TSJ Regiones - Decisión

Interlocutoria.-
Declinó competencia.-
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui
Jurisdicción: Civil – Familia

ASUNTO Nº BP02-F-2013-000019

I

Demandante: La ciudadana YARWI URSULA MARRERO MANZANO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 15.154.083.- ABOGADO APODERADO ACTOR: Pedro Campos Castillo, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 5.492.556 e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 82.335.-
Parte Demandada: ciudadano DANNY JOEL VELASQUEZ MISEL, venezolano, mayor de edad, domiciliado en el sector Cruz Verde, Calle Principal, Casa Nº 85, Municipio Simón Bolívar, Barcelona, Estado Anzoátegui y titular de la cédula de identidad Nº 8.282.476.-
Pretensión: Partición y Liquidación de la Comunidad Conyugal

Motivo: Declinatoria de Competencia.-
II
SÍNTESIS DE LA SOLICITUD

Por auto de fecha 14 de febrero del 2.013, este Tribunal le dió entrada a la presente demanda que por Partición y Liquidación de la Comunidad Conyugal ha incoado la ciudadana YARWI URSULA MARRERO MANZANO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 15.154.083, asistida por el abogado Pedro Campos Castillo, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 5.492.556 e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 82.335, en contra del ciudadano DANNY JOEL VELASQUEZ MISEL, venezolano, mayor de edad, domiciliado en el sector Cruz Verde, Calle Principal, Casa Nº 85, Municipio Simón Bolívar, Barcelona, Estado Anzoátegui y titular de la cédula de identidad Nº 8.282.476.-

Ahora bien, a los fines de la prosecución de la presente solicitud este Tribunal observa:
Exponen la demandante en su libelo, en resumen:
Que en fecha 08, de agosto del 2010, presentaron ante los tribunales competentes, DEMANDA DE DIVORCIO, bajo el fundamento del contenido en el artículo 185-A, del Código Civil Venezolano Vigente; este juicio fue llevado por ante el Tribunal de Sustanciación, mediación de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, causa signada con el Nº BP02-J-2010-0002517 , la cual fue admitida en fecha 14 de diciembre de 2010, siguiendo todos sus trámites legales, fue sentenciada y DECLARADA CON LUGAR, en fecha 10 de enero del 2011, para contastar lo dicho anexó copia del Acta de sentencia, marcada con la letra “A”.- Se evidencia claramente de la referida ACTA DE SENTENCIA, que su representada y su referido ex cónyuge, estuvieron unidos en matrimonio Civil, permaneciendo casados por mas de Catorce (14) años, por consiguiente se constituyó un patrimonio de Bienes pertenecientes a la Comunidad Conyugal, aunque no se estableció en la referida demanda, ni tampoco en dicha sentencia, cuestión que es irrelevante, por ser dos juicios totalmente distintos, también es evidente, que en dicha demanda anterior lo único que se trató fue el Divorcio, sin embargo el patrimonio de la referida comunidad está formado por los siguientes bienes.- Primero: Un bien inmueble constituído por una casa, que tiene las siguientes características; Dos plantas o niveles: PLANTA BAJA: Con tres (03) habitaciones, Tres (03) baños, sala, comedor, porche con paredes de cemento y piso de cerámica.- PLANTA ALTA: Cubierta con techo de acerolit, cuyos linderos son los siguientes: Norte: Casa que es o fue de IRAIDA NARCANO.- Sur. Casa que es o fue de ISABEL LORENZA de MARCANO.- Este .-Su frente calle principal de Cruz Verde y Oeste: Con calle san José, ubicada en el Sector Cruz Verde, Calle principal, Casa Nº 85, Parroquia San Cristóbal, Barcelona, Municipio Bolívar, Estado Anzoátegui.-
Segundo.- Asimismo solicitó que el demandado presente el Cincuenta por Ciento (50%), de los canones de arrendamiento del Local Comercial, constituído por una Licorería que funciona en la planta baja de dicho inmueble, local que está alquilado desde la fecha de su separación.- Y Tercero: El Cincuenta por ciento (50%) del valor de un vehículo que ha mantenido por más de Cuatro (04) años en posesión y tenencia, su documentación la mantiene el demandado en reserva, cuyas caracteristicas son: Marca: Dodge, Año: 1998, Color: Azul.-

III

MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO PARA LA DECISIÓN

Dispone el artículo 28 del Código de Procedimiento Civil:
“La competencia por la materia se determina, por la naturaleza de la cuestión que se discute, y por las disposiciones legales que la regulan”.

Ahora bien, de la revisión de las actas que conforman el presente expediente se pudo evidenciar en la Copia Certificada de la Sentencia de Divorcio, dictada por el Juzgado de Mediación y Sustanciación de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado Anzoátegui, que durante su relación matrimonial las partes procrearon Dos hijos, quienes para la fecha de dictada la sentencia, Diez de enero del 2011, tenían trece (13) y once (11) años de edad, respectivamente, y responden a los nombres de DAILING DE LOS ANGELES y YORDANY DE JESUS .-
Esta relevante circunstancia, vale decir, la presencia de niño, niña o adolescente en la secuela procesal, condujo a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia a establecer un nuevo criterio jurisprudencial en torno al régimen competencial sobre esta compleja y delicada materia.
En efecto, mediante Sentencia Nº 34, de fecha 07 de Marzo de 2.012, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, realizó un conjunto de razonamientos teóricos, normativos y jurisprudenciales en la perspectiva de reivindicar la pertinencia social y jurídica en cuanto a que sea la especial jurisdicción de protección de niños, niñas y adolescentes la que conozca y decida las acciones mero declarativas de uniones concubinarias cuando, en dichas relaciones, se hayan procreado hijos y para el momento de su tramitación aún se encuentren en la etapa de niñez o adolescencia.
Así pues, textualmente acotó la Sala Plena en la prenombrada sentencia que:
“…si bien es cierto que en atención a lo estatuido en el artículo 28 del Código de Procedimiento Civil la competencia por la materia se determina por la naturaleza de la cuestión que se discute y por las disposiciones legales que la regulan, no es menos cierto que, tal principio admite la excepcionalidad del fuero subjetivo atrayente, sin que ello implique subvertir el carácter de orden público que posee la normativa destinada a regular la competencia, pues la excepción al aludido dispositivo legal, en el marco de la integralidad del ordenamiento jurídico positivo, no se presenta como una colisión, sino antes bien, como una complementariedad que obedece y responde a la expresa voluntad del constituyente patrio cuando en el artículo 78 de la Carta Magna contempló que el Estado, las familias y la sociedad asegurarán con prioridad absoluta la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. En este sentido, el Poder Judicial, en tanto rama del Poder Público Nacional, en ejercicio de las funciones conferidas le corresponde contribuir con la realización de los fines del Estado, lo cual, en el caso del tutelaje a los derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes, inexorablemente deberá concretarse por conducto de los tribunales especializados, habida cuenta de la compleja y alta responsabilidad que significa brindarles el oportuno, íntegro y cabal amparo que presupone el interés superior de los niños, niñas y adolescentes…”.

Además, en la Sentencia dictada en fecha 27 de Junio del 2012, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, siendo el Magistrado Ponente Malaquías Gil Rodríguez, en el Expediente Nº AA10-L-2010-000155, se dejó establecido expresamente que:
“…A mayor abundamiento acerca de lo desarrollado en el extracto precitado, cabe adicionar que parte significativa de la realización de lo que representa y persigue el Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, está inexorablemente vinculado con la cuestión de garantizar la idoneidad de la autoridad pública que le corresponde dirimir una controversia, en especial, si en dicha disputa están involucrados intereses y derechos de niños, niñas y adolescentes, pues como se ha afirmado precedentemente, es obligación del Estado con prioridad absoluta brindar protección a los niños, niñas y adolescentes. De manera que, estando presente los derechos de niños, niñas y adolescentes, no cabe la menor duda que los órganos judiciales más idóneos para conocer y resolver al fondo de lo debatido, sean aquellos que integran la jurisdicción especial de protección de niños, niñas y adolescentes, en virtud, valga la mención, a su especialidad sobre la materia. Por tanto, el Principio del Fuero Subjetivo Atrayente opera e incide plenamente en este contexto para determinar el órgano jurisdiccional competente para conocer de la materia en cuestión, lo cual, no constituye una contravención al principio procesal contemplado en el artículo 28 del Código de Procedimiento Civil, sino, se reitera, una complementariedad de cara a alcanzar los fines del Estado, a cuya prescripción deben someterse todas las ciudadanas y ciudadanos que ejerzan funciones públicas, en procura de lograr su concreción…”

Y finalmente, concluye la precitada Sentencia dictada en fecha 27 de Junio del 2012, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, siendo el Magistrado Ponente Malaquías Gil Rodríguez, en el Expediente Nº AA10-L-2010-000155:
“…De otra parte, estima conveniente esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en función de que el prealudido criterio jurisprudencial establecido en la citada sentencia número 34, aprobada por esta Sala el siete (07) de marzo de dos mil doce (2012) y publicada en la página electrónica del Tribunal Supremo de Justicia en fecha siete (07) de junio de dos mil doce (2012), surta a plenitud todos los efectos perseguidos, principalmente, los destinados a garantizar una sana administración de justicia, en especial, si en las causas se debaten asuntos relacionados con los derechos de niños, niñas y adolescentes, realizar con fundamento a la orientación doctrinal que se colige de las sentencias con carácter vinculantes números: 955 del 23 de septiembre de 2010; 108 del 25 de febrero de 2011; y, 331 del 18 de marzo de 2011, emanadas todas de la Sala Constitucional, en cuanto a la temporalidad de la aplicación de un nuevo criterio distributivo de competencia, la siguiente precisión: El criterio jurisprudencial fijado por la precitada sentencia número 34 dictada por esta Sala Plena, le es aplicable a todos los juicios que se encuentren en curso, incluyendo las causas en las que esté pendiente la resolución de un conflicto de competencia, exceptuando solamente aquellas en las que con anterioridad al presente acto jurisdiccional se haya regulado la competencia. Así se decide…”.

Ahora bien, encontrándose involucrado en la presente demanda de Partición y Liquidación de la Comunidad Conyugal Dos (02) adolescentes, quienes para la fecha de dictada la Sentencia de divorcio, es decir 10 de enero del 2011, tenían once (11) y Trece (13) años de edad, siendo el Juez el director del proceso y que debe velar por su correcta tramitación, en aplicación del criterio jurisprudencial anteriormente expuesto, y de lo preceptuado por el artículo 173 de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, según el cual corresponde a los Tribunales de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, conocer de los juicios en donde se encuentren involucrados niños, niñas y adolescentes, el conocimiento de la presente causa concierne a esa jurisdicción especial.
En virtud de lo antes dicho, este Tribunal considera que es incompetente por la materia para conocer de la presente demanda, y en consecuencia, debe declinar el conocimiento de la misma en el Tribunal de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, y así se declara.

IV
DECISIÓN

Por los razonamientos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, se declara INCOMPETENTE por la materia para conocer de la presente demanda que por Partición y Liquidación de la Comunidad Conyugal, interpuesta por la ciudadana YARWI URSULA MARRERO MANZANO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 15.154.083, asistida por el abogado Pedro Campos Castillo, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 5.492.556 e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 82.335, en contra del ciudadano DANNY JOEL VELASQUEZ MISEL, venezolano, mayor de edad, domiciliado en el sector Cruz Verde, Calle Principal, Casa Nº 85, Municipio Simón Bolívar, Barcelona, Estado Anzoátegui y titular de la cédula de identidad Nº 8.282.476; en consecuencia, declina la competencia para conocer de la misma en el Tribunal de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui. Así se decide.
Remítase el presente Expediente al Tribunal de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en función de que conozca del mismo y, por tanto, garantizar la continuidad del juicio.
Regístrese. Publíquese. Déjese copia de esta decisión.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui. Barcelona, a los Veintisiete (27) días del mes de Junio del año dos mil trece. Años: 202° de la Independencia y 154° de la Federación.
El Juez Temporal,

Alfredo José Peña Ramos
La Secretaria,

Judith Milena Moreno Sabino
En esta misma fecha anterior, siendo las Once de la mañana,(11:00 am), se dictó y publicó la anterior sentencia, previa las formalidades de Ley. Conste.
La Secretaria,

Judith Milena Moreno Sabino.-
Lrz.-