REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui
Barcelona, veintiseis de junio de dos mil trece
203º y 154º
ASUNTO: BH01-X-2013-000013
Por auto de fecha 23 de Mayo del 2013, este Tribunal admitió la demanda de Cumplimiento de Contrato de Opción de Compra que ha incoado el ciudadano MANUEL ALEJANDRO ESTEVES SABINO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 15.515.680 y domiciliado en Barcelona, Estado Anzoátegui, debidamente asistido por el Abogado CARLOS CARRILLO CALDERÓN, de este domicilio e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 31.738, en contra del ciudadano HAROL RAFAEL RINCONES PINTO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad Nº 13.015.234 y domiciliado en el Municipio Bolívar Estado Anzoátegui, en cuyo Libelo la parte actora solicita se decrete a su favor Medida de Prohibición de Enajenar y Gravar, sobre el inmueble objeto de la demanda el cual se encuentra registrado por ante la oficina de Registro Público del Municipio Bolívar, del estado Anzoátegui, bajo el Nº 11, folios 63 al 72, Tomo Decimo, tercer Trimestre, Protocolo Primero, en fecha 11 de agosto de 2.003, ratificando dicha solicitud de medida mediante diligencia de fecha 18 de junio de 2.013.-
En este mismo orden de ideas, observa este Sentenciador que en fecha 18 de junio del 2013, el apoderado judicial de la parte demandante, ratificó su solicitud de medida de Prohibición de Enajenar y Gravar solicitada en el libelo de la demanda.-
Planteados así los hechos, pasa este Tribunal a decidir sobre la Medida preventiva solicitada por la parte demandante, conforme a las siguientes consideraciones:
II
MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO PARA LA DECISIÓN
Dispone el Artículo 585 del Código de Procedimiento Civil:
“Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama”.
Al respecto, ha sostenido el Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Político Administrativa: “Que el otorgamiento de providencias cautelares solo es posible en los supuestos generales previsto en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, es decir, cuando se han verificado, efectivamente y en forma concurrente, los dos elementos esenciales para su procedencia, cuales son, la presunción grave del derecho que se reclama, el fumus boni iuris, y que exista el riesgo real y comprobable de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva, el periculum in mora”. Ahora bien, se ha señalado la estricta sujeción que existe entre la procedencia de la medida cautelar y los alegatos y pruebas que el solicitante traiga a los autos para demostrar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley para ello. Así, se ha explicado que la sola existencia de un juicio no resulta presupuesto suficiente, aunque si necesario, para dictar medidas preventivas durante su curso, debiendo por tanto fundamentarse adecuadamente la verificación de los requisitos de procedencia y, más aún, aportar un medio que constituya al menos presunción grave de esa circunstancia. Es decir, no basta con alegar que existe un peligro inminente de que quede ilusoria la ejecución del fallo definitivo, sino que además debe acompañarse un medio de prueba que pueda hacer surgir en el Juez, al menos una presunción grave de la existencia de dicho peligro.
De allí que, considerando que recae sobre la parte solicitante de la medida, la carga de alegar y probar las razones de hecho y de derecho que a su parecer fundamentan su procedencia, el órgano jurisdiccional se encuentra evidentemente impedido de suplir la falta de la parte que no explanó y acreditó sus argumentos, en sustento de la medida en cuestión “. (Tribunal Supremo de Justicia. Sala Político Administrativa. Sentencia de fecha 22 de mayo de 2003. Exp. No. 2002-0924).
Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, es al ser planteada la medida cuando el interesado debe acompañar los medios de prueba que lleven a la convicción del Juzgador, la concurrencia de los requisitos de procedibilidad de la misma.
Al respecto, observa este sentenciador que el legislador supedita el decreto de medidas preventivas única y exclusivamente cuando en el caso se cumplan, de manera concurrente o acumulativa, dos requisitos, a saber:
1) Existencia de riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo.
2) Existencia de presunción grave del derecho que se reclama, a más de los requisitos mencionados, exige también la norma del 585 que el peticionario de la medida acompañe o produzca con la solicitud de medida preventiva, medios de prueba que constituyan presunción grave de la existencia de los prenombrados requisitos de procedibilidad, es decir, que la parte que solicita una medida preventiva, tiene la ineludible carga procesal de aportar los medios presuntivos que permitan al Juez presumir la existencia del periculum in mora y el fumus boni iuris.
De manera que, el solicitante de la medida cautelar de Prohibición de Enajenar y Gravar no aportó a los autos los medios probatorios para que el Juez presumiera la existencia de los requisitos exigidos por la ley para dictar la medida preventiva, razón por la cual el decreto de las mismas no puede prosperar. Así se declara.-
III
DECISIÓN
Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Primero de Primera instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y de Tránsito de la Circunscripción judicial del estado Anzoátegui, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, NIEGA la solicitud de medida de Prohibición de enajenar y gravar solicitada en el juicio de Cumplimiento de Contrato de Opción de Compra que ha incoado el ciudadano MANUEL ALEJANDRO ESTEVES SABINO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 15.515.680 y domiciliado en Barcelona, Estado Anzoátegui, debidamente asistido por el Abogado CARLOS CARRILLO CALDERÓN, de este domicilio e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 31.738, en contra del ciudadano HAROL RAFAEL RINCONES PINTO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad Nº 13.015.234 y domiciliado en el Municipio Bolívar Estado Anzoátegui.- Así se decide.
No hay condenatoria en costas, dado el carácter de este fallo.
Regístrese. Publíquese. Déjese copia de esta decisión.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui. Barcelona, a los veintiseis (26) días del mes de Junio del año dos mil trece Años: 203° de la Independencia y 154° de la Federación.
El Juez Temporal,
Abg. Alfredo José Peña Ramos
La Secretaria,
Abog. Judith Moreno Sabino
En esta misma fecha, siendo las 3:20 p.m., se dictó y publicó la anterior Sentencia, previa las formalidades de Ley. Conste.
La Secretaria,
Abog. Judith Moreno Sabino
AP/mm.-
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