REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental. Barcelona, uno de julio de dos mil trece 203º y 154º ASUNTO: BP02-O-2013-000045 PARTE ACCIONANTE: José Rafael Magallanes, Carmen Ponce y otros. PARTE ACCIONADA: Caja de Ahorros y Prevención Social de los Trabajadores del Estado Anzoátegui. MOTIVO: Acción de Amparo Constitucional La presente acción de Amparo Constitucional fue intentada por los ciudadanos José Rafael Magallanes, Carmen Trinidad Ponce y otros, asistidos por el Abogado Jesús Ermedo Aguilera Blanco, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 139.920, en su caracteres de miembros asociados a la caja de ahorros y previsión social del los trabajadores de ejecutivo del estado Anzoátegui (C.A.P.S.T.E.E.A), contra la Caja de Ahorros y Prevención Social de los Trabajadores del Estado Anzoátegui. Ahora bien señala el accionante que ocurre ante este juzgado a interponer recurso de Amparo Constitucional de Nulidad por omisión contra Acto Administrativo, por cuanto en fecha 13 de febrero de 2013 la Junta Directiva de la Caja de Ahorros y Previsión Social de los Trabajadores del Ejecutivo del Estado Anzoátegui (C.A.P.S.T.E.E.A), inscrita en la Superintendencia de Cajas de Ahorros bajo el Nº 341, publicó listado de Adjudicatarios del Desarrollo Habitacional (C.A.P.S.T.E.E.A), ubicada en la ciudad de Barcelona, sector La Encantada, Nueva Barcelona. Mas adelante señaló que al publicar listado de adjudicatarios, los funcionarios no cumplieron con lo pautado en la sección primera, articulo 9 de la Ley de Cajas de Ahorros, Fondos y Asociaciones de Ahorros Similares. Siendo la oportunidad para pronunciarse sobre la admisibilidad del amparo incoado, y analizadas las actas procesales, el Tribunal hace las siguientes consideraciones: La acción de amparo constitucional es la vía idónea para proteger los derechos y garantías constitucionales lesionadas o amenazadas, con el objeto de restituir la situación jurídica infringida. Procede contra actos, actuaciones, vías de hecho, abstenciones u omisiones de la administración pública, “cuando no exista un medio procesal breve, sumario y eficaz acorde con la protección constitucional” (artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales). No obstante, especifica la jurisprudencia sobre la improcedencia del amparo como medio procesal sustitutivo de los medios ordinarios existentes. En efecto, no sólo es inadmisible la acción de amparo cuando se haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes (numeral 5 del artículo 6 eiusdem), sino también será inadmisible cuando, existiendo tales vías ordinarias y medios judiciales preexistentes que puedan proveer de tutela oportuna ante la eventual lesión constitucional, no se haya hecho uso de ellos. Al respecto, ha sostenido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 67, del 22 de febrero de 2005: “…Ahora bien, el articulo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establece los supuestos de inadmisibilidad de la acción de amparo constitucional, entre los cuales puede extraerse el establecido en el numeral 5, el cual textualmente señala: “Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes…”, vale decir, que será inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta, cuando el quejoso haya elegido recurrir por vías judiciales ordinarias o haya hecho uso de medios judiciales ya existentes. Por su parte, la doctrina patria, ha considerado que “….la mencionada causal está referida, (….) a los casos en que el particular primero acude a la vía ordinaria y luego pretende la acción de amparo constitucional…”, y que de igual forma se ha Interpretado, debido al carácter extraordinario de este tipo de acciones que, “…no solo es inadmisible el amparo constitucional cuando se ha acudido primero a la vía judicial ordinaria, sino también cuando teniendo abierta la posibilidad de acudir a dicha vía no se hace, sino que se utiliza el medio extraordinario.”….Visto lo anterior la acción de amparo constitucional será ejercida ante la evidencia de que, el uso de las vías judiciales o los recursos procesales ordinarios no existieran o se hubieran agotado (este último supuesto se refiere al amparo judicial), en el caso concreto y en virtud de la urgencia de la restitución, no diera satisfacción a la pretensión deducida….” Ahora bien, observa el Tribunal que conforme a los planteamientos expuestos por la accionante, la pretensión constitucional va dirigida contra un Acto Administrativo emitido por la Caja de Ahorros y Previsión Social de los Trabajadores del Ejecutivo del Estado Anzoátegui (C.A.P.S.T.E.E.A). En este orden de ideas, y de acuerdo a lo sostenido por nuestro máximo Tribunal, no es posible sustituir a través de la acción de amparo constitucional, el ejercicio de recursos ordinarios previstos en el ordenamiento jurídico vigente, en el cual el legislador consagró un procedimiento especial donde se otorgan garantías procesales. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el Tribunal debe forzosamente declarar inadmisible la pretensión de amparo interpuesta, por cuanto existe vías ordinarias y medios judiciales preexistentes que pueden proveer tutela oportuna ante la eventual lesión constitucional, como lo es el Recurso de Nulidad con Amparo. Así se declara. En base a las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente señaladas este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: INADMISIBLE la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por los ciudadanos José Rafael Magallanes, Carmen Trinidad Ponce y otros, en sus caracteres de miembros asociados de la Caja de Ahorros y Previsión Social de los Trabajadores del Ejecutivo del Estado Anzoátegui, asistidos por el Abogado Jesús Ermendo Aguilera Blanco. . Así se decide. Déjese copia certificada. La Juez, Dra. Mirna Mas y Rubí Spòsito El Secretario , Abog. Javier Arias León.