REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui
I
ASUNTO Nº BH01-X-2012-000012
Vista la diligencia que antecede, de fecha 03 de Abril del 2.012, suscrita por el Abogado OCTAVIO RAFAEL CASTELLANOS ZACARÍAS, de este domicilio e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 29.658, en su carácter de Apoderado Judicial de la parte demandante; mediante la cual ratifica su solicitud que hiciera en su Escrito de Libelo de Demanda de que se decrete Medida de Prohibición de Enajenar y Gravar.
En efecto solicita el Apoderado actor en el precitado Escrito que:
“…ratifico solicitud de medida preventiva de prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles debidamente identificados anteriormente, contenida en escrito libelar de demanda, en cuanto que su fundamento legal se encuentra previsto en el Art. 585 en concordancia con el Art. 588, ordinal Tercero del Código de Procedimiento Civil, y para la procedencia de la referida medida están satisfechos los extremos del Fumus Boni iuris, es decir la apariencia de un buen derecho, que dimana de los documentos que acompañamos con la demanda, y que demuestran inequivocadamente la existencia de una venta del inmueble antes identificado como objeto de este proceso, así como el cobro y pago excesivo del precio declarado finalmente en el documento registral de la venta, y de la omisión dolosa d
el pago por parte de la actora demandante, de un puesto de estacionamiento adicional; y el Fumus Periculum in Mora, o sea el peligro en la demora que proviene de la conducta contumaz y rebelde de la demandada, al negarse a la repetición de lo cancelado en exceso y de la separación de la venta del puesto de estacionamiento adicional por operación por separado a la venta del inmueble, evidenciándose en las solicitudes y correspondencias enviadas por mi mandante y recibidas en las oficinas administrativas de la demandada, lo que podría hacer ilusorio el fallo que la decrete, además que existe el fundado temor de que se pueda continuar causando lesiones económicas graves o de difícil reparación, en cuanto a la aplicación general de las normas de derecho que rigen en nuestro ordenamiento, muy especialmente en cuanto respecta al Documento de Condominio correspondiente…”.
Planteados así los hechos, pasa este Tribunal a decidir sobre la Medida preventiva solicitada por la parte demandante, conforme a las siguientes consideraciones:
II
MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO PARA LA DECISIÓN
Dispone el Artículo 585 del Código de Procedimiento Civil:
“Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama”.
Al respecto, ha sostenido el Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Político Administrativa “Que el otorgamiento de providencias cautelares solo es posible en los supuestos generales previsto en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, es decir, cuando se han verificado, efectivamente y en forma concurrente, los dos elementos esenciales para su procedencia, cuales son, la presunción grave del derecho que se reclama, el fumus boni iuris, y que exista el riesgo real y comprobable de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva, el periculum in mora”. Ahora bien, se ha señalado la estricta sujeción que existe entre la procedencia de la medida cautelar y los alegatos y pruebas que el solicitante traiga a los autos para demostrar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley para ello. Así, se ha explicado que la sola existencia de un juicio no resulta presupuesto suficiente, aunque si necesario, para dictar medidas preventivas durante su curso, debiendo por tanto fundamentarse adecuadamente la verificación de los requisitos de procedencia y, más aún, aportar un medio que constituya al menos presunción grave de esa circunstancia. Es decir, no basta con alegar que existe un peligro inminente de que quede ilusoria la ejecución del fallo definitivo, sino que además debe acompañarse un medio de prueba que pueda hacer surgir en el Juez, al menos una presunción grave de la existencia de dicho peligro.
De allí que, considerando que recae sobre la parte solicitante de la medida, la carga de alegar y probar las razones de hecho y de derecho que a su parecer fundamentan su procedencia, el órgano jurisdiccional se encuentra evidentemente impedido de suplir la falta de la parte que no explanó y acreditó sus argumentos, en sustento de la medida en cuestión “. (Tribunal Supremo de Justicia. Sala Político Administrativa. Sentencia de fecha 22 de mayo de 2003. Exp. No. 2002-0924).
Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, es al ser planteada la medida cuando el peticionario debe acompañar los medios de prueba que lleven a la convicción del Juzgador, la concurrencia de los requisitos de procedibilidad de la misma.
Al respecto, observa este Tribunal que el legislador supedita el decreto de medidas preventivas única y exclusivamente cuando en el caso se cumplan, de manera concurrente o acumulativa, dos requisitos, a saber:
1) Existencia de riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo.
2) Existencia de presunción grave del derecho que se reclama, a más de los requisitos mencionados, exige también la norma del 585 que el peticionario de la medida acompañe o produzca con la solicitud de medida preventiva, medios de prueba que constituyan presunción grave de la existencia de los prenombrados requisitos de procedibilidad, es decir, que la parte que solicita una medida preventiva, tiene la ineludible carga procesal de aportar los medios presuntivos que permitan al Juez presumir la existencia del periculum in mora y el fumus boni iuris.
En el presente caso, considera este Tribunal que el solicitante de la medida Preventiva de Prohibición de Enajenar y Gravar no aportó a los autos los medios probatorios para que se presumiera la existencia de los requisitos exigidos por la ley para dictar la medida preventiva, razón por la cual el decreto de la misma no puede prosperar, y así se declara.
III
DECISIÓN
Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Primero de Primera instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y de Tránsito de la Circunscripción judicial del estado Anzoátegui, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, NIEGA la Medida Preventiva de Prohibición de Enajenar y Gravar solicitada por la parte demandante en su Escrito libelar, y posteriormente ratificada en fecha 11 de Abril del 2.012, en el juicio de Pago de lo Indebido y Daños y Perjuicios que ha incoado la ciudadana TEOTISTE MUÑOZ CARMONA, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 8.201.684 y domiciliada en Caracas, Distrito Capital, a través de su Apoderado Judicial OCTAVIO RAFAEL CASTELLANOS ZACARÍAS, de este domicilio e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 29.658, en contra de la Empresa INVERSIONES LA META 2045 C.A., domiciliada en Caracas, Distrito Capital, e inscrita en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 13 de Julio de 1.998, bajo el Nº 24, Tomo 230-A-Qto. Así se decide.
No hay condenatoria en costas, dado el carácter de este fallo.
Publíquese. Regístrese. Déjese copia de esta decisión.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en Barcelona, a los dos de Mayo del año dos mil doce. Años: 202° de la Independencia y 153° de la Federación.
El Juez Temporal,
Alfredo José Peña Ramos
La Secretaria,
Judith Milena Moreno Sabino
En esta misma fecha, siendo las diez y treinta minutos de la mañana, se dictó y publicó la anterior sentencia. Conste.
La Secretaria
Judith Milena Moreno Sabino
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