REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, de El Tigre. El Tigre, dieciocho de diciembre de dos mil quince 205º y 156º ASUNTO PRINCIPAL: BH12-V-2002-000002 ASUNTO: BH12-V-2002-000002 En fecha 11 de junio de 2.002, dada la inhibición planteada por la Jueza Provisorio del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, Abg. Mildred Rodríguez en fecha 21 de mayo de 2.002, la cual fue declarada con lugar, se recibió en este Juzgado el presente expediente, contentivo de la demanda de INTIMACIÓN POR HONORARIOS PROFESIONALES, incoada por el abogado en ejercicio PAUL NUÑEZ PEREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 4.807.380, domiciliado en la población de Cantaura Estado Anzoátegui, abogado en ejercicio e inscrito en el I.P.S.A. bajo el Nº 9.265, actuando en su propio nombre y representación, en contra de la empresa CONSTRUCTORA JALGGO, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, bajo el Nº 32, Tomo A-21 del año 1.998 y domiciliada en la ciudad de Anaco del Estado Anzoátegui, Ahora bien, revisada minuciosamente como lo ha sido la presente causa, observa este Sentenciador que encontrándose la presente causa en fase de decisión, pese de haber sido recibida la misma en este Despacho en fecha 11 de junio de 2.002, y que el 14 de diciembre de 2.006, el apoderado judicial de la parte demandada solicitó el abocamiento del Juez a cargo para ese entonces de este Tribunal, desde esa fecha hasta la actualidad, no se ha hecho presente en este Juzgado ninguna de las partes u otra persona que legítimamente acreditada por ellas, muestre tener algún interés en el presente asunto, pese a que han trascurrido más de siete (07) años desde que se realizó la última actuación en el mismo. No obstante ello, igualmente se aprecia que en el presente caso nos encontramos ante una causa, en donde a criterio de este Tribunal, dada la etapa procesal en la que se encuentra no cabe la figura de la perención a la que se contrae el primer párrafo del artículo 267 de Código de Procedimiento Civil, a lo cual se agrega que dado el tiempo transcurrido en el presente expediente tampoco están llenos los extremos para declarar el abandono del tramite al que se refiere la sentencia N° 256, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha primero de junio del 2001, en el caso Fran Valero González y Milena Portillo. En virtud de lo anterior, este Sentenciador, a fin de evitar la pendencia indefinida de expedientes en este Tribunal, previniendo así el colapso de nuestros archivos y en procura de la tutela judicial efectiva a que también tienen derecho otros usuarios de este Juzgado que se encuentran en espera de que se sentencien sus causas o sean atendidas y proveídas sus solicitudes y de igual forma de que este Despacho cuente con un espacio adecuado para el archivo de sus expedientes activos y en consecuencia de una mejor custodia y manejo de los mismos, a lo cual se agrega como bien lo ha dicho la Sala Constitucional de Nuestro Máximo Tribunal de la República en su Sentencia de fecha 17 de marzo de 2.003, que “…el análisis de cualquier causa ocasiona tardanzas en los demás procesos…”, en virtud de que periódicamente las mismas deben ser revisadas para determinar el estado en que se encuentran y mantener así actualizadas tanto las estadísticas como la relación de expedientes existentes, para poder alimentar eficazmente el sistema computarizado Juris 2000 que al efecto ha sido instaurado, ordena remitir el presente expediente a la Oficina de Archivo Judicial de este Estado, sólo a los fines de su mejor resguardo, en el entendido de que el mismo podrá ser recabado por este Juzgado en cualquier tiempo, en el caso en que cualquiera de los interesados lo solicitare, a fin de atender a las solicitudes que éstas tuvieran a bien hacer en el mismo. Así se decide Administrando justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley. Cúmplase lo ordenado. EL JUEZ TITULAR, Dr. HENRY JOSE AGOBIAN VIETTRI LA SECRETARIA, LAURA PARDO DE VELASQUEZ