REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui Barcelona, treinta de julio de dos mil doce 202º y 153º ASUNTO: BH03-V-1996-000004 Se contrae la presente demanda, al juicio por INTERDICTO RESTITUTORIO, propuesta por la abogada en ejercicio ELIZABETH HERNANDEZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el número 28.857, en su carácter de Apoderada Judicial de la ciudadana ASTRIDE LOCKETT, de nacionalidad Canadiense, Pasaporte Número: VB694067, contra los ciudadanos AIDA RAMONA SILVA y ALEXANDER OMER MORILLO. En fecha 13 de mayo de 1996, se admitió la presente demanda ordenándose la constitución de la garantía, a los fines de decretar la medida restitutoria, y en fecha 01 de julio de 1996, se decretó la medida de secuestro del inmueble objeto de la presente acción, toda vez que la parte actora manifestó su imposibilidad de constituir la garantía exigida.- Ahora bien, ejecutada la medida de secuestro y citada la parte demandada, estos no comparecieron al Tribunal ni por si, ni por medio de apoderado judicial a presentar sus alegatos.- Llegado el lapso probatorio, solo la parte actora promovió y evacuó pruebas, y en fecha 26 de febrero de 1998, la apoderada actora solicitó la notificación de los querellados a los fines de la prosecución del juicio, a través de cartel, de conformidad con lo establecido en el Artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, librándose el mismo en fecha 23 de marzo de ese mismo año, y en fecha 24 de septiembre de 1998, este Tribunal reanudó la causa, por haberse vencido el lapso de notificación, por haberse encontrada paralizada la misma, comenzando a correr el lapso para que los querellados presentaran sus alegatos, al primer día de despacho siguiente a esa fecha.- Ahora bien, aun cuando la causa se encuentra paralizada desde el año 1998, en estado de dictar sentencia, ello no obsta para que las partes hubiesen podido diligenciar solicitando pronunciamiento en el presente juicio, por lo que en la presente causa no solo el abandono total de las pretensiones del querellante, y el notorio desinterés en gestionar una decisión, resultan obvias, sino que aunado a ello, observa esta juzgadora que el lapso de inactividad procesal es superior al de la prescripción de la acción interdictal, es decir un (1) año, para intentar la acción. Por otra parte, en criterio explanado por la Sala Constitucional del máximo Tribunal en decisión del 1 de junio de 2001, citada en sentencia N•CLEG742, dictada en fecha 28 de Octubre de 2003, expresó: (…….)La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una cuando habiéndose interpuesta la acción sin que el Juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio por un tiempo suficiente que hace presumir al Juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.(...), (...)La otra oportunidad (tentativa) en la que puede decaer la acción por falta de interés, es cuando la causa se paraliza en estado de sentencia. Tal parálisis conforme a los principios generales de la institución no produce la perención, pero si ello rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido. Es indiscutible que se ese actor no quiere que lo sentencien, por ello ni incoa un amparo a ese fin, ni una acción disciplinaria por denegación de justicia, ni pide en la causa que le fallen (..) (...) De allí, que considera la Sala, como interpretación del artículo 26 Constitucional, en cuanto a lo que debe entenderse por justicia oportuna, que si la causa paralizada ha rebasado el término de la prescripción del derecho controvertido, a partir de la ultima actuación de los sujetos procesales, el Juez que la conoce puede de oficio o a instancia de parte, declarar extinguida la acción previa notificación del actor en cualquiera de la formas previstas en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, si ello fuere posible, de no serlo, por no conocer el Tribunal dónde realizar la notificación, o no poder publicar el cartel, con la fijación de un cartel en la puerta del tribunal. La Falta de comparecencia de los notificados en el término en que se fije, o las explicaciones poco convincentes que exprese el actor que compareciere, sobre la causa de su inactividad las ponderará el juez para declarar extinguida la acción.(…) Establece la mencionada sala de nuestro Máximo Tribunal, que cuando los términos de prescripción de los derechos ventilados sean de un año o menos, vencido un año de inactividad en estado de sentencia, sin impulso del actor, si en el año siguiente al de la prescripción no hay impulso de su parte, se tendrá tal desidia procesal como muestra inequívoca que los accionantes perdieron el interés procesal en dicha causa. La misma sala de Casación Social en sentencia de fecha 18 de julio de 2002 expresó: (..) para que proceda la declaratoria del decaimiento de la acción por falta de interés procesal, deben concurrir una serie de requisitos, entre los cuales se mencionan: i) que el juicio se encuentre en suspenso y en etapa de sentencia; ii) que el actor no inste al Juez a cumplir con su obligación de dictar la misma; iii) que se haya sobrepasado el término que la ley señala para la prescripción del derecho objeto de la pretensión y que las partes no hayan actuado, por lo menos, en el año siguiente a dicho lapso; y, iV) que el Juez de la causa antes de proceder a dictar el decaimiento de la acción y la consecuente extinción de ésta, debe notificar al actor para que éste explique la causa de su decidia (..) En mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, y acogiendo el criterio de Nuestro Máximo Tribunal, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decreta el DECAIMIENTO DE LA ACCION EN EL PRESENTE JUICIO, y así se declara.-En Barcelona a los treinta (30) días del mes de Abril de Dos Mil Doce (2.012). Años: 202° de la Independencia y 153° de la Federación. No hay condenatoria en costas, por la naturaleza de la presente decisión.- La Juez Provisorio Dra. Helen Palacio García La Secretaria Dra. Marieugelys García Capella HPG/mónica