REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Octavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui Barcelona, diez de enero de dos mil catorce 203º y 154º ASUNTO: BP02-S-2013-002636 Se contrae el presente asunto a solicitud de homologación de transacción laboral la cual versa sobre prestaciones sociales y otros conceptos laborales, presentada por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD), en fecha diez (10) de diciembre de 2013, por la abogada en ejercicio Dayana Carolina Astudillo González, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 204.616, actuando en su carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil HERRERA C.A, a los fines de que este Juzgado homologue el acuerdo celebrado por ante la Notaria Novena de Maracaibo del Estado Zulia, en fecha 15 de noviembre de 2013, anotado bajo el numero 49, tomo 60 de los libros de autenticaciones llevados por ese ente, suscrito por el ciudadano ALFONSO PETIT, titular de la cédula de identidad número V-18.483.857, debidamente asistido por el abogado en ejercicio Miguel Avila, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 210.652, y por la sociedad mercantil HERRERA C.A, representada por la abogada en ejercicio Marianela Villamizar, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 53.671, carácter que consta de instrumento poder consignado mediante diligencia de fecha siete (07) de enero del presente año; este Juzgado a los fines de emitir pronunciamiento en cuanto a lo solicitado, previamente atisba: De la lectura del escrito transaccional presentado, observa este Juzgado que las partes celebraron transacción de manera voluntaria fundamentada de conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, artículo 1.713 y siguientes del Código Civil y 225 del Código de Procedimiento Civil, en la cual del contenido del referido acuerdo las partes mediante recíprocas concesiones con el con el fin de evitar un eventual y posible litigio, incluye cláusulas referidas a la disposición de derechos sociales de rango constitucional, al margen de un litigio judicial, en la cual la referida empresa paga al extrabajador la cantidad de cincuenta y dos mil trescientos cincuenta y seis bolívares con treinta y dos céntimos (Bs. 52.356,32) por los beneficios señalados en su cláusula tercera (f.5,6). Ahora bien, al respecto es menester acotar que la Ley adjetiva laboral en su artículo 29 estipula la competencia de los tribunales del trabajo para sustanciar y decidir; asimismo, en lo atinente a la transacción laboral el artículo 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, preceptúa: “Artículo 19. En ningún caso serán renunciables los derechos contenidos en las normas y disposiciones de cualquier naturaleza y jerarquía que favorezcan a los trabajadores y a las trabajadoras. Las transacciones y convenimientos solo podrán realizarse al término de la relación laboral y siempre que versen sobre derechos litigiosos, dudosos o discutidos, consten por escrito y contengan una relación circunstanciada de los hechos que la motiven y de los derechos en ella comprendidos. En consecuencia, no será estimada como transacción la simple relación de derechos, aún cuando el trabajador o trabajadora hubiese declarado su conformidad con lo pactado. Los funcionarios y las funcionarias del trabajo en sede administrativa o judicial garantizaran que la transacción no violente de forma alguna el principio constitucional de irrenunciabilidad de los derechos laborales”. (negritas y cursivas del tribunal) De la norma in comento, se colige que es la Administración Pública, a través de la Inspectoría del Trabajo respectiva, la facultada para el conocimiento y tramitación de las solicitudes extra litem de homologación de transacciones extrajudiciales, por cuanto se requieren de una protección especial, en aras de garantizar el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales, siempre que dichas solicitudes cumplan con todos los requisitos establecidos en el aludido articulo 19 de la Ley sustantiva laboral y su reglamento; debiendo el Inspector del Trabajo respectivo, en caso de negativa de la homologación solicitada precisar los errores u omisiones en que hubieren incurrido los interesados, brindándoles a éstos el lapso de subsanación a que se refiere el artículo 50 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Así las cosas, este Juzgado como quiera que la presente causa corresponde a una solicitud de homologación de transacción laboral no contenciosa por prestaciones sociales y otros conceptos laborales; y siendo que la institución de la transacción protege la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores deviniendo de ella una protección especialísima por parte del estado hacia ellos, esta Juzgadora en atención a la sentencia N°01323 de fecha 20 de noviembre de 2013, de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (caso: Johan José Mendoza Aranguren y SUMINISTROS ABANCA MAÑON 2012, C.A) publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°407.45, de fecha 27 de noviembre de 2013, que declara que el Poder Judicial no tiene jurisdicción para conocer y decidir la solicitud de homologación de las transacciones extrajudiciales en materia laboral, considerando la sede administrativa laboral a tenor de lo establecido en el artículo 19 de la referida Ley, la facultada para homologar las transacciones extra litem; siendo ello así, este Tribunal Octavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, no teniendo jurisdicción para conocer declara su FALTA DE JURISDICCION para conocer el presente asunto, respecto de la Administración Pública, conforme lo prevé el articulo 29 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con el articulo 59 del Código de Procedimiento Civil aplicable por remisión expresa del articulo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y en consecuencia, se ORDENA remitir el presente expediente en el estado en que se encuentra al Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político Administrativa, a los fines de la consulta correspondiente conforme lo prevé el articulo 59 del Código de Procedimiento Civil aplicable por la analogía permitida por la remisión expresa del artículo 11 ejusdem. Remítase el expediente mediante oficio una vez vencido el lapso de Ley para la interposición de los respectivos recursos. Cúmplase.- Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión. Dada, firmada, y sellada en la sala del Juzgado Octavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui. En Barcelona, a los diez (09) días del mes de enero de dos mil catorce (2014). La jueza provisoria, Abg. Eddy Estanga. La secretaria, Abg. Yessika Medina En la misma fecha de hoy, siendo las 02:48 de la tarde, se dictó y publicó la anterior decisión. Conste.- La secretaria, Abg. Yessika Medina