Acusatorio constancia de buena conducta suscrita por 66 vecinos de la Comunidad Boyacá III, Sector 2-A de Barcelona, donde mediante dirección, cédulas de identidad y firmas, sostienen que el ciudadano en cuestión, residenciado en la vereda 40, casa Nº 22, Calle 09, “siempre ha demostrado un trato amigable con sus vecinos de cooperación y colaboración dentro de nuestro ámbito geográfico”.
Finalmente el Juez constata la inexistencia en autos de antecedentes penales, por lo que en ejercicio de buena fe debe presumir de su inexistencia, como ser ésta la sola causa del imputado en el Sistema Iuris 2000. Y ASÍ SE DECLARA.

SEGUNDO: Consiguientemente el Tribunal convoca a la Audiencia Preliminar para el 26 de ENERO de 2011, la misma que a esta fecha y luego de DIEZ DIFERIMIENTOS no ha tenido lugar por variados motivos, SIENDO LA CAUSA NOTORIA Y EFICIENTE LA PERMANENTE INCOMPARECENCIA DE LA VÍCTIMA, a pesar de las múltiples diligencias practicadas a tal efecto por el Tribunal. Y ASÍ SE DECLARA.

TERCERO: la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás tratados, Convenios y Acuerdos Internacionales, tal como se desprende del articulo 1 del mencionado Código Orgánico Procesal Penal, aduce el señalamiento ratificado en sentencia Nro. 444 de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 0/08/07 con ponencia del Dr. Héctor Manuel Coronado Flores. Invoca asimismo sentencia Nro. 2249 de fecha 01 de Agosto de 2005, ponencia del Magistrado Luis Velásquez Alvaray, afirmando que en líneas generales la libertad es un valor superior del ordenamiento jurídico consagrado en el articulo 2 de nuestra Carta Magna, pero también un derecho fundamental que funge como presupuesto de otras libertades y derechos fundamentales.
En este orden de ideas, como quiera que se evidencie que en reiteradas oportunidades ha sido solicitado por la defensa tanto de confianza como pública de los imputados de autos, se deben tomar en consideración las siguientes circunstancias de derecho:
La libertad es un valor superior del ordenamiento jurídico consagrado en el artículo 2º Constitucional, pero también un derecho fundamental que funge como presupuesto de otras libertades y derechos fundamentales, el cual hace a los hombres sencillamente hombres, encontrándose tal derecho estrechamente vinculado a la dignidad humana.
Consagra nuestra Ley Fundamental en su artículo 44, la inviolabilidad de la libertad personal, estableciendo, en su ordinal 1º: “Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti…Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso”.
Derecho por demás, garantizado en Pactos aprobados por nuestro país, como el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, en cuyo artículo 9, ordinal 1º, se consagra: “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta”.

La Convención Americana Sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, en su artículo 7 consagrado al derecho a la libertad personal, establece: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforma a ellas…”.
Asimismo, consagra nuestra Constitución en su artículo 49, el debido proceso en todas las actuaciones judiciales y administrativas, y, en consecuencia, de manera expresa en su ordinal 2º, la presunción de inocencia mientras no se pruebe lo contrario; también el Principio del juicio previo y debido proceso, establecido en el artículo 1 del Código Orgánico Procesal Penal, que reza: “Nadie podrá ser condenado sin un juicio previo, oral y público, realizado, sin dilaciones indebidas, ante un juez o tribunal imparcial, conforme a las disposiciones de este Código y con salvaguarda de todos los derechos y garantías del debido proceso, consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República”.
Título en el cual el artículo 8 consagra la presunción de inocencia en los siguientes términos: “Cualquiera a quien se le impute la comisión de un hecho punible tiene derecho a que se le presuma inocente y a que se le trate como tal, mientras no se establezca su culpabilidad mediante sentencia firme”.
Ciertamente, los artículos 8 y 9 del Código Orgánico Procesal Penal consagran los principios de Presunción de Inocencia y de afirmación de Libertad, principios estos fundamentales en nuestro sistema acusatorio, que se encuentran ratificados en nuestra Constitución Nacional y Tratados Internacionales suscritos por la República, y que su inobservancia en el Proceso acusatorio, resulta perjudicial al Estado garantista previsto en la Ley Penal adjetiva, constituyendo dichos principios la garantía que asegura la eficaz vigencia del derecho fundamental a la Libertad Personal y al Debido Proceso.

En fallo Nº 1592, de fecha 09/07/02, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Doctor Antonio J. García García, asentó: “…el juez que resuelva la restricción de la libertad del imputado debe atender al principio pro libertatis, es decir, tal y como básicamente lo señalaba el artículo 265 del anterior Código Orgánico Procesal Penal y ahora lo establece el artículo 256, siempre que los supuestos que motivan la privación judicial preventiva de libertad puedan ser razonablemente satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado, el Tribunal competente, de oficio o a solicitud del Ministerio Público o del imputado, deberá imponerle en su lugar, mediante resolución motivada, alguna de las medidas previstas en ese mismo artículo. La presunción de inocencia y el principio de libertad, tal y como se afirma ut supra, son una conquista de la sociedad civilizada que debe ser defendida por esta Sala y por los restantes Tribunales de la República por imperativo del propio texto constitucional y, aún más allá, de valores fundamentales que han sido reconocidos al ser humano por su condición de tal. No obstante, ello no implica que los jueces renuncien a velar por la recta tramitación y el alcance de las finalidades del proceso, pues lo contrario sería admitir una interpretación que, en casos concretos, podría favorecer la impunidad…”.

En sentencia Nº 293, de fecha 24/08/04, emanada de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrado Doctora Blanca Mármol de León, se explanó lo siguiente: “…No obstante la declaratoria de improcedencia de la solicitud propuesta, la Sala debe exhortar a los Jueces de Instancia a ponderar las condiciones previstas en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal al momento de dictar medida privativa de libertad, puesto que, por una parte, el encarcelamiento preventivo es indiscutiblemente cautelar para, en caso justificado, garantizar la comparecencia del imputado o acusado a los actos del proceso siendo igualmente las medidas privativas de libertad providencias de carácter excepcional, que se apartan de la regla general, lo cual es el juicio en libertad, y como corolario de ello, al efectuar el estudio del peligro de fuga o de obstaculización del proceso, deben privar, sobre los límites de la pena, los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, atendiendo al principio de presunción de inocencia y las posibilidades de que el proceso se realice en presencia del justiciable, de acuerdo a lo pautado en el artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal, lo que implica el análisis objetivo de la actitud del imputado o acusado en el proceso, que impliquen la intención de evadirlo. En tal virtud, o debe considerarse la pena que pudiera llegar a imponerse como único o exclusivo parámetro para estimar la posible evasión del procesado (peligro de fuga), ello comportaría un análisis restringido o imperativo de la norma contenida en el artículo 251 ibidem, lo cual no es así, puesto que es dado a los jueces la potestad de rechazar la petición fiscal y otorgar una medida sustitutiva a la privación de libertad.

El artículo 243 del referido Código Orgánico Procesal Penal, establece el Estado de Libertad, al estipular que toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso; y además consagra que la privación de libertad es una medida cautelar, que sólo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso.
Las medidas cautelares sustitutivas de la privativa de libertad conforman un dispositivo legal justamente dirigido a garantizar en satisfacción las finalidades del proceso, por lo que bajo ningún respecto, podrían ser calificadas como portadoras del riesgo de impunidad, tal como lo reconoció la propia Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a través de su fallo Nro. 894 de fecha 30 de Mayo de 2008, a saber: ¨… En este orden de ideas, advierte la Sala, que las medidas cautelares sustitutivas a la privación de libertad no pueden ser consideradas como beneficios que conlleven a la impunidad, porque las mismas, como en general todas las medidas preventivas de restricción o privación de libertad personal tienen, por el contrario, como propósito el aseguramiento de que se cumplan los fines del proceso”.
De igual manera, de acuerdo con la Jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 21 de Abril de 2008, Nro. 635, expediente 08-0287 en la cual se resolvió:
“… 2.- ADMITE el recurso de nulidad por inconstitucionalidad incoado contra los “…parágrafos únicos de los artículos 374, 375, 406, 456, 457, 458, 459, parágrafo cuarto del artículo 460, 470 parte in fine, todos del Código Penal, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 5.768 Extraordinario, de fecha 13 de abril de 2005, así como el último aparte de los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas…”.
3.- SUSPENDE la aplicación de los parágrafos únicos de los artículos 374, 375, 406, 456, 457, 458, 459, parágrafo cuarto del artículo 460, 470 in fine, todos del Código Penal, así como el último aparte de los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, hasta tanto se dicte la sentencia definitiva en el presente caso...”.
Por otra parte, en novísima Jurisprudencia de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 03 de Marzo de 2011, con ponencia de la Magistrado Dra. Ninoska Queipo Briceño, se sostuvo lo siguiente:

“… Así pues, hoy en día la Privación Judicial Preventiva de Libertad, constituye un decreto excepcional, que a la luz del nuevo sistema de juzgamiento penal, sólo puede ser dictado en todos aquellos casos en los cuales, no exista razonablemente la posibilidad de garantizar las eventuales resultas del proceso penal, con otra medida de coerción personal menos gravosa y distinta la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad”.

En tal sentido, debe señalare, que la imposición de cualquier medida de coerción personal, debe necesariamente obedecer a una serie de criterios y juicios debidamente razonados y ponderados, que atendiendo a las circunstancias que rodean cada caso, se encamine a conseguir el debido equilibrio que exige, tanto el respeto al derecho de los procesados penalmente a ser juzgados en libertad como al derecho del Estado y la sociedad de que se resguarden los intereses sociales, mediante el establecimiento de medios procesales que garanticen las futuras y eventuales resultas de los juicios.

“Por ello, el análisis de todas y cada una de las circunstancias fácticas que reposan en las actuaciones y acompañan a las respectivas solicitudes de privación o cautelar sustitutiva de libertad, deben ser ponderadas bajo los criterios de objetividad, magnitud del daño, cuantía de la pena, peligro de fuga y de obstaculización en la búsqueda de la verdad, lo cual permitirá luego de un debido y motivado juicio, determinar con certeza la mayor o menor severidad de la medida a imponer…”.-

Sabemos que la Medida Privativa de Libertad, tiene un contenido de necesidad, de proporcionalidad y de temporalidad, cuando nos referimos a la necesidad y proporcionalidad de la Medida, sabemos que depende de la entidad del delito, o sea, mientras más grave el delito es necesario y proporcional mantener al imputado privado de su libertad para que no reine la impunidad; en cuanto a la temporalidad por su parte implica que la Medida está sujeta a un plazo, el cual una vez cumplido, las hace cesar, independientemente de las incidencias del proceso, ya que se desvirtúan o se desnaturaliza al transcurrir en el tiempo, en el sentido que los acusados no pueden interferir en la obstaculización del proceso, ya que esta etapa fue superada en la fase investigativa.

El proceso se encuentra en fase intermedia encontrándose los referidos imputados privados de su libertad, sin que se haya acordado en el devenir del mismo, una sustitución de la medida de coerción personal que pesa sobre éste. Vale decir que para que se produzca la referida revisión, de acuerdo al contenido del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, deben haber variado las circunstancias que hicieron procedente el dictado de la medida sobre la base de los tres presupuestos señalados en dicha norma procesal. En lo que respecta al ordinal 3º, relativo al peligro de fuga u obstaculización en la búsqueda de la verdad, debe destacarse que conforme a los artículos 251 y 252 ejusdem, el acusado debe tener arraigo en el país, no habiendo el Ministerio Público demostrado facilidad de éstos para abandonar el país o permanecer ocultos.
Tales circunstancias, a criterio de este Despacho deben ser tomadas en cuenta a los efectos de proceder a la Revisión de la Medida Privativa de Libertad, conforme al principio de Progresividad de los Derechos Humanos y sin discriminación alguna, tal y como lo establece el artículo 19 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Más aún, a tenor de lo dispuesto en el artículo 10, literal 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, “toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.

Así las cosas, este Juzgador considera que se hace procedente la sustitución de sendas medidas de privación judicial preventiva de libertad que recae sobre el ciudadano OSWALDO ENRIQUE MARIÑO GÓMEZ, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 18.510.169, por una menos gravosa, mientras dure este proceso, se ajusta a la realidad Jurídica Procesal del Sistema Acusatorio, donde la restricciones y limitaciones a las cuales está sometida la Medida de Privación Judicial, deben estar subordinadas a la implementación de las Medidas Cautelares sustitutivas, las cuales deben ser evaluadas en principio por el Juez correspondiente, antes de decidir imponer o mantener una Medida de Coerción Personal tan gravosa como lo es la Privación Judicial de Libertad, y que en todo caso, luego de ser impuesta, es susceptible de revisión por motivos que lo hagan exigible; siendo que además la garantía de un juicio previo sin dilaciones indebidas en el presente caso se ha visto parcialmente afectada por razones de diversa índole, por lo que este Tribunal acuerda conferir a dichos imputados, las siguientes MEDIDAS CAUTELARES SUSTITUTIVAS DE LA PRIVACION DE LIBERTAD: establecidas en el Articulo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, en sus cardinales 3, 4 Y 6 que consiste en una presentación periódica cada Quince (15) días por ante la Oficina de Alguacilazgo, la prohibición de salida de esta Jurisdicción; y prohibición de acercarse a la Victima. ASÍ SE DECIDE.

DISPOSITIVA

Por todas las consideraciones realizadas, este Tribunal de Control Nº 04 del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, ACUERDA la sustitución de la Medida Privativa de Libertad decretada al ciudadano OSWALDO ENRIQUE MARIÑO GÓMEZ, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 18.510.169, por otra menos gravosa CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LA PRIVATIVA DE LIBERTAD, de las establecidas en el Articulo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, en sus cardinales 3, 4 Y 6, y consistente en presentación periódica cada Quince (15) días por ante la Oficina de Alguacilazgo; la prohibición de salida de esta Jurisdicción sin la previa autorización del Tribunal; y prohibición de acercarse a la Victima, dejándose constancia que el incumplimiento de las condiciones impuestas a éstos dará lugar a la REVOCATORIA de la medida en forma inmediata, de acuerdo al contenido del artículo 262 del Código Orgánico Procesal Penal; todo de conformidad con lo establecido en los artículos 26, 44 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con los artículos 4, 8, 9, 282, 243 y 264 del Código Orgánico Procesal Penal. Se ordena el traslado de dicho imputado desde la Policía Municipal de Clarines hasta la sede de este Tribunal, a los fines de imponerles del cambio de medida y de las condiciones cuyo cumplimiento deben observar, incluyéndose sus comparecencias a la Audiencia Preliminar prevista para el 15 de febrero de 2012 a las 11:40 A.M. Líbrense a éste la Boleta de traslado y las de Notificación a las partes. Cúmplase.

EL JUEZ DE CONTROL N° 04

DR. ALBERTO VALDEZ

LA SECRETARIA

ABOG. JOHANNY GOUDET