TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui.
El Tigre, cinco de septiembre de dos mil catorce
204º y 155º
SJT/MM/LHG

ASUNTO PRINCIPAL: BP12-O-2014-000015
ASUNTO: BP12-O-2014-000015
Se contrae el presente asunto, al recurso de amparo constitucional incoado por el apoderado judicial abogado NADINET HERNANDEZ inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 50.332; de la entidad de trabajo, sociedad mercantil VENALMAQ, C.A.,
Denuncia a título de conclusión la violación de derechos constitucionales en decisión de la Inspectoría del Trabajo en los Municipios Simón Rodríguez, Monagas, Miranda, Guanipa e Independencia del Estado Anzoátegui, sede El Tigre; contenida en la providencia administrativa Nro. 00106-2014, de fecha 02 de Julio de 2014, en el expediente administrativo 024-2013-01-00066, mediante la cual se declaró: “Con Lugar la denuncia de reenganche y pago de salarios caídos, incoada por el ciudadano accionante JOSE MARCELINO MALAVE BELLORIN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No.8.306.852 con domicilio en la ciudad de El Tigre, Municipio Simón Rodríguez del Estado Anzoátegui; asistido por el abogado en ejercicio Ernesto Guevara, inscrito en el Inpreabogado bajo el No.81.948. Se ratifica la orden al Grupo de Entidades de Trabajo VENALMAQ, C.A.; MAXIN SERVICES, C.A. (MS, C.A); A & B, C.A. y TB, C.A., ubicadas en la Zona Industrial El Tigrito, local sin número, San José de Guanipa. Municipio Guanipa. Estado Anzoátegui; de reenganchar al ciudadano accionante JOSE MARCELINO MALAVE BELLORIN, ya identificado, a sus labores de trabajo, en las mismas condiciones antes de ocurrir el írrito despido. El cumplimiento de este ordenamiento administrativo en cualquiera de estas Entidades de Trabajo, será considerado como acatamiento a la misma. Con referencia a los salarios caídos serán cancelados, con los otros beneficios legales dejados de percibir desde que ocurrió el injustificado despido hasta la respectiva reincorporación a sus labores habituales de trabajo, debitando los montos ya cancelados. Así se declara…”
Peticiona se restablezca la situación jurídica infringida de la sociedad VENALMAQ, C.A., por parte de la Inspectoría del Trabajo en los Municipios Simón Rodríguez, Monagas, Miranda, Guanipa e Independencia del Estado Anzoátegui mediante providencia de fecha 02 de Julio de 2014 signada No. 00106-2014 suscrita por el Inspector del Trabajo Abg. Juan Moisés López Guaita, por vulnerar los derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso.

Ahora bien, traduce para quien preside esta instancia que los hechos denunciados, resultan en presunta violación del derecho constitucional a la defensa y al debido proceso consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Es menester recalcar que mediante sentencia emanada del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, número 955, de fecha 23 de Septiembre de 2010, con carácter vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales de la República, se estableció que el conocimiento de las acciones intentadas con ocasión de providencias administrativas dictadas por las Inspectorías del Trabajo, debe atribuirse como una excepción a la norma general contenida en el artículo 259 constitucional, a los Tribunales del Trabajo, correspondiendo en primera instancia, a los Tribunales de Primera Instancia de Juicio del Trabajo. Valga decir que, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la antes referida sentencia, con carácter vinculante; estableció la competencia de los Tribunales de Juicio del Trabajo para conocer de los recursos de nulidad ejercidos en contra de los actos administrativos emanados de las Inspectorías del Trabajo, en atención a la naturaleza eminentemente laboral de los derechos tutelados, de allí que a partir de su publicación, este Tribunal tiene atribuida tal competencia, regulada y limitada, atendiendo la distribución territorial a que refiera el acto administrativo cuya nulidad se pretenda.

Sin embargo, se evidencia que no constituye objeto del presente amparo constitucional, la nulidad per se de providencia administrativa de efectos particulares.

El Artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales establece la procedencia de la acción de amparo contra todo acto administrativo: actuaciones materiales, vías de hecho, abstenciones u omisiones que violen o amenacen violar un derecho o una garantía constitucionales, cuando no exista un medio procesal breve, sumario y eficaz acorde con la protección constitucional.

El Artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establece los requisitos que deberá expresar la solicitud de amparo constitucional, no siendo en el presente asunto satisfecho todos los requerimientos exigidos. No obstante a ello, es de observar que para que resulte procedente un mandamiento de amparo constitucional es necesario, que exista un acto, hecho u omisión denunciado como lesivo; que ese hecho lesivo vulnere de manera flagrante derechos fundamentales, es decir, que ese hecho, acto u omisión que afecte el contenido esencial del derecho fundamental, imponga limitaciones que los ciudadanos no estén obligados a soportar; y que no exista otro medio judicial lo suficientemente efectivo, como para restablecer en forma eficaz la situación jurídica infringida.

En este sentido, los supuestos de inadmisibilidad de la acción de amparo, se encuentran contenidos en el Artículo 6 de la Ley Orgánica sobre Derechos y Garantías Constitucionales, no obstante a ello, por vía de jurisprudencia la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, cuyo criterio resulta vinculante para todos los Tribunales de la República, ha interpretado en forma extensiva una causal de inadmisibilidad de la acción de la amparo, particularmente la prevista en el numeral 5° del Artículo 6 ejusdem, cual dispone: “ Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. En tal caso, al alegarse la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, el juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la presente Ley, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado”. Reafirmando así, el carácter extraordinario del recurso de amparo constitucional, y estableciendo que no sólo es inadmisible el amparo constitucional cuando se ha haya optado por acudir primero a la vía judicial ordinaria, sino también cuando teniendo abierta la posibilidad de acudir a dicha vía no se hace, sino que se utiliza este medio extraordinario. Quedando de este modo, facultado el juez que actúe en sede constitucional, para desechar in limine litis y de forma inmediata, una acción de amparo constitucional cuando a criterio del sentenciador, no exista duda, que de que se disponen de otros mecanismos ordinarios lo suficientemente eficaces e idóneos para dilucidar dicha pretensión. Criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 20 de enero de 2000, en acción de amparo constitucional incoado por el ciudadano Domingo Ramírez.

A criterio de quien decide, conforme a los hechos narrados, se visualiza para el presente caso la existencia de un procedimiento especial de nulidad de acto administrativo de efectos particulares contra las decisiones administrativas dictadas por la Administración del Trabajo, con ocasión de una relación laboral regulada por la Ley Orgánica del Trabajo, texto normativo de rango inferior, como resulta la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que regula y tutela la vía judicial para hacer efectivo la declaratoria del derecho que pretende se le satisfaga al hoy accionante, producto de la providencia administrativa que denuncia le es violatoria al derecho de su representada.
Todo lo que hace en este sentido, que exista otro medio procesal, es decir, un procedimiento ordinario contradictorio y adecuado breve y eficaz, que permite dilucidar y garantizar el derecho invocado violado; por cuanto solicitar por esta vía, desnaturaliza el carácter extraordinario del recurso de amparo constitucional, y atenta contra los principios y normas rectoras del proceso laboral.

La presunta violación del derecho invocado como violado, en el supuesto de su ocurrencia, resulta reparable por la vía ordinaria, como bien se estableció precedentemente. Por interpretación en contrario, los hechos narrados, no constituyen circunstancias especiales para ordenar un restablecimiento inmediato de la situación que se denuncia como infringida, de tal modo que se permita abandonar las vías ordinarias, para de esta forma, evitar que se produzca un daño irreparable.

Por las consideraciones antes expuestas, este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en apego y con fundamento en la sentencia de fecha 20 de enero 2000, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: la INADMISIBILIDAD del amparo de autos, con fundamento en el Artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, incoada por la sociedad mercantil entidad de trabajo VENALMAQ, C.A., por la violación de derechos constitucionales en decisión de la Inspectoría del Trabajo en los Municipios Simón Rodríguez, Monagas, Miranda, Guanipa e Independencia del Estado Anzoátegui, sede El Tigre; contenida en la providencia administrativa Nro. 00106-2014, de fecha 02 de Julio de 2014, en el expediente administrativo 024-2013-01-00066, mediante la cual se declaró:
“Con Lugar la denuncia de reenganche y pago de salarios caídos, incoada por el ciudadano accionante JOSE MARCELINO MALAVE BELLORIN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No.8.306.852 con domicilio en la ciudad de El Tigre, Municipio Simón Rodríguez del Estado Anzoátegui; asistido por el abogado en ejercicio Ernesto Guevara, inscrito en el Inpreabogado bajo el No.81.948. Se ratifica la orden al Grupo de Entidades de Trabajo VENALMAQ, C.A.; MAXIN SERVICES, C.A. (MS, C.A); A & B, C.A. y TB, C.A., ubicadas en la Zona Industrial El Tigrito, local sin número, San José de Guanipa. Municipio Guanipa. Estado Anzoátegui; de reenganchar al ciudadano accionante JOSE MARCELINO MALAVE BELLORIN, ya identificado, a sus labores de trabajo, en las mismas condiciones antes de ocurrir el írrito despido. El cumplimiento de este ordenamiento administrativo en cualquiera de estas Entidades de Trabajo, será considerado como acatamiento a la misma. Con referencia a los salarios caídos serán cancelados, con los otros beneficios legales dejados de percibir desde que ocurrió el injustificado despido hasta la respectiva reincorporación a sus labores habituales de trabajo, debitando los montos ya cancelados. Así se declara…”
DECISION:
En virtud de las consideraciones de hecho y de derecho que anteceden, este Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo, de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, declara la INADMISIBILIDAD del amparo de autos, con fundamento en el Artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en El Tigre, a los CINCO (05) días del mes de SEPTIEMBRE del año DOS MIL CATORCE (2014).
LA JUEZ PROVISORIA,

ABG. LISBETH HARRIS GARCIA

LA SECRETARIA ACCIDENTAL

ABG. MARY CORDOVA MEDINA
SJT/MM/LHG