TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui
Barcelona, catorce (14) de febrero de dos mil doce (2.012)
201º y 152º

ASUNTO: BP02-O-2012-000006

PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIADA: JHONNY JOSÉ DIAZ SANTANA, venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad número 14.765.241.

ABOGADO ASISTENTE: ELÍAS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 100.181.

PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIANTE: ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SIMÓN BOLÍVAR DEL ESTADO ANZOÁTEGUI.

MOTIVO: ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL.

En fecha 12 de enero de 2012, se dio entrada al Recurso de Amparo proveniente del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor Oriental, como consecuencia de la decisión interlocutoria dictada en fecha 20 de diciembre de 2.011, por el cual se declaró la incompetencia sobrevenida para conocer de la causa en cuestión (239 al 241, p1), interpuesta por ante dicho Juzgado el 28 de julio de 2.010 (f. 4 y 162 p.1).

El Recurso de Amparo en referencia fue interpuesto por JHONNY JOSÉ DÍAZ SANTANA asistido por el Abogado JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ antes identificado, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SIMÓN BOLÍVAR del Estado Anzoátegui, por negativa de ésta a cumplir la orden de reenganche y pago de salarios caídos acordada por la Providencia Administrativa Nro 00057-2010 (Exp. Nro. 003-2009-01-01238), dándosele entrada por auto de fecha 12 de enero de 2.012 (f. 244, p1).. Ahora bien, en fecha 17 de enero de 2.012, esta Juzgadora en la oportunidad de pronunciarse acerca de la competencia o no de este tribunal y eventual prosecución de la causa (la cual se encuentra decidida y en etapa de ejecución), advirtió que la decisión interlocutoria de incompetencia no fue notificada al Síndico Procurador Municipal de la Alcaldía del Municipio Simón Bolívar (obligación legal, ex artículo 153 del Articulo de la Ley Orgánica del Poder Publico Muncipal), por lo que se ordenó la devolución al Juzgado declinante, a los fines de que se llevara a cabo la misma; tribunal que, por auto de fecha 24 de enero de 2.012 (f. 250, p1), afirmó:

“(…) Igualmente el artículo 69 Ejusdem, establece que la materia en la cual el Juzgado se declare Incompetente quedará firme, si no se solicita por las partes la regulación de competencia dentro del lapso de los 5 días después de pronunciada … habiendo quedado firme la sentencia, la causa continuara (sic) en curso ante el Juzgado declarado competente ( si fuere el caso haberse solicitado la regulación de competencia)…
Ahora bien, de lo anterior parcialmente transcrito se infiere que en el presente caso, la sentencia de este Juzgado que declaro (sic) quedo (sic) firme y mal puede regir (sic) conociendo de un proceso para el cual es incompetente, en tal virtud el Juez Laboral debe continuar la sustanciación de la causa en el estado en que se encuentra. En consecuencia remítase el expediente al Juzgado (sic) a los fines de seguir conociendo la causa, en el estado que esta (sic) se encuentra”.

En razón de lo señalado en el auto parcialmente transcrito, se remite nuevamente la causa a este Juzgado, dándosele el reingreso respectivo el 8 de febrero de 2.012, y estando en la oportunidad para emitir pronunciamiento respecto a la continuación del proceso, se realizan las siguientes apreciaciones:

I
Mediante escrito presentado en fecha 28 de julio de 2.010 (f. 4, p1) ante el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Nor Oriental, con sede en Barcelona, el ciudadano JHONNY JOSÉ DÍAZ SANTANA, debidamente asistido interpuso Recurso de Amparo Constitucional contra la negativa del ente municipal ya identificado, de acatar la decisión administrativa de la Inspectoría del Trabajo Alberto Lovera de Barcelona de fecha 9 de febrero de 2010, a través de la providencia número 00057-2010, que declarara con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos (f. 80 al 98, p.1)

Por auto del 9 de agosto de 2010, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental, admitió el recurso interpuesto ordenando la notificación de la parte identificada como agraviante, a la Fiscalía Vigésima Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui y al Síndico Procurador Municipal del mismo Municipio (folio 163, p1).
En fecha 8 de julio de 2.011, tiene lugar por ante el Juzgado hoy declinante, la correspondiente Audiencia Constitucional, acordando un lapso de 48 horas a partir de dicha audiencia para que la representación fiscal consignara su opinión escrita, con el señalamiento de que vencido dicho lapso se dictaría la parte dispositiva de la sentencia (folio 187 al 189, p1), siendo consignada tal opinión en el plazo señalado, solicitándose al tribunal de la causa se declarara con lugar el Recurso interpuesto (folio 192 al 200, p.1).

El 20 de julio de 2.011 (f. 202 al 210, p1), el tribunal declinante dicta sentencia definitiva decidiendo la controversia, decisión ésta en la que, además de establecer su competencia para conocer del Recurso interpuesto (intitulado II, f. 203, p1), declara con lugar el mismo.

Dicha decisión quedó firme por auto estampado el 26 de agosto de 2.011 (f. 215, p1), en el cual se ordena la ejecución voluntaria del fallo en referencia; plazo que fue prorrogado según se desprende de auto de fecha 13 de octubre de 2.011 (f. 221, p1)

Por diligencias de fechas 21 de octubre de 2.011 y 11 de noviembre de 2.011 (f. 222 y 232, p1), acompañadas las mismas de una serie de anexos, los apoderados de la accionada manifiestan en cada oportunidad que se están realizando una serie de trámites internos para lograr el cumplimiento voluntario de la sentencia de Amparo.

Por diligencias de fechas 25 de octubre de 2.011, 7 y 29 de noviembre de 2.011 y 15 de diciembre de 2.011, el apoderado de la parte actora solicita la ejecución forzosa del fallo (f. 228, 230, 235, y 237, p1).
Mediante sentencia interlocutoria del 20 de diciembre de 2011, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, declinó la competencia para el conocimiento del presente asunto, en este Tribunal del Trabajo y remitió la causa, con base a los siguientes razonamientos:

“(…) esta (sic) Órgano Jurisdiccional considera importante destacar que el Derecho es cambiante y debe adaptarse a las realidades de los tiempos, resultando entonces nuestro guía para esos cambios y pasos a seguir el Tribunal Supremo de Justicia, por lo que cabe destacar que si bien es cierto que la competencia para conocer del Recurso de Amparo por ejecución de Providencias Administrativas emanadas de Inspectorías del Trabajo correspondía a este Juzgado, dicha competencia fue modificada y al respecto es menester referirse a la sentencia dictada por la Sala Constitucional del tribunal Supremo de Justicia de fecha 27 de Abril de 2011, caso RICARDO ANTONIO LAREZ contra la sociedad mercantil Costa Norte Construcciones C.A., la cual señala…(omissis)
Asimismo, en sentencia número 108 del 25 de febrero de 2011 (caso: Libia Torres Márquez) éste órgano jurisdiccional (Sala Constitucional del Alto Tribunal) analizando el precedente jurisprudencial transcrito supra, estableció con carácter vinculante que todos los conflictos de competencia que hayan surgido con ocasión de demandas interpuestas contra las resoluciones administrativas emanadas de las Inspectorías del Trabajo, independientemente de la fecha en que se hayan plateado, se resolverán atendiendo al criterio vinculante contenido en la sentencia Nº 955/10… (omissis)
(…) visto el criterio fijado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y siendo el mismo de obligatorio cumplimiento para todos los Tribunales del país, resulta entonces que los competentes para conocer la presente causa son los Juzgados Laborales por lo que este Tribunal se declara incompetente para conocer la presente causa…” (subrayado de esta instancia)

Como consecuencia de la decisión supra transcrita, el referido Juzgado Superior procedió a remitir a la jurisdicción de trabajo el expediente en cuestión (f. 242, p1), siendo asignado su conocimiento, previa distribución, a este Juzgado.

II
De las actuaciones precedentemente expuestas este Juzgado Cuarto de Juicio observa:
La causa que nos ocupa, es un Recurso de Amparo por el cual el quejoso, agotados todos los tramites legales ante el ente administrativo competente, solicita la ejecución de la providencia administrativa dictada a su favor por la Inspectoría del Trabajo Alberto Lovera; pretendiendo el reenganche y pago de salarios caídos.
Estando la referida causa en estado de ejecución forzosa, el tribunal declinante consideró, según sentencia parcialmente transcrita, que era incompetente para seguir conociendo, fundamentando su dicho en el criterio del Alto Tribunal, en Sala Constitucional, como Máximo intérprete de las normas constitucionales (artículo 335 de la Constitución), cuando analizó el artículo 25, ordinal 3º de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y estableció mediante sentencia número 955 de fecha 23 de septiembre de 2010 (caso: Bernardo Jesús Santeliz Torres y Otros), que el conocimiento de las distintas acciones ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por las Inspectorías del Trabajo en materia de inamovilidad, corresponde a la jurisdicción del trabajo. Destacando el declinante que dicha doctrina reviste carácter vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales de la República.
Asimismo, señalo el Juzgado Superior, que en el presente caso resulta vinculante el criterio sentado por la Sala Constitucional del Máximo Tribunal mediante sentencia número 108 del 25 de febrero de 2011 (caso: Libia Torres Márquez), respecto a que independientemente de la fecha de interposición de la pretensión relacionada con el acto administrativo emanado de las Inspectorías del Trabajo, la competencia correspondería a los Juzgados del Trabajo, indicando que el contenido de la sentencia Nº 955 del 23 de septiembre de 2010, tenía alcance para todos los conflictos de competencia que se plantearan en relación con los actos administrativos dictados por la Inspectorías del Trabajo, incluso los que hubiesen surgido con anterioridad a ese fallo.
Ahora bien, considera necesario esta juzgadora hacer referencia al criterio sentado por la misma Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión del 18 de Marzo de 2011, número 311 (caso: Grecia Carolina Ramos Robinson), cuando estableció:

“Preceptúa el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil que la jurisdicción y la competencia se determinan conforme a la situación de hecho existente para el momento de la presentación de la demanda y no tienen efecto respecto a ellas los cambios posteriores de dicha situación, salvo que la ley disponga otra cosa.
Sobre la base de la norma del Código Adjetivo que se citó, esta Sala,
en oportunidades anteriores, ha determinado el tribunal competente en casos concretos en atención al que lo fuera de conformidad con la ley -o con la interpretación auténtica que de ésta hubiere hecho esta juzgadora- para el momento de la interposición de la demanda.
Sin embargo, la Sala ha abandonado el criterio anterior y ha determinado que, con independencia de la oportunidad en que hubiere sido incoada una demanda de cualquier naturaleza que tenga por objeto, como la de autos, el incumplimiento de una providencia administrativa dictada por una Inspectoría del Trabajo, la competencia corresponde a los tribunales laborales… (omissis)
En este sentido, una vez que se determinó que el laboral es el juez natural, resulta en interés y beneficio de las partes que las causas a las que se ha hecho referencia sean decididas por éste con independencia de los criterios atinentes a la competencia que se hayan podido sostener con anteriorida2 y, por tanto, de la fecha de la interposición de las demandas, de modo que esta circunstancia fáctica, que le es ajena, no les impida el acceso al juez que está más calificado para la cabal composición de la controversia; ventaja que se acentúa en materia de amparo constitucional, caracterizada como está por la urgencia, que exige la mayor celeridad posible, celeridad que el juez más especializado está en mayor capacidad de ofrecer (Vid. S.S.C. n.° 108 de 25.02.11).
No obstante, en respeto a los principios de estabilidad de los procesos, economía y celeridad procesal que imponen los artículos 26 y 257 constitucionales, aquellas causas en que la competencia ya haya sido asumida o regulada de conformidad con el principio perpetuatio fori y el criterio atributivo de competencia que esta Sala recientemente abandonó -como se explicó supra- por o a favor de los tribunales de lo contencioso-administrativos, continuarán su curso hasta su culminación. Así se decide”. (Subrayado y negrillas de esta decisión).

Del razonamiento parcialmente transcrito se aprecia, que si bien la Sala Constitucional del Alto Tribunal ratificó el criterio conforme el cual se atribuye a los tribunales del trabajo la competencia para conocer de cualquier acción que se ejerza contra actos dictados por las Inspectorías del Trabajo, a propósito del incumplimiento de una providencia emanada de dichos órganos, con ocasión a asuntos laborales, asimismo la misma modificó sus efectos temporales, cuando estableció, entre otras, que en las causas en las cuales la competencia “…ya haya sido asumida o regulada de conformidad con el principio perpetuatio fori…”, correspondía a los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo seguir conociendo de las mismas.
Dichos efectos temporales, fueron asimismo ratificados en la más reciente sentencia, que sobre la materia, profiriera el Máximo Tribunal en Sala Plena número 57, publicada el 13 de octubre de 2011, cuando respecto de la decisión de la Sala Constitucional del 18 de marzo de 2011, estableció expresamente lo siguiente:

“Con este fallo, el supremo órgano intérprete de la Carta Magna, condiciona el criterio establecido en la sentencia Nº 165 del 28 de febrero de 2011, en el sentido de que si bien es cierto que no contraviene el criterio de que la aplicación efectiva del nuevo régimen competencial establecido en la sentencia Nº 955 del 23 de septiembre de 2010 es independiente a la fecha de su fijación, no es menos cierto que, para las causas que ya hayan sido asumidas o reguladas continuarán en tramitación hasta su culminación en los órganos en los que están en curso dichos procesos…” (Subrayado y resaltado de esta decisión).

Con fundamento al contenido de las sentencias supra citadas, y una vez revisadas, como fueron las actas procesales que conforman el expediente, de las cuales se observa, que el Tribunal Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, con sede en Barcelona, al dictar decisión al fondo, sentenciando el Recurso de Amparo interpuesto, en el intitulado II. DE LA COMPETENCIA DE ESTE TRIBUNAL (f. 203, p1), expresamente estableció su competencia para conocer del asunto planteado, se concluye, que es este el que debe continuar con la tramitación de la causa hasta su culminación definitiva, en resguardo de los principios constitucionales de estabilidad de los procesos, economía y celeridad procesal regulados en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por tanto, este Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, se declara INCOMPETENTE para conocer del presente asunto. Así se decide.

III
Una vez expuestos los razonamientos de hecho y de derecho, y ante la existencia previa de un pronunciamiento judicial sobre incompetencia emitido por el juez contencioso administrativo, y la declaratoria igualmente de este Juzgado sobre su incompetencia para conocer de la acción ejercida, se plantea de oficio un conflicto negativo de competencia que deberá ser resuelto por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por ser la afín en materia de amparo constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales y 266, numeral 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Publíquese y regístrese. Déjese copia certificada para los archivos del Tribunal Remítase el expediente al Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional. Líbrese Oficio. Cúmplase.
Dada, firmada y sellada, en la Sala de Despacho, del Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en Barcelona, a los catorce (14) días de febrero de dos mil doce (2.012).
La Juez,

Ab. Mirtha Lucila Bravo Corazpe
La Secretaria,

Ab. Isolina Vásquez Salazar

En esta misma fecha se registró y publicó en el sistema informático juris2000.
La Secretaria,

Ab. Isolina Vásquez Salazar