REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, de El Tigre. El Tigre, quince de diciembre de dos mil quince 205º y 156º ASUNTO: BP12-V-2005-000469 Por auto de fecha 17 de octubre de 2.005, éste Tribunal admitió la demanda de PARTICIÓN DE BIENES DE LA COMUNIDAD ORDINARIA, que hubiere incoado el ciudadano: OSCAR FRANCISCO ARAY ABAD, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 5.471.182 y con domicilio en Anaco, Municipio Anaco, del Estado Anzoátegui, a través de su apoderado HECTOR SALAZAR GUERRA, abogado, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 6426, contra el ciudadano: PEDRO ELEUTERIO ARAY, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº. 455.345 y domiciliado en Anaco del Estado Anzoátegui. Ahora bien, revisado minuciosamente como ha sido el presente expediente, observa este Sentenciador, que desde el 29 se septiembre del 2.009, fecha en la cual este Tribunal dictó sentencia declarando con lugar la presente demanda, ordenando notificar de la misma a las parte, por haber sido proferida fuera del lapso legal correspondiente, no ha hecho acto de presencia en este Despacho ninguna de las partes u otra persona que legítimamente acreditada por ellas, muestre tener algún interés en la prosecución del presente asunto, pese a que han trascurrido más de seis (06) años desde que se realizó la última actuación en el mismo. No obstante ello, igualmente se aprecia que en el presente caso nos encontramos ante una causa, en donde a criterio de este Tribunal, dada la etapa procesal en la que se encuentra no cabe la figura de la perención a la que se contrae el primer párrafo del artículo 267 de Código de Procedimiento Civil, a lo cual se agrega que dado el tiempo transcurrido en el presente expediente tampoco están llenos los extremos para declarar el abandono del tramite al que se refiere la sentencia N° 256, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha primero de junio del 2001, en el caso Fran Valero González y Milena Portillo. En virtud de lo anterior, este Sentenciador, a fin de evitar la pendencia indefinida de expedientes en este Tribunal, previniendo así el colapso de nuestros archivos y en procura de la tutela judicial efectiva a que también tienen derecho otros usuarios de este Juzgado que se encuentran en espera de que se sentencien sus causas o sean atendidas y proveídas sus solicitudes y de igual forma de que este Despacho cuente con un espacio adecuado para el archivo de sus expedientes activos y en consecuencia de una mejor custodia y manejo de los mismos, a lo cual se agrega como bien lo ha dicho la Sala Constitucional de Nuestro Máximo Tribunal de la República en su Sentencia de fecha 17 de marzo de 2.003, que “…el análisis de cualquier causa ocasiona tardanzas en los demás procesos…”, en virtud de que periódicamente las mismas deben ser revisadas para determinar el estado en que se encuentran y mantener así actualizadas tanto las estadísticas como la relación de expedientes existentes, para poder alimentar eficazmente el sistema computarizado Juris 2000 que al efecto ha sido instaurado, ordena remitir el presente expediente a la Oficina de Archivo Judicial de este Estado, sólo a los fines de su mejor resguardo, en el entendido de que el mismo podrá ser recabado por este Juzgado en cualquier tiempo, en el caso en que cualquiera de los interesados lo solicitare, a fin de atender a las solicitudes que éstos tuvieren a bien hacer en el mismo. Así se decide Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley. Cúmplase lo ordenado. EL JUEZ TITULAR, Dr. HENRY JOSE AGOBIAN VIETTRI LA SECRETARIA, LAURA PARDO DE VELASQUEZ