REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, de El Tigre. El Tigre, quince de noviembre de dos mil doce 202º y 153º ASUNTO PRINCIPAL: BP12-V-2008-001091 ASUNTO: BP12-V-2008-001091 Estando la presente causa en estado de dictar sentencia, este Tribunal de la revisión efectuada para tales fines, se observa que la parte actora en el libelo de demanda de fecha 10 de diciembre de 2008, expone entre otras cosas que cursa denuncia ante la Fiscalía Octava del Ministerio Público, interpuesta por la ciudadana: XIOMARI BOLIVAR DE ROSAS contra la ciudadana: BELKIS HERNANDEZ, y específicamente en el CAPITULO IV. DEL PETITORIO EN EL PARTICULAR TERCERO de dicho escrito de demanda, solicita…”se sirva ordenar lo conducente, a los fines que se oficie a la Fiscalía Octava del Ministerio Público, con sede en la Avenida Mérida de la Ciudad de Anaco del Estado Anzoátegui, para que remita a la brevedad y urgencia del caso copia certificada del Expediente Número D03-1363-07, a fin de que se verifique lo expuesto y alegado por mi persona en relación a la presente denuncia en el presente escrito…” Igualmente en el lapso probatorio en escrito de pruebas promovido por la parte actora en el SEGUNDO APARTE solicita una vez más que: “… previa certificación de autos sea trasladado al presente proceso y en consecuencia promoviendo copia certificada expedida por la Fiscalía Superior del estado Anzoátegui, la cual reposa en el expediente No. BP12-2007-V-0000524, Causa Xiomari Bolívar de Rosas contra Belkis Hernández, la cual se refiere a averiguación abierta por ante la Fiscalía Octava del Ministerio Público con sede en la Ciudad de Anaco, relacionada a la presente causa…”Ahora bien se observa que no consta en autos pronunciamiento alguno sobre lo solicitado por la parte actora. Aunado a ello la Sala de Casación Civil en sentencia N° 472, de fecha 19 de julio de 2005, expediente Nº 02-986, caso: Producciones 8/1 C. A., contra Banco Mercantil, C.A. S.A.C.A., señaló lo siguiente: “…Esta Sala deja sentado que la observancia de los trámites esenciales del procedimiento está íntimamente ligado al principio de legalidad de las formas procesales, salvo las situaciones de excepción previstas en la ley. Por ello, no les está permitido a los jueces de instancia relajar la estructura, secuencia y desarrollo del procedimiento, esto es, el modo, lugar y tiempo en que deben realizarse los actos procesales, ya que las garantías del debido proceso, de defensa de las partes y el de tutela judicial efectiva incumbe al orden público, pues el Estado es garante del ejercicio eficaz de los derechos de las partes en el proceso. (Ver, entre otras, Sent. 10/5/05, caso: Doris Josefina Araujo c/ Michele Marcaccio Bagaglia). Por su parte, la Sala se ha pronunciado de la siguiente manera: “Observa esta Sala, que el artículo 26 de la Constitución vigente, consagra de manera expresa el derecho a la tutela judicial efectiva, conocido también como la garantía jurisdiccional, el cual encuentra su razón de ser en que la justicia es, y debe ser, tal como lo consagran los artículos 2 y 3 eiusdem, uno de los valores fundamentales presentes en todos los aspectos de la vida social, por lo cual debe impregnar todo el ordenamiento jurídico y constituir uno de los objetivos de la actividad del Estado, en garantía de la paz social. Es así como el Estado asume la administración de justicia, esto es, la solución de los conflictos que puedan surgir entre los administrados o con la Administración misma, para lo que se compromete a organizarse de tal manera que los mínimos imperativos de la justicia sean garantizados y que el acceso a los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, en cumplimiento de su objeto, sea expedito para los administrados. El derecho a la tutela judicial efectiva, de amplísimo contenido, comprende el derecho a ser oído por los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, es decir, no sólo el derecho de acceso sino también el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, los órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y, mediante una decisión dictada en derecho, determinen el contenido y la extensión del derecho deducido, de allí que la vigente Constitución señale que no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales y que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia (artículo 257). En un Estado social de derecho y de justicia (artículo 2 de la vigente Constitución), donde se garantiza una justicia expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles (artículo 26 eiusdem), la interpretación de las instituciones procesales debe ser amplia, tratando que si bien el proceso sea una garantía para que las partes puedan ejercer su derecho de defensa, no por ello se convierta en una traba que impida lograr las garantías que el artículo 26 constitucional instaura. La conjugación de artículos como el 2, 26 o 257 de la Constitución de 1999, obliga al juez a interpretar las instituciones procesales al servicio de un proceso cuya meta es la resolución del conflicto de fondo, de manera imparcial, idónea, transparente, independiente, expedita y sin formalismos o reposiciones inútiles...”. (Sentencia del 2/6/03, caso: Leonor María Infante y otra). (Negritas de la Sala y Cursivas del texto). De igual modo, esta Sala de Casación Civil, en sentencia de fecha 12 de abril de 2005, (caso: Mario Castillejo Muelas, c/ Juan Morales Fuentealba), dejó establecido que: “...el constituyente de 1999 acorde con las tendencias de otros países consagró el derecho a una justicia, accesible, imparcial, oportuna, autónoma e independiente, y estos aspectos integran la definición de la tutela judicial efectiva por parte de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), cuyo artículo 8 dispone que el derecho de acceso a los órganos de justicia consiste en “...la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter...”. Es decir, la tutela judicial efectiva comprende, no sólo el acceso a una vía judicial idónea para la resolución de los conflictos surgidos entre los ciudadanos a través de la aplicación objetiva del derecho mediante una sentencia justa, sino también la garantía de que gozan las partes para ejercer oportunamente los medios recursivos contra las providencias jurisdiccionales, a fin de que puedan ser revisadas en un segundo grado de la jurisdicción...”. (Negritas de la Sala y cursivas del texto). Ahora bien, con respecto a los medios probatorios, se ha pronunciado la Sala Constitucional del Alto Tribunal, en Sentencia Nº 1442, de fecha 24 de noviembre de 2000, caso: Marieliza Piñango Buloz y Otro, expediente N° 00-0738, cuando expresó: “…Forman parte del debido proceso, las oportunidades procesales para oír a las partes, así como lo relativo a la promoción y recepción de pruebas dentro de los términos y formas que establece la ley para ello, a fin que las partes puedan cumplir con el principio de necesidad de prueba, así como con los de contradicción y control de la prueba, todo como desarrollo del derecho de defensa. Mientras esas oportunidades legales se respeten, existe el debido proceso, ya que se oye a la persona en lapsos y actos que garantizan el poder recoger plenamente sus alegatos, además, se permite a las partes, ante la petición de una, recibir la contrapetición de la otra, lo que en materia de pruebas significa acceder a las pruebas que ofrece su contraparte y poder cuestionarlas y controlarlas…”. (Negritas y subrayado de esta Sala). De conformidad a las jurisprudencias antes citadas, puede destacarse que el derecho a la prueba se ve vulnerado cuando el Juzgador impide de alguna manera que la prueba legal y pertinente se incorpore al proceso (subrayado del Tribunal) o cuando siendo admitida y se ordene su evacuación, no se esperen las resultas de las mismas, a los fines de producirse una decisión final, conforme a lo alegado y probado por las partes, con lo cual se estaría produciendo una indefensión. Y en sintonía con lo anteriormente esgrimido; de conformidad con lo pautado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda persona tiene el derecho a obtener la tutela judicial efectiva, lo cual no se puede lograr sino por medio de la oportuna y necesaria prueba de los hechos litigiosos; así pues la prueba forma parte del derecho a esa tutela como derecho a probar en el juicio las afirmaciones de hecho realizadas por las partes al fundamentar su pretensión, en concordancia con lo estatuido en el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil; que permite que los actos y providencias de mera sustanciación o de mero trámite, podrán ser revocados o reformados de oficio o a petición de parte, por el Tribunal que los haya dictado, mientras no se haya pronunciado la sentencia definitiva, salvo disposiciones especiales…; es por lo que este Tribunal considera la necesidad de librar oficio a la Fiscalía Octava del Ministerio Público, con sede en la Avenida Mérida de la Ciudad de Anaco del estado Anzoátegui, a los fines de que informe el estado en que se encuentra la causa No. D03-F8-1363-07, a la mayor brevedad posible, todo ello en aras preservar a las partes el derecho a una tutela judicial efectiva que debe imperar en todo proceso.- En consecuencia de lo antes expuesto se deja sin efecto el auto de fecha 17 de septiembre de 2012, en el cual este Tribunal dijo “VISTOS” para sentenciar y se ordena librar oficio a la Fiscalía Octava del Ministerio Público de Anaco de esta Circunscripción Judicial, y una vez conste autos las resultas de la Fiscalía antes mencionada, se procederá a fijar el lapso para dictar sentencia.- Líbrese oficio.- LA JUEZA, DRA. LUZ ZORAYA ARREAZA LA SECRETARIA, MARIANELA QUIJADA ESTABA LZA/mqe