REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental. Barcelona, 7 de febrero de Dos Mil Trece 202º y 153º ASUNTO: BP02-N-2010-000017 PARTE ACCIONANTE: Liliana Del Coromoto Mata Mejias, Venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 13.369.489 y de este domicilio. Apoderado de la Parte Accionante: No acreditó. PARTE ACCIONADA: Instituto Autónomo Policía del Estado Anzoátegui. Apoderado de la Parte Accionada: Carlos Anuel, Daniela Sánchez y Otros, Inpreabogado Nros. 116.023, 106.464, respectivamente. MOTIVO: Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial I Se contraen las presentes actuaciones al Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por la ciudadana Liliana Del Coromoto Mata Mejias, ya identificada, asistida en este acto por el Abogado Reimundo Mejias La Rosa, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 116.029, contra el Instituto Autónomo Policía del Estado Anzoátegui. En fecha 25 de Enero del 2010, este Tribunal admitió la demanda y ordenó la citación de la parte demandada. Cumplidos los trámites de citación, en fecha 24 de marzo de 2010, la representación judicial de la parte demandada, consignó escrito de contestación a la demanda. En fecha 10 de agosto de 2011, previa notificación, se realizó la Audiencia Preliminar con asistencia de ambas partes. Abierto el lapso probatorio, solo la parte recurrida promovió pruebas y en su momento el Tribunal se pronunció sobre su admisión. Vencido el lapso probatorio se celebró la Audiencia Definitiva, la cual tuvo lugar en fecha 23 de enero de 2013. De conformidad con lo establecido en el artículo 108 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, el Tribunal pasa a dictar sentencia conforme a las siguientes consideraciones: II Alegaciones de las partes 1.-Parte Actora: Alegó la parte accionante que posee la cualidad de funcionaria pública de carrera. Seguidamente adujo que el cargo de Asistente Admiistrativo V, esta clasificado dentro del registro de asignación de cargos como de carrera, por lo que no puede la Administración después de 10 mese de haber prestado servicio para la institución desconocer su nombramiento. Asimismo, manifestó fue excluida de la nomina de pago y que el 30 de diciembre de 2009, se le notificó mediante Oficio de fecha 1º de Diciembre de 2009, que en fecha 28 de Agosto de 2009, se dictó Resolución Nº 001, mediante la cual fue retirada de su por causal de restructuración de conformidad con el Decreto Nº 95, Gaceta Oficial Nº 285. A la postre, fundamentó su acción en las previsiones contenidas en los artículos 78 ordinal 5, y 44 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, 118 y 119 del Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa. De igual manera, la recurrente denunció vicios en el procedimiento como lo son: Que la reducción de personal debe ser autorizada por el Consejo Legislativo estadal; asimismo, señaló que el artículo 78 destaca que los cargos objeto de la reducción de personal serán eliminados en la nueva estructura organizacional y no podrán ser provistos en el resto del período fiscal en curso, también aduce que hay falta de motivación en el acto administrativo de destitución, y que el mismo fue dictado bajo un falso supuesto. De la misma Forma fundamentó su acción en los artículos 25, 87, 89, 93 y 139 de la Constitución Nacional. Finalmente, la accionante solicitó la declaratoria con lugar del presente recurso contencioso administrativo funcionarial y como consecuencia la nulidad del Acto Administrativo de retiro, contenido en la Notificación S/N, de fecha 1º de diciembre de 2009, y que se acuerde su inmediata reincorporación al cargo del cual fue retirada y de igual forma se acuerde el pago de las remuneraciones dejadas de percibir. 2.- Contestación de la demanda: En la oportunidad de dar contestación a la demanda, la representación judicial de la demandada Abogados Daniela Sánchez, Luis Carlos Maitan, Yelitza Ricardi y Carlos Anuel, actuando en sus condiciones de Apoderados Judiciales del Instituto Autónomo Policía del Estado Anzoátegui, rechazaron, negaron y contradijeron en todas y cada una de sus partes, tanto en los hechos como en el derecho, la demanda incoada en contra de su representada, así como el objeto del juicio incoado por la recurrente ya que en el libelo de la demanda indica una falsa condición de Funcionaria de Carrera. Seguidamente, negaron, rechazaron y contradijeron, los alegatos correspondientes al libelo de la demanda y asimismo; negaron que se hayan cercenados Derechos de índole Constitucional, ya que en todo momento se respetó el Derecho al Trabajo, a la Defensa, al Debido Proceso y a su Dignidad. Igualmente, rechazaron y contradijeron lo alegado por la recurrente en cuanto a la violación de los artículos 49, y 137 de la Constitución de la República. Seguidamente, señalaron que en ningún momento su representado le menoscabo a la recurrente sus Derechos Constitucionales y finalmente, solicitaron la declaratoria sin lugar del presente recurso funcionarial, con todos los pronunciamientos de Ley y por consiguiente la confirmatoria del acto administrativo de efectos particulares dictado, mediante la cual fue desincorporada la hoy recurrente bajo la figura de restructuración. III PRUEBAS PROMOVIDAS: En la Oportunidad de promoción de pruebas, solo la parte accionada promovió pruebas. De la parte accionada: Capitulo Primero: Reprodujo el mérito favorable de los autos. Por cuanto tales alegatos no constituyen un medio de prueba, el Tribunal no le otorga valor probatorio. Capitulo Segundo: Marcado con la letra A, copia de la baja de la funcionaria Liliana Del Coromoto Mata Mejias. Capitulo Tercero: Marcado con la letra B, copia certificada de la notificación de la funcionaria Liliana Del Coromoto Mata Mejias. Capitulo Cuarto: Marcado con la letra C, copia certificada de la Resolución Nro. 001. Capitulo Cuarto: Marcado con la letra D, copia del Decreto Nº 95 publicado en Gaceta Oficial del Estado Anzoátegui, de fecha 28 de Agosto de 2009, con el objeto de demostrar que no existió usurpación de funciones, siendo potestativo del Gobierno Regional, en la figura del Gobernador del Estado dictar Decretos para regular y mejorar la actuación policial y los funcionarios que comprenden poseen las cualidades para estar en las filas del IAPAZNZ. Estas pruebas al no haber sido impugnadas en ninguna forma de derecho, esta Sentenciadora las valora de conformidad con lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Y así se decide. IV Consideraciones para decidir Planteada la presente litis en los términos que anteceden, para decidir la presente causa, este Tribunal observa que en primer lugar es necesario referirse a la condición laboral de la hoy recurrente y al respecto observa este Juzgado que la ciudadana Liliana Del Coromoto Mata Mejias, ingresó al Instituto Autónomo Policía del Estado Anzoátegui el 1° de febrero de 2009, tal y como se evidencia de las actas procesales que conforman el presente expediente; bajo la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, siéndole aplicable en consecuencia la Ley del Estatuto de la Función Pública, resulta entonces necesario hacer mención al artículo 146, de nuestra Carta Magna el cual señala que: “Los cargos en los Órganos de la Administración Pública son de carrera, excepto los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los contratados, los obreros y los demás que determine la Ley que al efecto se dicte”. (Añade el mencionado artículo que el ingreso de los funcionarios públicos y funcionarias públicas a la carrera es por concurso público). Por su parte la ley, Ley del Estatuto de la Función Pública en su artículo 3, establece que: “el funcionario público será aquel que en virtud del nombramiento expedido por la autoridad competente, se desempeñe en el ejercicio de una función pública remunerada, con carácter permanente” y el artículo 19 eiusdem los clasifica como funcionarios de carrera y funcionarios de libre nombramiento y remoción, los primeros serán quienes habiendo ganado el concurso y superado el período de prueba y en virtud de nombramiento, presten servicios remunerado y con carácter permanente y los segundos son aquellos que son nombrados y removidos libremente de sus cargos sin otras limitaciones que las establecidas en esta Ley. En efecto, el Tribunal observa, que en relación a lo establecido en la Ley del Estatuto de la Función Pública y nuestra Carta Magna, de actas no se evidencias elementos de convicción para que a la recurrente, se le pueda considerar como funcionaria de carrera debido a que su ingreso al Instituto Autónomo Policía del Estado Anzoátegui, fue mediante un nombramiento y no se cumplieron los requisitos de Ley para ostentar dicha condición, en consecuencia debe ser considerada como de libre nombramiento y remoción por no tener la condición de funcionaria de carrera. Y así se decide. Ahora bien, en este punto es necesario hacer referencia a la clasificación que hace la Doctrina que suele clasificar a los funcionarios públicos como de derecho y de hecho; precisando que los funcionarios de derecho son aquellos que desempeñan su cargo con investidura plena, es decir, han ingresado y se mantiene en el ejercicio de su destino por haber cumplido con todos los requisitos que para ello pautan las leyes y los reglamentos. En cambio, los funcionarios de hecho, son aquellos que no han cumplido con el requisito del concurso público, sino de un simple nombramiento. Este último tipo de funcionario público, por el simple hecho del ejercicio de su cargo no se convierte en un funcionario de carrera; asimismo, es necesario hacer mención que del análisis de la Constitución Nacional y la Ley del Estatuto de la Función Pública, este Juzgado concluye que los funcionarios públicos de hecho por no haber ingresado a la administración mediante concurso no tienen derecho a la estabilidad, por lo que el acto mediante el cual es removida la referida ciudadana del cargo que venia desempeñando, goza de completa validez. Y así se decide. De igual manera, visto el alegato expuesto por la parte accionante, mediante el cual hace referencia a que la reducción de personal debe ser autorizada por el Consejo Legislativo Estadal, y siendo que en el presente caso de acuerdo a la notificación del acto (oficio S/N, de fecha 01/12/2009), su fundamento legal lo constituye el Decreto Nº 95 publicado en Gaceta Oficial del Estado Anzoátegui Nº 285, extraordinario de fecha 28 de Agosto de 2009, emanado del Gobernador del Estado, por lo que tal decreto resulta entonces una usurpación de poderes, al respecto considera esta Juzgadora que del análisis del referido Decreto se evidencia que el mismo surgió en virtud de un proceso de diagnostico sobre la situación de la Institución, dicho proceso fue ordenado mediante el Decreto Nº 43, publicado en Gaceta Oficial Nº 121, extraordinario, de fecha 7 de abril de 2008, creándose para ese momento una Comisión para la Restructuración, Transformación y Modernización del Ente Policial, la cual emitió en diciembre del 2008 un diagnostico, que trajo como consecuencia la creación del Plan de Seguimiento del Proceso de Modernización del Instituto Autónomo Policía del Estado Anzoátegui, arrojando como resultado que para el proceso de transformación del Ente era necesario el retiro de algunos Funcionarios, por lo que resulta evidente que el referido proceso de restructuración fue objeto de un análisis, y en vista que dicho Ente es el garante de la seguridad de los Anzoatiguense, y siendo necesario la depuración del Ente para garantizar tal Derecho, es evidente pensar que el Gobernador del Estado tiene la facultad para dictar dichos decretos. De igual forma es necesario remitirse a lo establecido en el artículo 164 Numeral 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el cual señala que: Es de la competencia exclusiva de los Estados: Nral 6: la organización de la policía y la determinación de las ramas de este servicio atribuidas a la competencia municipal, conforme a la legislación nacional aplicable. Asimismo, resuelta conveniente señalar lo establecido en el artículo 134 numeral 22 de la Constitución del Estado Anzoátegui que otorga al Gobernador del Estado, lo faculta para ejercer la Suprema Autoridad y Jerarquía de los Órganos Estadales de Seguridad”. Igualmente se resalta que fue un hecho público y notorio que el proceso de restructuración no solo fue con la anuencia del Consejo Legislativo, sino que el referido Consejo participó en el proceso de restructuración, mediante la Comisión de Seguridad Ciudadana del Consejo Legislativo del Estado Anzoátegui, siendo encargado para el mencionado proceso el diputado Hidalgo Caraballo. Por todo lo antes expuesto considera esta Juzgadora que el Gobernador del Estado Anzoátegui si era competente para dictar el Decreto Nº 95. Y así se decide. Ahora bien, en referencia a lo señalado por la parte recurrente de que existe un falso supuesto en el acto recurrido por que el cambio en la estructura organizativa no se realizó sino que el Ente querellado sigue funcionando con la misma estructura de siempre, así como que se le haya excluido de la nomina de pego, configurando este suceso un vía de hecho, al respecto considera importante este Tribunal destacar que dicho elementos no fueron probados en juicio, por lo que mal podría este Órgano jurisdiccional tener por cierto hechos que no fueron demostrados y en consecuencia se desestiman tales alegatos. Y así se decide. Finalmente, en cuanto al vicio de inmotivación denunciado, es importante referirse a la notificación de fecha 1º de Diciembre de 2009, en la que se le notifica a la hoy recurrente, que se dictó Resolución Nº 001, mediante la cual se le retira por restructuración de conformidad con el Decreto Nº 95, publicado en gaceta Oficial del Estado Anzoátegui bajo el Nº 285, extraordinario de fecha 28 de Agosto de 2009, por lo que a juicio de esta Juzgadora el acto de retiro de la referida ciudadana fue fundamentado en el hecho de una reducción de personal apoyada sobre los instrumentos legales tantas veces mencionados y ello trae como consecuencia que el acto impugnado esta suficientemente motivado. Y así se decide. En vista de todo lo anteriormente decidido, resulta inútil e inoficioso para esta Juzgadora, pronunciarse sobre cualquier otro particular alegado en autos. Y así se declara.- V DECISION En base a las consideraciones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Sin Lugar el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por la ciudadana Liliana Del Coromoto Mata Mejias, ya identificada, asistida en este acto por el Abogado Reimundo Mejias La Rosa, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 116.029, contra el Instituto Autónomo Policía del Estado Anzoátegui. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas en razón del principio constitucional de igualdad de las partes, ya que si la Administración Pública no puede ser condenada mal podría condenarse al particular. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, en Barcelona, a los 7 días del mes de febrero de dos mil trece (2013). Años: 202° de la Independencia y 153° de la Federación. La Juez, Dra. Mirna Mas y Rubí Spòsito El Secretario Abog. Javier Arias León En esta misma fecha, siendo las 2:50 p.m. se publicó y registro la anterior sentencia. Conste. El Secretario, Abog. Javier Arias León BP02-N-2010-000211 Cvg.