TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal de Juicio de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui - Barcelona
Barcelona, veinte de enero de dos mil catorce
203º y 154º

ASUNTO: BP02-O-2014-000007
Visto el escrito contentivo de la Acción de Amparo Constitucional, intentado por la ciudadana ELISNEIDY RAMOS NORIEGA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número: V-17.899.068, quien actúa en representación de su hija (Se Omite de Conformidad con el artículos 49 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela y 65 de la ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente) mediante la cual manifiesta; “que los ciudadanos ADANNEL GUERRERO RODRIGUEZ, ADAYELIS GUERRERO RODRIGUEZ, ADAMARIA GUERRERO RODRIGUEZ y ELIZABETH RODRIGUEZ ZERPA, en compañía de un grupo de otras personas desconocidas, en fecha 31 de diciembre de 2013, a las 6:30 pm., aproximadamente, procedieron de manera arbitraria, temeraria e inconstitucional a desalojarla del inmueble, el cual habitaba y le servia de resguardo a su hija, según acuerdo de Régimen de Convivencia Familiar, establecido en la demanda de Divorcio, que en su contra presentara el progenitor de su hija y quien es el propietario exclusivo del bien inmueble, el cual se encuentra ubicado en la Avenida La Costanera, Conjunto Residencial Costa Guaica, Torre 2, piso 7, apartamento 2-7-3. Señala además, que recientemente se celebro acto de Divorcio por ante el Tribunal de Protección y que aun no se ha efectuado la Liquidación de Bienes, que existe una demanda de Entrega Material de dicho Inmueble interpuesta por ante el Tribunal del Municipio Lic. Diego Bautista Urbaneja, que en la demanda de Divorcio se acordó el bien inmueble en cuestión como lugar de residencia para la guarda y custodia de la niña de autos y que el Decreto con Rango, valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y Desocupación Arbitraria de Viviendas le concede a ella el derecho de poseedora del bien inmueble. Por todo lo que interpone la presente Acción de Amparo Constitucional, en contra de los ciudadanos ADANNEL GUERRERO RODRIGUEZ, ADAYELIS GUERRERO RODRIGUEZ, ADAMARIA GUERRERO RODRIGUEZ y ELIZABETH RODRIGUEZ ZERPA, por la violación de derechos fundamentales como son, Derecho a la vivienda, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, la inviolabilidad del hogar y a la defensa, consagrados en los artículos 26, 46, 47, 60, 82, 83, 131 y 253 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo establecido en los artículos 5 y siguientes del Decreto N° 8.190 con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, los artículos 2, 6, 1.159, 1.160, 1.264 y 1.731 del Código Civil Venezolano, los artículos 7, 11, 25, 40, 44, 45, 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y que la conducta de los referidos ciudadanos esta incursa en los delitos de tipo penal tipificado en los articulo 183, 270 y 472 del Código Penal. Solicitando se le restablezca su derecho violentado.

Ahora bien, este Tribunal de Juicio a los fines de decidir señala el fundamento de la Acción de Amparo Constitucional y observa:

-Que doctrinaria y jurisprudencialmente se ha determinado que la Acción de Amparo Constitucional, solo es procedente cuando la demanda se fundamenta en violación directa e inmediata de la Constitución y no de normas legales y reglamentarias.
-Que la Acción de Amparo esta dada para garantizar el goce y el ejercicio de los derechos constitucionales, y para que se restablezca la situación jurídica infringida o la situación que mas se asemeje a ella, pues sino ello representaría la creación de una situación jurídica; y en este caso, y con ocasión al presente procedimiento se observa de lo alegado por la parte actora, que ya se ha interpuesto demanda ordinaria o Entrega Material de dicho Inmueble en cuestión, por ante el Tribunal del Municipio Lic. Diego Bautista Urbaneja del Estado Anzoátegui; en el cual puede solicitar que se le restablezca la vulneración del derecho violentado.
-Cabe destacar que el Juez constitucional debe justamente verificar si lo alegado o señalado por la accionante lesiona o no, las normas constitucionales, mas no legales, ni mucho menos procedimentales, y sobre todo cuando se ha determinado que los Amparos Constitucionales, proceden únicamente, siempre que el solicitante no haya recurrido a otras vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios preexistentes en cuyo caso, el Amparo es Admisible a tenor de lo señalado en el articulo 6, numeral 5to. De la Ley Orgánica de Amparo.
-Debo aclarar a la accionante entonces, que ante la situación planteada en el escrito libelar, esta tenia otras vías para el restablecimiento del derecho y garantías constitucionales, tanto de la presunta agraviada como de la niña involucrada, tales como son: 1) acudir al Consejo de Protección del Municipio Lic. Diego Bautista Urbaneja del Estado Anzoátegui, a los fines de solicitar que se dictara una Medida de Protección a favor de su hija, todo ello a los fines de poder agotar la vía administrativa. 2) Denunciar e Instar el Procedimiento Administrativo, ante el Órgano Administrativo (Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Hábitat y Vivienda, SUNAVI), quien podrá dictar Resolución (protegiéndola contra el Desalojo y habilitándose entonces la vía Judicial Administrativa, la cual solo podrá ejecutarse por orden Judicial), y una vez agotada la vía administrativa. 3) Solicitar ante el Tribunal de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección del Niño, Niña y del Adolescente el Cumplimiento de la Responsabilidad de Crianza-Custodia, (lugar de residencia en caso de haber sido acordado por las partes) y el Régimen de Convivencia Familiar a favor de la niña (Se Omite de Conformidad con el artículos 49 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela y 65 de la ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente) 4) Solicitar la Liquidación o Partición de la Comunidad de Gananciales, una vez firme la decisión donde sea disuelto el vínculo conyugal que unía a los esposos, si hubiere lugar a ello. En cuyos procedimientos puede la parte accionante solicitar que se le restablezca la situación infringida o violentada. Por lo que efectivamente existen otras acciones, que le podrían resguardar sus derechos, pudiéndose dictar medidas Provisionales o Medidas de Protección dentro de su competencia, para resguardar los derechos y garantías constitucionales de los mismos si eran infringidos, por lo que la acción a seguir no era precisamente el Amparo Constitucional.
- Cabe aclarar, que con la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, existen las medidas de protección, cuando hay violación o amenaza de la violación de los derechos individuales de los niños, niñas y adolescentes, los cuales son medidas que pueden ser dictadas, por los órganos administrativos, y que garantizan esos derechos individuales, pudiendo dictarse medidas dentro de las 24 horas siguientes, teniendo conocimiento de la violación del derecho individual, para restablecerse sus derechos, situación ésta que debe ser probada efectivamente, para que éste dicte la decisión a su favor y en caso de desacuerdo la recurrente puede interponer el Recurso de Reconsideración ante el Órgano Administrativo o sea el mismo Consejo de Protección quien debe resolverlo. Por lo que existe, otro medio judicial, tan rápido, breve y eficaz, para el resguardo del derecho y las garantías constitucionales a favor de los niños, niñas y adolescentes y caso de los adultos esta el Procedimiento Administrativo ante Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Hábitat y Vivienda, u Oficina del SUNAVI.
-Se observa además que no consta en autos documentos que prueben la filiación, actuaciones administrativas y procesales o diligencias que haya realizado la parte recurrente, tendientes al presente proceso, para así ejercer los derechos que tiene y que le corresponde en su propio nombre y representación de su hija, porque le fuera negado o no se le permitió, el acceso a la justicia o a la tutela judicial efectiva, cercenándole en consecuencia sus derechos; para que así fuera procedente la acción de Amparo Constitucional solicitado; sino que dichas actuaciones, no constan en los recaudos de la presente Acción, ninguna actuación ante el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio Lic. Diego Bautista Urbaneja del Estado Anzoátegui, ni del Tribunal de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, ni del Tribunal del Municipio Lic. Diego Bautista Urbaneja del Estado Anzoátegui, ni de la Oficina del SUNAVI del Estado Anzoátegui, en relación a los procesos ordinarios y administrativos a interponer la accionante, antes de intentar la presente Acción de Amparo; en cuyos procedimientos pueden decretar en caso de que él, las considere procedentes Medidas Cautelares necesarias, a los fines de restablecer las violaciones de derechos o garantías constitucionales que hubieren.
-A tales efectos es oportuno señalar la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional de fecha 19 de Enero de 2000, con ponencia del Magistrado José M. Delgado Ocando donde se señala: “…que por la naturaleza de la acción de amparo Constitucional, la misma representa un instrumento judicial extraordinario, debiendo acudirse a ella, solamente al no existir otro medio procesal que sea capaz de restaurar o reparar de una forma inmediata la situación jurídica vulnerada, la cual ha sido en detrimento de los principios de derecho y garantías consagradas en la Constitución Nacional. Tal posición tiene como norte el mantener la estabilidad de nuestro ordenamiento jurídico, ya que un discriminado uso de tan extraordinaria vía menoscabaría su especial condición…” Por otro lado el artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales textualmente dispone: “Artículo 6. No se admitirá la acción de amparo: …5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. En tal caso, al alegarse la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, el juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24, y 26 de la presente ley, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado”. El precitado artículo ha sido objeto de diversas interpretaciones por parte del Máximo Tribunal de Justicia; y citando la sentencia Nº 1496/2001, de fecha 13 de Agosto de la Sala Constitucional, se determinan los presupuestos necesarios para que opere la vía de acción de amparo constitucional: ”a) Una vez que los medios judiciales ordinarios han sido agotados y la situación jurídico constitucional no ha sido satisfecha; ó b) Ante la evidencia de que el uso de los medios judiciales ordinarios, en el caso concreto y en virtud de su urgencia, no dará satisfacción a la pretensión deducida”. Por lo que considera esta sentenciadora que debe declarar Inadmisible el presente Amparo Constitucional. Y así se decide.

Y mas, aunado a la disposición anterior prevé la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes:
Artículo 158: “Los Consejos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes son los órganos administrativos que, en cada municipio y por mandato de la sociedad, se encargan de asegurar la protección en caso de amenaza o violación de los derechos y garantías de uno o varios niños, niñas o adolescentes, individualmente considerados (…)”.
Artículo 125: “Las medidas de protección son aquellas que impone la autoridad competente cuando se producen en perjuicio de uno o varios niños, niñas o adolescentes individualmente considerados, la amenaza o violación de sus derechos o garantías, con el objeto de preservarlos o restituirlos. La amenaza o violación a que se refiere este artículo puede provenir de la acción u omisión del Estado, la sociedad, los particulares, el padre, la madre, representantes, responsables o de la propia conducta del niño, niña o del adolescente”.
Artículo 296: “Dentro de las veinticuatro horas siguientes al conocimiento del hecho, el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes competente, constatará la situación de ser posible, escuchará a las partes involucradas, al niño, niña o adolescente, y si la urgencia del caso así lo requiere, dictará las medidas provisionales de carácter inmediato que sean necesarias, para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.
Artículo 160: “Son atribuciones de los Consejos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes: a) Instar a la Conciliación entre las partes involucradas en un procedimiento administrativo, siempre que se trate de situaciones de carácter disponible y de materia de su competencia, en caso de que la conciliación no sea posible, aplicar la medida de protección correspondiente. B) Dictar las medidas de protección, excepto las de adopción y colocación familiar o en entidad de atención, que son exclusivas del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. C) Ejecutar sus medidas de protección y decisiones administrativas (…)”.

Por lo que, de las normas transcritas, se evidencia que las Medidas de Protección persiguen salvaguardar los derechos o garantías de los niños, niñas y adolescentes individualmente considerados, cuando estos derechos sean violados o amenazados de violación por una de las personas o entes a que se refiere la norma, debiendo, en todo caso, ser acordada por la autoridad competente, entendiendo por dicha autoridad a los Consejos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

Asimismo, cabe destacar en la presente Acción, que la parte actora, señala que se ha incoado demanda de Entrega Material por ante el Tribunal del Municipio Lic. Diego Bautista Urbaneja del Estado Anzoátegui, demanda de Divorcio por ante el Tribunal de Protección, que el Decreto N° 8.190 con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas la protege, y que no se ha incoado la Liquidación o Partición de la Comunidad de Gananciales; situaciones estas señaladas por la parte en su libelo, observando esta Juzgadora que la parte en su acción no consigna los recaudos al respecto sobre los estados en que se encuentran las demandas accionadas, ni consigna prueba alguna donde se demuestre la filiación, ni documento alguno sobre el bien inmueble en cuestión.

Visto los hechos alegados, las normas legales mencionadas anteriormente y el criterio reiterado de la Sala Constitucional, en referencia a la admisibilidad o no de una Acción de Amparo Constitucional, y la competencia legal que les corresponde a los Consejos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Hábitat y Vivienda SUNAVI; es por lo que este Tribunal considera que la ciudadana ELISNEIDY RAMOS NORIEGA, deberá recurrir ante los referidos entes administrativos, para que dentro de las atribuciones contenidas en la Ley, inste a las partes involucradas a conciliar y a dictar las medidas provisionales de carácter inmediato, entendiéndose que deberá agotarse la vía administrativa, dadas las amplias facultades que a dicho organismo el legislador venezolano le ha otorgado. Y así se decide.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, esta Jueza Primera de Primera Instancia de Juicio y para el Régimen Procesal Transitorio para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, actuando en Sede Constitucional, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Declara de conformidad con lo establecido en el artículo 6 ordinal y 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en concordancia con lo previsto en el artículo 160 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, INADMISIBLE la presente Acción de Amparo Constitucional, interpuesta por la ciudadana ELISNEIDY RAMOS NORIEGA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-17.899.068. Y así se decide.
LA JUEZA

Dra. SANTA SUSANA FIGUERA
LA SECRETARIA

Abg. JULIMAR LUCIANI