TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental.
Barcelona, doce de febrero de dos mil catorce
203º y 154º

ASUNTO: BP02-N-2012-000366

PARTE ACCIONANTE: Silvia Magdalena Yañez Bucce,
Venezolana, mayor de edad, titular de la cédula
de identidad Nº 4.846.326, y de este domicilio.

Apoderado de la
Parte Accionante: No acreditó.

PARTE ACCIONADA: Instituto Autónomo Policía del Estado
Anzoátegui.
Apoderado de la
Parte Accionada: Carlos Anuel, Daniela Sánchez y Otros,
Inpreabogado Nros. 116.023, 106.464,
respectivamente.

MOTIVO: Recurso Contencioso Administrativo
Funcionarial
I
Se contraen las presentes actuaciones al Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por la ciudadana Silvia Magdalena Yañez Bucce, ya identificada asistida en este acto por el Abogado Reimundo Mejias La Rosa, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 116.029, contra el Instituto Autónomo Policía del Estado Anzoátegui.
En fecha 18 de septiembre de 2012, el Tribunal admitió la demanda y ordenó la citación de la parte demandada.
En fecha 28 de febrero de 2013, la representación judicial de la parte recurrida dio contestación a la demanda.
En fecha 2 de mayo de 2013, se realizó la audiencia preliminar con la sola presencia de la parte recurrida.
En el presente recurso las partes no promovieron pruebas.
Posteriormente, en fecha 20 de enero de 2013, se realizó la audiencia definitiva con la presencia de ambas partes.
Ahora bien; de conformidad con lo establecido en el artículo 108 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, el Tribunal pasa a dictar sentencia conforme a las siguientes consideraciones:

II
Alegaciones de las partes
1.- De la parte actora
Alegó la parte accionante, que es funcionaria Pública de carrera, ya que su ingreso se produjo con el cargo de Odontólogo Contratado en fecha 01 octubre de 1992, que en fecha 01 de junio de 1994, paso a ser Agente según nombramiento Nro 744 de fecha 17 de mayo de 1994, que en fecha 16 de junio de 2006 fue reclasificada con el cargo de Sub-Comisaria, por nombramiento Nro 3641, siendo posteriormente reclasificada al rango de Supervisor Agregado. Asimismo, Adujo que su ingreso a la Administración Publica se produjo bajo la vigencia de Ley de Carrera Administrativa y antes de la Publicación en Gaceta Oficial de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela de 1999, prestando sus servicios de manera constante, continua e ininterrumpida. Señalando igualmente, que prestó sus servicios al Instituto por casi 20 años, y el 23 de agosto de 2012, fue citada a la Oficina de Personal del ente demandado, donde fue atendida por la Sub- Directora, Abogada Jhoana Rodríguez, la cual le expresó que estaba despedida del cargo, entregándole notificación de fecha 21 de agosto de 2012, donde le informó que había sido egresada de la Institución desde esa misma fecha. Mas adelante manifestó que intentó solicitar una audiencia con el Licenciado Rafael Quiaro, Director de Recursos Humanos la cual nunca le fue otorgada, lo que en definitiva constituyó según su decir, una violación de su Derecho a la Defensa y el Debido Proceso establecido en el articulo 49 de la Constitución, por cuanto no fue sometida a ningún tipo de investigación, ni estudio para verificar si era procedente su egreso, no enterándose nunca el motivo de su egreso. Finalmente, solicitó que se declare la Nulidad del Acto Administrativo N° 076-2012, de fecha 21 de agosto de 2012, que se reincorpore al cargo el cual venia desempeñando y se le cancele los sueldos y salarios caídos, conjuntamente con los beneficios que le corresponden desde la fecha de su retiro hasta su efectiva reincorporación.

2.- Contestación de la demanda:

En la oportunidad de dar contestación a la demanda, la representación judicial de la demandada Abogadas Daniela Sánchez, y Yelitza Ricardi, actuando en sus condiciones de Apoderadas Judiciales del Instituto Autónomo Policía del Estado Anzoátegui, rechazaron, negaron y contradijeron en todas y cada una de sus partes, tanto en los hechos como en el derecho, la demanda incoada en contra de su representada, así como el objeto del juicio incoado por la recurrente ya que en el libelo de la demanda indica una falsa condición de Funcionaria de Carrera. Seguidamente, negaron, rechazaron y contradijeron, los alegatos correspondientes al libelo de la demanda; asimismo, negaron que se hayan cercenados Derechos de índole Constitucional, ya que en todo momento se le respetó su Derecho al Trabajo, a la Defensa, al Debido Proceso y a su Dignidad. Finalmente, solicitaron la declaratoria sin lugar del presente recurso funcionarial, con todos los pronunciamientos de Ley y por consiguiente la confirmatoria del acto administrativo de efectos particulares dictado, mediante la cual fue egresada la hoy recurrente bajo la figura de destitución.
IV
Consideraciones para decidir

Hay que definir como un punto previo la condición funcionarial de la recurrente y ello debido al litigio que tal condición suscita, en virtud de considerarse la actora funcionaria de carrera y la demandada negar dicha condición, en tal sentido se observa que para la fecha de ingreso a la Administración Pública de la ciudadana Silvia Magdalena Yañez Bucce, estaba vigente la Ley de Carrera Administrativa que establecía ciertos requisitos para dicho ingreso a la Carrera Administrativa, en el cual era necesario el concurso, de acuerdo al artículo 35 de la derogada Ley, y era posible realizar nombramientos provisorios o interinos de acuerdo a ciertas circunstancias y los candidatos debían ser evaluados en un lapso prudencial, el cual no excedería de seis meses y de acuerdo al articulo 140 del Reglamento de la citada Ley, se podía considerar ratificado el funcionario, si transcurrido el tiempo no se hubiere evaluado, por cuanto no podía el funcionario cargar con la inactividad de la administración en el cumplimiento de sus obligaciones, siendo cierto, que se puede considerar como funcionaria de carrera. Y así se decide.-
Ahora bien, tomando en consideración lo anteriormente señalado se puede deducir que la demandante ingresó al ente Policial en fecha 1° de Octubre de 1992, es decir, bajo la vigencia de la extinta Ley de Carrera Administrativa y por haber ingresado mediante nombramiento y superado el periodo de prueba es por lo que debía tenérsele como funcionario de carrera. Y así se decide.-
En este Sentido, teniéndose a la hoy recurrente, como una funcionaria publica de carrera, por haber cumplido con los requisitos legales previstos para ostentar dicha condición, considera oportuno quien aquí decide, destacar que los funcionarios de carrera están investidos de una protección especial debido a su condición, por lo que gozan de una seria de privilegios, siendo necesario para el retiro de los mismos cumplir con las previsiones previstas en el articulo 89 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en tal virtud siendo que de las actas procesales que conforman el presente expediente no se evidencia que se haya abierto el procedimiento administrativo correspondiente a la destitución de esta clase de funcionarios, no habiendo demostrado la parte demandada que cumplió los parámetros legales señalados en el mencionado artículo para proceder a la destitución, es por lo que considera esta Juzgadora que el retiro de la ciudadana Silvia Magdalena Yañez Bucce, debe ser declarado nulo, y en consecuencia ordenarse la reincorporación de la referida ciudadana al cargo que venia ocupando o a otro de igual o superior jerarquía, así como que se le paguen los sueldos y todos los emolumentos y demás beneficios laborales que le correspondan y haya dejado de percibir desde la fecha en que fue destituida, hasta la fecha de su efectiva reincorporación. Y así se decide.

Por todo lo antes expuesto, y visto que esta Juzgadora considera inoficioso pronunciarse sobre cualquier otro punto alegado por las partes y en virtud de garantizar y preservar los derechos laborales del hoy recurrente, debe forzosamente ser declarado con lugar el presente recurso funcionarial. Y así se decide.

IV
DECISION

En base a las consideraciones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: Con Lugar el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por la ciudadana Silvia Magdalena Yañez Bucce, ya identificada asistida en este acto por el Abogado Reimundo Mejias La Rosa, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 116.029, contra el Instituto Autónomo Policía del Estado Anzoátegui..
SEGUNDO: Se ordena la reincorporación de la ciudadana Silvia Magdalena Yañez Bucce, al cargo que venia ocupando o a otro de igual o superior jerarquía.
TERCERO: Se ordena pagar a la recurrente los sueldos, todos los emolumentos y demás beneficios laborales que le correspondan y haya dejado de percibir desde su retiro, hasta la fecha de su efectiva reincorporación.
CUARTO: Se excluye la cancelación de los cesta tickets y cualquier otra remuneración que requiera de la prestación efectiva del servicio.
QUINTO: No hay condenatoria en costas por tratarse de un ente de la Administración Pública.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, en Barcelona, a los doce (12) días del mes de febrero de dos mil catorce (2014). Años: 203° de la Independencia y 154° de la Federación.
La Juez,
Dra. Mirna Mas y Rubí Spòsito
El Secretario
Abog. Javier Arias León
En esta misma fecha, siendo las 12:30 p.m. se publicó y registro la anterior sentencia. Conste.
El Secretario,

Abog. Javier Arias León